Omar Gaspar Vázquez
Expediente 402/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 402/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 03/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Omar Gaspar Vázquez
- Juzgado de Oralidad Mercantil Con Sede En León del Estado de Guanajuato
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
VISTA CERTIFICACIÓN, SE DESPRENDE QUE YA TRANSCURRIÓ EL TÉRMINO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 202 DE LA LEY DE AMPARO, A FIN DE QUE LAS PARTES RECURRIERAN EL PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, EN EL QUE SE DECLARÓ CUMPLIDA LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. SE DETERMINA DEPURAR LA PRESENTE PIEZA DE ACTUACIONES. NO OBRAN DOCUMENTOS ORIGIANLES. DEVUÉLVASE EL TOMO DE PRUEBA Y UN DISCO COMPACTO QUE REMITIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE. ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO.
- Principal
León, Guanajuato, veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis. V I S T O el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, de los que se advierte que mediante resolución de siete de julio de dos mil dieciséis, el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo a las labores de este juzgado federal, dictó sentencia en la que concedió la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que el Juez Regional de Oralidad Mercantil, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: ".En tales circunstancias, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Omar Gaspar Vázquez en contra del acto que imputa al Juzgado de Oralidad Mercantil, con sede en León, Guanajuato, consistente en la determinación de tres de febrero de dos mil dieciséis en que se resuelve el incidente de liquidación, emitida dentro del expediente SOM-251/2014, para el efecto de que tal autoridad deje insubsistente dicha resolución, y en su lugar, emita otra en la que, con plenitud de jurisdicción: -De manera fundada y motivada, atendiendo a lo expuesto en este fallo, califique el grado de dificultad del negocio objeto de liquidación de cosas; y -Hecho lo anterior, se pronuncie respecto a la incidencia de cuantificación de cosas que le fue planteada..." Ahora, mediante comunicado 29427 de nueve de agosto actual, dirigido a la autoridad responsable Juez Regional de Oralidad Mercantil de esta localidad, se le informó la ejecutoria dictada en el presente juicio y por tal motivo se le requirió su cumplimiento. Por oficio JOMEL/992/2016 de doce de agosto del presente año, la autoridad responsable comunicó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio constitucional en que se actúa (foja 157 a 170); con ello, por auto de dieciséis de agosto del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que dentro del término de tres días, manifestaran lo que a sus interés conviniera en torno al cumplimiento dado al fallo protector que nos ocupa; tal acuerdo se les notificó, como se desprende de las fojas (172 y 173) del presente expediente. La parte quejosa y tercera interesada, no hicieron manifestación alguna en relación al cumplimiento que dio la responsable a la ejecutoria, por lo que con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo de actual vigencia, este Juzgado Federal procederá a resolver si la sentencia dictada en el presente juicio se encuentra o no cumplida, o bien si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, o si hay imposibilidad para cumplirla. En principio, se considera necesario hacer las siguientes precisiones. El defecto en el cumplimiento de una ejecutoria se actualiza cuando la autoridad responsable deja de hacer algo o de cumplir en su integridad lo ordenado en la resolución de cuya ejecución se trata; mientras que el exceso se verifica cuando la responsable se extralimita en su cumplimiento, al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. Del mismo modo, se estima cumplida una sentencia de amparo, cuando la responsable acata todos y cada uno de los aspectos definidos en el juicio de amparo como violatorios de derechos fundamentales. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable (fojas de la 158 a la 170), las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen valor probatorio pleno, se advierte que en lo medular, se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, pues el Juez Regional de Oralidad Mercantil, mediante resolución de doce de agosto de dos mil dieciséis dejó insubsistente la diversa de tres de febrero del año actual, dictada en el expediente SOM-251/2014, y al efecto emitió una nueva con plenitud de jurisdicción, en la que calificó que el grado de dificultad del negocio es media, ya que el asunto no presentó una complejidad elevada, pues para su éxito resultó fundamental únicamente prueba de naturaleza documental, aunado a que no surgieron incidencias extraordinarias durante el proceso, y la participación de la parte actora en las audiencias fue mínima (solo fueron dos ocasiones), ya que la parte demandada no compareció, de manera que no hubo contradicción en las participaciones de su contraria. De la misma forma, dada la exposición de la demanda el litigio originado a virtud de la contestación no superó el grado de estudio requerido, ya que la parte demanda se limitó a invocar en favor de sus intereses, de ahí que la actora se haya limitado a ponderar en el desahogo de la vista una confesión expresa, tornándose así que la contestación de demanda no fue compleja para el actor. Asimismo, se observó que no se interpusieron recursos o incidentes sustentando el grado de dificultad media también en el importe reclamado, el cual no es mayor al establecido a la legislación mercantil para dar competencia a los juzgados de procedimientos orales, los cuales se tramitan de manera abreviada o sumaria. Con base a lo anterior se pronunció respecto al incidente de cuantificación de costas procesal en la que aprobó únicamente la cantidad de $30,869.76 (treinta mil ochocientos noventa y nueve pesos 76/100 unidades de medida y actualización) atendiendo a que las costas procesales se orientan con criterio de discrecionalidad y dificultad en el asunto. Así, después de analizar la sentencia protectora en este proceso constitucional, se observa que todos y cada uno de los efectos jurídicos de la misma fueron cumplidos por la autoridad responsable; debido a que la responsable expuso las razones y motivos por las que ubico el grado de dificultad del negocio como "media", haciendo estudio de la importancia técnica del juicio su dificultad científica y la carga de trabajo que representó para las partes, las incidencias acaecidas, la forma en que se trabó la litis, las pruebas ofrecidas y desahogadas, el tiempo de duración del juicio y demás acontecimientos ocurridos durante su tramitación; de tal suerte que con ese proceder la responsable acató el núcleo esencial del fallo protector. Del mismo modo, se aprecia que no incurrió en defecto, puesto que no omitió dar cumplimiento a alguna parte de la sentencia amparadora, pues como se dijo, observó todos los aspectos sobre los que se concedió el amparo; como tampoco se extralimitó en sus funciones (exceso), sino que su proceder se ajustó a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de mérito, restituyendo a la quejosa sus derechos fundamentales violados. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo de actual vigencia, se declara cumplida la ejecutoria de amparo en su totalidad; ordenándose hacer del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos de los numerales 201 y 202 de la ley de la materia, y una vez transcurrido el plazo legal de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin manifestación al respecto, procédase a determinar lo conducente en relación al caso particular. Finalmente, dígasele a las autoridades responsables y a las demás partes de este juicio constitucional que, transcurrido el plazo legal para intentar el recurso de inconformidad en contra de la presente calificación de cumplimiento, de no recibir notificación formal por parte de este tribunal, deberá presumirse que no se promovió el medio de impugnación aludido, y que por esa razón la determinación asumida en este proveído adquirió firmeza, sin necesidad de comunicación oficial al respecto. Notifíquese personalmente.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN IV, 30, FRACCIONES II Y III Y 31, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMAPARO, SE NOTIFICA POR ESTA VÍA A LA PARTE QUEJOSA Y DE MANERA ELECTRÓNICA A LA TERCERA INTERESADA BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANCOMER, POR CONDUCTO DE ALEJANDRO REYES LAPARRA, EL PROVEÍDO DE DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE EL CUAL INFORMA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DADO A LA EJECUTORIA DE AMPARO Y SE DA VISTA A LAS PARTES A EFECTO DE QUE EXPRESEN LO QUE A SU INTERÉS CONVENGA.
- Principal
CAUSA EJECUTORIA RESOLUCIÓN DE SIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS. SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL A LA PARTE QUEJOSA, SIN MEDIO DE IMPUGNACIÓN INTERPUESTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, APLICADO SUPLETORIAMENTE EN VISTA DE LO PREVENIDO POR EL NUMERAL 2 DE LA LEY DE AMPARO. TODA VEZ QUE EL JUEZ REGIONAL DE ORALIDAD MERCANTIL; FUE QUIEN INCURRIÓ EN LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL QUEJOSO, REQUIÉRASELE PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE TRES DÍAS, CUMPLA CON LA EJECUTORIA DE AMPARO, EN VIRTUD DE QUE ES ESA AUTORIDAD, A QUIEN CORRESPONDE HACER QUE LAS COSAS VUELVAN AL ESTADO EN QUE SE ENCONTRABAN ANTES DE LA TRASGRESIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL PETICIONARIO DEL AMPARO. SE APERCIBE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO CON LA EJECUTORIA DE AMPARO DENTRO DEL PLAZO CONCEDIDO, SIN CAUSA JUSTIFICADA, SE LE IMPONDRÁ UNA MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN; Y DE IGUAL FORMA, SE REMITIRÁ EL PRESENTE EXPEDIENTE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA CIVIL O A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SEGÚN EL CASO, PARA SEGUIR EL TRÁMITE DE INEJECUCIÓN, QUE PUEDE CULMINAR CON LA SEPARACIÓN DE SU PUESTO Y SU CONSIGNACIÓN.
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