OMAR HERNÁNDEZ VALENCIA y Otros.

Expediente 544/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
544/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
24/05/2022

Partes del expediente

  • Omar Hernández Valencia
  • OMAR HERNÁNDEZ VALENCIA y Otros.
  • Ignacio Alvarez Alcauter

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. FIRME FALLO. Visto el estado de los autos, así como de la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma queda firme, para los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. DEPURACIÓN DEL EXPEDIENTE. Por lo tanto, se hace constar que el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, en términos del apartado siete punto cuatro, del capítulo siete del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno, a través del oficio SEPLE./ADM./004/2598/2020, toda vez que fue concedida la suspensión de plano de los actos reclamados dentro del presente juicio de amparo; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo a que se hace mención en dicho manual, conservando las respectivas documentales. Hágase la anotación en la carátula. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, realizada la depuración del mismo, solicítese la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General del Archivo y Documentación. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EN SU LUGAR DE RECLUSIÓN.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Uruapan, Michoacán, siendo las nueve horas con treinta y cuatro minutos del veintiuno de abril de dos mil veintidós, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 544/2021, promovido por Omar Hernandes Valencia e Ignacio Álvarez Alcauter. Estando presente la licenciada Mónica Montes Manrique, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, quien actúa asistida por el licenciado Carlos Rafael Barrios Solís, Secretario que autoriza y da fe; por lo que procede a declararla abierta sin la asistencia de las partes, circunstancia que queda corroborada, toda vez que al haberse realizado una consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, principalmente en la "Agenda visita a OJ", no se advierte que alguna de las partes hayan solicitado cita a este Juzgado para comparecer a la presente audiencia. Abierta la audiencia. El Secretario da lectura a las constancias existentes en autos: oficio 32268, proveniente del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, el que contiene inserta la resolución de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en la que el titular del referido órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer y resolver el juicio de garantías 622/2021-VIII, formado con la demanda de amparo promovida por Omar Hernandes Valencia y Ignacio Álvarez Alcauter, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número. 17 "CPS MICHOACÁN", ubicado en Buenavista Tomatlán y otra autoridad; proveído de uno de octubre de dos mil veintiuno, en que se aceptó la competencia planteada y se admitió a trámite; se dio vista al Agente del Ministerio Público adscrito; informe justificado de las autoridades responsables; proveído de ocho de octubre de dos mil veintiuno, en que se tuvo al licenciado Juventino Rosas Aceves, aceptando el cargo de defensor público de los aquí quejosos; y las demás constancias que obran en autos. A lo que la Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas: Con fundamento en el artículo 119 de la ley que rige el juicio constitucional, téngase como pruebas de las autoridades responsables las constancias relacionadas con el acto reclamado; documentales que se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza. Se cierra dicho periodo. Abierta la fase de alegatos, el Secretario hace constar que el Defensor Público Federal de los quejosos, los formuló en su escrito con registro 17892, recibido el siete de octubre de dos mil veintiuno. A lo que la Jueza provee. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados sus alegatos, los cuales serán valorados en el momento procesal oportuno, por lo que se procede a declarar cerrada tal fase. Por último, al no obrar en autos más que relacionar, se da por terminada la presente audiencia; y se pasan los autos para el dictado de la resolución correspondiente.VISTOS, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 544/2021, promovido por Omar Hernandes Valencia e Ignacio Álvarez Alcauter; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, Omar Hernandes Valencia e Ignacio Álvarez Alcauter, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se precisaran más adelante. SEGUNDO. Resolución de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en la que el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Omar Hernandes Valencia e Ignacio Álvarez Alcauter, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social No. 17 "CPS-MICHOACÁN", con sede en Buenavista Tomatlán y otras autoridades; proveído de uno de octubre de dos mil veintiuno, en que se tuvo por recibido el cuaderno de incompetencia 622/2021-VIII y se admitió a trámite; asimismo, se hizo extensiva la suspensión de plano de los actos reclamados, otorgada por el juez declinante en proveído de uno de octubre de dos mil veintiuno; se requiriendo de las autoridades responsables su informe relativo a dicha medida cautelar y el diverso justificado; se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la cual, luego de diferirse, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, lo anterior, con fundamento en los artículos 17, 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, ambos de la Ley de Amparo; 48, 49 y 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 'determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito'; por tratarse de un amparo en materia administrativa y reclamarse actos omisivos (falta de atención médica) atribuidos a la autoridad residente en la jurisdicción donde ejerce competencia territorial este juzgado de Distrito (Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo). SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención del quejoso al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, página 255, rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Los quejosos Omar Hernandes Valencia e Ignacio Álvarez Alcauter, reclamaron de las autoridades responsables, lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES: Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán. Titular del Área Médica del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán. Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán. ACTOS RECLAMADOS: "Ahora, toda vez que en el caso se reclama la suspensión respecto de la falta de atención médica y en la demanda se refiere que el promovente sufre de dolores de espalda, cintura y hombro, por ello con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo en relación con el artículo 22 Constitucional, se concede la suspensión de plano para el efecto de que las autoridades señaladas como responsables, dicten las medidas necesarias para que se brinde atención médica adecuada a los promoventes del amparo, ello en virtud que de no atenderse se podría afectar a la integridad personal del quejoso." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables Encargado de la Dirección General y Presidente del Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social No. 17 "CPS-MICHOACÁN", con sede en Buenavista Tomatlán, por sí y en representación del Titular del Área Médica de dicho centro preventivo, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados, consistentes en la negativa de proporcionarles la atención médica adecuada respecto de los padecimientos que refieren tener; sin que los justiciables hayan aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados y sin prueba en contrario eficiente e idónea aportada por el impetrante que desvirtúe tal negativa; consecuentemente, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, en lo que respecta a las autoridades referidas con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley que rige el presente juicio. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia VI.2°.J/20, que es del siguiente rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Sin embargo, al tratarse de un acto de naturaleza negativa, la carga de la prueba recae en la autoridad responsable. De ahí que no sea dable aceptar la negativa propuesta. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 27, volumen 60, primera parte Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, rubro: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN". CUARTO. Análisis de las causas de improcedencia. Ahora, de la lectura del informe rendido por la autoridad responsable Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social No. 17 "CPS-MICHOACÁN", con registro 4054, se advierte que el quejoso Ignacio Álvarez Alcauter, egreso de dicho centro federal el veinte de enero de la presente anualidad, al haber compurgado la pena de prisión impuesta. Lo que se corrobora con las documentales que anexa al mismo, consistente en el oficio de egreso, acta de egreso y oficio de libertad, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2°, se concede pleno valor probatorio. De lo anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, respecto del quejoso en virtud de las siguientes consideraciones. La cesación a que se refiere el artículo y fracción invocados se da por revocación o por sustitución; la primera implica la desaparición o destrucción del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna y, la segunda se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. En mérito de lo anterior, la hipótesis que en el presente se actualiza es la primera, en virtud de que la autoridad responsable informó que el quejoso Ignacio Álvarez Alcauter, egreso de dicho centro federal el veinte de enero de la presente anualidad, al haber compurgado la pena de prisión impuesta. Entonces, es evidente que quedó sin efecto alguno el acto que el promovente de amparo tilda de inconstitucional, relativo a la falta de atención médica adecuada respecto de los padecimientos que refiere tener, de lo que se colige que se destruyeron en forma total todos los efectos de tal acto de molestia; por lo que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En consecuencia, al actualizarse en el presente juicio, la causa de improcedencia invocada, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa, respecto del acto atribuido a las autoridades responsables, por el quejoso Ignacio Álvarez Alcauter, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. QUINTO. Ahora por lo que hace al diverso quejoso Omar Hernandez Valencia, previamente al estudio de los aspectos de fondo del acto reclamado, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, esta juzgadora y respecto del acto reclamado, considera que de las documentales remitidas por la autoridad responsable Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social, número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, se determina que también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; en virtud de las siguientes consideraciones. Es de precisarse, que la cesación a que se refiere el artículo y fracción invocados se da por revocación o por sustitución; la primera implica la desaparición o destrucción del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna y, la segunda se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. Sirve de sustento a lo anterior la tesis aislada I.3o.C.92 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, consultable en la página mil cuatrocientos noventa y uno, Tomo XXX, diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO". En mérito de lo anterior, la hipótesis que en el presente se actualiza es la primera, en virtud de que, como ya se indicó, el acto combatido por el quejoso Omar Hernandes Valencia, consiste en la falta de atención médica adecuada para el problema de salud que refiere padecer. Sin embargo, como se anotó, se considera que efectivamente tales actos reclamados cesaron en sus efectos, habida cuenta que la autoridad responsable, al rendir su informe de ley, informo entre otras cosas lo siguiente: ". NO ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO que señala en actos,. Toda vez que, esta Autoridad no ha realizado, ordenado ni ejecutado ningún acto violatorio de los Derechos Humanos reconocidos a los quejosos, ni de las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,. máxime que es una obligación del suscrito el promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos del amparista, al igual que los del resto de la población recluída en esta Unidad Administrativa,. Lo anterior, en virtud de que dentro del ámbito de las atribuciones conferidas al de la voz, se proveyeron y realizaron las gestiones pertinentes a efecto de que se les proporcionara a los amparistas la atención médica requerida, así como el tratamiento respectivo acorde a sus diagnósticos, mismo que se han otorgado de manera integral y oportuna desde su ingreso a este Centro, con la finalidad de preservar su integridad física y mental, haciendo de esta manera efectivo su derecho a la salud. Aunado a lo versado en el párrafo precedente, le participo que, no obstante de que esta Unidad Administrativa no cuenta atención médica especializada de ninguna índole, se llevaron a cabo los trámites correspondientes a fin de proporcionarles la atención requerida a los impetrantes de garantías, por lo que a OMAR HERNANDES VALENCIA se le brindo atención médica en fecha cuatro de septiembre del presente año, del cual se diagnosticó lumbalgia/irritación ocular proporcionando al mismo tratamiento médico a base de ketorolaco tabletas tomar 1 cada 24 horas por 2 meses posterior PRN, multivitaminas tabletas tomar 1 cada 24 horas por 30 días VO, salmeterol/fluticasona uso diario HNO, nefazolina gotas oftálmicas aplicar 2 gotas cada 8 horas por 10 días posterior PRN. No omito mencionar que el médico general de esta Unidad Administrativa no ha determinado que la persona privada de la libertad requiera de una faja, por lo que no es necesario el uso de la misma (se anexa a la presente nota médica y kardex de enfermería. (.) Atento a lo anterior, le participo que, el servicio médico, que brindan las instituciones Públicas, como la que hoy encabezo, así como las diversas de la Secretaría de Salud de nuestro país, de ninguna manera obedece a los deseos personalísimos de los beneficiarios/pacientes, sino a las necesidades reales manifiestas que concluya el médico tratante en cada persona evaluada clínicamente,. Cabe señalar que, los hoy quejosos, han recibido en todo momento una atención médica continua, adecuada, necesaria y completa, misma que ha permitido conservar su buen estado de salud y bajo un pronóstico favorable, pues, generalmente han presentado padecimientos menores y comunes hasta en la población general, que, bajo ninguna circunstancia, ponen en peligro la vida." Asimismo, mediante diversos oficios recibido el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno [reg. 22102], y catorce de marzo de dos mil veintidós [reg. 4054] la autoridad responsable, en cuanto a lo manifestado por el quejoso Omar Hernandes Valencia, refirió: ". en data 29 de noviembre del año que transcurre fue valorado el doliente, auscultación médica, para mejor proveer adjunto al presente la nota médica de dicha fecha, así como el kardex de enfermería; sin omitir señalar que de la valoración médica refiera el médico tratante que requiere alguna faja ya que es el galeno el que determina que requiere y que medicamento debe proporcionársele, lo que si sugiere es que evite rutina de ejercicio de alto impacto." "No omito manifestar que el traumatólogo en su valoración de fecha veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, realiza infiltración de metilprednisolona subacromial en hombro derecho, se continua con manejo establecido por periodo establecido, se dan medidas de higiene de columna y evitar ejercicios que incluyan carga de peso y flexión de columna lumbar, diagnosticando canal lumbar estrecho L5-S1+pinzamiento subacromial derecho grado 1; circunstancias, con las que se acredita, que no le asiste la razón al peticionario, en sus manifestaciones sobre entrega de "faja", pues tal auxiliar, no le ha sido prescrito." Y al efecto para acreditar su dicho remite diversas constancias, de las que se advierte principalmente de la hoja de consulta y del kardex de enfermería, las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 226, localizada en foja 53, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." De ahí que, se advierte que la responsable ha hecho lo que está en el ámbito de su competencia para atender y darle seguimiento al tratamiento del agraviado. En las relatadas condiciones, se encuentra evidenciada la hipótesis de improcedencia en estudio (cesación de efectos), toda vez que se le ha dado oportuno y adecuado tratamiento clínico respecto de las enfermedades que padece. En consecuencia, toda vez que los actos reclamados en esta instancia constitucional cesaron en sus efectos y con ello dejó de afectarse dentro de la esfera jurídica del quejoso, resulta ocioso examinar la constitucionalidad de los actos que ya no están surtiendo sus efectos y que no dejaron huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; de ahí que, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, en su fracción XXI de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V de la propia Ley en cita, se sobresee en este juicio de amparo, respecto de dicho acto. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis P.CL/97, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, registro 197367, de rubro: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Asimismo, resulta aplicable al caso la jurisprudencia 2ª/J 59/1999, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Asimismo, este juzgado no inadvierte que los padecimientos del quejoso, posteriormente puedan necesitar otras y múltiples atenciones médicas diversas a la materia de la litis constitucional aquí estudiada; sin embargo, en caso de que no se le brinde oportuna o adecuadamente, ello podrá ser materia de estudio en un diverso juicio de amparo que plantee el justiciable; toda vez que no es factible que con la promoción del presente sumario de derechos humanos, el quejoso pueda hacer uso de manera excesiva o indefinida, de la suspensión de plano decretada, a efecto de que se le otorgue prerrogativas por encima de las demás personas que también requieren el servicio de salud, más aún en los tiempos de contingencia por los que atraviesa el país. Es decir, el hecho de que el quejoso acuda a la presente instancia constitucional, no le otorga derechos prioritarios para que al respaldo de la suspensión de plano decretada a su favor, sean valorados clínicamente primero o antes que todos y cada uno de los pacientes que se encuentren programados para consulta médica, sino que debe atenerse exclusivamente a las omisiones médicas que aquí se reclamaron (las cuales han dejado de surtir sus efectos); a fin de respetar el derecho humano a la salud de los demás gobernados, a menos que la atención médica que necesite sea catalogada como prioritaria por su urgencia o emergencia, caso en que -se insiste- puede promoverse un diverso juicio de amparo, en el que se reclamen las omisiones médicas que se susciten, pues al efecto es factible que se otorgue una nueva suspensión de plano para que sea atendido a la brevedad. Con independencia de lo determinado, se insta a las autoridades responsables para que tomen las medidas adecuadas para la continuación de la atención médica del quejoso, y en caso de ser necesario, canalizar a dicha persona a una clínica u hospital del sector público a recibir inmediata atención médica especializada para determinar la situación de las enfermedades que presente, así como el tratamiento inmediato de las mismas; las anteriores medidas deberán acatarse por la autoridad responsable bajo las medidas de seguridad que ésta establezca y su más estricta responsabilidad; lo que se determina así, atendiendo a que el bien jurídico involucrado en este asunto es precisamente, la salud del quejoso, por lo tanto deberá actuar con la eficacia que el médico respectivo reporte a la autoridad responsable. En el entendido de que su intervención en el cumplimiento de lo aquí determinado, no se limita a girar instrucciones a determinadas áreas, sino que deben vigilar y corroborar que se cumpla, considerando que se trata de la salud del peticionario del amparo, la que debe ser protegida al ser un derecho fundamental, como se determinó en líneas precedentes. En el entendido de que los diversos criterios antes reproducidos resultan aplicables al caso en términos de lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, el cual dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. Ahora, tomando en consideración que el quejoso Omar Hernandes Valencia, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista, Tomatlán, Michoacán de Ocampo; se comisiona a los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida para que por su conducto, cumpliendo estrictamente las medidas de prevención que resulten indispensables al realizar una notificación, con el objeto de evitar cualquier riesgo de infección y propagación del virus que ha dado lugar a la emisión del Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por el Consejo de Salubridad General de los Estados Unidos Mexicanos, se constituya en el referido Centro de Reclusión y realice lo siguiente: Le notifique personalmente al quejoso Omar Hernandes Valencia, la presente resolución, debiéndole entregar copia de la misma. En el entendido que la salida y retorno del fedatario comisionado deberá ser en el mismo día; por tanto, con fundamento en el numeral 136, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo anterior, hágase del conocimiento a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos legales a que haya lugar. SEXTO. Se requiere acuse de recibo. Para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciba el oficio que derive de la presente determinación, informe a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedo debidamente notificada de esta sentencia. Apercibimiento. Se apercibe a dicha autoridad que de no cumplir con el presente requerimiento, con apoyo en los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo se les impondrá una multa por el equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. SÉPTIMO. Acuerdo de Transparencia. Con fundamento en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. OCTAVO. Firma electrónica. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73 a 75, y demás relativos de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Omar Hernandes Valencia e Ignacio Álvarez Alcauter, por las razones expuestas en los considerandos cuarto y quinto de este fallo. SEGUNDO. En términos del penúltimo considerando de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. TERCERO. Conforme al último considerando del presente fallo, fírmese esta resolución, a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL). NOTIFÍQUESE; POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, PERSONALMENTE AL QUEJOSO OMAR HERNANDES VALENCIA EN EL LUGAR EN DONDE SE ENCUENTRA RECLUIDO Y DEFENSOR PÚBLICO DESIGNADO.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. AGREGA OFICIO [4054]. Téngase por recibido el oficio enviado por el Encargado de la Dirección del Centro Federal de Readaptación Social No. 17 "CPS-MICHOACÁN", con sede en Buenavista Tomatlán, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de ocho de marzo del año en curso, remite copia de los oficios mediante los cuales se informó sobre la suspensión de plano; SSPC/PRS/CGCF/CFRS17/DT/211/2021; SSPC/PRS/CGCF/CFRS17/DT/17692/2021 y SSPC/PRS/CGCF/CFRS17/DT/2061/2022. Así mismo informa, en relación con el quejoso ********************, ". que el traumatólogo en su valoración de fecha veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, realiza infiltración de metilprednisolona subacromial en hombro derecho, se continua con manejo establecido por periodo establecido, se dan medidas de higiene de columna y evitar ejercicios que incluyan carga de peso y flexión de columna lumbar, diagnosticando canal lumbar estrecho L5.S1 + pinzamiento subacromial derecho grado 1; circunstancias, con las que se acredita, que no le asiente la razón al peticionario, en sus manifestaciones sobre entrega de "faja", pues tal auxiliar, no lo ha sido prescrito." Por tanto, con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de su parte, las documentales que envían; las que se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. NOTIFICACIÓN QUEJOSO. Tomando en consideración que el quejoso ********************, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número Diecisiete "CPS Michoacán", con sede en Buenavista, Tomatlán; se comisiona a los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida, para que por su conducto, cumpliendo estrictamente las medidas de prevención que resulten indispensables al realizar una notificación, con el objeto de evitar cualquier riesgo de infección y propagación del virus que ha dado lugar a la emisión del Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por el Consejo de Salubridad General de los Estados Unidos Mexicanos, realice lo siguiente: - Se constituya en el citado centro de reclusión y notifique al quejoso ********************, el contenido del presente proveído. En el entendido que la salida y regreso del actuario comisionado, deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 136, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación a la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que se practique la diligencia encomendada. Por otra parte, téngase al Encargado de la Dirección del Centro Federal de Readaptación Social No. 17 "CPS-MICHOACÁN", con sede en Buenavista Tomatlán, informando que el quejoso ********************, egreso de dicho centro federal, el veinte de enero del año en curso, por haber compurgado la pena de prisión impuesta, y para acreditar su dicho remite el oficio de egreso, acta de egreso y oficio de libertad; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. DIFIERE AUDIENCIA. Para dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional prevista para esta fecha, se difiere y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, para su celebración. Notifíquese, personalmente al quejoso ********************, en el lugar en que se encuentra recluido.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, ocho de marzo de dos mil veintidós.****************************************DESPACHO DILIGENCIADO. Téngase por recibido el oficio que remite el Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Apatzingán, Michoacán, a través del cual devuelve diligenciada la comunicación oficial 554/2022 de su índice, formada con motivo del despacho 224/2022 orden 543/2022, derivado del proveído de veintitrés de febrero del año en curso. ****************************************En razón de lo anterior, téngase al promovente del amparo ********************, por debidamente notificado del citado acuerdo, al tenor de las constancias remitidas por el juzgado requerido****************************************SE ORDENA DAR DE BAJA. Para efectos administrativos, se ordena dar de baja en el Libro de Gobierno las comunicaciones oficiales de mérito. Sin que se acuse el recibo respectivo, toda vez que la autoridad no lo solicita.****************************************Ahora de la constancia de notificación realizada por el actuario adscrito al Juzgado auxiliar, se advierte que el citado ********************, manifestó: ************************************************************REQUIERE CUMPLIMIENTO DE SUSPENSIÓN DE PLANO. Por tanto, requiérase a las autoridades responsables, para que DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE VEINTICUATRO HORAS Y POR ULTIMA OCASIÓN, CUMPLA CON EL MANDATO JUDICIAL, esto es, la suspensión de plano decretada en favor de los quejosos, mediante acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo ********************del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, de donde deriva el presente asunto con motivo de la incompetencia ahí determinada, subsiste en la forma y términos expuestos, con los apercibimientos referidos, para los efectos legales conducentes; esto es: ****************************************"Ahora, toda vez que en el caso se reclama la suspensión respecto de la falta de atención médica y en la demanda se refiere que el promovente sufre de dolores de espalda, cintura y hombro, por ello con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo en relación con el artículo 22 Constitucional, se concede la suspensión de plano para el efecto de que las autoridades señaladas como responsables, dicten las medidas necesarias para que se brinde atención médica adecuada a los promoventes del amparo, ello en virtud que de no atenderse se podría afectar a la integridad personal del quejoso."****************************************Lo anterior, debiendo las autoridades responsables, a través del personal correspondiente, tomar las medidas adecuadas para su atención y en su caso, tratamiento médico para su tratamiento, todo ello bajo su más estricta responsabilidad; lo que se determina así, atendiendo a que el bien jurídico involucrado en este asunto es precisamente la salud de la parte quejosa, por lo tanto deberá actuarse con la celeridad y eficacia que el médico respectivo reporte a la autoridad responsable.****************************************Orden que deberán obedecer las autoridades responsables bajo su más estricta responsabilidad; haciéndoles de su conocimiento que la violación a este mandato judicial, podría generarles las siguientes consecuencias:****************************************A) LA IMPOSICIÓN DE MULTA DE CIEN A MIL UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, EN TÉRMINOS DE LOS NUMERALES 26, APARTADO B, PÁRRAFO SEXTO Y SÉPTIMO, Y PÁRRAFO PRIMERO DE LA FRACCIÓN VI DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y TRANSITORIOS SEGUNDO Y TERCERO DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADAS Y ADICIONADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA PROPIA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO, PUBLICADO EL VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 238 Y 260, FRACCIÓN II DE LA LEY DE LA MATERIA EN VIGOR.****************************************B) LA DESOBEDIENCIA DE ESTE AUTO DE SUSPENSIÓN SE CONSIDERA UN DELITO ESPECIAL Y SE SANCIONA CON UNA PENA DE TRES A NUEVE AÑOS DE PRISIÓN, MULTA DE CINCUENTA A QUINIENTOS DÍAS, DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN DE TRES A NUEVE AÑOS PARA DESEMPEÑAR OTRO CARGO, EMPLEO O COMISIÓN PÚBLICOS, SEGÚN LO PREVÉ EL ARTÍCULO 262, FRACCIÓN III, AMBOS NUMERALES DE LA LEY DE AMPARO. ****************************************En el entendido de que su intervención en el cumplimiento de la medida cautelar otorgada a la parte quejosa, no se limita a girar instrucciones a determinadas áreas, sino que deben vigilar y corroborar que lo ordenado se cumpla de manera inmediata sin costo alguno para el quejoso, considerando que se trata de la salud de los peticionarios del amparo, la que debe ser protegida al ser un derecho fundamental, como se determinó en líneas precedentes.****************************************Finalmente, requiérase a las autoridades responsables, realicen nueva valoración médica, a efecto de saber si el quejoso ********************, requiere la faja que aduce en la manifestación realizada en la notificación practicada por la autoridad despachante, lo anterior, toda vez que la autoridad responsable en su informe con justificación determinó que dicho quejoso no requiere de la faja, por lo que no es necesario el uso de la misma, lo que crea confusión del estado de salud que guarda el citado quejoso. ************************************************************Por otra parte, de la diversa razón levantada por la Actuaria adscrita al Juzgado auxiliar, se advierte que no le fue posible notificar el contenido del proveído de veintitrés de febrero del año en curso, al diverso quejoso ********************, toda vez que fue informado por el Encargado del archivo jurídico de iniciales A.I.A., del dentro preventivo, que "La persona que en este momento solicitas no se encuentra en nuestra base de datos, es toda la información que de momento tengo para darte".****************************************REQUIERE AUTORIDADES. Por tanto, requiérase al Director General del Centro Federal de Readaptación Social No. 17 "CPS MICHOACÁN", con residencia en Buenavista Tomatlán, para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de que reciba el oficio de notificación correspondiente, informe a este juzgado la situación jurídica que guara el quejoso ********************, esto es, si ya fue puesto en libertad o trasladado a otro centro preventivo. ****************************************Asimismo, remita copia de las constancias con las que acredite su dicho. ****************************************APERCIBIMIENTO. Se le apercibe que de hacer caso omiso al requerimiento formulado en el plazo concedido para tal efecto, o de no informar la imposibilidad legal o material que para ello tenga, se les impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida de Actualización, en relación con los artículos 237, fracción I, 259, ambos de la Ley de Amparo.****************************************NOTIFÍQUESE, mediante oficio a la autoridad de que se trata.

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