Omar Iván Cisneros Madrid
Expediente 871/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 31 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 871/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 07/11/2023
Partes del expediente
- Cámara de Senadores del Congreso de la Unión
- Omar Iván Cisneros Madrid
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Visto el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite la resolución de diecisiete de octubre de este año, dictado dentro de la queja 218/2023, cuyos puntos resolutivos dicen: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja, en términos del considerando final de esta ejecutoria." Al respecto, agréguese a los autos el oficio de referencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y como lo solicita la superioridad, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Por otra parte, dado que mediante resolución de treinta y uno de agosto dos mil veintitrés, se sobreseyó el presente juicio y mediante acuerdo de cinco de octubre dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia y se ordenó el archivo del presente expediente; por lo que, devuélvase al archivo los presentes autos.
- Principal
Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta y uno de agosto del año en curso, en la que se decretó el sobreseimiento del presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2º, de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. No representa obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que no se contabilice a las autoridades responsables el término de diez días para interponer el recurso de revisión, puesto que al haberse sobreseído en el juicio de garantías solamente al quejoso es a quien pudo afectar el sentido del fallo, por ende, es el legitimado para interponer el citado recurso, no así la autoridad responsable, como lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo. Archívese el presente asunto por estar concluido. En otro aspecto, este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, en términos de lo establecido en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal Asimismo, de conformidad al artículo 15, del Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo ***, promovido por **, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades, por considerarlos violatorios de derechos humanos y garantías otorgadas para su protección contenidas en los artículos 14, 16, 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. el catorce de abril de dos mil veintitrés, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, presentó demanda de amparo indirecto contra los actos de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambos del Congreso de la Unión; Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Secretario de Gobernación; y Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que serán precisados en el considerando respectivo. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. La demanda de garantías de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo Titular, dictó proveído en dieciocho de abril de dos mil veintitrés, en que ordenó: admitirla a trámite y registrarla bajo expediente ********************; pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dar intervención a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia.- Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de garantías, de conformidad con los numerales 103, fracción I, y 107, fracciones IV y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 36, 107 fracción III, de la Ley de Amparo y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se combaten actos de autoridades administrativas, cuya ejecución tuvo lugar en la demarcación territorial en que este Juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 24/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de agosto de dos mil trece. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo texto y rubro, dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consistes en: Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambos del Congreso de la Unión, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación, de acuerdo a cada una de su competencia: La aprobación, promulgación, refrendo y publicación de las reformas a Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, particularmente por lo que ve a los artículos 30, numeral 4; 31, numeral 3; 61, numerales 1, 4, 5, 9 y 10; 71 numerales 1 y 2; 62 numerales 1 al 6; 63 numeral 1, incisos a) y e); 64 numeral 1, incisos a), e), f), y, numeral 2; 65 numerales 1 al 4; 66 numeral 1, inciso a) y numeral 4; 67 numerales 1, 2 y 4; 68 numeral 1, incisos c), g), l); 70 numeral 1; 71 numeral 1, incisos a) y b), así como el numeral 2; 72 numerales 1 al 5; 73 numeral 1; 74 numerales 1 al 4; 75 numeral 1; 76 numerales 1 al 4; 77 numerales 1, 2 y 4; 78 numerales 1 y 5; 125 Ter; 125 Septies; Décimo Segundo Transitorio y Décimo Tercero Transitorio de la LGIPE; así como 98 , párrafo 4; 99 , párrafos 3, 4 y 5; 125 Ter; 125 Quater; 125 Quinquies; 125 Sexies; 125 Septies de la LGIPE; y transitorios Decimoprimero; Decimoctavo; Vigésimo; y Vigesimoquinto. Al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la ejecución de la normas impugnadas. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Presidente de la República, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambos del Congreso de la Unión, y el Consejo General del Instituto Nacional Electoral al rendir su informe justificado, señalaron que son ciertos los actos que se les atribuye. El Secretario de Gobernación fue omiso en manifestar la certeza o negativa en la su participación de acuerdo a su competencia en la promulgación y refrendo de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos; por lo que en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; por lo que se presume la certeza del mismo. Además que, tratándose de actos de naturaleza materialmente legislativa, éstos se acreditan plenamente con la publicación de la disposición de observancia general controvertida, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que su certeza no depende de la constitucionalidad o inconstitucionalidad que de las mismas aleguen las partes, sino de su vigencia en el ordenamiento jurídico. Sobre este punto, resulta aplicable por analogía, la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260 del tomo XII, correspondiente al mes de agosto de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo.". También, se aplica el criterio sustentado por el Pleno del Máximo Tribunal del País, visible en la página 15 del tomo 65, Primera Parte, Séptima Época, del órgano de difusión ya indicado, que es del tenor literal siguiente: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba". CUARTO. Causales de improcedencia. El estudio de la procedencia del juicio de amparo es de orden público y preferente a la cuestión constitucional planteada, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia 814, localizable en el Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 553, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En el caso, este Juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debido a que respecto a la norma general aquí atacada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante sesión de veintidós de junio de dos mil veintitrés, resolvió las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos políticos movimiento ciudadano, de la revolución democrática y acción nacional, diputados y senadores del Congreso de la Unión, el partido político Revolucionario Institucional y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, demandando la invalidez del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés", registradas con los expedientes 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023, en el sentido de declarar la invalidez del decreto impugnado en su totalidad, con nueve votos a favor del proyecto. Ello, se advierte de la "VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CELEBRADA EL JUEVES 22 DE JUNIO DE 2023", lo que constituye un hecho notorio, en términos de lo que dispone el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, ya que dicha versión taquigráfica se encuentra publicada en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 43. Las razones que justifiquen las decisiones de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la federación y de las entidades federativas. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. La Suprema Corte no estará obligada a seguir sus propios precedentes. Sin embargo, para que pueda apartarse de ellos deberá proporcionar argumentos suficientes que justifiquen el cambio de criterio. La Suprema Corte estará vinculada por sus precedentes en los términos antes descritos, incluso cuando éstos se hayan emitido con una integración de Ministras y Ministros distinta." De lo anterior, se advierte que el legislador estableció que las razones que justifiquen las decisiones de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la federación y de las entidades federativas. Aunado a lo anterior, el ACUERDO General número 1/2021, de ocho de abril de dos mil veintiuno, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determina el inicio de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, y se establecen sus bases, en específico en su punto Noveno, establece lo siguiente: "NOVENO. Lo anterior, sin menoscabo de que las partes puedan invocar un criterio jurisprudencial, tomando en cuenta lo previsto en el artículo 221, parte final, de la Ley de Amparo o las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, conforme al artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando no se haya difundido en el Semanario Judicial de la Federación la tesis respectiva o la ejecutoria dictada en una controversia constitucional o en una acción de inconstitucionalidad." De ello, se advierte que pueden ser invocadas las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, conforme al artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando no se haya difundido en el Semanario Judicial de la Federación la tesis respectiva o la ejecutoria dictada en una controversia constitucional o en una acción de inconstitucionalidad. Ahora, resulta oportuno transcribir el artículo y fracción que contienen la causal de improcedencia en estudio: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: VIII. Contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por el Capítulo VI del Título Cuarto de esta Ley, o en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De conformidad con lo anterior, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente en contra de normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una resolución, como en el caso, en la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023, en la que declaró la invalidez del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral", publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés. Ello, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el ACUERDO General número 1/2021, de ocho de abril de dos mil veintiuno, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determina el inicio de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, y se establecen sus bases, en específico en su punto Noveno. Lo anterior, ya que en la sesión correspondiente al veintidós de junio de dos mil veintitrés, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023, cuyos puntos resolutivos establecieron: "PRIMERO. SON PROCEDENTES Y FUNDADAS LAS PRESENTES ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. SEGUNDO. SE DECLARA LA INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, Y SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DE CONFORMIDAD CON LOS APARTADOS VI Y VII DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN. TERCERO. PUBLÍQUESE ESTA SENTENCIA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN". De lo expuesto, se concluye que al resolver la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, Y SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS." En ese sentido, como puede observarse, el máximo Tribunal del país a través de resolución de la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023, determinó remover del marco jurídico nacional las normas aquí impugnadas. Por tanto, si las normativas aquí impugnadas fueron removidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023; y, al declarar su invalidez, se estima que se actualiza la causal de improcedencia en estudio. Lo anterior, ya que para su actualización únicamente se requieren los siguientes elementos: 1. Que se impugnen normas generales. 2. Que sobre esas normas generales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una resolución, como en el caso, resulta al declarar la invalidez del DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, Y SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Elementos que se encuentran satisfechos en tanto que en este juicio de amparo se reclaman las normas del decreto cuya invalidez fue declarada en sesión de veintidós de junio de dos mil veintitrés, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin que obste a lo anterior, que aún no se tenga noticia respecto de la publicación de la resolución emitida en la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023, toda vez que ello no es un requisito que establezca la fracción VIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en la medida que, lo relevante es, que con motivo de la referida declaratoria existe imposibilidad jurídica de que este órgano jurisdiccional aborde problemas de constitucionalidad sobre los cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció. Máxime que, como se estableció en párrafos anteriores, de conformidad con el ACUERDO General número 1/2021, de ocho de abril de dos mil veintiuno, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determina el inicio de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, y se establecen sus bases, en específico en su punto Noveno, las sentencias aprobadas, por cuando menos ocho votos, conforme al artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrán ser invocadas, cuando no se haya difundido en el Semanario Judicial de la Federación la tesis respectiva o la ejecutoria dictada en una controversia constitucional o en una acción de inconstitucionalidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI EN ELLA SE DECLARA LA INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES, LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN APLICAR ESE CRITERIO, AUN CUANDO NO SE HAYA PUBLICADO TESIS DE JURISPRUDENCIA". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, se sobresee en el juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo. En virtud del sobreseimiento decretado, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues dicho sobreseimiento constituye un impedimento técnico para examinar el fondo del asunto. Se invoca la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 239006, Séptima Época, Materias(s): Común, Volumen 24, Tercera Parte, página 49, publicada en el Semanario Judicial de la Federación con título y contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 871/2023-VI.
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL
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