Omar Fonseca González
Expediente 429/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 32 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 429/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 03/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Omar Fonseca González
- Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco, Puente Grande
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
En tres de octubre de dos mil veintidós, el Secretario Certifica: Que el plazo de diez días con que contaba la parte quejosa para recurrir la sentencia de cinco de septiembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio, transcurrió de la siguiente manera: Para el quejoso Omar Fonseca González, del trece al treinta de septiembre del año en curso, virtud a que fue notificado en nueve del mismo mes y anualidad; y, Para su defensor, del doce al veintinueve de septiembre del año que transcurre, al haber sido notificado electrónicamente en nueve de septiembre pasado. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe. Con lo anterior, y con el estado de autos, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, tres de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 21/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que no fue impugnada la resolución de cinco de septiembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó el juicio de amparo, por lo que, con fundamento en el artículo 81 fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Orden de archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como que las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3.1. Incidente de suspensión. Asimismo, acorde con el artículo 21, inciso c), del citado Acuerdo General, el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3.2. Una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el juicio principal, así como el original del incidente de suspensión, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, del mencionado acuerdo. 3.3. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20 del Acuerdo General, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. 5. Devolución de constancias. Toda vez que resulta innecesaria la permanencia de las constancias que envió como justificante de su informe el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, Municipio de Juanacatlán, devuélvanse mediante atento oficio que se enviará a través del servicio de mensajería acelerada denominado "Estafeta", solicitándole, se sirva acusar el recibo de estilo. Notifíquese.
- Principal
SENTENCIA Visto, para resolver, los autos que integran el juicio de amparo 429/2021, promovido por Omar Fonseca González; contra actos del Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande; y otra autoridad, y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el quince de junio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, Omar Fonseca González, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra de las autoridades que hicieron consistir en: "AUTORIDAD RESPONSABLE 1).- Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco. 2).- Titular de la Dirección General de Control de Sentenciados en Libertad del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social en la Ciudad de México. ACTO RECLAMADO 1).- LA OMISIÓN de dar trámite a lo solicitado en exhorto 208/2021 del día 3 de mayo de 2021, al JUEZ TERCERO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE JALISCO, solicitud de remisión parcial de la pena del año 2003 al 2021, DENTRO DE LA CAUSA PENAL 109/2003 IX. 2).- La OMISIÓN de rendir los informes de la lista de asistencia del año 2003 al 2021, en los reclusorios y Centros Federales, que reclamó de la TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE SENTENCIAS EN LIBERTAD DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO". El promovente de amparo expuso que se transgredió el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Competencia declinada por el Juzgado Décimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León. Por auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno (fojas 2 a 5), el Juez Décimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, a quien le correspondió conocer de la demanda, la tuvo por recibida y la registró como amparo indirecto número 452/2021; y, determinó que era legalmente incompetente por razón de territorio, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de este juicio, por lo cual, la remitió a la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, para que lo turnara al juzgado que por razón de turno correspondiera conocer. Trámite de la demanda de amparo ante éste Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, se turnó el expediente de que se trata a este órgano de control constitucional, y en proveído de veinte de julio siguiente (fojas 33 a 37), se recibieron las constancias relativas al juicio de amparo indirecto 452/2021, del índice del Juzgado Décimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León; se registró como número de amparo directo 429/2021; en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se aceptó la competencia planteada; se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; tomando en consideración que el quejoso esta privado de la libertad; se solicitó al Delegado del instituto Federal de la Defensoría Pública, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, para que designara un asesor o representante legal para que lo asistiera; y se señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. En proveído de trece de agosto de dos mil veintiuno (fojas 250 y 251), se estimó que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo; por lo que, se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Inconforme con la referida determinación, el quejoso Omar Fonseca González, interpuso recurso de revisión, del que conoció el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, lo registró como amparo en revisión 235/2021, y en sesión de nueve de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 314 a 324), revocó el auto impugnado, y ordenó reponer el procedimiento, a efecto que se continuara con el procedimiento en el amparo indirecto, en el entendido de que se debía dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido por el titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Control y Readaptación Social, en representación del Director de Control de Sentenciados en Libertad de Prevención y Readaptación Social; y señalar día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional y en su oportunidad resolver lo que conforme a derecho proceda. En cumplimiento a la referida determinación, en proveído de doce de enero de dos mil veintidós (fojas 328 y 329), se ordenó dar vista a la parte quejosa con el informe justificado de las autoridades responsables y se señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. Seguido el juicio por sus cauces legales, a las trece horas con veintinueve minutos del nueve de marzo de dos mil veintiuno, se celebrado audiencia constitucional, y se emitió sentencia en la que se sobreseyó el juicio de amparo, al estimar que respecto de los actos reclamados se actualizaban las causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo (fojas 349 a 361). Inconforme con la referida determinación, el aquí quejoso interpuso recurso de revisión, del que conoció el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, lo registró con número de amparo en revisión 101/2022, y en sesión de veintitrés de junio de dos mil veintidós (fojas 401 a 412), revocó la resolución recurrida, y ordenó reponer el procedimiento, para efecto de: Emitir acuerdo donde se ordene notificar personalmente al quejoso, el auto de catorce de octubre de dos mil veintidós, que adjuntó el Juez responsable al oficio MIX/304/2022, de once de febrero de dos mil veintidós y, prevenir para que, dentro del plazo de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surtan efectos las notificaciones, manifieste si es su deseo ampliar la demada de amparo, respecto de tal actuación, con el apercibimiento correspondiente. Hecho lo anterior, se continuara con el trámite, y llegado el momento, resolviera lo que en derecho correspondiente. En cumplimiento a lo anterior, en auto de doce de julio de dos mil veintidós (fojas 424 y 225), se ordenó prevenir al quejoso por el plazo de quince días, a efecto que manifestara si era su voluntad ampliar o no la demanda, respecto del auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno, dictado dentro de la causa penal 109/2003-IX, mediante el cual, la autoridad responsable negó la solicitud de otorgar al quejoso alguno de los beneficios preliberacionales previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal; asimismo, señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. El quince de julio de dos mil veintidós (foja 430), el actuario adscrito a este órgano de control constitucional, realizó la notificación, así como la prevención ordenada en autos al quejoso, quien expuso: ".Quedó enterado, recibe copia indicada y si es su deseo ampliar la demanda de amparo." En esas condiciones, en proveído de dieciocho de julio siguiente (foja 431), vista la notificación y prevención de mérito, así como la manifestación del quejoso, se admitió a trámite la ampliación de demanda, respecto del auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno, dictado por la autoridad responsable Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, dentro de la causa penal 109/2003-IX; se solicitó el informe justificado respectivo; se señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. Asimismo, se requirió a la licenciada Graciela López Padilla, como defensora publica del quejoso, a quien se ordenó correr traslado con las constancias del presente juicio de amparo y se le requirió para que dentro del plazo de tres días, compareciera a aceptar y protestar el cargo conferido. Por auto de uno de agosto de dos mil veintidós, se tuvo a la citada profesionista aceptando y protestando el cargo que le fue asignado como defensora pública del quejoso Omar Fonseca González, en el juicio en que se actúa; y se le dio vista para que atendiera la solicitud de su defendido y gestionara lo que en su derecho conviniera. Finalmente, previo diferimiento, el cinco de septiembre de dos mil veintidós, se desahogó la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción IV, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que precede, en virtud de que la parte quejosa reclama la omisión de dar respuesta a peticiones que tienen ejecución en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", el cual, tienen domicilio en Buenavista Tomatlán, Michoacán, lugar en donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 y tesis VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De la lectura íntegra de la demanda, se advierte que el quejoso Omar Fonseca González, reclama: Del Juez Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande: La omisión de dar trámite a la solicitud de remisión parcial de pena, realizada por el quejoso durante la diligencia de notificación de tres de mayo de dos mil veintiuno, dentro del exhorto 208/2021, derivado de la causa penal 109/2003-IX. El proveído de catorce de octubre de dos mil veintiuno, dictado dentro de la causa penal 109/2003-IX, mediante el cual, se negó la solicitud de otorgar al quejoso alguno de los beneficios preliberacionales previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Del Director de Control de Sentenciados en Libertad de Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social: La omisión de rendir los informes de asistencia del quejoso relativas a los anualidades correspondientes del dos mil tres al dos mil veintiuno. TERCERO. INEXISTENCIA DE LA OMISIÓN RECLAMADA AL DIRECTOR DE CONTROL DE SENTENCIADOS EN LIBERTAD DE ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL. Debe precisarse que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, dado que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y.". El precepto recién transcrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y, b) Cuando no se probare su existencia. Así, la prueba de la inexistencia del acto reclamado, al igual que la falta de prueba respecto de su existencia conduce al sobreseimiento. No es cierta la omisión reclamada del Director de Control de Sentenciados en Libertad de Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, consistente en la omisión de rendir los informes de asistencia del quejoso relativas a los anualidades correspondientes del dos mil tres al dos mil veintiuno. El Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al rendir el informe justificado en representación del Director de Control de Sentenciados en Libertad de Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (foja 263), niega la existencia de la omisión reclamada. Al respecto informó, que en los registros de la Oficialía de partes se encontró con el oficio número MIX/158/2021, de quince de abril de dos mil veintiuno, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, dirigido a la autoridad responsable, quien mediante oficio SSPC/PRS/CGPRS/DGES/46/2021, de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, dio respuesta la información solicitada. En esas condiciones, en auto de tres de mayo de dos mil veintiuno, el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, tuvo por desahogado el oficio a través del diverso MIX/158/2021 y declaró sin materia el incidente de duración de pena tramitado por el quejoso. Con la finalidad de acreditar sus afirmaciones, exhibió copia certificada del: Oficio MIX/158/2021, dirigido la titular de la Dirección General de Control de Sentenciados en Libertad del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social en la Ciudad de México, de quince de abril de dos mil veintiuno, por medio del cual, le requieren que dentro del plazo de cinco días, contados a partir de la notificación correspondiente, remitiera copias certificadas de la totalidad de las constancias que obren ante su instancia, relativas al cumplimiento de la pena de prisión impuesta derivado de la causa penal 109/2003 (fojas 265 a 266). Mediante oficio SSPC/PRS/CGPRS/DGES/9046/2021 de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, signado por el Director General de Ejecución de Sanciones, mediante el cual, se da cumplimiento a lo requerido en proveído de quince de abril anterior, para lo cual, informó que, en el expediente aperturado en el Archivo Nacional de Sentenciados y Estadística Penitenciaria de ese órgano administrativo, a nombre de Omar Fonseca González, así como del reporte arrojado por el Sistema de Registro de Procesados y Sentenciados (SRPS), en cual es alimentado por las entidades federativas de la república, y del Sistema Integral del Centros Federales, no se encontró dato referente a causa penal diversa a la 109/2003-IX. Asimismo, que la fecha en la que debe empezar a computar la pena privativa de la libertad impuesta, a Omar Fonseca González, dentro de la citada causa penal es a partir del veinticuatro de abril de dos mil tres, data de su legal detención. Luego, en proveído de tres de mayo de dos mil veintiuno (fojas 53 a 56), se tuvo al Director General de Ejecución de Sanciones del Órgano de Prevención y Readaptación Social, dando cumplimiento del requerimiento de quince de abril de dos mil veintiuno, al informar que del análisis del Archivo Nacional de Sentenciados y Estadística Penitenciaria del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, así como del Sistema de Registro de Procesados y Sentenciados con el que cuenta dicha institución, no encontró dato referente a la causa penal seguida contra el quejoso; por lo que, se tuvo a la citada autoridad dando cumplimiento al requerimiento realizado. En esas condiciones, se cuantificó la duración de la pena que se le impuso al enjuiciado y se realizó el desglose en prisión preventiva, prisión punitiva compurgada y prisión preventiva restante por compurgar, y se declaró sin materia el incidente de duración de la pena tramitado por el aquí quejoso. La determinación anterior, fue notificada al quejoso el trece de mayo de dos mil veintiuno (foja 91 del tomo de pruebas). Los documentos de referencia merecen valor probatorio al tenor de lo establecido en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Es ilustrativa, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y, de los cuales se advierte que desde el tres de mayo de dos mil veintiuno (fojas 53 a 56), se tuvo al Director General de Ejecución de Sanciones del Órgano de Prevención y Readaptación Social, dando cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de quince de abril de dos mil veintiuno, dictado dentro de la causa penal 109/2003-IX, por medio del cual, se le requirió remitiera copias certificadas de la totalidad de las constancias que obren ante su instancia, relativas al cumplimiento de la pena de prisión impuesta derivado de la causa penal 109/2003 (fojas 265 a 266). Sin que de las constancias se advierta la existencia de diversa petición realizada al Director de Control de Sentenciados en Libertad de Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dentro de la citada causa penal citada. En esas condiciones, es evidente que previamente a la presentación de la demanda de amparo (quince de junio de dos mil veintiuno), la responsable ya había dado respuesta al requerimiento formulado por el Juez Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, a afecto que remitiera copias certificadas solicitadas; por ende, es inconcuso que no existe la omisión reclamada de dicha autoridad. Sirve de apoyo, la tesis II. 1o. C. T. 217 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, cuyo rubro y texto dice: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo". En esas condiciones, al encontrarse probado que no existe la omisión reclamada al Director de Control de Sentenciados en Libertad de Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Dado el sobreseimiento decretado en este juicio constitucional, existe imposibilidad jurídica para estudiar el fondo del asunto, atento a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." CUARTO. CERTEZA DE LA DIVERSA OMISIÓN O ACTO RECLAMADO. El Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, al rendir su informe justificado relativo a la ampliación de demanda (foja 442), aceptó la existencia del proveído de catorce de octubre de dos mil veintiuno, dictado dentro de la causa penal 109/2003-IX. Sirve de apoyo, la jurisprudencia número 305, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. - Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Asimismo, dicha autoridad, al rendir su informe justificado respecto a los actos reclamados en la demanda inicial (fojas 93 a 96), negó la existencia de la omisión de dar trámite a la solicitud de remisión parcial de pena, realizada por el quejoso durante la diligencia de notificación de tres de mayo de dos mil veintiuno, dentro del exhorto 208/2021, derivado de la causa penal 109/2003-IX. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, ya que de las diversas constancias que acompañó el Juez responsable a su informe justificado, así como las presentadas el dieciséis de febrero del dos mil veintidós, se advierte que, fue hasta en proveído de catorce de octubre de dos mil veintiuno, dictado dentro de la causa penal 109/2003-IX, en el que el Juez responsable se pronunció respecto del fondo de la solicitud del aquí quejoso, consistente en la petición de apertura incidente de remisión parcial de la pena. En esas condiciones, es indudable que a la data en que se presentó la demanda de amparo (quince de junio del dos mil veintiuno), existía la omisión reclamada. No se soslaya, en auto de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno (fojas 100 del tomo de pruebas), dictado en la causa penal de mérito, el Juez responsable acordó la petición de Omar Fonseca González, respecto a la remisión parcial de la pena que solicitó en la manifestación realizada el trece de mayo anterior. Empero, no se pronunció respecto del fondo de la petición realizada, ya que determinó que previó a acordar lo conducente, se ordenaba dar vista a la defensa, para que asesorara a Omar Fonseca González, en cuanto al beneficio que pretendía solicitar; asimismo, se le requirió para que dentro del plazo de tres días contado a partir de que fuera notificado, se manifestara en relación a la vista realizada. Luego, una vez cumplida la prevención realizada, fue hasta el catorce de octubre de dos mil veintiuno, en que el Juez responsable se pronunció respecto a la solicitud de remisión parcial de la pena formulada por el quejoso. De ahí que se estime que a la fecha de presentación de la demanda, existía dicha omisión. Lo anterior se corrobora con las diversas constancias que en copia certificada exhibió la responsable de la causa penal 109/2003-IX; documentales que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Es aplicable, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- QUINTO. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO. El estudio de las causas de improcedencia, debe abordarse de oficio por ser una cuestión de orden público y de análisis preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Respalda lo sostenido, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Este órgano de control constitucional, estima que respecto la omisión de dar trámite a la solicitud de remisión parcial de pena, realizada por el quejoso durante la diligencia de notificación de tres de mayo de dos mil veintiuno, dentro del exhorto 208/2021, derivado de la causa penal 109/2003-IX, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Mientras que, con relación al proveído de catorce de octubre de dos mil veintiuno, dictado dentro de la causa penal 109/2003-IX, se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de la Materia. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XXI, DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO. Como se precisó, respecto de la omisión de dar trámite a la solicitud de remisión parcial de pena, realizada por el quejoso durante la diligencia de notificación de tres de mayo de dos mil veintiuno, dentro del exhorto 208/2021, derivado de la causa penal 109/2003-IX, reclamada por el quejoso Omar Fonseca González, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo vigente, es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. La causal de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Es aplicable dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella/ alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Como se precisó, el quejoso, reclama del Juez Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, la omisión de dar trámite a la solicitud de remisión parcial de pena, realizada por el quejoso durante la diligencia de notificación de tres de mayo de dos mil veintiuno, dentro del exhorto 208/2021, derivado de la causa penal 109/2003-IX. Ahora, para dar claridad al problema jurídico planteado, es necesario traer a colación, los antecedentes más destacados de la omisión reclamada, derivados de las constancias que integran la causa penal 109/2003-IX, a saber: En auto de quince de abril de dos mil veintiuno, se tuvo a Omar Fonseca González, solicitando la duración de la pena; sin embargo, previo a pronunciarse en cuanto al fondo de la promoción planteada, requirió al Titular de la Dirección General de Control de Sentenciados en Libertad del Órgano de Control de Sentenciados en Libertad del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención Readaptación Social en la Ciudad de México, para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir de la notificación correspondiente, remitiera copias certificadas de la totalidad de las constancias que obren ante su instancia, relativas al cumplimiento de la pena de prisión impuesta derivado de la causa penal 109/2003 (fojas 1 a 3 del tomo de pruebas). En proveído de tres de mayo de dos mil veintiuno (fojas 53 a 56 del tomo de pruebas), se tuvo al Director General de Ejecución de Sanciones del Órgano de Prevención y Readaptación Social, dando cumplimiento del requerimiento de quince de abril de dos mil veintiuno, al informar que del análisis del Archivo Nacional de Sentenciados y Estadística Penitenciaria del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, así como del Sistema de Registro de Procesados y Sentenciados con el que cuenta dicha institución, no encontró dato referente a la causa penal seguida contra el quejoso; por lo que, se tuvo a la citada autoridad dando cumplimiento al requerimiento realizado. En esas condiciones, se cuantificó la duración de la pena que se le impuso al enjuiciado y se realizó el desglose en prisión preventiva, prisión punitiva compurgada y prisión preventiva restante por compurgar, y se declaró sin materia el incidente de duración de la pena tramitado por el aquí quejoso. La determinación anterior, derivó exhorto 208/2021, a efecto de notificar a Omar Fonseca González en el centro de reclusión en el que se encuentra; notificación que fue realizada el trece de mayo de dos mil veintiuno. En dicha diligencia, el quejoso solicitó el cómputo de la remisión de la pena (foja 91 del tomo de pruebas). En esas condiciones, por auto de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno (fojas 100 a 101 del tomo de pruebas), el Juez responsable advirtió que el sentenciado solicitaba le fuera aplicado el beneficio de remisión parcial de la pena, tomando en consideración la pena de prisión que le fue impuesta y el tiempo que se ha encontrado detenido. Asimismo, del análisis de la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, de cuyo artículo cuarto transitorio advirtió que dicho beneficio fue derogado; razón por la cual, estimó necesario dar vista a la defensa para que asesorara al sentenciado en cuanto al beneficio que pretendía solicitar; razón por la cual, lo requirió para que dentro del plazo de tres días, manifestara en relación a la vista otorgada. Finalmente, en auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo a la defensora pública de Omar Fonseca González, dando cumplimiento a la prevención realizada, y refirió se le concediera a su representado el beneficio que conforme a derecho procediera. En esas condiciones, se procedió a acordar la solicitud del quejoso, relativa al beneficio de remisión parcial de la pena, tomando en consideración la sanción impuesta y el tiempo en que se ha encontrado detenido. A lo que se determinó que no era posible acordar favorablemente la petición de la defensa, pues el delito por el que se condenó a Omar Fonseca Gonzáles, imposibilitaba a éste para ser beneficiario de los supuestos preliberaciones contemplados en los artículos 43 y 44 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. De la exegesis anterior, se advierte que el Juez responsable se pronunció el catorce de octubre de dos mil veintiuno, respecto a la solicitud del quejoso a efecto que se le otorgara el benefició de la remisión parcial de la pena. En esas condiciones, es evidente que la omisión reclamada dejó de surtir efectos en la esfera jurídica del solicitante de amparo, pues previamente al pronunciamiento de la presente sentencia, se subsanó la omisión alegada por el solicitante de amparo. Ello es así, pues se encuentra demostrado que el Juez responsable se pronunció respecto a la solicitud del quejoso de la remisión parcial de la pena, de la cual reclamó su falta de acuerdo, por lo que es evidente que cesaron los efectos de la omisión reclamada. De modo que la posible afectación causada al quejoso ha desaparecido como si se le hubiera concedido el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, al haberse atendido su petición, no es factible que la omisión reclamada pueda volver a incidir en su esfera jurídica. En consecuencia, respecto de la omisión precisada, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que se sobresee en el presente juicio de amparo, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de dicho ordenamiento. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII, DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO. Se estima que respecto del diverso acto reclamado consistente en el proveído de catorce de octubre de dos mil veintiuno, dictado dentro de la causa penal 109/2003-IX, mediante el cual, se negó la solicitud de otorgar al quejoso alguno de los beneficios preliberacionales previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo [.]." Del contenido del precepto y fracción transcritos, se advierte que el juicio de control constitucional es improcedente contra actos emitidos por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando en su contra exista algún recurso o medio de defensa ordinario por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, estableciendo como excepciones a dicho supuesto normativo, aquellas especificadas en los incisos previamente reproducidos. En el caso, el quejoso reclama del Juez Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande: El proveído de catorce de octubre de dos mil veintiuno, dictado dentro de la causa penal 109/2003-IX, mediante el cual, se negó la solicitud de otorgar al quejoso alguno de los beneficios preliberacionales previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Empero, contra el referido pronunciamiento procede el recurso de apelación, previsto en el artículo 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que en su fracción VII, establece: "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación. El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley." Por su parte, los numerales 131, 134 y 135 del mismo ordenamiento legal, disponen: "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Artículo 134. Emplazamiento y remisión Interpuesto el recurso, el Juez de Ejecución correrá traslado a las partes para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga, y en su caso, ejerciten su derecho de adhesión. Una vez realizado el traslado, la unidad de gestión remitirá dentro de las veinticuatro horas siguientes las actuaciones al tribunal de alzada que corresponda. Artículo 135. Tramitación y resolución de la apelación En el auto que se tengan por recibidas las actuaciones enviadas por el Juez de Ejecución, se determinará si el recurso fue interpuesto en tiempo, si la persona tiene derecho de recurrir y si el auto impugnado es apelable. Si fuese necesario el desahogo de una audiencia, el tribunal de alzada en el auto que tuvo por recibidas las actuaciones, señalará día y hora para la celebración de la misma dentro de los cinco días siguientes. En este caso, el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la celebración de la audiencia. En caso de no darse el supuesto a que se refiere el párrafo anterior el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que tuvo por recibidas las actuaciones." De lo expuesto en los preceptos legales recién transcritos se pone de manifiesto que la determinación reclamada, puede ser combatida mediante el recurso de apelación, previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, en términos de los artículos 131, 134 y 135 de la propia ley, por lo que dicho recurso debió agotarse previo a acudir al presente juicio de control constitucional, al tratarse del medio de impugnación idóneo para modificar o revocar el acto reclamado. Sin que en el caso se esté ante alguna de las hipótesis de excepción a que hace referencia la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en tanto que el acto de reproche no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tampoco se trata de incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales, una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, ni se trata de una sentencia definitiva. Además, no se requiere una interpretación adicional porque la Ley Nacional de Ejecución Penal, es clara en establecer cuáles son las determinaciones contra las cuales procede el recurso de apelación, de tal forma que el fundamento legal es suficiente para establecer la procedencia del recurso. Por último, no se trata de una persona extraña al procedimiento, en tanto que el cuaderno de origen es materia de la ejecución de la pena impuesta al quejoso, dentro del procedimiento penal que se le instruyó, de tal forma que al ser parte en el mismo, se encuentra en aptitud de promover lo que estime necesario para la defensa de sus intereses, y en su caso, agotar los recursos ordinarios que la ley pone a su alcance para hacer valer sus derechos. Es ilustrativa, la tesis XX.2o.16 P del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que dice: "DEFINITIVIDAD, PRINCIPIO DE, EN MATERIA PENAL FEDERAL. DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA EL PROVEÍDO QUE DESECHA EL INCIDENTE NO ESPECIFICADO DE CONDENA CONDICIONAL, PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El acuerdo dictado por un Juez de Distrito en el que desecha el incidente no especificado de condena condicional, debe impugnarse a través del recurso de revocación, previsto en el artículo 361 del Código Federal de Procedimientos Penales, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, porque el hecho de que el quejoso se encuentre privado de su libertad y el acto reclamado sea de naturaleza penal, no significa que se actualice alguno de los casos de excepción a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, pues no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualesquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 del Carta Magna, en virtud de que la afectación de su libertad deriva de la sentencia emitida en el procedimiento respectivo y orden de reaprehensión, no del desechamiento del incidente que es un aspecto de carácter procesal; por tanto, al no haberse agotado el principio de definitividad previsto en el citado precepto de la ley de la materia, debe sobreseerse en el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 74 del mismo ordenamiento legal." En mérito de lo expuesto, respecto del acto reclamado al Juez Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, consistente en el proveído de catorce de octubre de dos mil veintiuno, dictado dentro de la causa penal 109/2003-IX, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada ley. En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide entrar al estudio de fondo del asunto, atento al contenido de la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Finalmente, en cuanto al pedimento formulado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito, cabe destacar que no resulta necesario pronunciarse expresamente respecto a las manifestaciones en él contenidas, dado el sentido adoptado en el presente asunto. En apoyo se cita la tesis de rubro: "PEDIMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. NO ES OBLIGATORIO ATENDERLO EN LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. SÉPTIMO.- NOTIFICACIÓN. Tomando en consideración que Omar Fonseca Gonzalez, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, se comisiona al actuario respectivo, para que por el método de comunicación denominado videoconferencia, el cual se encuentra regulado por el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, proceda a llevar a cabo la notificación ordenada, en hora y día hábil, observando los protocolos correspondientes; en el entendido, que de no ser posible llevar a cabo dicha notificación, por el método referido, el citado funcionario, queda comisionado desde este momento, para que en la hora y fecha correspondiente y que se habilite para tal efecto, se constituya en el centro de reclusión de que se trata y notifique personalmente al quejoso la presente resolución. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Omar Fonseca González, contra las omisiones reclamadas a las autoridades precisadas en el considerando segundo, por las razones y fundamentos expuestos en los correlativos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el considerando séptimo, notifíquese al quejoso en la forma y modalidad ahí señalada. Notifíquese.
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En doce de agosto de dos mil veintidós, la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, CERTIFICA QUE: Se encuentran señaladas las trece horas con treinta y siete minutos del doce de agosto de dos mil veintidós, para el verificativo de la audiencia constitucional dentro del expediente en que se actúa. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Con lo anterior, y con el estado que guardan los autos, se da cuenta al Juez, dentro del juicio de amparo 429/2021.. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, doce de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: ?ESTADO DE AUTOS? Del análisis de las constancias que integran el presente juicio de amparo, en específico, de las copias certificadas de la causa penal 109/2003-IX, que remitió el Juez Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, únicamente obra constancia del proveído reclamado, consistente en el acuerdo de catorce de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual, se negó la solicitud de otorgar al quejoso alguno de los beneficios preliberacionales previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sin embargo, dentro del sumario que integra el presente juicio de amparo, no obran constancias de notificación de dicha actuación, no obstante que de la misma se advierte que, se ordenó notificar a la defensa del quejoso Omar Fonseca González. ?SOLICITUD DE CONSTANCIAS? En esas condiciones, con fundamento en el artículo 75 párrafo tercero de la Ley de la Materia, y 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley en comento, se solicita al Juez Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, tenga a bien, remitir copia certificada de las constancias de notificación que hayan recaído al acuerdo de catorce de octubre de dos mil veintiuno, dictado dentro de la la causa penal 109/2003-IX, de su índice. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P. /J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO." ?DIFERIMIENTO? Para dar margen a lo anterior la audiencia constitucional fijada en autos, se difiere anticipadamente y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS DEL CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese.
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En uno de agosto de dos mil veintidós, con un escrito, registrado bajo el folio 10238, y con el estado que guardan los autos, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, uno de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: 1. Acepta y protesta el cargo. Agréguese a los autos el escrito signado por Graciela López Padilla; en su atención, téngasele aceptando y protestando el cargo que le fue asignado como defensora pública del quejoso Omar Fonseca González, en el juicio en que se actúa. Se le tiene proporcionando el usuario "Gralopa", para promover en la vía electrónica, tener acceso al expediente y recibir las notificaciones que se desprendan de esta instancia; por lo que, se ordena al actuario de la adscripción habilitar dicho usuario para los efectos precisados. Además, señala como medio de contacto el correo electrónico glopezpa@cjf.gob.mx, por tanto, manténgase bajo resguardo este dato, a fin de que sea utilizado como medio especial y expedito de contacto, de tal forma que sólo deba acudirse físicamente a este órgano jurisdiccional cuando resulte estrictamente indispensable, evitando el riesgo sanitario que representa la concentración de personas. Finalmente, informa que por error envió el oficio de cuenta al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. 2. Solicita audiencia con defensora. Del estado que guardan los autos, se advierte la constancia de notificación personal al quejoso Omar Fonseca González, de veinte de julio del año en curso, en la que manifestó lo siguiente: "Se da por notificado y solicita audiencia con su defensor". En esas condiciones, con copia del acta de la notificación referida, dese vista a la defensora pública Graciela López Padilla, para que atienda la solicitud de su defendido y gestione lo que en su derecho convenga. 3. Notificación al quejoso. Ahora bien, toda vez que el impetrante de amparo Omar Fonseca González, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, se instruye al actuario respectivo, para que, se constituya en el citado centro penitenciario y le notifique la presente determinación, observando los protocolos correspondientes. Notifíquese; personalmente al quejoso Omar Fonseca González, y a la defensora pública Graciela López Padilla.
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