Omar Giovani Estrada Rugama

Expediente 126/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 7 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
126/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
07/02/2019

Partes del expediente

  • Omar Giovani Estrada Rugama

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III. Vista la demanda de amparo promovida por Fernando Teobaldo Estrada Cabrera, a favor de Omar Giovani Estrada Rugama, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 16 primer párrafo, 18 segundo párrafo, 21 párrafo tercero y 22 Constitucionales, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112, de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 126/2019-III-A. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el promovente, reclama a favor del directo quejoso Omar Giovani Estrada Rugama:  LA INCOMUNICACIÓN, SEGREGACIÓN Y AISLAMIENTO.  LA ORDEN DE TRASLADO DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 2 "OCCIDENTE" (LUGAR EN EL QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA) A OTRO CENTRO DE RECLUSIÓN.  LA INCOMUNICACIÓN DERIVADA DE ESE TRASLADO.  LA DESAPARICIÓN FORZADA DERIVADA DE ESE TRASLADO.  ATAQUE A LA LIBERTAD PERSONAL DERIVADA DE ESE TRASLADO.  LA REUBICACIÓN DE DORMITORIO, MÓDULO, SECCIÓN, PASILLO, ESTANCIA Y CAMA DE LA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA. Atribuidos a autoridades administrativas. COMPETENCIA Ahora bien, resulta necesario analizar el aspecto relacionado a la legal competencia de este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y, por tanto, preferentes. Lo anterior, tomando en consideración que, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, es obligación de los jueces de Distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto surja. Es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 679, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 456, Tomo VI, del Apéndice de 1995, Octava Época, que dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Ahora bien, la competencia constitucional de los jueces de Distrito está prevista por el artículo 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el artículo 37 de la Ley de Amparo. Así, el artículo 107, fracción VII Constitucional, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:...VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse..." El precepto legal antes transcrito, es preciso al indicar que el juicio de amparo se interpondrá ante el Juez de Distrito, bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando por ende que no está abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier Juez de Distrito, para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. En tal sentido, el artículo 37 de la Ley de Amparo, que reglamenta la disposición constitucional sobre la competencia de los Juzgados de Distrito, en lo conducente, dice: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En este orden de ideas, cabe destacar que en el precepto citado se fija que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. En consecuencia, del análisis del artículo 37 de la Ley de Amparo, se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, mismas que a continuación se detallan. a) La primera, contenida en el primer párrafo, destaca que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda consiste en que la competencia del Juez de Distrito, se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, c) La tercera deriva del último párrafo del precepto legal en estudio, que establece que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que el directo quejoso Omar Giovani Estrada Rugama, se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente", y, dado que los actos reclamados tienen ejecución material, es evidente que los actos que por esta vía se combaten tratarán de ejecutarse en el lugar en el que se encuentra interno, esto es, en El Salto, Estado de Jalisco, lugar en donde está dicho centro de reclusión. Luego entonces, conforme a la precitada regla, prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que consiste en que es competente el Juez de Distrito donde trate de ejecutarse, el acto reclamado, quien debe conocer de la demanda de garantías promovida por Fernando Teobaldo Estrada Cabrera, a favor de Omar Giovani Estrada Rugama, es el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. No obsta a lo anterior, el hecho de que la parte impetrante señale como responsables a autoridades con residencia en esta ciudad, habida cuenta que, como se dijo, el acto que se reclama tiene ejecución en el Estado de Jalisco, por tanto, es competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materializará el acto reclamado. Máxime, en esta Ciudad de México, no existe un Centro Federal de Readaptación Social, pues los que existen atañen únicamente a personas relacionadas con delitos del orden común, en donde la aplicación del sistema penitenciario corresponde a las autoridades locales y no a las federales; por tanto, la orden de traslado no podría tener ejecución en esta Ciudad. Es aplicable, la Tesis: I.6o.P.55 P (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página dos mil trescientos ochenta y dos, Tomo III, Libro diez, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2007523, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI EL QUEJOSO RECLAMA QUE PRETENDEN REUBICARLO EN OTRO CEFERESO, SIN INDICAR A CUÁL, Y PRESENTA LA DEMANDA EN UNA ENTIDAD QUE NO CUENTA CON ESTE TIPO DE INMUEBLE (DISTRITO FEDERAL), AQUÉLLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE AQUÉL SE ENCUENTRE INTERNO. Si el quejoso se encuentra interno en un CEFERESO del Estado de México (Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "El Altiplano" en Almoloya de Juárez), y reclama que pretenden reubicarlo en otro, sin indicar a cuál, pero promueve la demanda de amparo indirecto ante la autoridad judicial con potestad en una entidad que no cuenta con este tipo de inmueble (Distrito Federal), la competencia para conocerla se surte a favor del Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en donde aquél se encuentra interno, pues al no haber un centro penitenciario con esas características en el Distrito Federal -porque los que existen atañen únicamente a personas relacionadas con delitos del orden común, en donde la aplicación del sistema penitenciario corresponde a las autoridades locales y no a las federales-, no tendría ejecución material la orden de traslado en esta entidad; por tanto, no se actualiza la hipótesis de prevención en el conocimiento de la demanda, a que alude el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo". En tales circunstancias, este Juzgado se declara legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo, y considera que la competencia legal se surte a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Amparo, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, el juicio de amparo 129/2019-III-A, para que a su vez la remita al Juez de Distrito en turno, que le corresponda, solicitándole a éste el acuse de recibo e informe si acepta o no la competencia declinada; fórmese el cuaderno de antecedentes. SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora bien, cobra relevancia que la parte quejosa no designó dentro de las autoridades responsables a ninguna de índole judicial. Así, el artículo 126 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsió0n, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento." En esa tesitura, el citado acto reclamado carece de alguna intervención de autoridad judicial, por ende, se trata de actos fuera de procedimiento, por tanto, se torna procedente decretar la suspensión de plano. En consecuencia, SE DECRETA DE PLANO LA SUSPENSIÓN RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA ORDEN DE TRASLADO DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 2 "OCCIDENTE", A UNO DIVERSO, para el único efecto de que el quejoso Omar Giovani Estrada Rugama, no sea trasladado y se garantice su integridad en el lugar donde se encuentra recluido. En esa tesitura, SE DECRETA DE PLANO LA SUSPENSIÓN RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA REUBICACIÓN DE DORMITORIO, MÓDULO, SECCIÓN, PASILLO, ESTANCIA Y CAMA DE LA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA, para el único efecto de que el quejoso Omar Giovani Estrada Rugama, no sea reubicado de dormitorio o estancia, y se garantice su integridad en el lugar donde se encuentra recluido. Asimismo, en el supuesto de que el quejoso ya haya sido reubicado, con fundamento en el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE A OMAR GIOVANI ESTRADA RUGAMA LA SUSPENSIÓN DE PLANO CON EFECTO RESTAURATIVO; esto es, para el efecto de que sea reubicado en el dormitorio que originalmente tenía asignado, en virtud de que, de no paralizarse el acto reclamado, se corre el riesgo de que se sufra en su totalidad la violación alegada y el juicio de amparo principal quede sin materia, lo que contradice la finalidad de la medida suspensional de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.10o.P.1 P (10a.), sustentada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2725, Libro 33, Tomo IV, Agosto de 2016, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de texto y rubro siguientes: "REUBICACIÓN DE UN INTERNO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A UNA CELDA DE CASTIGO COMO MEDIDA DISCIPLINARIA. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, CON EL EFECTO RESTAURATIVO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 147, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA. En la reforma constitucional de 6 de junio de 2011 y la posterior emisión de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, se evidenció la voluntad del legislador de garantizar que el juicio de amparo sea una herramienta eficaz en la protección y restauración de los derechos humanos; en función de lo cual, con el artículo 147, párrafo segundo, de la citada ley, se ampliaron los efectos de la suspensión, para que en los casos en que la naturaleza del acto reclamado lo permita, esa figura sirva como medida restitutoria provisional de los derechos afectados por determinado acto y así evitar que el proceso constitucional autónomo pierda su materia al haberse consumado la afectación irremediable a los derechos del quejoso. Por lo anterior, cuando el acto reclamado se hace consistir en una medida disciplinaria impuesta a un interno de un centro penitenciario, como lo es su reubicación a una celda de castigo, y tomando en cuenta que por la premura con que el Juez de amparo resuelve sobre la medida cautelar, no se cuenta con elementos que permitan presumir la legalidad del referido acto, debe concederse la suspensión solicitada con el efecto restaurativo a que se refiere el precepto mencionado, a fin de restablecer al quejoso en el goce del derecho humano vulnerado, a efecto de que se le reinstale en el dormitorio que originalmente le fue asignado, toda vez que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos [Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela], al estar limitada la utilización de las celdas de castigo al tiempo estrictamente necesario y otros requisitos cuyo incumplimiento se traduce en actos de tortura, de no paralizarse el acto reclamado, se corre el riesgo de que se sufra en su totalidad la violación alegada y el juicio de amparo principal quede sin materia, lo que contradice la finalidad de la medida suspensional de que se trata." Apoya lo expuesto la tesis aislada VII.2o.P.9 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicado el viernes 11 de marzo de 2016, Materia Común, registro 2011274, que dice: "SUSPENSIÓN DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE DECRETARLA CONTRA EL TRASLADO DE UN PROCESADO O SENTENCIADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO, SI FUE ORDENADO ÚNICAMENTE POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. El artículo 126 de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de plano y de oficio, entre otros, contra actos que impliquen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 83/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, Tomo I, diciembre de 2015, página 247, de título y subtítulo: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA.", precisó que, derivado de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, la orden de trasladar a un procesado o sentenciado de un centro penitenciario a otro, es competencia exclusiva del Poder Judicial, por lo que, cuando tal mandamiento es emitido por una autoridad administrativa sin la intervención de aquél, debe considerarse que se trata de un acto fuera de procedimiento que afecta indirectamente la libertad personal. En ese orden de ideas, contra el mencionado traslado ordenado únicamente por una autoridad administrativa, procede decretar la suspensión de plano, en términos del aludido artículo 126." Esta suspensión no surtirá efecto alguno si el traslado o reubicación reclamados OBEDECEN AL RIESGO EN LA SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS, DEL SENTENCIADO O POR URGENCIA MÉDICA. Es aplicable la tesis 89, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 536, Tomo XIV, noviembre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece: "SUSPENSIÓN. CUANDO SE CONTRAVIENEN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO CON EL OTORGAMIENTO DE LA. Si bien la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo dispone que se decretará la suspensión del acto recamado siempre que no se contravengan disposiciones de orden público, ello se refiere a intereses de tal manera importantes que con la concesión de la medida cautelar se pueda causar daño a la colectividad y no sólo a los intereses particulares." En la inteligencia que las autoridades responsables deben informar dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la notificación de este auto, sobre el cumplimiento de esta determinación. Apercibidas que de incumplir con lo que aquí se ordena, se impondrá a la omisa multa por la cantidad equivalente a cincuenta días de Unidad de Medida y Actualización, acorde a lo previsto en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, así como el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; sin perjuicio de proceder en su contra por el delito previsto en el numeral 265, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que el acto combatido se encuentra en las hipótesis previstas en el artículo 126, antes transcrito. La suspensión otorgada en este proveído no surte efectos tratándose de actos posteriores a su concesión o si el acto reclamado procede de autoridad distinta de las señaladas como responsables. Lo anterior, surte efectos hasta en tanto se les notifique a las autoridades responsable el auto de ejecutoria que se dicte en el presente asunto. En la inteligencia que el informe que rindan las autoridades foráneas puede enviarse por vía telegráfica o vía fax al teléfono 01 55 53 22 17 00, extensión 1307 y para confirmar a la extensión 1330 o a los correos electrónicos karla.contreras.azuceno@correo.cjf.gob.mx o 10jdo1ctoap@correo.cjf.gob.mx. Sin que pase desapercibido para el suscrito que el promovente señala entre los actos reclamados:  LA INCOMUNICACIÓN DERIVADA DE ESE TRASLADO.  LA DESAPARICIÓN FORZADA DERIVADA DE ESE TRASLADO.  ATAQUE A LA LIBERTAD PERSONAL DERIVADA DE ESE TRASLADO. Al respecto, es preciso dejar establecido que tratándose de los actos a que se refiere el artículo 126 de la Ley de Amparo, deben existir situaciones de modo, tiempo y lugar, de las cuales se infiera que las violaciones al artículo 22 Constitucional sean reales, y no simples expectativas o suposiciones de su posible existencia. En atención a lo anterior, resulta incuestionable que en el caso a estudio, toda vez que el promovente de amparo hace los señalados actos reclamados los hace depender del posible traslado del directo quejoso, no implican una violación al artículo 22 Constitucional; al ser actos futuros e inciertos por lo cual no es procedente realizar pronunciamiento en relación a la suspensión de oficio prevista en el numeral 126 de la ley de la materia. En el entendido que es responsabilidad de las autoridades penitenciarias garantizar la integridad del quejoso en el lugar donde se encuentra recluido DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE PROMOVENTE Con fundamento en la fracción III, del artículo 26, en relación con el numeral 29, de la ley de Amparo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa la lista de acuerdos que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional. Se tiene como como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de Amparo a Rafael Arroyo Gálvez, por contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema descrito en la certificación secretarial. NOTIFICACIÓN DE ESTA DETERMINACIÓN AL DIRECTO QUEJOSO Ahora bien, toda vez que de la demanda de amparo, surge que el quejoso está recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número "Occidente", dado que dicho Centro de Reclusión se encuentra fuera del territorio donde este Juzgado ejerce jurisdicción, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2, de la ley en la materia, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; gírese atento exhorto VÍA ELECTRÓNICA al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; para que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, y en caso de no existir inconveniente legal alguno, tenga por bien comisionar al actuario judicial de su adscripción para que haga lo siguiente: ? Notifique al quejoso Omar Giovani Estrada Rugama, en el Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente", la presente determinación. ? Asimismo, constate las condiciones físicas en que se encuentra, y se cerciore si se encuentra incomunicado; de ser así, verifique que cese de inmediato dicho acto, incluso se le faculta para que en el momento constate que el quejoso directo pueda entablar comunicación con su abogado o con algún familiar. ? ? Haga entrega del oficio dirigido al Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente". En observancia al artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo vigente, se faculta al Juzgado exhortado para que habilite días y horas. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los Secretarios, Oficiales administrativos y Actuarios Judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, en el inciso e) del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como en los diversos artículos 5 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena al Secretario supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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