Omar García Trujillo

Expediente 232/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
232/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
30/11/2022

Partes del expediente

  • Omar García Trujillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase desapercibido el hecho de que no se cuenta con los acuses de recibo dirigido a las autoridades responsables JUEZ DE CONTROL DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DE MORELOS, YAREDY MONTES RIVERA, AGENTES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE APREHENSIONES Y MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA LA SALUD, EN JOJUTLA, MORELOS, mediante el cual se le comunicó la sentencia dictada en los presentes autos, toda vez que dicha situación no es obstáculo para que la resolución cause estado en términos del artículo 87 fracción segunda de la Ley de Amparo; no obstante lo anterior, remítase a la autoridad responsable copia de la sentencia dictada en autos, para su conocimiento. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado de dicho incidente al cuaderno principal, así como del original en toda vez que encuadra en la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso c), de dicha normativa, ello en razón de que la medida cautelar fue negada en definitiva. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, a diez de mayo de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito signado por Rodrigo Martínez Serrano, en su carácter de apoderado legal de la pate quejosa; al respecto, agréguese a los autos para que obre como corresponda, reservándose acordar lo conducente, ello hasta en tanto, cause ejecutoria la sentencia dictada. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la razón de imposibilidad suscrita por el actuario adscrito, por el cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa de la sentencia dictada en autos; al respecto, se tienen por hechas las manifestaciones vertidas por el fedatario judicial; en consecuencia, se ordena notificar a la parte quejosa Jesús Corona Damián, la determinación antes referida, así como los subsecuentes proveídos, aún las de carácter personal, por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal y en el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA LA RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTIDÓS DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIUNO EN LA QUE SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el seis de marzo de dos mil veinte, en el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Jesús Corona Damián, por su propio derecho solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: Autoridades responsables: Congreso del Estado, Gobernador Constitucional del Estado, Secretario de Gobierno del Estado, Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, Comisionado de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Director General de la Policía Preventiva de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Policía Primero Designado para supervisar y ejecutar las instrucciones operativas en materia de Seguridad Pública del Municipio de Yecapixtla, Ciudad Ayala y Yautepec, Morelos. Acto reclamado: ".Como ordenadoras. 1. Cámara de Diputados. (sic) a) La discusión, aprobación, expedición de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el 19 de julio del 2017 en particular su artículo 11 fracción III y b) Las consecuencias mediatas e inmediatas, directas e indirectas derivadas de la entrada en vigor de la norma señalada con anterioridad. 2. Gobernador. a) La promulgación, expedición, firma, refrendo y la orden de mandar a publicar de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el 19 de julio del 2017 en particular su artículo 11 fracción III . 3. Quinta Sala. la aplicación del artículo 11 fracción III de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, mediante acuerdo en el que SE DECRETA UN ARRESTO POR TREINTA Y SEIS HORAS, mediante acuerdo de 21 de febrero del 2020, y publicado e boletín judicial el día 06 de marzo del 2020. Como ejecutoras 4. Comisionado de Seguridad Pública., la ejecución de la orden de arresto. 5. Director General de la Policía Preventiva. la ejecución de la orden de arresto. 6. Policía Primero Designado. del Municipio de Yecapixtla, Morelos, la ejecución de la orden de arresto. 7. Policía Primero. del Municipio de Ayala, Morelos, la ejecución de la orden de arresto. 8. Policía Primero Designado. Municipio de Yautepec, Morelos, la ejecución de la orden de arresto." SEGUNDO. El diez de marzo de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 321/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables:  La constitucionalidad del artículo 11, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, por su entrada en vigor.  La aplicación del artículo 11, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veinte, que decreta un arresto por treinta y seis horas. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, Comisionado de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Director General de la Policía Preventiva de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Policía Primero Designado para supervisar y ejecutar las instrucciones operativas en materia de Seguridad Pública del Municipio de: Yecapixtla, Ciudad Ayala y Yautepec, Morelos, pues así lo manifestaron al rendir el informe justificado, en su respectiva esfera de competencia, respecto a la orden de arresto por treinta y seis horas. En consecuencia, al no demostrarse la existencia de los mencionados actos reclamados a las autoridades responsables, no obstante que tal carga procesal le corresponde a la parte quejosa, esta autoridad, estima que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; y por ende, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado en la jurisprudencia número VI. 2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, página. 627, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Congreso del Estado y Gobernador del Estado, ambos de Morelos, aceptaron el acto reclamado cada cual en el ámbito de su competencia, en cuanto a la existencia del acto reclamado, artículo 11, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Además, en cuanto al reclamo de leyes, éstas no son objeto de prueba, pues la existencia de las normas no depende del contenido de los informes de las autoridades responsables, ya que basta con que estén publicadas en el Diario o en el Periódico Oficial correspondiente para tener por acreditada su existencia, así como para que las autoridades estén obligadas a tomarlas en cuenta, en razón de su naturaleza y obligatoriedad, en consecuencia, a conocer su contenido y alcance. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J.65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, agosto de 2000, a página 260, de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.". QUINTO. Causas de improcedencia fundadas. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que respecto del acto reclamado consistente en la constitucionalidad del artículo 11, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII y XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la última fracción con relación al artículo 107, fracción I, del propio ordenamiento, aplicado en sentido contrario; que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.". En ese contexto, se actualiza la causal de improcedencia, por las consideraciones que se precisan a continuación. De acuerdo con los numerales trascritos el primer acto de aplicación de una disposición de observancia general que permite impugnar su constitucionalidad a través del juicio de amparo debe trascender a la esfera jurídica del gobernado, y a la vez generar un perjuicio que se traduzca en cualquier afectación jurídicamente tutelada. Así, debe tenerse presente que cuando en el juicio de amparo se reclama una ley, reglamento, decreto o un acuerdo debe demostrar que éste lesione su esfera de derechos ya que de no demostrarse que el quejoso se encuentra dentro de los presupuestos procesales que regulan las leyes cuya constitucionalidad impugnó, no debe tenerse por satisfecho ese requisito procesal consistente en acreditar la afectación, pues, se reitera al tratarse de una norma de carácter heteroaplicativa no le causa perjuicio a la parte quejosa por su sola vigencia, sino que se necesita un acto posterior de aplicación para que se origine tal afectación. Así, para estar en aptitud de hacer valer la acción de amparo cuando se impugna un ordenamiento legal con motivo del que se dice es su primer acto de aplicación, surge al quedar demostrada que existe la individualización de la ley respecto del gobernado, esto es, que efectivamente la aplicación de la norma general tildada de inconstitucional acarrea una afectación en la esfera jurídica del particular. Da sustento a lo anterior, en lo que corresponda, la tesis del Pleno del Alto Tribunal de Justicia de la Nación, consultable en la página 92 del Tomo II, Noviembre de 1995, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN, EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERÉS JURÍDICO. El análisis gramatical y sistemático de los artículos 73, fracción VI, in fine y 4o. de la Ley de Amparo, permite colegir que no cualquier acto de aplicación de la ley reclamada puede ser impugnado en el juicio de garantías, sino que es una exigencia ineludible que la acción constitucional se ejercite con motivo del primer acto de aplicación que afecte al gobernado, en su interés jurídico, pues de lo contrario se vulneraría el principio de 'instancia de parte agraviada', contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha podido causar ningún perjuicio al promovente". Ahora bien, el impetrante de amparo tilda de inconstitucional la discusión, expedición y promulgación del artículo 11, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que refiere les fue aplicada en el acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veinte, donde refiere se decreta la imposición de un arresto por treinta y seis horas, y refiere es como se concretó el primer acto de aplicación de la norma reclamada. Sin embargo, en el caso en concreto la responsable Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, al rendir el informe justificado en términos de los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, informó que al realizar una búsqueda precisa y minuciosa en el expediente TJA/5ªS/150/2017, no encontró auto de imposición de un arresto por treinta y seis horas contra el quejoso, de ahí que, no haya aplicado dicho precepto legal para emitir la sanción reclamada, así no se justifica el primer acto de aplicación de la norma legal que tilda de inconstitucional. De esta forma es dable concluir que al no quedar corroborado el acto de aplicación, y por ende su afectación a la esfera de derechos de la parte gobernada, es inconcuso que se actualizó la causal de improcedencia desarrollada en líneas que anteceden. En relación con lo expresado, resulta aplicable el contenido de las jurisprudencias 340 y 341, visibles en las páginas 395 a 397, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, de rubros y textos siguientes: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE IMPUGNAN POR SU PRETENDIDA APLICACIÓN Y NO POR SU APLICACIÓN CONCRETA, EL JUICIO DE AMPARO RESULTA IMPROCEDENTE. Si se reclama la expedición, promulgación y publicación de una ley porque con base en ella se pretende cobrar a la quejosa determinados derechos, aun cuando los actos de las autoridades se hayan tenido por presuntivamente ciertos, si no se señala el acto de aplicación, sino simplemente se expresa que las ejecutoras tratan de aplicar la ley, como no se impugna propiamente el mencionado cuerpo legal por su aplicación concreta al caso especial de la quejosa, sino por su pretendida aplicación, sin que ésta se haya demostrado, debe sobreseerse en el juicio". "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. Para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, o sea, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la inminencia de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías, sino que sólo genera la presunción de que tal aplicación ha de realizarse, sin conocerse circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio". Por tanto, es patente que la parte disconforme no resintió el contenido de la norma que tilda de inconstitucional, puesto que no se encuentra probado el acto de aplicación al que alude en la demanda de amparo, ni su afectación, por lo que en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, de ahí que lo procedente es con fundamento en la fracción V, del artículo 63, de la ley de amparo sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable al caso, la tesis número 2a./J. 12/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 323 del Tomo VII, marzo de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual a la letra dice: "LEYES HETEROAPLICATIVAS QUE NO CAUSEN PERJUICIO AL QUEJOSO. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN I, CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a la técnica del juicio de garantías, para analizar el aspecto sustantivo de una norma, con motivo de su primer acto de aplicación, debe existir como presupuesto que la misma haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, para que se estime aplicada. De no ser así, la ley reclamada no causa perjuicio y el amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, ésta en concordancia con el artículo 114, fracción I, contrario sensu, de la ley de la materia." En mérito de lo anterior, se estima innecesario realizar mayor pronunciamiento respecto de los conceptos de violación, debido a que la improcedencia de la acción constitucional impide el estudio de fondo del asunto. A las consideraciones precedentes sirve de apoyo la jurisprudencia 1028 del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por último, sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, al rendir el informe manifestará que en acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil veinte, apercibió a la parte quejosa que de no cumplir con la sentencia a que fue condenada, con imponerle un arresto hasta de treinta y seis horas, en el expediente TJA/5ªS/150/2017, acto que no combate en lo particular, máxime que la propia responsable informa que contra el mismo, interpuso juicio de amparo indirecto 330/2020, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, que está en trámite. Por lo expuesto, y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy veintidós de enero de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde la Jueza de Primera Instancia Especializada de Control, del Distrito Único del Estado de Morelos, con sede en Jojutla; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe para que se imponga de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Julián Pantaleón Suárez, que autoriza y da fe. Doy fe.

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