Omar Giovani Estrada Rugama y Otros.

Expediente 122/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
122/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
25/08/2022

Partes del expediente

  • Omar Giovani Estrada Rugama y Otros.
  • Omar Giovani Estrada Rugama
  • Juan Alberto Hernández Aguilar y Otros.
  • Director de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social número 17 CPS Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Vista la actuación actuarial de veintitrés de junio de dos mil veintidós, realizada por la Actuaria adscrita a este Juzgado de Distrito, se advierte que el quejoso directo le manifestó lo siguiente: "Que designa defensor Público y, que se encuentra detenido por un delito federal." Consecuentemente, en relación a la manifestación indicada con antelación, se procede a acordar lo conducente. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos, específicamente el proveído de data diecinueve de mayo del año en curso, se tuvo al Encargado del Despacho de la Delegación Michoacán del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en Morelia, informando que se designó al Licenciado ********************, como defensor público de la parte quejosa, esto es de ********************; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, a fin de no dejar en estado de indefensión a los quejosos se ordena notificar personalmente al defensor público federal de referencia el auto de diez de junio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, en sesión de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, dentro de la queja 113/2022 de su índice. Notifíquese; y personalmente al Defensor Público Federal designado el presente proveído así como el diverso de diez de junio de dos mil veintidós.

  2. Principal

    EN RAZÓN DE QUE EL LICENCIADO ALFREDO BARRERA MENDIENTE EN SU CARÁCTER DE DEFENSOR PÚBLICO DE LA PARTE QUEJOSA JUAN ALBERTO HERNÁNDEZ AGUILAR Y OTROS, no generó cita accediendo al Portal de Servicios en Línea, al micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del sistema "Agenda OJ" 8, en el que aparecen las fechas y horarios disponibles por el Órgano Jurisdiccional de mi adscripción para la generación de citas (misma que es un proceso automatizado que se otorga a la persona a cuyo nombre se solicite, denominado Código QR, para presentarse de forma electrónica en un dispositivo móvil o llevarse impreso); y de que tampoco, tuvo a bien, ponerse de acuerdo con el actuario judicial vía telefónica o en su caso, al correo institucional 8jdo11cto@correo.cjf.gob.mx (debiendo especificar los datos del interesado, para comparecer dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se le dejó en el domicilio señalado en autos el veintiséis de agosto de dos mil veintidós; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación de los proveídos de QUINCE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO Y DIVERSO DE DIEZ DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, queda realizada mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, MISMOS PROVEÍDOS QUE EN LO CONDUCENTE DICEN: Uruapan, Michoacán, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Vista la actuación actuarial de veintitrés de junio de dos mil veintidós, realizada por la Actuaria adscrita a este Juzgado de Distrito, se advierte que el quejoso directo le manifestó lo siguiente: "Que designa defensor Público y, que se encuentra detenido por un delito federal." Consecuentemente, en relación a la manifestación indicada con antelación, se procede a acordar lo conducente. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos, específicamente el proveído de data diecinueve de mayo del año en curso, se tuvo al Encargado del Despacho de la Delegación Michoacán del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en Morelia, informando que se designó al Licenciado ********************, como defensor público de la parte quejosa, esto es de ********************; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, a fin de no dejar en estado de indefensión a los quejosos se ordena notificar personalmente al defensor público federal de referencia el auto de diez de junio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, en sesión de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, dentro de la queja 113/2022 de su índice. Notifíquese; y personalmente al Defensor Público Federal designado el presente proveído así como el diverso de diez de junio de dos mil veintidós.Uruapan, Michoacán, diez de junio de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio, remitido, por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, al que adjunta testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada por los Magistrados integrantes del citado Tribunal en sesión de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, dentro de la queja 113/2022 de su índice, del índice de este Juzgado. Acúsese recibo correspondiente. Ahora bien, la Superioridad en lo conducente resolvió: Así como que señaló el siguiente efecto: En consecuencia, vista la certificación secretarial de cuenta se desprende que la parte promovente Leonardo Raymundo Quevedo Domínguez no cumplió con la prevención formulada en proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dentro del término legal concedido para tal efecto; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el mismo; y, por tanto, con fundamento en el artículo 114, de la Ley de Amparo SE TIENE POR NO PRESENTADA PARCIALMENTE LA DEMANDA DE AMPARO, únicamente por lo que ve a los quejosos directos señalados inicialmente como (2) Ricardo Estrada Cervantes, (13) Danesio Cortez Vallarta, (23) Moisés Maraver González, (24) Juan Carlos Juárez Lázaro, (30) Edgar Cevedo Ramírez, (32) Eddy Alberto Rodríguez Llévalo, (33) Genaro Sánchez Ríos, (35) Guadalupe González Lemus, (38) José Javier Rémige Chuck, (44) Roberto Alemán Jiménez Garela, (47) Ulises Ramos Rodríguez, (50) Jesús Alejandro Rivera Morano, (51) Revin Fernando Peña Mariñez, (57) Omar Favela González, (61) José Luis Munguía Márquez, (83) Sergio River Valencia, (90) Gil Magia Sierra y (96) Cesar Cesario Medina. Ahora bien, vista la actuación de data diez de marzo de dos mil veintidós, suscrita por el Actuario adscrito a este Órgano Jurisdiccional, se advierte que los quejosos directos (4) Leodegario Benítez Hernández, (12) Odilón Montero González, (14) Felipe Gómez Ramírez, (17) Samuel Pérez Martínez, (21) Mónico David Medina del Toro, (22) Jonatan Rubio Ortiz, (25) Jesús Alfonso Toribio Vega, (27) Gregorio Martínez Rodríguez, (34) José Alejandro Rojas Ramírez, (36) Ramon Alberto Mora Cárdenas y (42) Oliver Bolívar Villada, le manifestaron que no ratificaban la demanda de amparo presentada en su favor por Leonardo Raymundo Quevedo Domínguez; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de data tres de marzo del año en curso, y con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo en vigor SE LES TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO EN SU FAVOR. Por lo anterior, sírvase notificar personalmente en los términos indicados en el proveído de data uno de abril del año en curso, al promovente de amparo Leonardo Raymundo Quevedo Dominguez, para los efectos legales a los que haya lugar. Por otro lado, continuando con la actuación de data diez de marzo de dos mil veintidós, suscrita por el Actuario adscrito a este Órgano Jurisdiccional, se advierte que los quejosos directos (1) Juan Alberto Hernández Aguilar, (3) Víctor Hugo Hernández Gómez, (4) Leodegario Benítez Hernández, (5) Omar Giovani Estrada Rugama, (6) Israel Gómez Zúñiga, (7) José Ángel Alcalá Ramírez, (8) Josué López Guzmán, (9) Cristian Alonso Hernández Amaral, (10) Orlando Núñez Peña, (11) Gregorio Limón Hernández, (12) Odilón Montero González, (14) Felipe Gómez Ramírez, (15) Irving Jonathan Herrera Sánchez, (16) Gabriel Gómez Zúñiga, (17) Samuel Pérez Martínez, (18) Miguel Norberto Vázquez de los Santos, (19) Onorio Gómez Cruz, (20) Antonio Javier Gómez Castillo, (21) Mónico David Medina del Toro, (22) Jonatan Rubio Ortiz, (25) Jesús Alfonso Toribio Vega, (26) José Manuel de Santiago Palafox, (27) Gregorio Martínez Rodríguez, (28) Jesús Rafael López Evangelista, (29) Aurelio Martínez Núñez, (31) Benjamín Mendoza Rodríguez, (34) José Alejandro Rojas Ramírez, (36) Ramon Alberto Mora Cárdenas, (37) Hugo Cesar Aguirre Beiza, (39) Antonio Garduño Quiroga, (40) Feliz Hernández Reyes, (41) Jairo Josué Pérez Carlos, (42) Oliver Bolívar Villada, (43) Julio Ramírez Cuenca, (45) Armando Ernesto Salinas Gómez, (46) Roberto Gómez Zúñiga, (48) Conrrado Marroquín Gutiérrez, (49) José Carlos Anaya Gallardo, (52) Brayan Johan Andrade González, (53) José Alfredo Jiménez Nápoles, (54) Jorge Armando Zendejas Solorio, (55) Francisco Ricardo Santiago García, (56) Juan José Ruiz Espinoza, (58) Cesar Alejandro Ortiz Pérez, (59) Edgardo Sánchez Rangel, (60) Bryan Aldair Ramírez Guevara, (62) Eduardo Estrada Granados, (63) Rene Lorenzo Cruz Domínguez, (64) Juan Andrés Solís Vega, (65) Miguel Rosas Sánchez, (66) Luis Fernando Orozco Godínez, (67) David Uriel Nájera García, (68) Francisco Rodrigo Fierro Martínez, (69) Jesús Martínez Rodríguez, (70) Miguel Ángel Salazar Carpinteyro, (71) Mario Alberto Sánchez Acosta, (72) Juan Antonio Rojas Nava, (73) Jorge Isaac Jara Carrillo, (74) Enrique Ruvalcaba López, (75) Gustavo de la Torre Vázquez, (76) Carlos Alberto García Hernández, (77) Tomas Antonio Martínez Orozco, (78) Oscar Cavazos Méndez, (79) Carlos Balandrán Gómez, (80) Pedro Ruiz Torrez, (81) Jesús Bonilla Lara, (82) Eduardo Bucio López, (84) José Luis Avalos Avalos, (85) Kevin Omar Rodríguez Valadez, (86) Gonzalo Uribe Camarillo, (87) Luis Miguel Quintero Cisneros, (88) Duke Edgar Lorenzo, (89) Daniel Abraham Pool Minaya, (91) Eduardo González Torres, (92) Javier Aguilar Fuentes, (93) Emanuel Alejandro Moisés Vázquez Viera, (94) Flavio Aguirre Covarrubias, (95) Wilfrido Vázquez Gutiérrez, (97) José Guadalupe Cerna Padilla, (98) Miguel Ángel Beraza Villa, (99) Miguel Ángel Jiménez Tinoco, (100) José Antonio Godínez Antonio, (101) Juan Carlos Partida Chávez, (102) José Fidel Martínez Soto, (103) Jesús Arcadio Sánchez Aispuro, (104) Gregorio Abeja Linares, (105) Adrián Villegas Mauro, (106) José de Jesús García Hernández, (107) Francisco Daniel Luna Mancera, (108) Tomas Romanillo Armenta, (109) Gerardo Armando Jaime Morales Palomino, (110) José Luis López Gómez, (111) Hernán Rodrigo Fernández Sabat, al ser notificados del auto dictado el tres de marzo del año en curso, ratificaron la demanda de garantías promovida en su favor por Leonardo Raymundo Quevedo Domínguez, dando así cumplimiento al requerimiento contenido en dicho proveído. Consecuentemente a lo anterior, con fundamento en el párrafo primero del artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos al primero de los mencionados, esto es, (1) Juan Alberto Hernández Aguilar; lo anterior, para los efectos legales a los que haya lugar. DESECHAMIENTO. Ahora bien, el acto reclamado, se hace consistir como quedo establecido en proveído de dos de marzo del año en curso, como: Las condiciones de internamiento a que se encuentran sometidos los quejosos directos. Determinado lo anterior, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Ahora, es necesario precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Así, en ese supuesto normativo se prevé el principio de definitividad del juicio de amparo, que consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, el juicio, los recursos o medios de defensa legales y que puedan conducir a la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada, acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. Principio de definitividad que la parte quejosa debió observar frente a los actos reclamados consistentes en la las condiciones de internamiento a que se encuentran sometidos los quejosos directos, ya que contra ello procede el instrumento legal establecido en los artículos 24, 107 al 117, 122, 124, 125, 138 y 139 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigentes a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Lo anterior, se estima así pues dicho sistema normativo en su artículo 109, tiene por objeto subsanar la afectación a las condiciones de vida digna y segura en reclusión, lo que se traduce en modificar, revocar o nulificar el acto u omisión de la autoridad penitenciara, que como en el caso trascienda a las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad, sea en prisión preventiva o en la ejecución de la sanción de prisión, pues así se desprende del ámbito de aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, contenido en su artículo 1. En efecto, del contenido del artículo 24 de la referida ley de ejecución, en lo que interesa se desprende que el legislador habilitó al Poder Judicial de la Federación y Poderes Judiciales de las Entidades Federativas, para resolver las controversias con motivo de su aplicación, con los límites territoriales y jurisdicción expresamente ahí señalados. Además, de los diversos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se colige lo siguiente: 1. Que las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciara contra los hechos, actos u omisiones relacionados con las condiciones de internamiento. 2. Las peticiones tendrán como finalidad que la autoridad penitenciara resuelva si existió o no una afectación a las condiciones de vida digna y en su caso subsanarla. 3. Si la determinación administrativa es contraria a los intereses del peticionario, éste podrá controvertirla ante el Juez de Ejecución o de Control (en caso de que se encuentre sujeto al nuevo sistema de justicia penal), el Juez de su causa (si está siendo procesado) o el Juez de Ejecución a cuya disposición se encuentre interno (si ya está sentenciado). 4. Si la petición no es resuelta en el término de cinco días, el promovente podrá demandar dicha omisión ante el Juez de Ejecución. 5. En casos urgentes, el afectado podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición, caso en el que el órgano jurisdiccional suspenderá el hecho que motivó la petición hasta en tanto resuelva en definitiva, ordenando incluso que las autoridades administrativas realicen las acciones necesarias a fin de los actos cesen o dejen de existir, con lo cual quedan tutelados los derechos de la persona privada de la libertad, aún en los casos de mayor gravedad, en que incidan en su esfera jurídica las condiciones de internamiento. 6. Que los Jueces de Ejecución conocerán de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y las relacionadas con ellas. 7. Que para la controversia ante el Juez de Ejecución, constituye un requisito indispensable que se haya agotado la petición administrativa. De lo anterior, se advierte que con la entrada en vigor del Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad (como los agraviados) ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones ágil y eficaz, en el cual puede hacer valer los derechos atinentes a las condiciones de su internamiento, como lo son las condiciones de internamiento a que se encuentran sometidos los quejosos directos; adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional. Por tanto, si los quejosos acuden en demanda de la protección constitucional a efecto de controvertir actos atribuidos entre otras a la autoridad directiva del centro de reclusión donde se encuentran internos, mismos que se vincula con las condiciones de internamiento a que se encuentran sometidos los quejosos directos, es claro que resulta aplicable el medio defensa establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, es preciso concluir que los quejosos no cumplieron con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, pues previo a su interposición, de ser un caso urgente, debieron acudir ante el juez de ejecución para plantear su petición; y de tratarse de condiciones de internamiento no urgentes, debieron acudir ante la autoridad penitenciaria a formular su petición y en caso de no serles favorable o no se les responda, plantear la controversia ante el Juez de Ejecución, lo que les permitiría acceder a una serie de medidas de protección y mecanismos legales de corrección en el ámbito de la justicia ordinaria; de modo que al no hacerlo así, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y ello, a su vez de conformidad con la fracción V, del diverso 63 del mismo ordenamiento, provoca DESECHAR DE PLANO EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO por lo que ve a los quejosos directos (1) Juan Alberto Hernández Aguilar, (3) Víctor Hugo Hernández Gómez, (4) Leodegario Benítez Hernández, (5) Omar Giovani Estrada Rugama, (6) Israel Gómez Zúñiga, (7) José Ángel Alcalá Ramírez, (8) Josué López Guzmán, (9) Cristian Alonso Hernández Amaral, (10) Orlando Núñez Peña, (11) Gregorio Limón Hernández, (12) Odilón Montero González, (14) Felipe Gómez Ramírez, (15) Irving Jonathan Herrera Sánchez, (16) Gabriel Gómez Zúñiga, (17) Samuel Pérez Martínez, (18) Miguel Norberto Vázquez de los Santos, (19) Onorio Gómez Cruz, (20) Antonio Javier Gómez Castillo, (21) Mónico David Medina del Toro, (22) Jonatan Rubio Ortiz, (25) Jesús Alfonso Toribio Vega, (26) José Manuel de Santiago Palafox, (27) Gregorio Martínez Rodríguez, (28) Jesús Rafael López Evangelista, (29) Aurelio Martínez Núñez, (31) Benjamín Mendoza Rodríguez, (34) José Alejandro Rojas Ramírez, (36) Ramon Alberto Mora Cárdenas, (37) Hugo Cesar Aguirre Beiza, (39) Antonio Garduño Quiroga, (40) Feliz Hernández Reyes, (41) Jairo Josué Pérez Carlos, (42) Oliver Bolívar Villada, (43) Julio Ramírez Cuenca, (45) Armando Ernesto Salinas Gómez, (46) Roberto Gómez Zúñiga, (48) Conrrado Marroquín Gutiérrez, (49) José Carlos Anaya Gallardo, (52) Brayan Johan Andrade González, (53) José Alfredo Jiménez Nápoles, (54) Jorge Armando Zendejas Solorio, (55) Francisco Ricardo Santiago García, (56) Juan José Ruiz Espinoza, (58) Cesar Alejandro Ortiz Pérez, (59) Edgardo Sánchez Rangel, (60) Bryan Aldair Ramírez Guevara, (62) Eduardo Estrada Granados, (63) Rene Lorenzo Cruz Domínguez, (64) Juan Andrés Solís Vega, (65) Miguel Rosas Sánchez, (66) Luis Fernando Orozco Godínez, (67) David Uriel Nájera García, (68) Francisco Rodrigo Fierro Martínez, (69) Jesús Martínez Rodríguez, (70) Miguel Ángel Salazar Carpinteyro, (71) Mario Alberto Sánchez Acosta, (72) Juan Antonio Rojas Nava, (73) Jorge Isaac Jara Carrillo, (74) Enrique Ruvalcaba López, (75) Gustavo de la Torre Vázquez, (76) Carlos Alberto García Hernández, (77) Tomas Antonio Martínez Orozco, (78) Oscar Cavazos Méndez, (79) Carlos Balandrán Gómez, (80) Pedro Ruiz Torrez, (81) Jesús Bonilla Lara, (82) Eduardo Bucio López, (84) José Luis Avalos Avalos, (85) Kevin Omar Rodríguez Valadez, (86) Gonzalo Uribe Camarillo, (87) Luis Miguel Quintero Cisneros, (88) Duke Edgar Lorenzo, (89) Daniel Abraham Pool Minaya, (91) Eduardo González Torres, (92) Javier Aguilar Fuentes, (93) Emanuel Alejandro Moisés Vázquez Viera, (94) Flavio Aguirre Covarrubias, (95) Wilfrido Vázquez Gutiérrez, (97) José Guadalupe Cerna Padilla, (98) Miguel Ángel Beraza Villa, (99) Miguel Ángel Jiménez Tinoco, (100) José Antonio Godínez Antonio, (101) Juan Carlos Partida Chávez, (102) José Fidel Martínez Soto, (103) Jesús Arcadio Sánchez Aispuro, (104) Gregorio Abeja Linares, (105) Adrián Villegas Mauro, (106) José de Jesús García Hernández, (107) Francisco Daniel Luna Mancera, (108) Tomas Romanillo Armenta, (109) Gerardo Armando Jaime Morales Palomino, (110) José Luis López Gómez, (111) Hernán Rodrigo Fernández Sabat; máxime que no existe la posibilidad de que el ofrecimiento y recepción de pruebas, pueda cambiar la presentación que antecede, pues la causal de improcedencia invocada no se apoya en aspectos fácticos, sino que deriva de la propia ley que regula el medio de impugnación ordinario. Bajo ese cúmulo de ideas, es inconcuso que se está en presencia de una causal de improcedencia del juicio de garantías que se actualiza de modo manifiesto e indudable, como lo es la prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo; y, por ende, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS, de conformidad con lo dispuesto por el diverso numeral 113, de dicho ordenamiento legal. NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. Consecuentemente, se comisiona al Actuario de la adscripción para que realice lo siguiente: Se constituya en legal y debida forma en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán" y notifique el contenido del presente auto al representante común de los quejosos directos, esto es, a (1) Juan Alberto Hernández Aguilar. Asimismo, lo requiera para que en el momento de la notificación o dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, nombre a un abogado que los represente, apercibido que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional les designará uno de oficio; de igual forma, lo requiera para que en el mismo término indique si se encuentra privado de su libertad por delito federal o bien, por la comisión de un delito de fuero estatal. Con fundamento en los artículos 17 Constitucional y 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para el cumplimiento de la diligencia aquí ordenada. Por cuestiones de seguridad e higiene para salvaguardar la integridad tanto del quejoso como del funcionario que le notifique, se solicita comedidamente, a éste último, tenga a bien limitarse a asentar en el acta de notificación respectiva, que leyó y entregó copia de este acuerdo al representante común de los quejosos, absteniéndose de recabar la firma respectiva, lo que también deberá asentar en el acta correspondiente; ello a fin de respetar las medidas de sana distancia, lo anterior, en términos del artículo 11, del Acuerdo General 8/2020, del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL PROMOVENTE, ASÍ COMO A LOS QUEJOSOS EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE COMÚN.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO MEDIANTE PROVEÍDO DE UNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE MI ADSCRIPCIÓN Y SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES, EL PROVEÍDO DE VEINTIDOS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS A LA PARTE PROMOVENTE LEONARDO RAYMUNDO QUEVEDO DOMINGUEZ, MISMO PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Uruapan, Michoacán, diez de junio de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio, remitido, por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, al que adjunta testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada por los Magistrados integrantes del citado Tribunal en sesión de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, dentro de la queja 113/2022 de su índice, del índice de este Juzgado. Acúsese recibo correspondiente. Ahora bien, la Superioridad en lo conducente resolvió: Así como que señaló el siguiente efecto: En consecuencia, vista la certificación secretarial de cuenta se desprende que la parte promovente Leonardo Raymundo Quevedo Domínguez no cumplió con la prevención formulada en proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dentro del término legal concedido para tal efecto; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el mismo; y, por tanto, con fundamento en el artículo 114, de la Ley de Amparo SE TIENE POR NO PRESENTADA PARCIALMENTE LA DEMANDA DE AMPARO, únicamente por lo que ve a los quejosos directos señalados inicialmente como (2) Ricardo Estrada Cervantes, (13) Danesio Cortez Vallarta, (23) Moisés Maraver González, (24) Juan Carlos Juárez Lázaro, (30) Edgar Cevedo Ramírez, (32) Eddy Alberto Rodríguez Llévalo, (33) Genaro Sánchez Ríos, (35) Guadalupe González Lemus, (38) José Javier Rémige Chuck, (44) Roberto Alemán Jiménez Garela, (47) Ulises Ramos Rodríguez, (50) Jesús Alejandro Rivera Morano, (51) Revin Fernando Peña Mariñez, (57) Omar Favela González, (61) José Luis Munguía Márquez, (83) Sergio River Valencia, (90) Gil Magia Sierra y (96) Cesar Cesario Medina. Ahora bien, vista la actuación de data diez de marzo de dos mil veintidós, suscrita por el Actuario adscrito a este Órgano Jurisdiccional, se advierte que los quejosos directos (4) Leodegario Benítez Hernández, (12) Odilón Montero González, (14) Felipe Gómez Ramírez, (17) Samuel Pérez Martínez, (21) Mónico David Medina del Toro, (22) Jonatan Rubio Ortiz, (25) Jesús Alfonso Toribio Vega, (27) Gregorio Martínez Rodríguez, (34) José Alejandro Rojas Ramírez, (36) Ramon Alberto Mora Cárdenas y (42) Oliver Bolívar Villada, le manifestaron que no ratificaban la demanda de amparo presentada en su favor por Leonardo Raymundo Quevedo Domínguez; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de data tres de marzo del año en curso, y con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo en vigor SE LES TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO EN SU FAVOR. Por lo anterior, sírvase notificar personalmente en los términos indicados en el proveído de data uno de abril del año en curso, al promovente de amparo Leonardo Raymundo Quevedo Dominguez, para los efectos legales a los que haya lugar. Por otro lado, continuando con la actuación de data diez de marzo de dos mil veintidós, suscrita por el Actuario adscrito a este Órgano Jurisdiccional, se advierte que los quejosos directos (1) Juan Alberto Hernández Aguilar, (3) Víctor Hugo Hernández Gómez, (4) Leodegario Benítez Hernández, (5) Omar Giovani Estrada Rugama, (6) Israel Gómez Zúñiga, (7) José Ángel Alcalá Ramírez, (8) Josué López Guzmán, (9) Cristian Alonso Hernández Amaral, (10) Orlando Núñez Peña, (11) Gregorio Limón Hernández, (12) Odilón Montero González, (14) Felipe Gómez Ramírez, (15) Irving Jonathan Herrera Sánchez, (16) Gabriel Gómez Zúñiga, (17) Samuel Pérez Martínez, (18) Miguel Norberto Vázquez de los Santos, (19) Onorio Gómez Cruz, (20) Antonio Javier Gómez Castillo, (21) Mónico David Medina del Toro, (22) Jonatan Rubio Ortiz, (25) Jesús Alfonso Toribio Vega, (26) José Manuel de Santiago Palafox, (27) Gregorio Martínez Rodríguez, (28) Jesús Rafael López Evangelista, (29) Aurelio Martínez Núñez, (31) Benjamín Mendoza Rodríguez, (34) José Alejandro Rojas Ramírez, (36) Ramon Alberto Mora Cárdenas, (37) Hugo Cesar Aguirre Beiza, (39) Antonio Garduño Quiroga, (40) Feliz Hernández Reyes, (41) Jairo Josué Pérez Carlos, (42) Oliver Bolívar Villada, (43) Julio Ramírez Cuenca, (45) Armando Ernesto Salinas Gómez, (46) Roberto Gómez Zúñiga, (48) Conrrado Marroquín Gutiérrez, (49) José Carlos Anaya Gallardo, (52) Brayan Johan Andrade González, (53) José Alfredo Jiménez Nápoles, (54) Jorge Armando Zendejas Solorio, (55) Francisco Ricardo Santiago García, (56) Juan José Ruiz Espinoza, (58) Cesar Alejandro Ortiz Pérez, (59) Edgardo Sánchez Rangel, (60) Bryan Aldair Ramírez Guevara, (62) Eduardo Estrada Granados, (63) Rene Lorenzo Cruz Domínguez, (64) Juan Andrés Solís Vega, (65) Miguel Rosas Sánchez, (66) Luis Fernando Orozco Godínez, (67) David Uriel Nájera García, (68) Francisco Rodrigo Fierro Martínez, (69) Jesús Martínez Rodríguez, (70) Miguel Ángel Salazar Carpinteyro, (71) Mario Alberto Sánchez Acosta, (72) Juan Antonio Rojas Nava, (73) Jorge Isaac Jara Carrillo, (74) Enrique Ruvalcaba López, (75) Gustavo de la Torre Vázquez, (76) Carlos Alberto García Hernández, (77) Tomas Antonio Martínez Orozco, (78) Oscar Cavazos Méndez, (79) Carlos Balandrán Gómez, (80) Pedro Ruiz Torrez, (81) Jesús Bonilla Lara, (82) Eduardo Bucio López, (84) José Luis Avalos Avalos, (85) Kevin Omar Rodríguez Valadez, (86) Gonzalo Uribe Camarillo, (87) Luis Miguel Quintero Cisneros, (88) Duke Edgar Lorenzo, (89) Daniel Abraham Pool Minaya, (91) Eduardo González Torres, (92) Javier Aguilar Fuentes, (93) Emanuel Alejandro Moisés Vázquez Viera, (94) Flavio Aguirre Covarrubias, (95) Wilfrido Vázquez Gutiérrez, (97) José Guadalupe Cerna Padilla, (98) Miguel Ángel Beraza Villa, (99) Miguel Ángel Jiménez Tinoco, (100) José Antonio Godínez Antonio, (101) Juan Carlos Partida Chávez, (102) José Fidel Martínez Soto, (103) Jesús Arcadio Sánchez Aispuro, (104) Gregorio Abeja Linares, (105) Adrián Villegas Mauro, (106) José de Jesús García Hernández, (107) Francisco Daniel Luna Mancera, (108) Tomas Romanillo Armenta, (109) Gerardo Armando Jaime Morales Palomino, (110) José Luis López Gómez, (111) Hernán Rodrigo Fernández Sabat, al ser notificados del auto dictado el tres de marzo del año en curso, ratificaron la demanda de garantías promovida en su favor por Leonardo Raymundo Quevedo Domínguez, dando así cumplimiento al requerimiento contenido en dicho proveído. Consecuentemente a lo anterior, con fundamento en el párrafo primero del artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos al primero de los mencionados, esto es, (1) Juan Alberto Hernández Aguilar; lo anterior, para los efectos legales a los que haya lugar. DESECHAMIENTO. Ahora bien, el acto reclamado, se hace consistir como quedo establecido en proveído de dos de marzo del año en curso, como: Las condiciones de internamiento a que se encuentran sometidos los quejosos directos. Determinado lo anterior, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Ahora, es necesario precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Así, en ese supuesto normativo se prevé el principio de definitividad del juicio de amparo, que consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, el juicio, los recursos o medios de defensa legales y que puedan conducir a la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada, acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. Principio de definitividad que la parte quejosa debió observar frente a los actos reclamados consistentes en la las condiciones de internamiento a que se encuentran sometidos los quejosos directos, ya que contra ello procede el instrumento legal establecido en los artículos 24, 107 al 117, 122, 124, 125, 138 y 139 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigentes a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Lo anterior, se estima así pues dicho sistema normativo en su artículo 109, tiene por objeto subsanar la afectación a las condiciones de vida digna y segura en reclusión, lo que se traduce en modificar, revocar o nulificar el acto u omisión de la autoridad penitenciara, que como en el caso trascienda a las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad, sea en prisión preventiva o en la ejecución de la sanción de prisión, pues así se desprende del ámbito de aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, contenido en su artículo 1. En efecto, del contenido del artículo 24 de la referida ley de ejecución, en lo que interesa se desprende que el legislador habilitó al Poder Judicial de la Federación y Poderes Judiciales de las Entidades Federativas, para resolver las controversias con motivo de su aplicación, con los límites territoriales y jurisdicción expresamente ahí señalados. Además, de los diversos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se colige lo siguiente: 1. Que las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciara contra los hechos, actos u omisiones relacionados con las condiciones de internamiento. 2. Las peticiones tendrán como finalidad que la autoridad penitenciara resuelva si existió o no una afectación a las condiciones de vida digna y en su caso subsanarla. 3. Si la determinación administrativa es contraria a los intereses del peticionario, éste podrá controvertirla ante el Juez de Ejecución o de Control (en caso de que se encuentre sujeto al nuevo sistema de justicia penal), el Juez de su causa (si está siendo procesado) o el Juez de Ejecución a cuya disposición se encuentre interno (si ya está sentenciado). 4. Si la petición no es resuelta en el término de cinco días, el promovente podrá demandar dicha omisión ante el Juez de Ejecución. 5. En casos urgentes, el afectado podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición, caso en el que el órgano jurisdiccional suspenderá el hecho que motivó la petición hasta en tanto resuelva en definitiva, ordenando incluso que las autoridades administrativas realicen las acciones necesarias a fin de los actos cesen o dejen de existir, con lo cual quedan tutelados los derechos de la persona privada de la libertad, aún en los casos de mayor gravedad, en que incidan en su esfera jurídica las condiciones de internamiento. 6. Que los Jueces de Ejecución conocerán de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y las relacionadas con ellas. 7. Que para la controversia ante el Juez de Ejecución, constituye un requisito indispensable que se haya agotado la petición administrativa. De lo anterior, se advierte que con la entrada en vigor del Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad (como los agraviados) ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones ágil y eficaz, en el cual puede hacer valer los derechos atinentes a las condiciones de su internamiento, como lo son las condiciones de internamiento a que se encuentran sometidos los quejosos directos; adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional. Por tanto, si los quejosos acuden en demanda de la protección constitucional a efecto de controvertir actos atribuidos entre otras a la autoridad directiva del centro de reclusión donde se encuentran internos, mismos que se vincula con las condiciones de internamiento a que se encuentran sometidos los quejosos directos, es claro que resulta aplicable el medio defensa establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, es preciso concluir que los quejosos no cumplieron con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, pues previo a su interposición, de ser un caso urgente, debieron acudir ante el juez de ejecución para plantear su petición; y de tratarse de condiciones de internamiento no urgentes, debieron acudir ante la autoridad penitenciaria a formular su petición y en caso de no serles favorable o no se les responda, plantear la controversia ante el Juez de Ejecución, lo que les permitiría acceder a una serie de medidas de protección y mecanismos legales de corrección en el ámbito de la justicia ordinaria; de modo que al no hacerlo así, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y ello, a su vez de conformidad con la fracción V, del diverso 63 del mismo ordenamiento, provoca DESECHAR DE PLANO EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO por lo que ve a los quejosos directos (1) Juan Alberto Hernández Aguilar, (3) Víctor Hugo Hernández Gómez, (4) Leodegario Benítez Hernández, (5) Omar Giovani Estrada Rugama, (6) Israel Gómez Zúñiga, (7) José Ángel Alcalá Ramírez, (8) Josué López Guzmán, (9) Cristian Alonso Hernández Amaral, (10) Orlando Núñez Peña, (11) Gregorio Limón Hernández, (12) Odilón Montero González, (14) Felipe Gómez Ramírez, (15) Irving Jonathan Herrera Sánchez, (16) Gabriel Gómez Zúñiga, (17) Samuel Pérez Martínez, (18) Miguel Norberto Vázquez de los Santos, (19) Onorio Gómez Cruz, (20) Antonio Javier Gómez Castillo, (21) Mónico David Medina del Toro, (22) Jonatan Rubio Ortiz, (25) Jesús Alfonso Toribio Vega, (26) José Manuel de Santiago Palafox, (27) Gregorio Martínez Rodríguez, (28) Jesús Rafael López Evangelista, (29) Aurelio Martínez Núñez, (31) Benjamín Mendoza Rodríguez, (34) José Alejandro Rojas Ramírez, (36) Ramon Alberto Mora Cárdenas, (37) Hugo Cesar Aguirre Beiza, (39) Antonio Garduño Quiroga, (40) Feliz Hernández Reyes, (41) Jairo Josué Pérez Carlos, (42) Oliver Bolívar Villada, (43) Julio Ramírez Cuenca, (45) Armando Ernesto Salinas Gómez, (46) Roberto Gómez Zúñiga, (48) Conrrado Marroquín Gutiérrez, (49) José Carlos Anaya Gallardo, (52) Brayan Johan Andrade González, (53) José Alfredo Jiménez Nápoles, (54) Jorge Armando Zendejas Solorio, (55) Francisco Ricardo Santiago García, (56) Juan José Ruiz Espinoza, (58) Cesar Alejandro Ortiz Pérez, (59) Edgardo Sánchez Rangel, (60) Bryan Aldair Ramírez Guevara, (62) Eduardo Estrada Granados, (63) Rene Lorenzo Cruz Domínguez, (64) Juan Andrés Solís Vega, (65) Miguel Rosas Sánchez, (66) Luis Fernando Orozco Godínez, (67) David Uriel Nájera García, (68) Francisco Rodrigo Fierro Martínez, (69) Jesús Martínez Rodríguez, (70) Miguel Ángel Salazar Carpinteyro, (71) Mario Alberto Sánchez Acosta, (72) Juan Antonio Rojas Nava, (73) Jorge Isaac Jara Carrillo, (74) Enrique Ruvalcaba López, (75) Gustavo de la Torre Vázquez, (76) Carlos Alberto García Hernández, (77) Tomas Antonio Martínez Orozco, (78) Oscar Cavazos Méndez, (79) Carlos Balandrán Gómez, (80) Pedro Ruiz Torrez, (81) Jesús Bonilla Lara, (82) Eduardo Bucio López, (84) José Luis Avalos Avalos, (85) Kevin Omar Rodríguez Valadez, (86) Gonzalo Uribe Camarillo, (87) Luis Miguel Quintero Cisneros, (88) Duke Edgar Lorenzo, (89) Daniel Abraham Pool Minaya, (91) Eduardo González Torres, (92) Javier Aguilar Fuentes, (93) Emanuel Alejandro Moisés Vázquez Viera, (94) Flavio Aguirre Covarrubias, (95) Wilfrido Vázquez Gutiérrez, (97) José Guadalupe Cerna Padilla, (98) Miguel Ángel Beraza Villa, (99) Miguel Ángel Jiménez Tinoco, (100) José Antonio Godínez Antonio, (101) Juan Carlos Partida Chávez, (102) José Fidel Martínez Soto, (103) Jesús Arcadio Sánchez Aispuro, (104) Gregorio Abeja Linares, (105) Adrián Villegas Mauro, (106) José de Jesús García Hernández, (107) Francisco Daniel Luna Mancera, (108) Tomas Romanillo Armenta, (109) Gerardo Armando Jaime Morales Palomino, (110) José Luis López Gómez, (111) Hernán Rodrigo Fernández Sabat; máxime que no existe la posibilidad de que el ofrecimiento y recepción de pruebas, pueda cambiar la presentación que antecede, pues la causal de improcedencia invocada no se apoya en aspectos fácticos, sino que deriva de la propia ley que regula el medio de impugnación ordinario. Bajo ese cúmulo de ideas, es inconcuso que se está en presencia de una causal de improcedencia del juicio de garantías que se actualiza de modo manifiesto e indudable, como lo es la prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo; y, por ende, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS, de conformidad con lo dispuesto por el diverso numeral 113, de dicho ordenamiento legal. NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. Consecuentemente, se comisiona al Actuario de la adscripción para que realice lo siguiente: Se constituya en legal y debida forma en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán" y notifique el contenido del presente auto al representante común de los quejosos directos, esto es, a (1) Juan Alberto Hernández Aguilar. Asimismo, lo requiera para que en el momento de la notificación o dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, nombre a un abogado que los represente, apercibido que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional les designará uno de oficio; de igual forma, lo requiera para que en el mismo término indique si se encuentra privado de su libertad por delito federal o bien, por la comisión de un delito de fuero estatal. Con fundamento en los artículos 17 Constitucional y 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para el cumplimiento de la diligencia aquí ordenada. Por cuestiones de seguridad e higiene para salvaguardar la integridad tanto del quejoso como del funcionario que le notifique, se solicita comedidamente, a éste último, tenga a bien limitarse a asentar en el acta de notificación respectiva, que leyó y entregó copia de este acuerdo al representante común de los quejosos, absteniéndose de recabar la firma respectiva, lo que también deberá asentar en el acta correspondiente; ello a fin de respetar las medidas de sana distancia, lo anterior, en términos del artículo 11, del Acuerdo General 8/2020, del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL PROMOVENTE, ASÍ COMO A LOS QUEJOSOS EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE COMÚN.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos en que sea actúa se advierte que mediante proveído de diecinueve de mayo pasado se comisionó al actuario adscrito a este Juzgado de Distrito a fin de que notifique al Licenciado Alfredo Barrera Mendieta, dicho proveído, así como el diverso de data treinta de marzo del año en curso -auto admisorio-; por tanto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se ordena regularizar el procedimiento para el efecto de que el actuario judicial de este órgano de control constitucional notifique a Alfredo Barrera Mendieta, defensor público de la parte quejosa respecto el proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintidós y el diverso de veintidós de abril del año en curso. Notifíquese; personalmente al defensor público Alfredo Barrera Mendieta.

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