Omar Francisco Quezada Becerril
Expediente 815/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 815/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 27/11/2019
Partes del expediente
- Omar Francisco Quezada Becerril
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el estado procesal. se cambia la calificación de archivo. se regulariza el procedimiento. Notifiquese.
- Principal
III) Toluca, Estado de México; dieciocho de mayo de dos mil diecisiete. Por recibido el escrito signado por Ana Elena Torres Garibay autorizada de la parte quejosa y atento a su contenido se provee lo siguiente: Con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, devuélvase a la promovente los documentos a que hace alusión, previa comparecencia que por su recibo se deje en autos e identificación oficial vigente y copia simple de la misma que presente. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; ocho de agosto de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta evidencia que los quejosos ******************** y ********************, dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrieron la sentencia de dieciocho de julio de dos mil dieciséis, en la cual se sobreseyó en el presente asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha adquirido firmeza procesal para todos los efectos legales procedentes. Ahora, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por tanto, en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. En ese orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: - El presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo de referencia), pues, se sobreseyó en el presente asunto. - No existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia). - A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. A la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Adscrito al Primer Turno de la Agencia Especializada en Justicia para Adolescentes en Toluca, Estado de México, devuélvase la copia certificada de la averiguación previa TOL/AEA/I/405/2016 que anexó como complemento a su informe justificado. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Israel Díaz Reyna, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 815/2016-III; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado ante la Secretaria Encargada de recibir demandas urgentes adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el cuatro de junio de dos mil dieciséis, Yenedid Isabel Quezada Becerril en representación de Omar Francisco Quezada Becerril y Edwin Josué Montes de Oca Martínez promovieron juicio de amparo contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES. "- Procurador General de Justicia del Estado de México. - Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno de la Fiscalía de Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México - Comisario de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México." ACTOS RECLAMADOS. "-Incomunicación. - Golpes. - Privación de libertad fuera de procedimiento." SEGUNDO. Derechos humanos violados. La parte quejosa señaló como derechos humanos violados, los contenidos en los artículos 14, 16, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del amparo. Recibida la demanda en este Juzgado de Distrito, se registró con el juicio de amparo indirecto 815/2016-III; por auto de cuatro de junio de dos mil dieciséis, se admitió; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y se señaló hora y día para la audiencia constitucional; la cual, previo diferimiento se llevó a cabo en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 35 y 37 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el acto reclamado tiene vinculación con la libertad de los quejosos, el cual pudiera ser de imposible reparación, emitido por una autoridad con residencia oficial dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, resulta necesario precisar cuáles son éstos, tal como lo prevé el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo; realizando para tal efecto, un análisis conjunto de la demanda de garantías que atienda a lo que materialmente se pretende, tal y como lo ha dispuesto nuestro máximo Tribunal de la República. Es aplicable en este sentido, la jurisprudencia 40/2000, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Tomo XI, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, es aplicable por las razones que la contienen, la tesis P. VI/2004 consultable en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epílogo y sinopsis son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura integral de la demanda de amparo se deduce que Omar Francisco Quezada Becerril y Edwin Josué Montes de Oca Martínez reclaman por esta vía constitucional: - Incomunicación. - Golpes. - Privación de libertad fuera de procedimiento judicial TERCERO. Certeza del acto reclamado. En toda sentencia de amparo debe analizarse y resolverse respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y, en caso de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior, porque de no ser ciertos los actos combatidos resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, se torna imposible legalmente analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de garantías sea procedente. A lo anterior sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia 10, visible en la página 68 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Abril de 1994, Tomo 76, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." CUARTO. La Agente del Ministerio Público Habilitada adscrita a la Dirección General Jurídica y Consultiva en representación del Procurador General de Justicia del Estado de México y del Comisario General de la Policía Ministerial, al rendir informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados que la parte agraviada hizo consistir en incomunicación, golpes y la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial. Por su parte, el Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de la Agencia Especializada en Justicia para Adolescentes en Toluca, Estado de México, al rendir informe justificado negó la existencia de los actos reclamados consistentes en incomunicación y golpes. Sin que los impetrantes del amparo hayan aportado prueba alguna para desvirtuar tales negativas dentro de la secuela del procedimiento, o en la propia audiencia constitucional, pues oportunamente se le dio vista con el contenido de los informes justificados, a efecto de que estuvieran en aptitud de aportar los medios de prueba que consideraran pertinentes para acreditar lo contrario, pese a lo cual no realizaron; razón por la cual debe sobreseerse en este juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo vigente, respecto de los actos atribuidos a las autoridades precisadas con antelación. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número 284, en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Y, la tesis VI.2o.A.4 K, consultable en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 2002, Tomo XV, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." QUINTO. El Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de la Agencia Especializada en Justicia para Adolescentes en Toluca, Estado de México, al rendir informe justificado, manifestó que el cinco de junio de dos mil dieciséis, los quejosos Omar Francisco Quezada Becerril y Edwin Josué Montes de Oca Martínez, se ejerció acción de remisión al Juzgado de Adolescentes con sede en Zinacantepec, Estado de México, razón por la cual procede presumir cierto el acto referido como privación de libertad. Se estima aplicable, en lo conducente, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV-Julio, Octava Época, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Lo cual se corrobora con el contenido de las copias certificadas de la averiguación previa TOL/AEA/I/405/2016, remitida como complemento a su informe, a la cual se concede valor probatorio pleno, en conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por su aplicación, se invoca la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 231 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo contenido es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte, el Comisario General de la Policía Ministerial y el Procurador General de Justicia del Estado de México, negaron la existencia del acto reclamado consistente en la privación de la libertad fuera de procedimiento. Sin embargo, procede hacer extensiva la afirmación del Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de la Agencia Especializada en Justicia para Adolescentes en Toluca, Estado de México, al acto de ejecución reclamado a ellos, pues demostrada la existencia del acto reclamado a la autoridad ordenadora, es inminente la ejecución de éste y por su condición de ejecutoras están obligadas a llevar a cabo la ejecución material del acto reclamado, habida cuenta de que por la naturaleza propia de sus funciones legalmente establecidas, es indudable que en su oportunidad deberá proceder a ejecutar por sí, o a ordenar a subalternos la ejecución del acto, razón por la cual ha de considerarse los actos de ejecución que se reclaman como de realización inminente, por lo cual deberá quedar sujeta a lo que en este fallo se resuelva. Al respecto resulta aplicable por similitud jurídica, la tesis publicada en la página 56 del Semanario Judicial de la Federación, Enero a Junio de 1999, Tomo lll, Segunda Parte-1, Octava Época, que establece: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR LAS AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." SEXTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, antes que cualquier otra cuestión, en conformidad con lo dispuesto artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." El artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento cuando apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia previstas en el capítulo anterior (capítulo VII) de dicho ordenamiento. En ese orden, las constancias remitidas por el Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de la Agencia Especializada en Justicia para Adolescentes en Toluca, Estado de México, evidencian que la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial dejó de tener efectos con la remisión de diligencias al Juez para Adolescentes del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con sede en Zinacantepec, a fin de que se avocará al conocimiento de los hechos y resolviera conforme a sus atribuciones contra los quejosos Edwin Josué Montes de Oca Martínez y Omar Francisco Quezada Becerril. En consecuencia, a la fecha los efectos del acto reclamado han cambiado, pues la privación de la libertad llevada a cabo contra los quejosos y reclamada a las autoridades responsables dejó de existir, a virtud de que se remitieron las diligencias practicadas en la averiguación previa al Juzgado para Adolescentes del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con sede en Zinacantepec, para que resolviera lo que en derecho correspondiera, con lo cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que obliga a decretar el sobreseimiento en términos de lo establecido en la fracción V, del artículo 63 del mismo ordenamiento. Sobre el particular se invoca, la tesis número IV.2o.P.43 P, publicada en la página 1373, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre de 2009, Tomo XXX, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, que establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación jurídica generada por tal consignación." En el caso a estudio se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, con base en los siguientes razonamientos. El artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Es pertinente destacar que de conformidad con lo transcrito, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando se presentan las siguientes condiciones: a) El acto del cual se inconforman los inculpados emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo llevado a cabo en forma de juicio; b) Se pronuncie una resolución en el juicio de origen, la cual cambie la situación jurídica de los agraviados en la cual se encontraban por virtud del acto reclamado en el amparo; c) No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, deban considerase consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Haya autonomía o independencia entre el acto reclamado en el juicio de garantías, y la última resolución dictada en el procedimiento relativo. Lo anterior, evidencia de manera contundente la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por cambio de situación jurídica de los agraviados, lo cual provoca que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a las responsables con la orden de remisión de diligencias al Juzgado para Adolescentes del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con residencia en Zinacantepec, para seguir con el procedimiento respectivo. En ese orden, sí se cumplen los supuestos para la actualización de la causal de improcedencia en estudio, pues los actos de los cuales se duelen los impetrantes del amparo provienen de un procedimiento administrativo. Sobre lo expuesto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número 470, visible en la página 357, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, Tomo II, Materia Penal, cuyo contenido es: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL OCHO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. Si el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión y con posterioridad se decreta auto de formal prisión, se produce un cambio de situación jurídica y se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo reformada, según publicación en el Diario Oficial de la Federación del ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, como así se desprende del texto que dice: "Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;". La que entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el nueve del mismo mes y año, según su artículo transitorio primero, que dice: "El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación." Por tanto, es incuestionable que en el caso operó un cambio de situación jurídica y se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII en relación con el diverso 63, fracción V de la Ley de Amparo vigente; en tales condiciones procede sobreseer en el presente juicio de amparo por cuanto a los actos descritos en este considerando. En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además, en los artículos 74, 75, 119, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Omar Francisco Quezada Becerril y Edwin Josué Montes de Oca Martínez, contra los actos y autoridades precisadas en el resultando primero, y por las razones expuestas en los considerandos cuarto y sexto del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora, que autoriza y da fe.
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