Omar Gurrola Mendoza

Expediente 145/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 16 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
145/2020
Año
2020
Actuaciones
16
Última actuación
02/05/2022

Partes del expediente

  • Omar Gurrola Mendoza
  • Samuel García Rivera
  • Samuel García Rivera y Otros.
  • Omar Gurrola Mendoza y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, dos de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, de la certificación que antecede, se advierte que mediante proveído de diez de febrero de dos mil veintidós se dio vista a las partes con los oficios 1251/2022 y 131/2022, a través de los cuales la autoridad responsable Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, informó sobre el cumplimiento dado a la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sin que se hayan realizado manifestación alguna al respecto, no obstante de haber quedado legalmente notificadas las partes del aludido acuerdo, tal como se advierte en autos del juicio en que se actúa. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a determinar si con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Es aplicable al tema precedente, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de publicación, la página 243, del Tomo XI, relativo a marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Previamente, conviene destacar que el imperativo constitucional previsto en el artículo 17, tercer párrafo, de la Constitución Federal, constituye el sustento en que debe apoyarse toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales; este precepto cobra mayor relevancia cuando lo que se pretende ejecutar es un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto precisamente tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infringieron en su perjuicio los derechos públicos subjetivos consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la especie aconteció. En congruencia con lo dispuesto en el texto constitucional en comento, en los artículos del 192 al 198 de la Ley de Amparo, se establecen diversos procedimientos tendentes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo, e inclusive se estableció en el citado artículo 214 de la ley invocada, que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. Conforme a lo anterior, el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." En ese contexto, se procede hacer una relación de los antecedentes correspondientes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. El diez de septiembre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional dictó sentencia constitucional en el presente juicio, la cual quedó firme mediante proveído de tres de febrero de dos mil veintidós; teniendo la sentencia concesora de amparo como trascendencia jurídica que la autoridad responsable, realice lo siguiente: ".Deje insubsistente el auto de formal prisión emitido el quince de enero de dos mil veinte, dictado dentro de la causa penal 103/2012 y, en su lugar, dicte uno nuevo adecuadamente fundado y motivado, en los términos precisados en la presente resolución." Sobre los lineamientos de la ejecutoria mencionada, se requirió a la autoridad responsable Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, diera cabal cumplimiento a la misma; por lo que, mediante los oficios 1251/2022 y 131/2022, la autoridad responsable informó a este Juzgado Federal el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y al efecto remitió copia certificada del auto de ocho de febrero de dos mil veintidós, por el cual dejó sin efectos el auto de formal prisión emitido el quince de enero de dos mil veinte y, en su lugar ordenó dictar un nuevo auto; asimismo, el diez de febrero de dos mil veintidós, remitió copia certificada del nuevo auto de formal prisión en contra de los aquí quejosos, dentro de la causa penal 103/2021-3 (1), en la cual tuvo por acreditado el delito de homicidio calificado con ventaja, previsto y sancionado por los artículos 302, 315, 316, fracción I, 317 y 320, en términos del numeral 13, fracción III, del Código Penal Federal. Documentales las anteriores, a las que se otorga pleno valor demostrativo en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se dice lo anterior, ya que la autoridad responsable al momento de analizar el delito de homicidio, frente al de tortura, tuvo por absorbido este último, puesto que la figura del homicidio está inmerso el desvalor de la tortura. Así también, en dicha resolución de término constitucional, tuvo por no actualizada la agravante de premeditación, como tampoco la presunción de premeditación, a que hace mención el numeral 315, párrafo tercero, del Código Penal Federal. Tocante a la hipótesis de ventaja, en términos de la ejecutoria dictada en este juicio, solamente la tuvo por acreditada en términos de la fracción II del artículo 315 del referido Código Penal Federal. Por lo antes expuesto, es claro que la autoridad responsable ha cumplido la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, ya que se obligó a la responsable a respetar el derecho de que se trata, y a cumplir con lo que el mismo exige. Por tanto, háganse las anotaciones en el Libro Uno de Juzgado correspondiente a los juicios de amparo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 196, párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo. Es aplicable al tema precedente, la jurisprudencia 2a./J.201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de publicación, la página 301, del Tomo XXX, relativo a diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva son susceptibles de destrucción, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se concedió el amparo; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 18, del acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contados a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo dentro de los siguientes noventa días, este juzgado deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde el archivo y los documentos que resulten indispensables, en su caso. Terminado el proceso de depuración solicítese la transferencia correspondiente. Por otra parte, el original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 fracción I, inciso a), del citado acuerdo general, dado que se concedió la suspensión del acto reclamado. Una vez concluido plazo de tres años posteriores de esta fecha, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente incidental, conservando las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión Por lo que hace al duplicado del incidente de suspensión, debe ser destruible en un plazo de seis meses posteriores al presente archivo, lo cual podrá materializarse en un plazo de treinta días posteriores a los seis meses, de conformidad con el artículo 20 del citado acuerdo general.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibido los oficios 1251/2022 y 131/2022, suscritos por la Secretaria Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, por el cual en el primero de ellos informa que se dejó sin efectos el auto de formal prisión emitido el quince de enero de dos mil veinte y, con el segundo, remite copia certificada del auto de formal prisión de diez de febrero de dos mil veintidós, con lo que se le tiene informando lo relativo al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada de amparo. Por tanto, tomando en consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes los oficios de mérito y anexo, por el plazo de tres días, computado a partir del siguiente al en que surta efectos legales la notificación del presente auto, a fin de que manifiesten lo que a sus interés convenga; con el apercibimiento que de no desahogar la vista otorgada, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el particular.

  3. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el plazo de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la sentencia dictada el diez de septiembre de dos mil veintiuno, haya sido recurrida por las partes legitimadas para tal efecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que amparó, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, tomando en consideración que la sentencia dictada en el presente concedió el amparo y protección a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SOLICITESE al Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del que quede legalmente notificado del presente acuerdo, informe a este órgano de control constitucional la forma y términos en que haya dado cumplimiento a la sentencia de mérito, acompañando las constancias con las cuales lo acredite. Con el apercibimiento, que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con los artículos 192, párrafo segundo, 238 y 258 de la Ley de Amparo. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para que continúe el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del puesto y consignación de la responsable, en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, a treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Ténganse por recibido el oficio proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, a través del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 182/2020-V, número de orden 260/2020-V, de nuestro índice, por los motivos que indica. Ahora, visto el estado de autos se observa que mediante proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida una minuta procedente del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, en la que se nos solicitó el acuse inherente a la devolución del exhorto 182/2020-V, número de orden 260/2020-V; sin embargo, se le acordó y mediante oficio 17299/2021 se informó que en auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, se dio de baja el referido exhorto porque no se conocía a qué órgano jurisdiccional le había correspondido su diligenciación. Lo anterior, porque este juzgado nunca recibió devuelta dicha comunicación. No obstante lo antes dicho, se le acusa recibo del oficio de cuenta, sin que sea necesario realizar mayor pronunciamiento respecto de la devolución del exhorto 182/2020-V, número de orden 260/2020-V, en los términos que se indica, porque como ya se expuso, este juzgado dio de baja el exhorto desde doce mayo del presente año. Notifíquese. ...

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