Omar Iossef Magaña Castillo

Expediente 50/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
50/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
21/02/2019

Partes del expediente

  • Omar Iossef Magaña Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la primera certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días, que establece el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto de siete de febrero del año en curso, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por ****, sin que haya hecho valer dicho medio de impugnación; en consecuencia, se declara que el referido auto ha causado estado, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.

  2. Principal

    (AVISO-QUEJOSO) Vista la demanda de amparo de cuenta en la que ***, por su propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye a la Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; regístrese en el Libro de Gobierno respectivo, bajo el número 50/2019. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. (.)" Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre alguna irregularidad o deficiencia en ésta, el Juez de Distrito mandará prevenir al promoverte para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que pueda subsanarlas en tiempo. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala los siguientes actos reclamados: "IV.-ACTOS RECLAMADOS: De los actos concretos reclamados a las autoridades responsables mencionadas en mi escrito inicial; consisten en: 1.- Del Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, en la Ciudad de México, la realización de la calificación registral en sentido positivo respecto de la parcela 256 Z1 P1/1 del ejido de N.CP.E José María Pino Suárez, municipio de Tulum, de esta Entidad Federativa, así como el envío del oficio al Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, para que proceda a liberar la clave informática. 2.- En caso de resultar calificación positiva, el Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, de inmediato deberá autorizar la apertura de clave en el sistema informático, y hecho lo anterior, deberá remitir a la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional, el expediente respectivo para que inscriba dicha calificación y expida el título de propiedad de origen parcelario. 3.- Del Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, como primer acto: la remisión de la solicitud de trámite número 23180005563 de fecha 03 de agosto de 2018, sobre la adopción del dominio pleno y expedición del título de propiedad de origen parcelario de la parcela 256 Z1 P1/1 del ejido de N.CP.E José María Pino Suárez, municipio de Tulum, de esta Entidad Federativa, a la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, en la Ciudad de México, para la realización de la calificación registral en sentido positivo; como segundo acto: una vez que reciba la calificación, deberá realizar las gestiones necesarias respecto al trámite de la solicitud número 23180005563 de fecha 03 de agosto de 2018, sobre la adopción del dominio pleno y expedición del título de propiedad de origen parcelario de la parcela 256 Z1 P1/1 del ejido de N.CP.E José María Pino Suárez, municipio de Tulum, de esta Entidad Federativa, como lo son: inscribir la calificación, expedir el título de propiedad de origen parcelario y remitirlo al Catastro Municipal y al Registro Público de la Propiedad que corresponda, para los efectos legales que corresponda, finalizando con la entrega de dicho título al ahora promovente, en los términos señalados en el Capítulo Vil del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. Lo anterior, en virtud de que ha trascurrido en exceso el plazo de 60 días naturales que para tal efecto y en el caso específico que nos ocupa, le concede el último párrafo del artículo 52 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional a la Responsable, en relación con los artículos 9, 23 Fracción IX, 81,148 y 152 de la Ley Agraria; así como con los artículos 1, 4, 14 fracción IV, 16 Fracción IV inciso e), 22 Fracciones IX y XXVI, 49 Fracción II, 52 y 53 fracción IV del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional." Asimismo, en los antecedentes del acto reclamado, específicamente el cuarto punto, el promovente refiere: "CUARTO.- El día 03 de agosto de 2018, previo pago de derechos, acudí a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo para solicitar la Adopción de Dominio Pleno, respecto de la parcela 256 Z1 P1/1 ubicada en el ejido N.C.P.E José María Pino Suárez, Municipio de Tulum, de esta Entidad Federativa, solicitando igualmente la expedición y entrega del Título de Propiedad de Origen Parcelario respectivo. No obstante, la autoridad no ha entregado el Título de Origen Parcelario correspondiente a la parcela 256 Z1 P1/1 siendo que dicha solicitud fue registrada con el número 23180005563 de fecha 03 de agosto de 2018." Luego, en el apartado de los conceptos de violación, el quejoso manifiesta: "ÚNICO.- El concepto de violación surge cuando la Autoridad señalada como Responsable viola en perjuicio del suscrito, la garantía establecida en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al omitir resolver o dar contestación por escrito y en el plazo establecido, a la solicitud que por escrito y de forma respetuosa se le formuló; relativa a la Adopción de Dominio Pleno y expedición de Título de Propiedad respecto de la parcela 256 Z1 P1/1 ubicada en el ejido N.C.P.E. José María Puno Suárez, Municipio de Tulum, de esta Entidad Federativa, así como la entrega del correspondiente Título de propiedad de Origen Parcelario". De lo anterior, se advierte que la parte quejosa en su capítulo de "acto reclamado" hace referencia a un procedimiento administrativo en el que intervienen tres autoridades, el cual se recepciona en la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional, quien posteriormente lo envía para su calificación registral a la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, para ser turnado a la Dirección en Jefe del Registro Agrario Nacional con la finalidad de que sea liberada una clave informática que permita la inscripción de la Adopción de Dominio Pleno solicitado y, finalmente, con dicha clave informática la Delegación Estatal en Quintana Roo del Registro Agrario Nacional pueda imprimir, expedir y entregar el título de propiedad de origen parcelario correspondiente. Luego, en los capítulos antecedentes del acto reclamado y conceptos de violación la parte quejosa señala que las autoridades responsables omiten resolver la solicitud de tres de agosto de dos mil dieciocho, relativa a la adopción de dominio pleno de la parcela 256 Z1 P1/1, ubicada en el ejido N.C.P.E. José María Puno Suárez, municipio de Tulum, Quintana Roo. Lo que causa incertidumbre si en el presente juicio el quejoso pretende reclamar la omisión de las autoridades responsables de dar respuesta a la petición realizada mediante escrito presentado ante la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo el tres de agosto de dos mil dieciocho (esto es, las tres autoridades responsables deben proveer respecto el propio escrito) o, bien, la omisión de dar continuidad al procedimiento de adopción de dominio pleno de la parcela 256 Z1 P1/1 del ejido N.C.P.E. José María Pino Suárez, municipio de Tulum, de esta Entidad Federativa, para lo cual debió precisar qué acto específico le reclama a cada autoridad responsable. Por lo cual, a fin de poder fijar correcta y claramente la litis en el presente juicio se estima necesario imponer la siguiente prevención: Con fundamento en los artículos 108, fracción IV, y 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito, realice lo siguiente: PRIMERO. Precise cuál es el o los actos concretos que atribuye a cada una de las autoridades responsables o bien, si es su deseo señalar como acto reclamado la omisión de las autoridades responsables de dar respuesta cada una a la petición realizada mediante escrito presentado ante la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, el tres de agosto de dos mil dieciocho. SEGUNDO. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los antecedentes mediatos e inmediatos del o los actos reclamados que precise. Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento a los puntos preventivos impuestos en el plazo y condiciones indicadas, se tendrá por no presentada la demanda que se atiende, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, se le indica que deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio, ya que al igual que el escrito inicial de demanda, es un requisito que se debe cumplir en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sustenta lo dicho, la jurisprudencia P./J. 36/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo.". Asimismo, deberá dar cumplimiento a la prevención en cuestión de manera personal, por conducto de su representante legal y no por medio de su autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues las facultades que dicho numeral le confieren a éste último se limitan a las que ahí se precisan, entre las que no se encuentran ejercitar la acción constitucional; sin embargo, sí podrá presentar las copias del escrito aclaratorio por conducto de su autorizado en atención a que ello no implica el ejercicio de la acción de amparo. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 50/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su demanda, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Carlos Briceño González, en virtud de contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos de dicho numeral a ****, por no contar con dicho registro. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, debiendo verificarlas dentro del plazo a que se contrae el diverso numeral 24 de la propia legislación. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, código postal 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, código postal 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, código postal 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)

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