Omar Israel González Meza.

Expediente 132/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
132/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
07/03/2022

Partes del expediente

  • Omar Israel González Meza.

Actuaciones

  1. Principal

    Se advierte que transcurrió el término de cinco días establecido en el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el once de febrero de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que haya interpuesto el referido medio de impugnación; en consecuencia, con fundamento en los diversos 288, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara firme dicho proveído; y toda vez que el juicio de amparo en que se actúa se encuentra totalmente concluido, en su oportunidad archívese como asunto terminado.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la parte quejosa, el proveído de once de febrero de dos mil veintidós, que en lo conducente dice: "...Radicación. Vista la demanda de amparo presentada por Omar Israel González Meza, por propio derecho, y en representación de sus menores hijos de identidad reservada con iniciales F.C.G.G., L.I.G.G. y A.V.G.D., contra actos del Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, México, y otras autoridades; regístrese bajo el número 132/2022-VI. Desechamiento. Ahora, el numeral 113 de la ley de la materia, establece que el juez de Distrito examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos Tribunales de la Federación, que se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora, los actos que se reclaman a través del presente juicio de amparo son: La orden verbal de baja del quejoso del empleo de Jefe de Departamento B, de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Naucalpan de Juárez, México, así como su ejecución. La suspensión de los haberes y demás prestaciones derivadas del cargo de Jefe de Departamento B, de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Naucalpan de Juárez, México, así como su ejecución. La falta de notificación verbal de baja del quejoso del cargo de Jefe de Departamento B, de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Naucalpan de Juárez, México. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Sobre ese contexto, en el caso concreto se estima actualizada la causa de improcedencia prevista artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la misma ley, pues de acuerdo con los argumentos que enseguida quedarán asentados, lo reclamado por la parte quejosa no constituye un "acto de autoridad" y por ello, no es susceptible de impugnarse mediante el juicio de amparo. En efecto, los artículos 103, fracción I, de la Constitución General de la República, 1, fracción I, 61, fracción XXIII, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, dicen: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" De los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos de autoridad que violen las garantías individuales, y que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En la especie, el (1) Ayuntamiento, (2) Presidenta, (3) Director General de Recursos Humanos, (4) Director de Admiración y Finanzas de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, (5) Director General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal y (6) Recursos Humanos, todos de Naucalpan de Juárez, Estado de México, no pueden tener el carácter de responsables para los efectos de este juicio de amparo, por la naturaleza de los actos que se les atribuyen, los cuales consisten esencialmente la baja del empleo, cargo o comisión de Jefe de Departamento B, de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Naucalpan de Juárez, México, y como consecuencia, la suspensión y/o falta de pago de haberes y prestaciones. A fin de sostener la afirmación anterior, en primer término, se debe fijar el concepto de autoridad responsable, partiendo de la distinción entre actos de particulares y los que no lo son, siendo que en contra de estos últimos el juicio de amparo será procedente. En este contexto, cabe señalar que la definición del concepto de autoridad responsable ha sufrido una importante transformación a través de los tiempos, quedando ahora a cargo de los tribunales federales, especialmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, tal definición. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las relaciones de coordinación corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. Luego, para definir el concepto de autoridad responsable, cabe analizar si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación y debe partirse del supuesto de que el promovente debe tener el carácter de gobernado, para lo cual resulta en la práctica más sencillo analizar, en primer lugar, si se trata de una relación de coordinación, la que por su propia naturaleza debe tener un procedimiento claramente establecido para ventilar cualquier controversia que se suscite, por ejemplo, un juicio civil, mercantil o laboral. De no contemplarse este procedimiento, y siendo el promovente un gobernado, debe llegarse a la conclusión de que se trata de una relación de supra a subordinación, existiendo entonces una autoridad responsable. En este orden de ideas, se considera como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, únicamente, cuando la une con la parte promovente de amparo, una relación de supra a subordinación, en la que ésta tiene incorporada en su esfera jurídica un conjunto de derechos y obligaciones que la ubican en una específica situación jurídica que le permite crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Acorde a lo anterior, conviene citar por identidad de criterio, la tesis aislada 2a. CCIV/2001, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en la página 39, tomo XIV, del mes de noviembre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Corolario de lo hasta aquí expuesto, se puede asegurar que, si bien es cierto las autoridades señaladas del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, pueden tener el carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, no todos sus actos la sitúan en tal hipótesis, sino únicamente aquéllos en los que pueda crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de algún gobernado, derivado de una relación de supra a subordinación. En esos términos, referente a los actos reclamados las mismas no actúan como autoridades para los efectos del amparo que se tramita, pues es evidente que esas entidades están actuando en un plano de coordinación en relación con la parte quejosa (relación entablada entre particulares). Lo anterior se corrobora con las manifestaciones del directo quejoso en su escrito inicial de demanda, en el hecho marcado con el número 1), en el que sostiene: ".con fecha dieciséis de agosto del año dos mil diecinueve, ingrese a la Dirección General de Seguridad Ciudadana de Naucalpan de Juárez, México, como jefe de departamento B, dado de alta con el número de empleado 331116."; de ahí que se afirme que la relación que existe entre el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez (patrón), y éste, no es de supra a subordinación, pues aun cuando Omar Israel González Meza, aduce acudir por propio derecho, y en representación de sus menores hijos de identidad reservada con iniciales F.C.G.G., L.I.G.G. y A.V.G.D., lo cierto es que de las manifestación transcrita, así como del análisis integral de su demanda, se advierte que el quejoso acude como trabajador, al estimarse afectado en la baja del empleo, cargo o comisión de Jefe de Departamento B, de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Naucalpan de Juárez, México. Esto es, no acude al amparo con el carácter de gobernado, en defensa de un derecho fundamental consagrado por la Constitución Política de los Estados Mexicanos o algún tratado internacional, por lo que en el caso no existe una relación de supra a subordinación entre la parte quejosa y las autoridades del Ayuntamiento de referencia; sino, que se ubican en un plano de igualdad, lo que excluye la idea de que exista un "acto de autoridad" para efectos del juicio de amparo, que es la que impera en las relaciones de supra a subordinación; lo que conlleva que la demanda de amparo resulte improcedente. En esas condiciones, puede sostenerse válidamente que los actos reclamados en el juicio de amparo, en todo caso, ocasionan una controversia de orden laboral entre dos particulares; por lo que no se colma el presupuesto básico para que pueda impugnarse mediante el juicio de amparo en términos de lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República. Lo anterior se estima así en razón de que los Trabajadores Administrativos de las Instituciones Policiales no están sujetos al régimen de excepción de derechos previsto en el artículo 123, apartado b, fracción XIII, Constitucional, por lo que la relación que mantienen con aquéllas es de naturaleza laboral, ya que ese numeral es solo aplicable a los miembros de las instituciones policiales que realicen la función de policía y que estén sujetos al Servicio Profesional de Carrera Policial; en consecuencia quienes, aun perteneciendo a dichas instituciones (trabajadores administrativos) no realicen funciones similares a las de investigación, prevención y reacción en el ámbito de seguridad pública y no estén sujetos al sistema de carrera policial, mantienen una relación de naturaleza laboral. Lo anterior permite establecer que el juicio de amparo sólo es procedente cuando quien lo impetra es el gobernado por violación a sus derechos fundamentales, en virtud de los actos o leyes de las autoridades, y tal actuación sólo puede ocurrir cuando la ley o acto autoritario frente al gobernado se da en una relación de supra a subordinación y no de coordinación. Al caso se invoca la jurisprudencia con registro digital: 2001527, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época Materia(s): Laboral Tesis: 2a./J. 67/2012 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, página 957, que dice: En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo relacionado con el artículo 1, fracción I, y 5, fracción II, de conformidad con el artículo 113 de la propia ley, se desecha de plano la demanda presentada por Omar Israel González Meza, por propio derecho, y en representación de sus menores hijos de identidad reservada con iniciales F.C.G.G., L.I.G.G. y A.V.G.D., por notoriamente improcedente. Domicilio y autorizados. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el que señala en la demanda que se provee. Por su parte, en atención a la certificación secretarial que antecede, téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Arcadio Álvarez Marcelo, y únicamente para oír y recibir notificaciones a y María del Carmen Vega Vega, por no contar con el registro de cédula correspondiente, así como a las restantes personas que menciona, en términos del último párrafo del citado ordinal, por así solicitarlo. Consulta del expediente electrónico. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial A, encargado del SISE, autorice la consulta electrónica del expediente al usuario "MCVVEGA". Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Exhortación para seguir el juicio "En línea". Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea y, además, proporcionen algún otro medio de contacto, como correo electrónico o servicio de mensajería instantánea, a través del cual se pueda entablar comunicación no procesal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa...".-

  3. Principal

    Radicación. Vista la demanda de amparo presentada por Omar Israel González Meza, por propio derecho, y en representación de sus menores hijos de identidad reservada con iniciales F.C.G.G., L.I.G.G. y A.V.G.D., contra actos del Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, México, y otras autoridades; regístrese bajo el número 132/2022-VI. Desechamiento. Ahora, el numeral 113 de la ley de la materia, establece que el juez de Distrito examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos Tribunales de la Federación, que se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora, los actos que se reclaman a través del presente juicio de amparo son: La orden verbal de baja del quejoso del empleo de Jefe de Departamento B, de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Naucalpan de Juárez, México, así como su ejecución. La suspensión de los haberes y demás prestaciones derivadas del cargo de Jefe de Departamento B, de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Naucalpan de Juárez, México, así como su ejecución. La falta de notificación verbal de baja del quejoso del cargo de Jefe de Departamento B, de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Naucalpan de Juárez, México. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Sobre ese contexto, en el caso concreto se estima actualizada la causa de improcedencia prevista artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la misma ley, pues de acuerdo con los argumentos que enseguida quedarán asentados, lo reclamado por la parte quejosa no constituye un "acto de autoridad" y por ello, no es susceptible de impugnarse mediante el juicio de amparo. En efecto, los artículos 103, fracción I, de la Constitución General de la República, 1, fracción I, 61, fracción XXIII, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, dicen: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" De los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos de autoridad que violen las garantías individuales, y que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En la especie, el (1) Ayuntamiento, (2) Presidenta, (3) Director General de Recursos Humanos, (4) Director de Admiración y Finanzas de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, (5) Director General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal y (6) Recursos Humanos, todos de Naucalpan de Juárez, Estado de México, no pueden tener el carácter de responsables para los efectos de este juicio de amparo, por la naturaleza de los actos que se les atribuyen, los cuales consisten esencialmente la baja del empleo, cargo o comisión de Jefe de Departamento B, de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Naucalpan de Juárez, México, y como consecuencia, la suspensión y/o falta de pago de haberes y prestaciones. A fin de sostener la afirmación anterior, en primer término, se debe fijar el concepto de autoridad responsable, partiendo de la distinción entre actos de particulares y los que no lo son, siendo que en contra de estos últimos el juicio de amparo será procedente. En este contexto, cabe señalar que la definición del concepto de autoridad responsable ha sufrido una importante transformación a través de los tiempos, quedando ahora a cargo de los tribunales federales, especialmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, tal definición. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las relaciones de coordinación corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. Luego, para definir el concepto de autoridad responsable, cabe analizar si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación y debe partirse del supuesto de que el promovente debe tener el carácter de gobernado, para lo cual resulta en la práctica más sencillo analizar, en primer lugar, si se trata de una relación de coordinación, la que por su propia naturaleza debe tener un procedimiento claramente establecido para ventilar cualquier controversia que se suscite, por ejemplo, un juicio civil, mercantil o laboral. De no contemplarse este procedimiento, y siendo el promovente un gobernado, debe llegarse a la conclusión de que se trata de una relación de supra a subordinación, existiendo entonces una autoridad responsable. En este orden de ideas, se considera como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, únicamente, cuando la une con la parte promovente de amparo, una relación de supra a subordinación, en la que ésta tiene incorporada en su esfera jurídica un conjunto de derechos y obligaciones que la ubican en una específica situación jurídica que le permite crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Acorde a lo anterior, conviene citar por identidad de criterio, la tesis aislada 2a. CCIV/2001, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en la página 39, tomo XIV, del mes de noviembre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Corolario de lo hasta aquí expuesto, se puede asegurar que, si bien es cierto las autoridades señaladas del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, pueden tener el carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, no todos sus actos la sitúan en tal hipótesis, sino únicamente aquéllos en los que pueda crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de algún gobernado, derivado de una relación de supra a subordinación. En esos términos, referente a los actos reclamados las mismas no actúan como autoridades para los efectos del amparo que se tramita, pues es evidente que esas entidades están actuando en un plano de coordinación en relación con la parte quejosa (relación entablada entre particulares). Lo anterior se corrobora con las manifestaciones del directo quejoso en su escrito inicial de demanda, en el hecho marcado con el número 1), en el que sostiene: ".con fecha dieciséis de agosto del año dos mil diecinueve, ingrese a la Dirección General de Seguridad Ciudadana de Naucalpan de Juárez, México, como jefe de departamento B, dado de alta con el número de empleado 331116."; de ahí que se afirme que la relación que existe entre el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez (patrón), y éste, no es de supra a subordinación, pues aun cuando Omar Israel González Meza, aduce acudir por propio derecho, y en representación de sus menores hijos de identidad reservada con iniciales F.C.G.G., L.I.G.G. y A.V.G.D., lo cierto es que de las manifestación transcrita, así como del análisis integral de su demanda, se advierte que el quejoso acude como trabajador, al estimarse afectado en la baja del empleo, cargo o comisión de Jefe de Departamento B, de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Naucalpan de Juárez, México. Esto es, no acude al amparo con el carácter de gobernado, en defensa de un derecho fundamental consagrado por la Constitución Política de los Estados Mexicanos o algún tratado internacional, por lo que en el caso no existe una relación de supra a subordinación entre la parte quejosa y las autoridades del Ayuntamiento de referencia; sino, que se ubican en un plano de igualdad, lo que excluye la idea de que exista un "acto de autoridad" para efectos del juicio de amparo, que es la que impera en las relaciones de supra a subordinación; lo que conlleva que la demanda de amparo resulte improcedente. En esas condiciones, puede sostenerse válidamente que los actos reclamados en el juicio de amparo, en todo caso, ocasionan una controversia de orden laboral entre dos particulares; por lo que no se colma el presupuesto básico para que pueda impugnarse mediante el juicio de amparo en términos de lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República. Lo anterior se estima así en razón de que los Trabajadores Administrativos de las Instituciones Policiales no están sujetos al régimen de excepción de derechos previsto en el artículo 123, apartado b, fracción XIII, Constitucional, por lo que la relación que mantienen con aquéllas es de naturaleza laboral, ya que ese numeral es solo aplicable a los miembros de las instituciones policiales que realicen la función de policía y que estén sujetos al Servicio Profesional de Carrera Policial; en consecuencia quienes, aun perteneciendo a dichas instituciones (trabajadores administrativos) no realicen funciones similares a las de investigación, prevención y reacción en el ámbito de seguridad pública y no estén sujetos al sistema de carrera policial, mantienen una relación de naturaleza laboral. Lo anterior permite establecer que el juicio de amparo sólo es procedente cuando quien lo impetra es el gobernado por violación a sus derechos fundamentales, en virtud de los actos o leyes de las autoridades, y tal actuación sólo puede ocurrir cuando la ley o acto autoritario frente al gobernado se da en una relación de supra a subordinación y no de coordinación. Al caso se invoca la jurisprudencia con registro digital: 2001527, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época Materia(s): Laboral Tesis: 2a./J. 67/2012 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, página 957, que dice: En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo relacionado con el artículo 1, fracción I, y 5, fracción II, de conformidad con el artículo 113 de la propia ley, se desecha de plano la demanda presentada por Omar Israel González Meza, por propio derecho, y en representación de sus menores hijos de identidad reservada con iniciales F.C.G.G., L.I.G.G. y A.V.G.D., por notoriamente improcedente. Domicilio y autorizados. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el que señala en la demanda que se provee. Por su parte, en atención a la certificación secretarial que antecede, téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Arcadio Álvarez Marcelo, y únicamente para oír y recibir notificaciones a y María del Carmen Vega Vega, por no contar con el registro de cédula correspondiente, así como a las restantes personas que menciona, en términos del último párrafo del citado ordinal, por así solicitarlo. Consulta del expediente electrónico. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial A, encargado del SISE, autorice la consulta electrónica del expediente al usuario "MCVVEGA". Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Exhortación para seguir el juicio "En línea". Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea y, además, proporcionen algún otro medio de contacto, como correo electrónico o servicio de mensajería instantánea, a través del cual se pueda entablar comunicación no procesal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México · 8,254 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano