Omar Jiménez Ávila
Expediente 203/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 203/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 16/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Omar Jiménez Ávila
- Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la resolución dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81 fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicha sentencia que por una parte sobresee y por otra concede el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente. Visto el oficio y anexo remitido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la localidad, mediante el cual informa que mediante comparecencia de veinticinco de abril de dos mil veintidós el actor Omar Jiménez Ávila, se desistió de la demanda laboral y remite copia autorizada del acuerdo de esa data, en el cual tuvo por desistido de la demanda mas no de la acción intentada en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, y ordenó el archivo del asunto, devolviendo las documentales exhibidas. Lo hasta aquí ponderado, actualiza la imposibilidad jurídica para cumplir la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, pues conforme a la nueva situación jurídica que guarda el trámite administrativo ya citado, implica que la original pretensión de la accionante del amparo ya no existe ni refleja su intención de que fuera reparada la violación de derechos fundamentales, quedando sin materia la ejecutoria de amparo; se itera, ante la renuncia expresa y personal de los derechos subjetivos de la quejosa, ante su pronunciamiento del desistimiento, el procedimiento administrativo perdió sentido y eficacia; por tanto, se declara sin materia el cumplimiento de la sentencia de amparo. Es aplicable a lo razonado la tesis, del rubro y texto siguiente: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE SI EN EL JUICIO ORIGINAL EL ACTOR DESISTIÓ DE LA ACCIÓN PRINCIPAL, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DECLARAR SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA Y NO ENVIAR LOS AUTOS DEL JUICIO AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. En la jurisprudencia P./J. 23/2018 (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO.", el Máximo Tribunal determinó que cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, y si no se interpone el recurso de inconformidad, debe aplicar, por analogía, el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura -puntualizó el Pleno- que una determinación de esa naturaleza sea revisada de oficio por el superior jerárquico del a quo que, en el caso, lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, cuando en el juicio original el actor desistió de la acción principal, no debe seguirse el trámite aludido, porque el desistimiento, invariablemente, produce la pérdida de los derechos subjetivos correspondientes y, como consecuencia lógica y legal, no puede alegarse la existencia de la violación de derechos fundamentales que dio vida al juicio de amparo; en otras palabras, no puede existir un agraviado si no existe el derecho subjetivo respecto del que se alega la violación. En consecuencia, el Juez no debe enviar el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito, pues no podría revisarse el cumplimiento de la sentencia de amparo ante la renuncia expresa y personal de derechos subjetivos, ya que ese pronunciamiento pierde todo sentido y eficacia y, en su caso, el juzgador debe declarar sin materia el cumplimiento de la sentencia de amparo." Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
quejoso: Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la resolución dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81 fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicha sentencia que por una parte sobresee y por otra concede el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente. Visto el oficio y anexo remitido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la localidad, mediante el cual informa que mediante comparecencia de veinticinco de abril de dos mil veintidós el actor Omar Jiménez Ávila, se desistió de la demanda laboral y remite copia autorizada del acuerdo de esa data, en el cual tuvo por desistido de la demanda mas no de la acción intentada en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, y ordenó el archivo del asunto, devolviendo las documentales exhibidas. Lo hasta aquí ponderado, actualiza la imposibilidad jurídica para cumplir la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, pues conforme a la nueva situación jurídica que guarda el trámite administrativo ya citado, implica que la original pretensión de la accionante del amparo ya no existe ni refleja su intención de que fuera reparada la violación de derechos fundamentales, quedando sin materia la ejecutoria de amparo; se itera, ante la renuncia expresa y personal de los derechos subjetivos de la quejosa, ante su pronunciamiento del desistimiento, el procedimiento administrativo perdió sentido y eficacia; por tanto, se declara sin materia el cumplimiento de la sentencia de amparo. Es aplicable a lo razonado la tesis, del rubro y texto siguiente: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE SI EN EL JUICIO ORIGINAL EL ACTOR DESISTIÓ DE LA ACCIÓN PRINCIPAL, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DECLARAR SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA Y NO ENVIAR LOS AUTOS DEL JUICIO AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. En la jurisprudencia P./J. 23/2018 (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO.", el Máximo Tribunal determinó que cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, y si no se interpone el recurso de inconformidad, debe aplicar, por analogía, el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura -puntualizó el Pleno- que una determinación de esa naturaleza sea revisada de oficio por el superior jerárquico del a quo que, en el caso, lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, cuando en el juicio original el actor desistió de la acción principal, no debe seguirse el trámite aludido, porque el desistimiento, invariablemente, produce la pérdida de los derechos subjetivos correspondientes y, como consecuencia lógica y legal, no puede alegarse la existencia de la violación de derechos fundamentales que dio vida al juicio de amparo; en otras palabras, no puede existir un agraviado si no existe el derecho subjetivo respecto del que se alega la violación. En consecuencia, el Juez no debe enviar el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito, pues no podría revisarse el cumplimiento de la sentencia de amparo ante la renuncia expresa y personal de derechos subjetivos, ya que ese pronunciamiento pierde todo sentido y eficacia y, en su caso, el juzgador debe declarar sin materia el cumplimiento de la sentencia de amparo." Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 203/2022-II, promovido por Omar Jiménez Ávila, contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en este Juzgado el quince de marzo de dos mil veintidós, Omar Jiménez Ávila, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje y Actuario adscrito a la Junta citada, de quienes reclamó: La substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículos 873 al 891 del ordenamiento legal en cita, específicamente la emisión del cierre de instrucción, proyecto de laudo y laudo; y, su notificación SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estima violados. El quejoso señala como derecho violado el contenido de los artículos 8, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo promovida por Omar Jiménez Ávila; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se emplazó a juicio a la parte tercera interesada; y, se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, la cual, se llevó a cabo conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo establecen los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el primero, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y, el segundo, inherente a la creación, funcionamiento y jurisdicción de este juzgado, en atención a que los actos reclamados pueden tener ejecución en esta ciudad, lugar en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación del acto reclamado, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se desprende que el quejoso reclama de la autoridad responsable: La omisión de la autoridad responsable de cerrar la instrucción, emitir el proyecto de laudo y el laudo, por la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y Actuario adscrito a la citada Junta, manifestaron que el acto reclamado es cierto, precisando que en fecha veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno declaró cerrada la instrucción, la cual le fue notificada por boletín el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Al respecto, en razón al acto reclamado consistente en que no se había cerrado el periodo de instrucción, y no se hubiera notificado, los mismos debe tenerse por inexistentes ya que el periodo de instrucción se cerró el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en tanto, la demanda de amparo se presentó el catorce de marzo de dos mil veintidós, siendo notificado por boletín el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno; por tanto, los actos aquí controvertidos de inconstitucionales ya no tenían vida jurídica, pues eran inexistentes. Sin que la parte agraviada haya aportado pruebas tendientes para desvirtuar tales negativas, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y.". Además, tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, y el Actuario adscrito a dicha Junta, manifestaron que es cierto el acto reclamado, precisando que en fecha veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno declaró cerrada la instrucción, sin embargo, por el cúmulo de trabajo no ha podido emitir el proyecto de laudo y el laudo definitivo, quedando en estado de resolución para elaborar el dictamen. QUINTO. Procede el análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Examen constitucional del acto reclamado. La parte quejosa argumenta que con la omisión reclamada, la Junta responsable vulnera en su perjuicio los numerales 873 a 891 de la Ley Federal del Trabajo, al respecto los preceptos 885, 886, 887, 888 y 890 de la referida ley, a continuación se transcriben y disponen: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, que deberá contener: I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. Artículo 886. Del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo, se llevará a cabo en sesión de la Junta, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución, a los alegatos y observaciones formuladas por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado. Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. Artículo 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes." De la reseña anterior, se advierte que la Ley Laboral, señala los plazos siguientes: diez días, contados a partir del siguiente al en que se declare cerrada la instrucción para que el Auxiliar formule por escrito el proyecto de laudo; cinco días para que alguno de los miembros de la junta solicite la práctica de diligencias que juzgue convenientes y ocho días más para su desahogo, en su caso; otros diez días para la celebración de la audiencia de discusión y votación del proyecto, a cuyo efecto, el Presidente de la junta deberá citar a los miembros de la misma, diligencia en la cual, si fuese aprobado el proyecto sin modificaciones ni adiciones, se elevará a la categoría de laudo, y se firmará de inmediato; y si se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al Secretario que inmediatamente lo redacte, de acuerdo con lo aprobado; y una vez engrosado, él mismo recabará las firmas de los miembros de la junta, y después se turnará al Actuario para que lo notifique de manera inmediata y personal a las partes. De lo anteriormente narrado, se advierte que la responsable vulnera en perjuicio de la quejosa, el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, así como el diverso 885 de la Ley Federal del Trabajo, en atención a que ha incumplido con su obligación, consistente en emitir la resolución respectiva, en el expediente 553/2018, al quedar paralizado el asunto por más de once meses. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia ubicada en la página seiscientos ochenta, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, marzo de mil novecientos noventa y ocho, cuyo contenido es el siguiente: "LAUDO. CUANDO NO SE DICTA CON OPORTUNIDAD, SE CAUSA AGRAVIO QUE PUEDE REPARARSE EN LA VÍA DE AMPARO INDIRECTO. El simple transcurso del término legal sin que en el juicio se pronuncie el laudo respectivo, irroga perjuicio irreparable a las partes, que las legitima, conforme al artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, para promover demanda de amparo indirecto, buscando la reparación de la violación a la garantía de justicia pronta y expedita que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Así, al resultar vulnerado el derecho de acceso a la impartición de justicia, en los plazos y términos que la ley establece, en perjuicio de Omar Jiménez Ávila, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicita, para el efecto de que la responsable, de forma inmediata, se avoque al dictado del proyecto de laudo y el laudo correspondiente en el Juicio laboral de origen, puesto que, los términos previstos en la Ley Federal del Trabajo, a la fecha, ya han sido rebasados. Lo anterior encuentra sustento, en la jurisprudencia emitida por la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, visible a página 209, de rubro y contenido siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Por lo expuesto y fundado, se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente asunto promovido por Omar Jiménez Ávila, en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Omar Jiménez Ávila, en contra del acto reclamado a la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por los motivos y efectos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza las actuaciones y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de abril de dos mil veintidós. Vistos el oficio y anexos remitidos por la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje y Actuario de la Junta especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, ambos con residencia en la localidad, agréguense a sus autos para que obren como correspondan por medio de los cuales de conformidad con los artículos 117 y 119, de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo su respectivo informe justificado y remitiendo documentales de su parte, con lo que se da vista a las partes para que se enteren de su contenido, sin menoscabo de hacer relación de lo anterior al momento de celebrar la audiencia constitucional, asimismo en términos del artículo 9 de la citada ley de Amparo, se tiene como delegados a las personas que se indica. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · 6,710 expedientes
- Omar Iván Ruiz Tovar787/2016
- Omar Javier LLamas Horta909/2017
- Omar Javier LLamas Orta376/2016
- Omar Javier LLamas Orta385/2018
- Omar Javier LLamas Orta368/2017
- Omar Jiménez Ávila419/2021
- Omar López Fuentes255/2019
- Omar Mendoza Rodríguez916/2019
- Omar Morales Navarro141/2023
- Omar Nahúm Delgado Gamboa815/2016
- Omar Nahúm Delgado Gamboa814/2017
- Omar Noe Baeza Villalobos108/2014