Omar Hernández Benitez
Expediente 1904/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1904/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/03/2018
Partes del expediente
- Omar Hernández Benitez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
IV. Toluca, Estado de México; seis de marzo de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el quejoso Omar Hernández Benítez, no recurrió la sentencia de ocho de febrero de dos mil dieciocho, por la cual se sobreseyó en este juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Por lo tanto, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, porque se sobreseyó el juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción II, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto de referencia). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Finalmente, a las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
iv. V I S T O S, para resolver los autos relativos al juicio de amparo 1904/2017, promovido por Omar Hernández Benítez, contra actos de la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el trece de diciembre del dos mil diecisiete, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México y turnada a este juzgado el día siguiente, Omar Hernández Benítez, promovió demanda de amparo contra las autoridades y por el acto que a continuación se precisan: Autoridades responsables: - LA DIRECTORA GENERAL Y PRESIDENTA DEL COMITÉ TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO. - TITULAR DEL ÁREA DE SERVICIOS MEDICOS DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NUMERO UNO ALTIPLANO. - MEDICO ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGIA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACION SOCIAL NUMERO UNO ALTIPLANO. Acto reclamado: LA OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA. TERCERO. Admisión de la demanda. Por acuerdo de trece de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 06 a 08) se admitió a trámite el presente asunto, se dio intervención al agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional y se requirió informe justificado a las autoridades responsables. CUARTO. Inexistencia de autoridades. Toda vez que mediante proveído de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete (foja 23), se dejó de tener como responsable para los efectos del presente juicio de amparo, a la autoridad denominada por la parte quejosa como "Médico Especialista en Traumatología del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano"", no se hará pronuncimiento respecto de ella en la presente sentencia. QUINTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional inició al tenor del acta precedente y culmina con el dictado de la presente determinación. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 48 en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclama un acto carente de ejecución, atribuido a una autoridad con residencia dentro del territorio en donde este Órgano de Control ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, conviene precisar que el acto reclamado es: LA OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril del año dos mil, Novena Época, con número de registro 192097, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo TERCERO. Negativa de actos. Previamente al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. A lo anterior, es aplicable la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Al rendir sus informes justificados: - La Directora General y José Campos Romero en suplencia de la Jefa del Departamento de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México (foja 17). Negaron, la existencia del acto reclamado, pues afirmaron que han proporcionado atención medica al promovente constitucional. Al efecto, remitieron copia certificada del servicio médico proporcionado al impetrante, donde se advierte la atención brindada en el área médica respectiva. Además la copia certificada, de la hoja de enfermería correspondiente al quejoso, evidencia los medicamentos que se suministran al quejoso con motivo de su padecimiento a su salud. De ahí, que al tratarse de un acto omisivo y la autoridad haber acreditado que efectuó la obligación cuya omisión se le imputa, debe considerarse que no existe, máxime si la parte quejosa no aportó prueba fehaciente para desvirtuar tales cuestiones dentro de la secuela del procedimiento, o en la propia audiencia constitucional prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, pues oportunamente se le dio vista con el contenido de los referidos informes a efecto de que estuviera en aptitud de aportar los medios de prueba que considerara pertinentes para acreditar lo contrario, pese a lo que cual no lo realizó, por lo que debe sobreseerse en el juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 74, 75, 77 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Único. Se sobresee en el presente juicio promovido por Omar Hernández Benítez, contra la omisión, autoridades y por las consideraciones precisadas en el considerando tercero de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante el Secretario de Juzgado, José Antonio Ruiz Rosales, quien da fe. Doy fe. *lgr R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el trece de diciembre del dos mil diecisiete, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México y turnada a este juzgado el día siguiente, Omar Hernández Benítez, promovió demanda de amparo contra las autoridades y por el acto que a continuación se precisan: Autoridades responsables: - LA DIRECTORA GENERAL Y PRESIDENTA DEL COMITÉ TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO. - TITULAR DEL ÁREA DE SERVICIOS MEDICOS DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NUMERO UNO ALTIPLANO. - MEDICO ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGIA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACION SOCIAL NUMERO UNO ALTIPLANO. Acto reclamado: LA OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA. TERCERO. Admisión de la demanda. Por acuerdo de trece de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 06 a 08) se admitió a trámite el presente asunto, se dio intervención al agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional y se requirió informe justificado a las autoridades responsables. CUARTO. Inexistencia de autoridades. Toda vez que mediante proveído de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete (foja 23), se dejó de tener como responsable para los efectos del presente juicio de amparo, a la autoridad denominada por la parte quejosa como "Médico Especialista en Traumatología del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano"", no se hará pronuncimiento respecto de ella en la presente sentencia. QUINTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional inició al tenor del acta precedente y culmina con el dictado de la presente determinación. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 48 en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclama un acto carente de ejecución, atribuido a una autoridad con residencia dentro del territorio en donde este Órgano de Control ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, conviene precisar que el acto reclamado es: LA OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril del año dos mil, Novena Época, con número de registro 192097, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo TERCERO. Negativa de actos. Previamente al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. A lo anterior, es aplicable la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Al rendir sus informes justificados: - La Directora General y José Campos Romero en suplencia de la Jefa del Departamento de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México (foja 17). Negaron, la existencia del acto reclamado, pues afirmaron que han proporcionado atención medica al promovente constitucional. Al efecto, remitieron copia certificada del servicio médico proporcionado al impetrante, donde se advierte la atención brindada en el área médica respectiva. Además la copia certificada, de la hoja de enfermería correspondiente al quejoso, evidencia los medicamentos que se suministran al quejoso con motivo de su padecimiento a su salud. De ahí, que al tratarse de un acto omisivo y la autoridad haber acreditado que efectuó la obligación cuya omisión se le imputa, debe considerarse que no existe, máxime si la parte quejosa no aportó prueba fehaciente para desvirtuar tales cuestiones dentro de la secuela del procedimiento, o en la propia audiencia constitucional prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, pues oportunamente se le dio vista con el contenido de los referidos informes a efecto de que estuviera en aptitud de aportar los medios de prueba que considerara pertinentes para acreditar lo contrario, pese a lo que cual no lo realizó, por lo que debe sobreseerse en el juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 74, 75, 77 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Único. Se sobresee en el presente juicio promovido por Omar Hernández Benítez, contra la omisión, autoridades y por las consideraciones precisadas en el considerando tercero de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante el Secretario de Juzgado, José Antonio Ruiz Rosales, quien da fe. Doy fe.
- Principal
IV. Toluca, Estado de México; once de enero de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta y el estado procesal de autos evidencian que la audiencia constitucional se encuentra señalada para celebrarse a las diez horas con cincuenta y cinco minutos de hoy; sin embargo, en diverso de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se tuvo por rendido el informe justificado del Directora General y Jefa del Departamento de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, acuerdo notificado tres de enero de dos mil dieciocho; en consecuencia trascurre el plazo referido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido. Por tanto, a fin de que se cumplimente lo anterior, la audiencia constitucional prevista para este día se difiere y para su celebración, se fijan las diez horas con veinticinco minutos del ocho de febrero de dos mil dieciocho. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia publicada con el número 7, en la página 11 de la actualización 2001, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, tomo VI, materia común cuyo rubro y texto son: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo, ("...el juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado,..."), sino que relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto, ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese. Así lo acordó y firma Víctor Manuel Rendón Sosa, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con el Secretario José Antonio Ruiz Rosales, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
IV Toluca, Estado de México; veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio de cuenta, a través del cual la Directora General y José Campos Romero en suplencia de la Jefa del Departamento de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, rinden informe justificado y remiten copia certificada de diversas constancias que integran el expediente clínico del quejoso Omar Hernández Benítez. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga; sin perjuicio de dar nueva cuenta en la celebración de la audiencia constitucional. Sobre el particular se invoca la tesis XXI.2O.16 K visible en la página 1081 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que establece lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el juez de distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias." En otro orden, del oficio de cuenta, se advierte la imposibilidad de rendir informe justificado respecto de la autoridad: "Médico Especialista en Traumatología del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", por los motivos ahí expuestos. En ese sentido, con fundamento en el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, se efectivo el apercibimiento decretado en auto de trece de diciembre de este año y, se deja de tener con el carácter de responsable a dicha autoridad, sin perjuicio de que la parte quejosa corrija la denominación, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Lo anterior encuentra sustento en la tesis visible en la página 186, del semanario judicial de la federación, Septiembre de 1993, Tomo XII, Materia Común, Octava Época, del rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES OBLIGACION DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISION QUIENES SON LAS. De acuerdo con lo que dispone la fracción III del artículo 116 de la Ley de Amparo es obligación del quejoso señalar con precisión quienes son las autoridades responsables, a lo que debe añadirse que la facultad de suplir la queja a la que se contrae la fracción II del artículo 76 bis ibídem no tiene el alcance de averiguar cuál es la responsable a la que se quiso demandar y no se hizo" Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora que autoriza, firma y da fe.
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