Omar Humberto Rocha Cázarez
Expediente 460/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 24 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 460/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 04/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Omar Humberto Rocha Cázarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Vista la constancia secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido al auto de trece de diciembre de dos mil dieciséis; consecuentemente y con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto que sobreseyó en el presente juicio de amparo promovido por ***, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. Se hace el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, a partir del cinco de enero de dos mil veintidós, por encontrarse en la hipótesis de la fracción II, del punto vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Así mismo, de conformidad con la fracción III, segundo párrafo, del punto y acuerdo señalado, deberá conservarse el original del cuaderno relativo al incidente de suspensión de amparo, al haberse otorgado la medida cautelar solicitada. Así también, en cumplimiento al punto vigésimo, fracción III, del multireferido acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión se deberá desincorporar y destruir una vez que transcurran más de seis meses a partir de que se dictó la resolución interlocutoria respectiva. Por otra parte, en términos del capítulo tercero, punto decimoprimero segundo párrafo, del acuerdo General Conjunto número 1/2009, se hace constar que el presente juicio de garantías no es de relevancia documental ni existen documentos originales ofrecidos por las parte. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en la carátula de este expediente, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al presente proveído, se giran los oficios siguientes: 6, 7, 8, 9 y 10.
- Principal
........POR ESTE MEDIO PROCEDO A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 13 DE DICIEMBRE DE 2016, QUE DICE:...Vista la certificación que antecede, se advierte que por auto de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada Marissa Valenzuela Verdugo, por medio de edictos y se requirió la parte quejosa para efectos de que en el término de veinte días, acudiera al local de este juzgado a recoger los edictos, acreditara haber realizado la publicación de los mismos en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República, o en su caso, manifestara su imposibilidad de pagarlos con el apercibimiento que de no hacerlo así, se decretaría el sobreseimiento del presente juicio de amparo, con fundamento en lo establecido en el artículo 63, fracción II, en relación con el diverso 27, fracción III, inciso b), última parte, ambos de la Ley de Amparo. Dicho proveído le fue notificado a la parte quejosa por lista el diez de noviembre del presente año (fojas 115 y 116), previo citatorio que se le dejo en su domicilio procesal, sin que de autos se advierta que dentro de dicho término haya comparecido a recoger los edictos ordenados, ni a manifestar su imposibilidad económica para solventar los gastos para su expedición. Manifestación de insolvencia económica para el pago de la publicación de los edictos ordenados, que resulta necesaria en el presente juicio de amparo indirecto penal, para que éste juzgador ordene que la misma sea a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado lo anterior, al analizar las constancias de los autos que conforman el presente juicio constitucional, no se aprecia elementos que demuestren esa circunstancia, de las cuales pueda concluirse la falta de recursos económicos del quejoso que lo imposibiliten para cumplir su carga procesal. Máxime que la parte quejosa no se encuentra privada de su libertad y fue debidamente notificada del auto de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, en el que se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada Marissa Valenzuela Verdugo, por medio de edictos. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J. 27/2015 (10a.), pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, observable en la Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Materia Común, Página: 27, de rubro y texto, siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." Por lo que en estricto acatamiento a la ley y del análisis de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción II del numeral 63 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso dispositivo 27, fracción III, inciso b), última parte, del citado ordenamiento. Se afirma lo anterior, en virtud de que el emplazamiento a la parte tercero interesada constituye un presupuesto procesal que se erige en formalidad esencial del procedimiento de amparo, conforme a los artículos 5, fracción III, inciso b) y 26, fracción I, inciso b) de la ley de la materia, y hace que el juzgador federal no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional si aquél no se ha realizado; por ende, se actualiza la citada causal de sobreseimiento, pues con la no publicación de los referidos edictos ordenados en autos, queda paralizado el juicio de amparo al arbitrio de la parte quejosa, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, lo que no es atribuible a este órgano jurisdiccional, sino a la propia quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al árbitro de una de las partes, en este caso de la parte quejosa. Al respecto, es importante destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Agosto de 2010, página 416, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Respecto de dicha ejecutoria se concluyó, que habiéndose agotado el procedimiento de investigación del domicilio del tercero interesado y que el juzgador ordene su emplazamiento a través de edictos a costa de la parte quejosa, y ésta no los recoja para proceder a su publicación, puede decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, cuando la promovente del juicio no manifieste que está imposibilitada para cubrir un gasto de esa naturaleza, pues de existir tal manifestación el juzgador deberá analizarla en relación con los elementos que consten en autos de los que deriven indicios suficientes que demuestren que en efecto, no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante; desde luego, atendiendo las particularidades del caso, a efecto de solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado sea a su costa. De esa forma, si en el caso la parte quejosa a pesar de haber sido notificada para que compareciera a recoger los edictos, no asistió a hacerlo, ni manifestó que estuviera imposibilitada para cubrir los gastos para su expedición, es inconcuso que este juzgador no estuvo en condiciones de ponderar si los mismos debían ser sufragados por el Consejo de la Judicatura Federal. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de sobreseimiento aludida, se sobresee fuera de audiencia constitucional el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción II, en relación con el artículo 27, fracción III, inciso c), última parte, ambos de la Ley de amparo. Cobra aplicación, por identidad jurídica y por no contravenir los postulados de la actual ley de Amparo, la jurisprudencia P./J. 22/2015 (10a.), visible en la página 24, libro 22, septiembre de 2015, tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto del siguiente tenor literal: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ SU NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. En relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado. Sin embargo, ante la ausencia de manifestaciones o elementos sobre su falta de capacidad económica para sufragarlos, subsiste esa carga procesal para el quejoso, sin que ello implique una transgresión al derecho de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado ni a la prohibición de costas judiciales, pues lo que se busca es impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional, ya que la retribución por la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado. En efecto, acorde con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la publicación de los edictos "a costa del quejoso" corresponde únicamente al importe de la publicación en: a) El Diario Oficial de la Federación; y, b) Uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República Mexicana; así, si las erogaciones derivadas de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, lejos de importar un costo por la administración de justicia, constituyen el importe que cada litigante asume cubrir (o no) como necesario durante su intervención en el proceso, a fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses, entonces la eventual erogación del quejoso por publicar los edictos para continuar el juicio de amparo no contraviene el principio de justicia gratuita, porque no constituye una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto de publicación en los indicados medios de difusión masiva no implica una actuación judicial, sino únicamente un acto material por el cual una entidad ajena al tribunal da publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir con una formalidad para continuar con el trámite del juicio de amparo." Finalmente, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del veinte de diciembre de dos mil dieciséis.
- Principal
Vista la constancia secretarial que antecede, de la que se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido a la parte quejosa para la publicación de los edictos ordenada mediante proveído de cuatro de noviembre del año en curso, que le fue notificado mediante lista de acuerdos el día diez de los corrientes. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, incido c) y 117, ambos de la Ley de Amparo, éste último aplicado por identidad jurídica, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con diez minutos del veinte de diciembre de dos mil dieciséis, para su desahogo.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por el Procurador Fiscal del Estado de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa que no se encontró domicilio registrado a nombre de la tercero interesada *****.Consecuentemente, y toda vez que se agotaron los medios de localización de la citada parte tercero interesada, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena realizar el emplazamiento por medio de edictos.Edictos que deberán publicarse por tres veces de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República, tal y como lo ordena el artículo 315, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, haciéndole saber a la tercera en mención que deberá presentarse a este juzgado dentro del plazo de treinta días, contados a partir del día siguiente al de la última publicación y se fijará en la puerta de este juzgado copia íntegra de la resolución por todo el tiempo del emplazamiento, apercibida que en caso de no hacerlo así, las posteriores notificaciones se le harán por los estrados, que se fijarán en la puerta del Juzgado.Por tanto, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de veinte días:a) Comparezca ante este juzgado a recoger los edictos; b) Los entregue para su publicación correspondiente; y,c) Acredite ante este órgano jurisdiccional haber realizado lo anterior.Apercibida que en el caso de no hacerlo así dentro de dicho término, de conformidad con el artículo 63, fracción II, en relación con el artículo 27, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, se decretará el sobreseimiento del presente juicio.Ilustra lo anterior la Jurisprudencia P./J. 27/2015 (10a.), con registro 2009915 de la décima época, instancia Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fuente Semanario Judicial de la Federación, publicación, viernes 11 de septiembre de 2015 11:00 h, materia común, que reza: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo.".Lo anterior, con independencia de que en el mismo término comparezca la parte quejosa y manifieste su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, aportando elementos de prueba para acreditar que carece de capacidad económica para sufragarlos.Se cita la jurisprudencia P./J. 22/2015 (10a.), con registro 2009913 de la décima época, instancia Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fuente Semanario Judicial de la Federación, septiembre de 2015, libro 22, tomo I, materia constitucional, que reza: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ SU NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. En relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado. Sin embargo, ante la ausencia de manifestaciones o elementos sobre su falta de capacidad económica para sufragarlos, subsiste esa carga procesal para el quejoso, sin que ello implique una transgresión al derecho de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado ni a la prohibición de costas judiciales, pues lo que se busca es impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional, ya que la retribución por la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado. En efecto, acorde con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la publicación de los edictos "a costa del quejoso" corresponde únicamente al importe de la publicación en: a) El Diario Oficial de la Federación; y, b) Uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República Mexicana; así, si las erogaciones derivadas de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, lejos de importar un costo por la administración de justicia, constituyen el importe que cada litigante asume cubrir (o no) como necesario durante su intervención en el proceso, a fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses, entonces la eventual erogación del quejoso por publicar los edictos para continuar el juicio de amparo no contraviene el principio de justicia gratuita, porque no constituye una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto de publicación en los indicados medios de difusión masiva no implica una actuación judicial, sino únicamente un acto material por el cual una entidad ajena al tribunal da publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir con una formalidad para continuar con el trámite del juicio de amparo".
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