Omar Garcia Pineda

Expediente 125/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
125/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
23/07/2021

Partes del expediente

  • Omar Garcia Pineda

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Como según constancia secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de garantías promovida por la parte quejosa precisada en supra líneas, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos procedentes. En atención a lo anterior, vista la constancia secretarial se obtiene que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que se desechó la demanda de garantías, lo anterior de conformidad con los artículos 12, 14, 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General.". Además, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por -, por su propio derecho, contra actos del Pleno del Poder Judicial del Estado de Michoacán y otra autoridad; Regístrese en el libro de gobierno con el número IV-125/2021-2. Ahora bien, respecto del acto que se reclama consistente en el Acuerdo General del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, que prorroga las acciones y medidas de carácter temporal sobre la contingencia de la propagación de la pandemia generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), de fecha doce de febrero del año en curso, publicado en la página oficial del Poder Judicial del Estado de Michoacán y Periódico Oficial del Estado de Michoacán, mediante el cual suspende el seguimiento del proceso penal -, que se sigue en su contra, estando privado de la libertad, el suscrito juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que a la letra dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Bajo esa consideración, el suscrito advierte que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que el quejoso en su escrito de demanda de amparo, reclama el Acuerdo General del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, que prorroga las acciones y medidas de carácter temporal sobre la contingencia de la propagación de la pandemia generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), de fecha doce de febrero del año en curso, publicado en la página oficial del Poder Judicial del Estado de Michoacán y Periódico Oficial del Estado de Michoacán, mediante el cual suspende el seguimiento del proceso penal -, que se sigue en su contra. Siendo así que el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, en sesión extraordinaria de diecisiete de febrero del dos mil veintiuno, emitió un nuevo acuerdo en el que establece disposiciones generales para retomar la totalidad de las actividades relacionadas con el Servicio de impartición de justicia que presta el Poder Judicial a partir del veintidós de febrero de dos mil veintiuno; por tal razón se aprecia que el acuerdo reclamado de doce de febrero pasado, fue sustituido por el diverso de diecisiete de febrero del año en curso, por ende resulta obvio que cesaron los efectos de dicha determinación emitida por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, toda vez que el acuerdo que recayó al medio de defensa intentado (acuerdo del diecisiete de febrero del año en curso), sustituyó procesalmente al dictado el doce de febrero del presente año, por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, razón por la cual sería esta nueva determinación (acuerdo del diecisiete de febrero del dos mil veintiuno) y no el diverso de doce de febrero de dos mil veintiuno, la que de manera extraordinaria podría ser materia de estudio a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios, además porque de estimarse lo contrario podría propiciarse la emisión de sentencias contradictorias. Ello es así, en virtud de que de una interpretación sistemática de la norma legal citada, se deduce que dicha causal de improcedencia se puede actualizar mediante dos supuestos a saber: por revocación, y por sustitución procesal. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo caso se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Ilustra la idea anterior la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto establecen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Situación esta última que acontece en la especie, pues como se aprecia de la lectura integral de la demanda, el hoy quejoso reclama el acuerdo emitido el doce de febrero de este año, por el que se prorroga las acciones y medidas de carácter temporal por la contingencia de la propagación de la pandemia generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), el cual resulta improcedente por haber quedado sustituido por el diverso de diecisiete de febrero de los corrientes, en el que establece las disposiciones generales para retomar la totalidad de las actividades relacionadas con el servicio de impartición de justicia que presta el Poder Judicial a partir del veintidós de febrero de dos mil veintiuno, lo que conduce necesariamente a considerar que cesaron los efectos de la determinación que por esta vía constitucional se impugna, tornando improcedente el juicio de garantías respecto del acuerdo de doce de febrero del mismo año; ya que resultaría ocioso examinar su constitucionalidad. Por ende, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, en relación con la fracción V, del diverso 63, ambos de la Ley de Amparo. En otro aspecto, hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que cause estado el presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Como lo solicita, se ordena a la Analista Jurídico (SISE) dar de alta el nombre del usuario -, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que el promovente tenga acceso al expediente electrónico y reciba las notificaciones personales; de igual forma, téngasele proporcionando el número de teléfono -, y el correo electrónico -, para que se establezca como medio de contacto. Finalmente, se tienen como autorizados del quejoso a las personas que indica, con las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud a que como se desprende de la constancia secretarial, se encuentran registradas sus respectivas cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese.

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