Omar Hugo Morales Álvarez
Expediente 746/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 746/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 07/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Omar Hugo Morales Álvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio) haya recurrido la sentencia dictada por este Tribunal, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley antes invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo citado; es susceptible de depuración, en su oportunidad, deberá conservarse en el archivo de valor jurídico la demanda y la sentencia respectivas y procederse a su digitalización; Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en los puntos décimo y décimo primero del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Finalmente, devuélvase al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huautla de Jiménez, Oaxaca, la copia certificada de la causa penal 55/2014, de su índice, que remitió en apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
R E S U L T A N D O: PRIMERO.- OMAR HUGO MORALES ÁLVAREZ, por derecho propio, mediante escrito presentado el uno de agosto de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, residente en esta población, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huautla de Jiménez, Oaxaca, consistente en: "De la autoridad ordenadora reclamo el auto de formal prisión que dictó en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1025/2017 en mi contra, en la causa penal 55/2014, como probable responsable del delito de homicidio con las agravantes de premeditación y ventaja, cometido en agravio de quien en vida respondió a Gustavo Estrada Andrade, de fecha diez de julio de dos mil dieciocho..." Que estima violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Federal. SEGUNDO.- Por razón de turno, correspondió conocer de la referida demanda a este órgano jurisdiccional, registrándola bajo el número de juicio de amparo 746/2018, en el que con fecha dos de agosto de dos mil dieciocho, se admitió a trámite (fojas 20-21), se solicitó informe a la autoridad responsable, se dio la intervención respectiva al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó emplazar a juicio como terceros interesados a Susana Feliciano Andrade, y al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huautla de Jiménez, Oaxaca; y, por auto de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho (foja 61), se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite correspondiente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO.- Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción V, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 48, 49 y 54, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que se trata de un asunto de naturaleza penal; que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia y tendrá ejecución en ésta. SEGUNDO.- El Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huautla de Jiménez, Oaxaca, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto reclamado, como sigue: ".ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR EL QUEJOSO OMAR HUGO MORALES ÁLVAREZ, toda vez que mediante resolución de fecha diez de julio de dos mil dieciocho, se dictó AUTO DE FORMAL PRISIÓN en contra de OMAR HUGO MORALES ÁLVAREZ, como probable responsable del delito de HOMICIDIO CALIFICADO con las agravantes de premeditación y ventaja, previsto por el artículo 285 en relación con los artículos 8° fracción I, 10, fracción I, 11 fracción III, 299, 300, 301, fracción II y III, 302 y sancionado por el 291, todos del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de GUSTAVO ESTRADA ANDRADE." Para corroborar lo anterior la responsable remitió copia certificada deducida del proceso penal 55/2014, al que se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. TERCERO.- Los conceptos de violación son los mismos que aparecen en la demanda de garantías, los que no se transcriben por no exigirlo algún precepto de la Ley de Amparo, además de que con ello no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, resultando aplicable al respecto la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede consultar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, página 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa son jurídicamente ineficaces, por las razones que en seguida se exponen. De las constancias que acompañó a su informe la autoridad responsable, mismas que tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2º, se advierte que el Juez Primero Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Huautla de Jiménez, Oaxaca, el diez de julio de dos mil dieciocho, dictó Auto de Formal Prisión en la causa penal 55/2014 de su índice, en contra del aquí quejoso OMAR HUGO MORALES ÁLVAREZ, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO con las agravantes de premeditación y ventaja, previsto por el artículo 285 en relación con los artículos 8° fracción I, 10, fracción I, 11 fracción III, 299, 300, 301, fracción II y III, 302 y sancionado por el 291, todos del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de GUSTAVO ESTRADA ANDRADE. El Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huautla de Jiménez, Oaxaca, apoyó sus argumentos que sustentaron la resolución combatida, con base en los siguientes hechos: ".que el día domingo catorce de diciembre de dos mil catorce, aproximadamente a las doce horas, un grupo aproximado de trescientas personas arribó a la entrada principal de la población de San Antonio Eloxochitlán, Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, portando armas de fuego, largas y cortas, disparando, tirando bombas molotov, con machetes en mano, palos, piedras y cohetes, encabezados por el Presidente Alfredo Bolaños Pacheco; que la gente se echó a correr por haberse asustado con los disparos y bombas molotov; que la gente seguía avanzando, por lo que los policías municipales de esa población Fernando Bautista Estrada, Modesto Rosete Terán y Gustavo Estrada Andrade, corrieron hacia la casa de Manuel Zepeda Cortés, ya que ahí se hacían las reuniones, que entraron a esa casa donde Manuel Zepeda Cortés se encontraba con su familia a quien le platicaron lo que estaba sucediendo, y éste les dijo que ahí se quedaran y puso como barricada un volteo a la entrada de su casa; que ahí estuvieron y al poco tiempo escucharon ruidos, proyectiles, balazos, explosiones, llegando corriendo en ese momento Elisa, hija del profesor Manuel Zepeda Cortés, lastimada de su nariz y ojos, que su hijo Manuel quería salir al encuentro de las personas pero no lo dejaron; que aproximadamente a las trece horas llegaron hasta ese domicilio las trescientas personas, entre hombres y mujeres, encabezados por Alfredo Bolaños Pacheco, con toda su policía municipal, su gente del pueblo, regidores y otros más, y aventaron bombas molotov a la casa, quemaron el volteo del señor Manuel; que dos de los policías Fernando Bautista Estrada y Modesto Rosete Terán se fueron para atrás de la casa donde pasa el río, y las personas entraron a la casa, dañando todo; que el policía Gustavo Estrada Andrade se quedó en la casa, mientras los otros dos policías se escondieron atrás de una piedra donde vieron lo que sucedía; que Gustavo Estrada Andrade quiso detener a las personas de nombre Braulio Cerqueda y Rubén Cerqueda quienes estaban golpeando a Elisa Zepeda Lagunas con palos y a patadas, pero estas personas le dieron de machetazos a Gustavo, quien después de que se sintió lesionado se quiso escapar, pero en eso llegaron a pegarle a Gustavo Estrada Andrade dos personas más Isaías Gallardo Álvarez y Omar Hugo Morales Álvarez, aquél se defendió, y Braulio Cerqueda y Rubén Cerqueda siguieron a Gustavo Estrada Andrade quien escapaba, atravesó por la parte de atrás de la casa por donde están los estanques de truchas; Isaías Gallardo Álvarez, Omar Hugo Morales Álvarez, Braulio Cerqueda y Rubén Cerqueda lo persiguieron con los machetes que llevaban en la mano, comenzaron a lesionar a Gustavo dándole Isaías Gallardo Álvarez y Omar Hugo Morales Álvarez los dos cada uno con su machete en su cabeza, el primer machetazo que le pegó en la cabeza se lo dio Isaías Gallardo Álvarez, con el que aparte de cortarlo le tumbó la gorra que llevaba Gustavo, que aun así Gustavo siguió corriendo para ponerse a salvo y atravesó los estanques rectangulares, pero perdió fuerza y lo alcanzaron de nuevo Isaías Gallardo Álvarez, Omar Hugo Morales Álvarez, Braulio Cerqueda y Rubén Cerqueda, que en el tercer tanque circular, pegado a la malla oeste de la casa del profesor Manuel, Omar Hugo Morales Álvarez le dio otro machetazo en la cabeza y luego Isaías le volvió a dar otro machetazo por la cabeza y Braulio Cerqueda y Rubén Cerqueda sacaron de entre sus ropa cada uno, unos tubos metálicos con los que le pegaron a Gustavo, sujetaron a Gustavo y ya desmayado lo botaron al estanque y allí cayó y murió." Ahora, la autoridad responsable de manera correcta, tuvo acreditado el cuerpo del delito de referencia, con las probanzas desahogadas en la indagatoria, como son el parte informativo, declaración de Susana Feliciano Andrade e identificación de cadáver, certificado de defunción, autopsia médico legal, declaración de los testigos de cargo Fernando Bautista Estrada y Modesto Rosete Terán, dictamen en criminalística de campo, inspección judicial y levantamiento de cadáver; probanzas a las que otorgó valor probatorio indiciario y concatenó de manera conjunta; con tales pruebas se demostró que los sujetos activos lesionaron al pasivo con machetes y tubos, provocándole lesiones (traumatismo profundo de cráneo con hemorragia interna y externa intensa con fractura de bóveda y base de cráneo, secundaria a lesiones que sufrió), mismas que le causaron la muerte; que tal conducta ilícita se realizó con premeditación porque los activos reflexionaron la forma y medios de su realización y la ejecutaron (perseguir y acorralar al pasivo y golpearlo con las armas que portaban), y emplearon la ventaja, al ir armados dos sujetos con machetes y otros dos con tubos, además de ser cuatro los agresores y un solo sujeto pasivo desarmado. En mérito a lo anterior, contrario a lo sostenido por el quejoso en sus conceptos de violación, este resolutor estima que la autoridad responsable, hizo una correcta valoración de las pruebas de cargo que obran en el juicio natural, para acreditar en forma probable el cuerpo del delito que se le imputa; en específico, del dictamen médico de necropsia, emitido por la perito médico adscrita al Instituto de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia, Doctora Erika del Rocío Ortiz Patiño, y de los deposados de los testigos de cargo de Modesto Rossete Terán y Fernando Bautista Estrada. Es así, pues la autoridad responsable, además de valorarlas y concederles valor probatorio para acreditar el cuerpo del delito, determinó que se actualizó el nexo causal requerido entre la conducta desplegada por el activo consistente en golpear a su víctima y el resultado obtenido, como es el deceso de éste último, precisamente con las lesiones que apreció el médico legista y que fue consecuencia inmediata y directa de aquél, al haberlo así dictaminado el médico que practicó la necropsia de ley. Conclusión de la autoridad responsable que este Tribunal comparte, pues de las declaraciones de los testigos de cargo en comento, se advierte, el extinto de referencia, fue agredido por un grupo de personas con machetes y tubos en diversas partes del cuerpo, dentro de ellas, la cabeza; y, del dictamen médico de necropsia se desprende que el motivo de la muerte de GUSTAVO ESTRADA ANDRADE, fue TRAUMATISMO PROFUNDO DE CRÁNEO CON HEMORRAGIA INTERNA Y EXTERNA INTENSA CON FRACTURA DE LA BÓVEDA Y BASE DEL CRÁNEO, SECUNDARIA A LAS LESIONES QUE SUFRIÓ. Máxime, de la lectura de los autos del expediente 55/2014, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, Oaxaca, de modo alguno se advirtió por este Juzgador, actuación de la que se desprenda que el occiso, no presenta lesiones provocadas por un objeto corto contundente, como lo afirma el promovente del amparo. Así también, la autoridad responsable, correctamente tuvo por demostrada la probable responsabilidad penal de OMAR HUGO MORALES ÁLVAREZ, en su comisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 11, fracción III y 8, fracción I, del Código Penal del Estado. Ello, con la existencia del señalamiento directo en su contra de Fernando Bautista Estrada y Modesto Rosete Terán, policías municipales de San Antonio Eloxochitlán, Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, quienes presenciaron los hechos y relataron momento a momento los sucesos que precedieron y los que dieron muerte al pasivo Gustavo Estrada Andrade; con el certificado de defunción del pasivo en el que se certificó su muerte; la autopsia médico legal en la que se concluyó que falleció por traumatismo profundo de cráneo con hemorragia interna y externa intensa con fractura de la bóveda y base de cráneo secundaria a las lesiones que sufrió; medios de convicción a los que les otorgó valor indiciario y valoró en forma conjunta. De igual manera, la responsable estuvo en lo correcto al considerar que la forma de participación del sujeto activo en la comisión del antisocial que se le reprocha, fue como coautor material, al tener el codominio del hecho antisocial, desde luego, con base en los medios de convicción anteriormente indicados, puesto que el aquí quejoso OMAR HUGO MORALES ALVAREZ, conjuntamente con otras personas, en dos ocasiones golpearon con un machete, la cabeza al ahora occiso Gustavo Estrada Andrade, lo cual le produjo la muerte, debido a las lesiones que presentaba. Precisando que con dicho actuar, el quejoso impactó la salud del ahora occiso, al ocasionarle las heridas que presentó y que a la postre le ocasionaron la muerte. Además, en forma atinada arribó a la conclusión que su actuar fue doloso, al haber querido y realizado la conducta de lesionar al pasivo, sabiendo de antemano que le podía causar la muerte, y aun así realizó la conducta que posteriormente trajo como consecuencia la privación de la vida del pasivo; misma conducta dolosa que además es antijurídica, primeramente, porque lesionó un bien jurídico como es la de provocar la muerte con las lesiones que fueron resultado de su conducta, y por otra parte, porque la conducta que desplegó violó la prohibición que establece el tipo, en razón de que realizó dicho proceder sin tener a su favor alguna causa de licitud o de justificación alguna. Por otra parte, respecto a las pruebas ofrecidas por el aquí quejoso, concluyó: ".NO ES OBSTACULO para llegar a la anterior resolución, que el inculpado en su respectiva declaración preparatoria de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil diecisiete, se reservó su derecho para declarar. Asimismo en su respectiva declaración de fecha veintiuno de septiembre del año dos mil diecisiete, dijo: resulta que el día catorce de diciembre del año dos mil catorce, me encontraba en las oficinas que ocupa la organización tierra fértil, esto sería como a las once treinta horas, esto debido a que me desempeñaba como policía comunitario de Eloxochitlan, Flores Magón, ya que ahí se concentraron las personas que participarían en la asamblea programada para ese día debido a los problemas políticos que había en el mencionado lugar, la autoridad municipal estaba despachando en el mencionado lugar en oficinas alternas, siendo aproximadamente cuarto para las doce, los ciudadanos que estaban reunidos en las oficinas alternas decidieron trasladarse al lugar en donde se llevaría a cabo la asamblea que se tenía programada para ese día, que era donde se iba a nombrar al alcalde municipal, cuando íbamos llegando cerca de la explanada municipal ya se encontraba un grupo de ciudadanos que se oponían al mandato del señor ALFREDO BOLAÑOS PACHECO mismos que eran encabezados por el ex presidente municipal MANUEL CEPEDA CORTEZ agrediéndonos con disparos de arma de fuego a todos los ciudadanos que íbamos llegando hiriendo al instante al señor DAVID BOLAÑOS YAVE y a otros más, esto sería aproximadamente entre las doce con quince minutos, ante la situación el padre del señor DAVID BOLAÑOS YAVE, y yo auxiliamos a los compañeros RUBEN CERQUEDA JIMENEZ y HERMINIO MONTI AVENDAÑO, y FERNANDO GABITO MARTINEZ, mientras que otros compañeros y yo auxiliábamos a las mujeres y niños pidiéndoles que se replegaran, que se refugiaran, que se hicieran a un lado, que se refugiaran en un lugar seguro ya que estaban aventando piedras y cohetones y se corría el riesgo de ser lastimados, en eso llega una señora de nombre SUSANA FELICIANO ANDRADE pidiéndole ayuda al coordinador de la policía comunitaria quien era el señor ISMAEL ANTONIO CARRERA, para desalojar su puesto de cocina que tenía en ese lugar, es decir debajo del techado de la cancha municipal, pues en su puesto había un tanque de gas y por el fuego que había en ese lugar y los cohetones que estallaban, corría el riesgo de que explotaran, por ello el señor ISMAEL ANTONIO CARRERA me ordena para ayudar a la señora SUSANA FALICIANO ANDRADE, esto sería aproximadamente entre la una con treinta minutos, en eso empezamos a recoger sus cosas de la señora SUSANA y en eso se ofrece a ayudar el señor GABRIEL MONTI GOMEZ y una vez que desconectamos el tanque de gas y recogimos las cosas, nos dirigimos al lugar donde la señora SUSANA FELICIANO ANDRADE guarda sus cosas que es la casa de la señora AQUILINA FLORES CARRERA, quien vive como a ciento cincuenta metros de la cancha municipal, íbamos la señora SUSANA FELICIANO ANDRADE, el señor ISMAEL ANTONIO CARRERA y el señor GABRIEL MONTI GOMEZ, llegando a la casa de la señora AQUILINA FLORES CARRERA se le pidió permiso para ingresar las cosas de la señora SUSANA, en lo que guardábamos las cosas, la señora AQUILINA nos ofreció un poco de agua para tomar, ya que ese día hacia demasiado calor, así mismo nos preguntó lo que estaba pasando en el centro, a lo que le comentamos lo que habíamos observado, tardamos en la casa de la señora AQUILINA FLORES CARRERA entre quince y veinte minutos, ya eran como las dos con diez minutos de la tarde cuando nos despedimos de los señores, de eso me di cuenta por que a cada instante observaba mi reloj de pulso, cuando salimos de la casa de la señora AQUILINA se quedó la señora SUSANA FELICIANO ANDRADE y los señores ISMAEL ANTONIO CARRERA, GABRIEL MONFI GOMEZ y yo nos dirigimos a las oficinas de la organización tierra fértil, ya que ahí se encontraban los ciudadanos que habían sido agredidos, llegamos al lugar como a las dos treinta horas y los señores con los que íbamos nos separamos de ese lugar, ya que cada uno realizó actividades diversas. Misma declaración que si bien es cierto dicho inculpado manifiesta haber estado en un lugar distinto en donde ocurrieron los hechos que nos ocupan en la presente causa penal, más sin embargo el mismo inculpado se sitúa en la población, lugar y hora de los eventos delictivos, aunado a que únicamente presentó como pruebas a su favor la declaración de los atetes de descargo de nombre SUSANA FELICIANO ANDRADE, GABRIEL MONFIL GOMEZ e ISMAEL ANTONIO MONTALVO, quienes manifestaron en iguales términos, lo declarado por el ahora inculpado, por lo cual con dichos atestes de descargo, hasta este momento no son prueba plena que en su momento pudieran desvirtuar las sendas acusaciones que existen en su contra, pues las mismas no se encuentran concatenadas con algún o algunos otros medios de prueba que hagan verosímil sus deposiciones, pues si bien es cierto también presentó como pruebas de su parte las declaraciones que se encuentran rendidas en diversos expedientes penales del índice de este Juzgado como son las declaraciones de los atestes de cargo rendidas en los expedientes penales número 16/2016 y expediente penal número 02/2015, del índice de este Juzgado y que en copias certificadas obran en el presente expediente, de las cuales tenemos primeramente la denuncia o querella realizada por DOLLI IRASEMA BETANZOS HERNANDEZ, dentro de la causa penal número 16/2016, de fecha veinte de diciembre del año dos mil catorce, misma querella que en nada le beneficia al aquí inculpado, toda vez que dicha querellante antes señalada, refiere que efectivamente el aquí inculpado junto con otras personas más causaron destrozos en su negocio denominado abarrotes gama, por lo cual lo posiciona en el lugar de los hechos y a la hora de los mismos, pues refiere que efectivamente el ahora inculpado se fue una de las personas que se encontraban el día catorce de diciembre del año dos mil catorce en la comunidad de Eloxochitlan de flores Magón, Teotitlán, Oaxaca, por lo cual dicha denuncia no le beneficia hasta este momento, así mismo tenemos la denuncia del ofendido SALVADOR MARTINEZ, de fecha veinte de diciembre del año dos mil catorce, dentro de la causa penal número 16/2016, del índice de este Juzgado, misma declaración que en nada le beneficia hasta este momento al inculpado OMAR HUGO MORALES ALVAREZ, toda vez que dicho denunciante en ningún momento menciona nada respecto al aquí inculpado, por lo cual no se puede establecer que le beneficie en algo dicha declaración, pues lo declarado por el denunciante no se establece relación alguna con el ahora inculpado. Así mismo tenemos la denuncia de GAMALIEL ZEPEDA JUAREZ de fecha veinte de diciembre del año dos mil catorce, dentro del expediente penal número 16/2016 del índice de este Juzgado, declaración de la cual se establece que con fecha catorce de diciembre del año dos mil catorce, cuando se encontraba en el estacionamiento de la tienda de abarrotes denominado gama propiedad de su esposa DOLLI IRASEMA BETANZOS HERNANDEZ, en donde dejó su camioneta estacionada, cuando un grupo de personas entre ellas el ahora inculpado OMAR HUGO MORALES ALVAREZ, se metieron a la tienda propiedad de su esposa en la cual hicieron varios destrozos, asimismo al ver la camioneta del denunciante, se fueron hacia ella rompiéndole el parabrisas, espejos y le poncharon las cuatro llantas, e incendiaron su camioneta. Declaración de la cual se robustece que el aquí inculpado OMAR HUGO MORALES ALVAREZ, se encontraba en el lugar y hora de los hechos delictivos que en la presente causa penal se le imputan, por lo cual dicha declaración hasta en este momento en nada la beneficia pues como se dijo con anterioridad a dicho inculpado lo sitúan en la época y lugar de los eventos delictivos. Asimismo tenemos la comparecencia de la ateste de cargo GABRIELA IMBILIMBO CARRERA, de fecha veinte de diciembre del año dos mil catorce, así como la denuncia de la ofendida EUDOXIA JUAREZ VIVEROS de fecha veinte de diciembre del año dos mil catorce, así también la denuncia de VICENTE ZEPEDA CORTEZ de fecha veinte de diciembre del año dos mil catorce, así mismo la denuncia de DAVID TELLO DELGADO de fecha veintiuno de diciembre del año dos mil catorce, también obra en autos las comparecencias de los atestes de cargo ABISAI CHABLE SALINAS y EUGENIO ESTRADA IBARRA de fecha veintiuno de diciembre del año dos mil catorce, así como la comparecencia del ofendido VICENTE ZEPEDA CORTEZ de fecha veintiuno de diciembre del año dos mil catorce, la declaración del testigo de cargo WILEBALDO IVAN GALLARDO ESTRADA de fecha veintiuno de diciembre del año dos mil catorce, la denuncia de MANUEL ZEPEDA CORTES de fecha veintidós de diciembre del año dos mil catorce, la declaración de los testigos de cargo FRANCISCO MARTINEZ GARCIA, SABINO MARTINEZ GARCIA y GERARDO IMBILIMBO GONZALEZ de fecha veintidós de diciembre del año dos mil catorce, todas ellas dentro de la causa penal número 16/2016 del índice de este Juzgado, mismas declaraciones que en general en nada le benefician al ahora inculpado, pues todos ellos en sus respectivas declaraciones lo ubican al ahora inculpado OMAR HUGO MORALES ALVAREZ, en el lugar y en la fecha de los hechos delictivos que nos ocupan en la presente causa penal, pues refieren haberlo visto el día catorce de diciembre del año dos mil catorce en la Población de Eloxochitlan de Flores Magón, Teotitlán, Oaxaca, haciendo destrozos en diferentes partes de dicha población, por lo cual lo ubican y lo sitúan efectivamente en la fecha y hora de los eventos delictivos que aquí nos ocupan, por lo cual hasta este momento en nada le beneficia dichas declaraciones antes señaladas, pues no encuentran apoyo en algún otro medio de prueba que en su momento pudiera demostrar que efectivamente el ahora inculpado no haya participado en los eventos delictivos que nos ocupan. Asimismo tenemos que presentó como pruebas de su parte la declaración de ELISA ZEPEDA LAGUNAS de fecha dieciséis de diciembre del año dos mil catorce, la declaración de KEILA TAMAR GALLARDO MIGUEL de fecha dieciséis de diciembre del año dos mil doce, la declaración de MARCO ANTONIO ORTIZ GALLARDO, de fecha dieciséis de diciembre del año dos mil doce, la declaración de MANUEL ZEPEDA CORTEZ de fecha quince de diciembre del año dos mil catorce, la declaración de los atestes de cargo ELEAZAR HERNANDEZ ORDAZ, FERNANDO RAMIREZ CARRERA, VICENTE ZEPEDA CORTES de fecha quince de diciembre del año dos mil catorce, todas ellas dentro de la causa penal número 02/2015, del índice de este Juzgado y que en la presente causa penal obran copias certificadas de las mismas. Mismas declaraciones que en general hasta este momento procesal en nada la benefician al ahora inculpado, pues todos ellos en sus respectivas declaraciones lo ubican al ahora inculpado OMAR HUGO MORALES ALVAREZ, en el lugar y en la fecha de los hechos delictivos que nos ocupan en la presente causa penal, pues refieren haberlo visto el día catorce de diciembre del año dos mil catorce en la Población de Eloxochitlan de Flores Magón, Teotitlán, Oaxaca, haciendo destrozos en diferentes partes de dicha Población, por lo cual lo ubican y lo sitúan efectivamente en la fecha y hora de los eventos delictivos que aquí nos ocupan, por lo cual hasta este momento en nada le benefician dichas declaraciones antes señaladas, pues no encuentran apoyo en algún otro medio de prueba que en su momento pudiera demostrar que efectivamente el ahora inculpado no haya participado en los eventos delictivos que nos ocupan, por lo cual debemos decir que hasta este momento las mismas no le favorecen, si no que por el contrario le perjudican, pues de las mismas se establece que dicho inculpado estuvo en diferentes partes de la comunidad de Eloxochitlan de Flores Magón, en donde sucedieron diversos eventos delictivos, y que dichos atestes presenciaron que efectivamente al ahora inculpado en diferentes horas pero del mismo día en que sucedieron los eventos delictivos que nos ocupan, realizó diversas conductas, entre ellas la que nos encontramos estudiando, y que dieron origen a la presente causa penal, pues refieren que efectivamente dicho inculpado se encontraba en el domicilio y participó en la muerte de la aquí víctima GUSTAVO ESTRADA ANDRADE, por lo cual y como se dijo anteriormente, dichas probanzas hasta este momento procesal resultan insuficientes para desacreditar el dicho de los atestes de cargo y las demás pruebas que obran en la presente causa penal en su contra." [Lo destacado es propio de este resolutor] Sobre el particular, este Tribunal considera que los conceptos de violación del quejoso son fundados, pero inoperantes. En efecto, el quejoso en esencia manifiesta, que se viola en su perjuicio la garantía consagrada el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huautla de Jiménez, Oaxaca, valoró indebidamente las pruebas de descargo que ofreció su defensa, dentro del plazo constitucional ampliado, admitidas por autos de diecinueve y veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete. De la copia certificada de la causa penal 55/2014, que remitió la autoridad responsable para justificar la constitucionalidad del acto reclamado, se advierten como medios de prueba a favor del aquí quejoso, los siguientes: Declaración en relación a los hechos del encausado Omar Hugo Morales Álvarez, de fecha veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete. Deposados de los atestes de descargo Susana Feliciano Andrade, Gabriel Monfil Gómez e Ismael Antonio Montalvo. Testimonios de los atestes presenciales Dolli Irasema Betanzos Hernandez, Salvador Martínez, Gamaliel Zepeda Juárez, Gabriela Imbilimbo Carrera, Eudoxia Juárez Viveros, Vicente Zepeda Cortez, David Tello Delgado, Abisai Chable Salinas, Eugenio Estrada Ibarra, Wilebaldo Iván Gallardo Estrada, Francisco Martínez García, Sabino Martínez García, Gerardo Imbilimbo González, Elisa Zepeda Lagunas, Keila Tamar Gallardo, Miguel Marco Antonio Ortiz Gallardo, Manuel Zepeda Cortez, Eleazar Hernandez Ordaz y Fernando Ramírez Carrera, que obran en las causas penales 2/2015 y 16/2016, del índice de la autoridad responsable. Ahora, si bien la autoridad responsable emitió un juicio de valoración respecto de tales medios de convicción, no menos cierto es que el mismo carece de la debida motivación y fundamentación, resultando su conclusión dogmática, como atinadamente lo señala el quejoso. Se sostiene lo anterior, pues no obstante que la autoridad responsable toma en consideración las pruebas anteriormente destacadas, tocante a las copias certificadas deducidas de las causas penales 2/2015 y 16/2016, de su índice, en las que obran declaraciones de diversos testigos presenciales de los hechos, soslayó fundamentar sus argumentos con los que restó valor probatorio, a las pruebas ofrecidas por la defensa del procesado OMAR HUGO MORALES ÁLVAREZ. Asimismo, el Juez Mixto de Primera Instancia de Huautla, Oaxaca, al valorar el deposado del aquí quejoso de fecha veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, los testimonios de sus atestes de descargo Susana Feliciano Andrade, Gabriel Monfil Gómez e Ismael Antonio Montalvo, así como las declaraciones de los diversos testigos presenciales que obran en las causas penales 2/2015 y 16/2016, en comento, en esencia, se limitó a concluir que tales declaraciones en general y hasta ese momento procesal, en nada le benefician al aquí quejoso, pues todos ellos en sus respectivas declaraciones, lo ubican en el lugar y fecha de los hechos delictivos que se investigan en esa causa penal, y algunos refirieron haberlo visto el día catorce de diciembre del año dos mil catorce en la Población de Eloxochitlan de Flores Magón, Teotitlán, Oaxaca, haciendo destrozos en diferentes partes de dicha Población. De igual forma, la autoridad responsable le restó valor probatorio a la versión exculpatoria del inculpado OMAR HUGO MORALES ÁLVAREZ, bajo el argumento que con tal deposado, si bien manifiesta haber estado en un lugar distinto en donde ocurrieron los hechos que se le imputan, sin embargo, se sitúa en la población, lugar y hora de los eventos delictivos investigados; aunado a que únicamente presentó como pruebas a su favor, la declaración de los atestes de descargo Susana Feliciano Andrade, Gabriel Monfil Gómez e Ismael Antonio Montalvo, quienes si bien declararon en iguales términos que el aquí quejoso, su dicho hasta ese momento, no constituye prueba plena que en su momento, pudieran desvirtuar las sendas acusaciones que existen en su contra, pues las mismas no se encuentran concatenadas con algún o algunos otros medios de prueba que hagan verosímil sus deposiciones. En tanto que, al valorar los atestados que obran en las causas penales 2/2015 y 16/2016, de su índice, argumentó que tales probanzas en nada le benefician al quejoso, pues no encuentran apoyo en algún otro medio de prueba que en su momento pudiera demostrar que efectivamente, el ahora inculpado, no haya participado en los eventos delictivos consignados. En mérito a lo anterior, este resolutor estima que los argumentos de la autoridad responsable, para restarle valor probatorio a las pruebas ofrecidas por la defensa del aquí quejoso, carecen de la debida fundamentación y motivación, como se dijo con anterioridad. Se arriba a la anterior consideración, toda vez que la forma en que valoró la responsable las pruebas de descargo ofrecidas por la defensa del quejoso es técnicamente incorrecta, en virtud de que las valora en forma aislada y no conjuntamente. Lo anterior en materia penal es improcedente, ya que de cada medio de prueba, pueden desprenderse uno o varios indicios, signos o presunciones, con un determinado papel incriminador, partiendo de que el indicio atañe al mundo de lo fáctico e informa sobre la realidad de un hecho acreditado, que sirve como principio de prueba, no necesariamente para justificar por sí mismo un aserto, o la verdad formal que se pretende establecer, sino para presumir la existencia de otro hecho desconocido, a base de razonar silogísticamente partiendo de datos aislados que se enlazan entre sí en la mente, para llegar a una conclusión, y es precisamente la suma de todos los indicios, lo que constituye la prueba plena circunstancial, que se sustenta en la demostración de los hechos indiciarios y en el enlace natural, más o menos necesario, entre la verdad conocida y la buscada. Además, la autoridad responsable se contradice en su razonamiento, por el que valora las pruebas de referencia, puesto que les resta valor probatorio argumentando que no encuentran apoyo en algún otro medio de prueba, empero, se itera, las valora en forma individual, y de modo alguno hace un estudio exhaustivo de las pruebas de descargo a la luz de las de cargo que sirvieron de base para sustentar la acusación. De ahí que la eficacia de la prueba indiciaria o circunstancial, como prueba indirecta, no parte de pruebas plenas aisladas, sino de datos unívocos, concurrentes y convergentes, de cuya articulación, concatenación y engarce, se obtiene objetivamente una verdad formal, a través de una conclusión natural, a la cual cada indicio (considerado en forma aislada) no podría conducir por sí solo. En relación a la prueba indiciaria o circunstancial, es de invocarse la jurisprudencia V.2o.P.A. J/8, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, visible a página 1456, Tomo XXVI, correspondiente a Agosto de 2007, Materia Penal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo epígrafe es: "PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL EN MATERIA PENAL. SU EFICACIA NO PARTE DE PRUEBAS PLENAS AISLADAS, SINO DE DATOS UNÍVOCOS, CONCURRENTES Y CONVERGENTES, DE CUYA ARTICULACIÓN, CONCATENACIÓN Y ENGARCE, SE OBTIENE OBJETIVAMENTE UNA VERDAD FORMAL, A TRAVÉS DE UNA CONCLUSIÓN NATURAL A LA CUAL CADA INDICIO, CONSIDERADO EN FORMA AISLADA, NO PODRÍA CONDUCIR POR SÍ SOLO." En el proceso penal no es dable acoger la falacia de la división, que consiste en asumir que las partes de un todo deben tener las propiedades de éste, y que en el caso se refleja al aislar cada elemento de convicción y demeritar su eficacia o contundencia demostrativa por sí mismo, es decir, considerado aisladamente. Lo anterior es improcedente, cuenta habida que de cada medio de prueba pueden desprenderse uno o varios indicios, signos o presunciones, con un determinado papel incriminador, partiendo de que el indicio atañe al mundo de lo fáctico e informa sobre la realidad de un hecho acreditado, que sirve como principio de prueba, no necesariamente para justificar por sí mismo un aserto, o la verdad formal que se pretende establecer, sino para presumir la existencia de otro hecho desconocido, a base de razonar silogísticamente partiendo de datos aislados que se enlazan entre sí en la mente, para llegar a una conclusión, y es precisamente la suma de todos los indicios, lo que constituye la prueba plena circunstancial, que se sustenta en la demostración de los hechos indiciarios y en el enlace natural, más o menos necesario, entre la verdad conocida y la buscada. Por ello, la eficacia de la prueba indiciaria o circunstancial, como prueba indirecta, no parte de pruebas plenas aisladas, sino de datos unívocos, concurrentes y convergentes, de cuya articulación, concatenación y engarce, se obtiene objetivamente una verdad formal, a través de una conclusión natural, a la cual cada indicio -considerado en forma aislada- no podría conducir por sí solo. Omisiones e imprecisiones apuntadas que desde luego contravienen en perjuicio del quejoso el derecho fundamental de legalidad consagrado en el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual la autoridad debe fundar y motivar la causa legal del procedimiento. Sin embargo, no obstante lo expuesto en párrafos anteriores, analizadas por este Juzgador las pruebas ofrecidas por la defensa del aquí quejoso, en específico las declaraciones de los testigos de descargo Susana Feliciano Andrade, Gabriel Monfil Gómez e Ismael Antonio Montalvo; así como los deposados de los testigos presenciales referidos en párrafos anteriores, a luz de la narrativa de hechos del aquí quejoso, se arriba a la convicción que con las mismas, si bien se controvierten los testimonios de cargo vertidos por Fernando Bautista Estrada y Modesto Rosete Terán (ya que los testigos en esencia ubican al activo en el lugar de los hechos [San Antonio Eloxochitlán, Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca], pero en distintos lugares y horas en que tuvo lugar el homicidio de Gustavo Estrada Andrade), por el momento no son suficientes para relevarlo de su probable responsabilidad en la comisión del antisocial que se le reprocha; ello es así, toda vez que las contradicciones respecto de las circunstancias de modo, tiempo, lugar y ocasión en que tuvo verificativo el evento criminal que se le imputa al activo, deberán ser esclarecidas por el Juez natural, en etapa de instrucción, desahogándose los careos procesales resultantes, a fin de arribar al conocimiento de la verdad histórica en tal asunto y sean valoradas al momento de resolver en definitiva. Se tiene presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la valoración de las pruebas es una facultad exclusiva del Juez de la causa, que no pueden ejercitar los Jueces de Distrito, salvo que se comprueben alteraciones que afecten la actividad intelectual que aquél debe llevar a cabo para otorgar valor determinado a las pruebas. Esto es, el Juez de Distrito puede revisar el juicio de valoración de la prueba desarrollado por la autoridad responsable, cuando se aplicó inexactamente la ley; si se violaron los principios reguladores de la estimación de la prueba o si se alteraron los hechos. Por tanto, cuando a través del juicio de amparo se combate la falta de debida fundamentación y motivación en la valoración de las pruebas (como en el presente caso) relacionadas con los requisitos de fondo del auto de formal prisión (cuerpo del delito y presunta responsabilidad), el órgano de control constitucional debe circunscribirse a la valoración del juicio de prueba llevado a cabo por el juzgador y resolver respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho auto, lo que de modo alguno implica que el Juez de Amparo se sustituya al Juez natural en la apreciación de los elementos de convicción. En aplicable al caso, la tesis aislada número 2397, con número de registro 907338, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1118, Tomo II, Penal, P.R. SCJN, Apéndice 2000, Materia Penal, Quinta Época, intitulada: "PRUEBAS, APRECIACIÓN DE LAS, EN EL AMPARO. El Tribunal Constitucional no puede válidamente sustituirse al Juez natural en la apreciación de los elementos de convicción, a menos que advierta alteración de los hechos, infracción a los dispositivos que norman el ejercicio del arbitrio judicial sobre el valor jurídico de la prueba, o infracción a las reglas fundamentales de la lógica." De igual forma, es de invocarse al respecto la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J.74/2009, con número de registro 165883, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 51, Tomo XXX, correspondiente a Diciembre de 2009, Materia Constitucional, Penal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo epígrafe es: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. CUANDO A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO SE COMBATE LA FALTA DE DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE CIRCUNSCRIBIRSE A LA VALORACIÓN DEL JUICIO DE PRUEBA LLEVADO A CABO POR EL JUZGADOR NATURAL. El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto vigente antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008) establece que el auto de formal prisión debe contener: el delito que se imputa al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la valoración de los elementos de convicción es una facultad exclusiva del juez de la causa que no pueden ejercitar los jueces de distrito, salvo que se comprueben alteraciones que afecten la actividad intelectual que aquél debe llevar a cabo para otorgar valor determinado a las pruebas; sin embargo, si bien es cierto que el juez de distrito no puede sustituirse al juez natural en la apreciación de los elementos de convicción, también lo es que ello no implica que no pueda revisar el juicio de valoración de la prueba desarrollado por la autoridad responsable, en tanto que el juicio de garantías se circunscribe a analizar la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado, no del medio de prueba en sí. Por tanto, se concluye que cuando a través del juicio de amparo se combate la falta de debida fundamentación y motivación en la valoración de las pruebas relacionadas con los requisitos de fondo del auto de formal prisión -cuerpo del delito y presunta responsabilidad-, el órgano de control constitucional debe circunscribirse a la valoración del juicio de prueba llevado a cabo por el juzgador y resolver respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho auto. Sin que lo anterior signifique que el tribunal constitucional sustituye al juez natural en la apreciación de los elementos de convicción, ya que en el caso aludido, aquél únicamente analiza la legalidad de la valoración efectuada por la autoridad responsable para determinar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal." En las relatadas circunstancias, al resultar fundados pero inoperantes los conceptos de violación expuestos, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada por OMAR HUGO MORALES ÁLVAREZ, contra el auto de formal prisión dictado el diez de julio de dos mil dieciocho, en la causa penal 55/2014 de su índice, por su probable responsabilidad del delito doloso de HOMICIDIO CALIFICADO CON PREMEDITACIÓN Y VENTAJA, cometido en agravio de Gustavo Estrada Andrade. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 77 y relativos de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÙNICO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a OMAR HUGO MORALES ÁLVAREZ, contra el auto de formal prisión dictado el diez de julio de dos mil dieciocho, en la causa penal 55/2014 de su índice, por su probable responsabilidad del delito doloso de HOMICIDIO CALIFICADO CON PREMEDITACIÓN Y VENTAJA, cometido en agravio de Gustavo Estrada Andrade, por las consideraciones expuestas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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PREVIO AVISO.- R E S U E L V E: ÙNICO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a OMAR HUGO MORALES ÁLVAREZ, contra el auto de formal prisión dictado el diez de julio de dos mil dieciocho, en la causa penal 55/2014 de su índice, por su probable responsabilidad del delito doloso de HOMICIDIO CALIFICADO CON PREMEDITACIÓN Y VENTAJA, cometido en agravio de Gustavo Estrada Andrade, por las consideraciones expuestas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el telegrama de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público Investigador y adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, Oaxaca, visto su contenido, téngasele nuevamente acusando recibo del oficio 23864/2018, y manifiesta quedar debidamente emplazado al presente juicio; lo anterior para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.
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