Omar Estrada Bustos
Expediente 622/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 622/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Omar Estrada Bustos
- Omar Estrada Bustos y Otros.
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco, Guerrero, residente en esta ciudad; por medio del cual remite copia certificada del testimonio de ejecutoria dictado en el conflicto competencial entre Jueces de Distrito, con número de registro 9/2016, suscitado entre el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, y este juzgado federal, del que se aprecia que dicho Tribunal declaró competente al juzgado citado en primer término, para conocer de la demanda de amparo promovida; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, y apareciendo que la superioridad por unanimidad de votos resolvió bajo los siguientes puntos: "ÚNICO. El Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, es legamente competente para conocer del juicio de amparo promovido por Omar Estrada Bustos, Alejandra Bobadilla Toledo, Etelberto Victoriano Jiménez y Delfino Nicolás Rojas, en su carácter de Presidente Municipal, Síndico Procurador, Encargado de Seguridad Pública y Secretario General, respectivamente, del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Ometepec, Guerrero". En consecuencia, hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental y sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo Primero, fracción I, del citado Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de ser destruido.
- Principal
Glósese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en Acapulco, Guerrero, mediante el cual informa que se admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este órgano de control jurisdiccional y el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, en el juicio de amparo indirecto 471/2016, del índice del Juzgado Segundo de Distrito y 622/2016 del índice de este órgano jurisdiccional y del que emana el cuaderno de antecedentes en que se actúa, al que le correspondió el conflicto competencial 9/2016. Asimismo, y como lo requiere el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en Acapulco, Guerrero; con fundamento en el artículo 48, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado federal, reitera las manifestaciones vertidas en auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, mediante el cual se expuso los motivos por los cuales este órgano de control jurisdiccional no aceptó la competencia declinada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, Guerrero.
- Principal
Glósese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Acapulco, Guerrero, mediante el cual acusa recibo del oficio número 17938/2016 de veinticinco de mayo del año en curso, con el que este Juzgado Federal le remitió el juicio de amparo 471/2016, de su índice, asimismo informa que remitió el mismo al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimos Primer Circuito, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, para la substanciación del conflicto de competencia correspondiente, de lo que queda enterado este juzgado, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Visto el oficio signado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero, al que adjunta el juicio de garantías 471/2016, de su índice, promovido por Omar Estrada Bustos, Alejandra Bobadilla Toledo, Etelberto Victoriano Jiménez y Delfino Nicolás Rojas, en su carácter de Presidente Municipal, Síndico Procurador, Encargado de Seguridad Pública y Secretario General del Municipio de Ometepec, Guerrero, contra actos de la Magistrada de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, con residencia en Ometepec, Guerrero y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 622/2016-II, y fórmese expediente. Del análisis integral al escrito que contiene la demanda, de las constancias de autos, así como del acuerdo nueve de mayo de dos mil dieciséis, emitido por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco; se advierte que el juzgador en mención, determinó que carece de competencia legal por razón de territorio, pues estimó que la autoridad ejecutora Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, será la que ejecute la multa que les fue impuesta a la parte quejosa, autoridad que tiene su residencia oficial en esta ciudad capital del Estado de Guerrero, al precisar: ".En efecto, el acto reclamado se considera de aquéllos que contienen un principio de ejecución; empero, para que este órgano jurisdiccional sea competente, debía actualizarse alguno de los supuestos indicados en los puntos 1 y 2 antes mencionados, lo que en el caso no ocurre, puesto que del análisis del escrito inicial de demanda, no se desprende que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado en la circunscripción territorial en que este juzgado ejerce su jurisdicción, que tenga ejecución en más de un distrito o que haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro. Aunado a ello, la parte quejosa señala como autoridad responsable ejecutora al Secretario de Finanzas y Administración del Estado, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, por lo que, de ser procedente la ejecución material del acto reclamado, será éste, en términos de su competencia y jurisdicción, quien lo lleve a cabo, es decir, el acto reclamado tendrá un principio de ejecución en el lugar en que reside tal autoridad responsable ejecutora. En consecuencia, toda vez que si el acto reclamado es de aquellos que llevan aparejada ejecución material, además, que la quejosa expresamente señaló como autoridad responsable ejecutora, a quien tiene residencia en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; es claro que no se surte a favor de este órgano jurisdiccional la competencia planteada, por lo menos en este momento procesal. Aunado a lo anterior, en todo caso el procedimiento administrativo de ejecución que se inicie a la parte quejosa, se iniciará en aquella ciudad capital, por lo que es evidente que la ejecución material del acto reclamado será en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; corrobora lo anterior el domicilio de la autoridad, ya que precisamente el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, es quien requerirá de pago a la parte quejosa el crédito fiscal que se le fincó. Con independencia que los promoventes del amparo tengan su domicilio en esta ciudad, y que la autoridad ordenadora, tenga su domicilio en Ometepec, Guerrero, ya que ésta únicamente emitió el acto, más no le compete llevar a cabo la ejecución material de la multa, ya que tal circunstancia no infiere sobre la competencia de la demanda de amparo. Sirve de apoyo, por las razones jurídicas que contiene, la jurisprudencia 1a./J. 12/95 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 97 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Septiembre de 1995, Novena Época, que dice: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSIÓN, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar." También orienta lo anterior, por las razones jurídicas que contiene, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, visible en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, Volumen 65 segunda parte, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." En ese mismo sentido, ilustra lo expuesto, la tesis VI.2o.20 K del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 395 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Novena Época, que dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR LA QUEJOSA, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, establece que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquel en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Luego, es inconcuso que lo que define la competencia del juez de Distrito para conocer del amparo contra esa clase de actos, no deriva del domicilio de trabajo o particular señalado por la quejosa en su demanda, sino del lugar de residencia de las autoridades señaladas como ejecutoras." En función de lo expuesto, se concluye que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, carece de competencia legal, por razón de territorio, para resolver el presente juicio, ya que estima que ésta se surte en favor del Juez de Distrito en el Estado de Guerrero en turno, con residencia en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. De ahí que, se insiste, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, no es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo promovido por Omar Estrada Bustos, Alejandra Bobadilla Toledo, Etelberto Victoriano Jiménez y Delfino Nicolás Rojas, en su carácter de Presidente Municipal, Síndico Procurador, Encargado de Seguridad Pública y Secretario General del Municipio de Ometepec, Guerrero, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado se ejecutará en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero,." Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, no acepta la competencia legal declinada, pues carece de idoneidad jurídica para conocer del asunto, por lo siguiente. En principio debe quedar patente que la parte quejosa en la demanda de amparo, señala como acto reclamado y autoridades responsables las siguientes: "III.- Autoridades Responsables: Señalamos como autoridades responsables las siguientes: A).- AUTORIDAD ORDENADORA.- La C. Magistrada de la Sala Regional del Tribunal de los Contencioso Administrativo en el Estado... B).- AUTORIDAD EJECUTORA 1.- El Secretario de Finanzas y Administración del Estado... IV.- Acto reclamado: Señalamos como acto reclamado el siguiente: A) DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SEÑALADA COMO ORDENADORA: 1.- El acuerdo de fecha veintiséis de abril del año en curso, dictado por la autoridad responsable señalada como ordenadora, en el cual nos impone una multa por la cantidad de $4,382.40 (CUATRO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS, 40/100 M.N.) de manera individual. B.- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SEÑALADA COMO EJECUTORA, LO SIGUIENTE: 1.- La ejecución que del acto de autoridad emitido por la autoridad responsable señala como ordenadora, pretende realizar, consistente en la multa impuesta por la cantidad de 4,382.40 (CUATRO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS, 40/100 M.N.), por virtud que como se desprende del acto reclamado, consistente en el auto de fecha veintiséis de abril del año en curso, se ordenó girar oficio a ésta última autoridad responsable, señalada como ejecutora, con lo cual es evidente la pretensión de ésta última de hacer efectiva la citada multa." Así tenemos que la parte quejosa reclama la imposición de una multa dentro del procedimiento administrativo del índice de la Sala Regional del Tribunal de Contencioso Administrativo del Estado, con sede en Ometepec, Guerrero, y la ejecución de la misma a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado. Asimismo, después de realizar un análisis integral de las constancias que integran el juicio de amparo 471/2016 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, se estima que este juzgado carece de competencia para resolver del asunto en cuestión, en atención a los motivos que enseguida se precisan: El artículo 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;" El citado precepto constitucional señala que el amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o actos de autoridades administrativas, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, es decir, que conforme a este precepto constitucional, la cuestión toral para definir la competencia de un Juez de Distrito, radica en la ejecución o intención de ejecutar el acto reclamado. Para arribar a tal determinación es necesario tener en consideración lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Ahora, al interpretar la norma transcrita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que dicho numeral contiene tres hipótesis distintas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que se destacan en el orden siguiente: 1. Se caracteriza, porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; supuesto que supone como condición necesaria que dicho acto es de aquellos que, después de su emisión, por su propia naturaleza requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 2. La segunda hipótesis normativa, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la primera regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3. Deriva del último párrafo del precepto en estudio, que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto impugnado; como se observa, en este supuesto, basta que esté evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (cuando no requiera de ejecución material) radique dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que válidamente deba conocer del juicio de garantías. Ahora bien, ante la diversidad de variantes relativas a la ejecución o inejecución material del acto reclamado, debe entonces determinarse, previamente a conocer a favor de qué Juez se surte la competencia, si el acto reclamado es de los que admiten una ejecución material; en tal caso, en donde se tiene, tuvo o tendrá lugar dicha ejecución; o si no admite ejecución material alguna. Así, de la lectura del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la ejecución por parte del Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, consistente en hacer efectiva en su contra la multa por la cantidad de $4,382.40 (cuatro mil trescientos ochenta y dos pesos 40/100 M. N.), decretada por la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, con sede en Ometepec, Guerrero, en el expediente administrativo TCA/SRO/008/2015. En este sentido, se advierte que el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en Ometepec, Guerrero, municipio del cual es competente el Juez declinante, pues la Sala responsable en auto de veintiséis de abril de dos mil dieciséis, ordenó girar el oficio respectivo al Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, para que hiciera el cobro de la aludida multa, por lo que el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en dicha localidad, con independencia que, en su caso, se continúe ejecutando en el de esta Ciudad, su materialización ha iniciado en Ometepec, Guerrero, esto es, fuera del lugar en el que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción, evento en el cual la competencia se surte a favor del juez que previno, es decir, ante quien inicialmente se presentó la demanda. Por tanto este juzgado, no es competente por jurisdicción territorial para conocer del presente juicio, toda vez que los actos que por esta vía constitucional se reclaman, como ya se dijo, han comenzado a ejecutarse en Ometepec, Guerrero, municipio el cual es competencia del Juzgado declinante, de conformidad con Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince. Son aplicables las tesis siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2006496 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III Materia(s): Común Tesis: XXVII.3o.13 K (10a.) Página: 1941 COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UN ACTO EJECUTADO O EJECUTABLE EN DOS O MÁS DISTRITOS JUDICIALES. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE CUALQUIERA DE ESAS DEMARCACIONES, A PREVENCIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece: "Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.". Sin embargo, ese enunciado normativo no debe entenderse literal y aisladamente en el sentido de que podrá conocer del asunto cualquier Juez de Distrito del país. Antes bien, es necesario interpretarlo en armonía con el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que la demanda de amparo indirecto deberá presentarse "ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse". De esta disposición se infiere que, tratándose de actos susceptibles de ser ejecutados, siempre deberá atenderse al lugar de ejecución como referente para determinar la competencia territorial en el amparo indirecto. Así, mediante la interpretación de la norma secundaria conforme al precepto constitucional, se concluye que cuando el acto reclamado haya sido ejecutado o pueda ser ejecutable en dos o más distritos judiciales, será competente para conocer del amparo biinstancial el Juez de cualquiera de esas demarcaciones, a prevención. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO." "Época: Novena Época Registro: 185802 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Octubre de 2002 Materia(s): Común Tesis: V.3o.4 K Página: 1347 COMPETENCIA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO, PUES ÉSTA NO DEBE CIRCUNSCRIBIRSE AL DOMICILIO SOCIAL, PARTICULAR O DE TRABAJO DEL QUEJOSO, CUANDO EL ACTO REQUIERE DE UNA EJECUCIÓN MATERIAL. Cuando el acto reclamado requiere de ejecución material, la competencia del Juez de Distrito que deba conocer del asunto no debe circunscribirse al lugar del domicilio social, particular o de trabajo de la parte quejosa, sino la competencia para conocer del correspondiente juicio de garantías radica en el Juez de Distrito que previno, en función del conocimiento anticipado del asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 36, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, independientemente de si en la especie hubiese base para considerar que el acto de autoridad se hubiera empezado a ejecutar en la jurisdicción de un Juez, pero quepa la posibilidad de realización de aquél en otra diversa. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO." "Época: Novena Época Registro: 203187 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Febrero de 1996 Materia(s): Común Tesis: VI.2o.20 K Página: 395 COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, establece que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquel en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Luego, es inconcuso que lo que define la competencia del juez de Distrito para conocer del amparo contra esa clase de actos, no deriva del domicilio de trabajo o particular señalado por el quejoso en su demanda, sino del lugar de residencia de las autoridades señaladas como ejecutoras. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO." Máxime que del cuerpo de la demandada de garantías en estudio, no se advierte que le autoridad que señalaron como ejecutora (Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero), haya comenzado a realizar el cobro de la multa reclamada, lo que en su caso podría considerarse como principios de ejecución, sino que al contrario, como ya se apuntó, esta continuara ejecutando la orden de cobro de multa una vez que tenga conocimiento del oficio respectivo. Aunado a que la Secretaría de Finanzas citada, cuenta con delegaciones regionales en el todo el Estado de Guerrero, con los cuales se auxilia a fin de realizar los cobros fiscales o, como en el caso, multas ordenadas por los órganos jurisdiccionales, los cuales llevan ejecutan dichas delegaciones. En consecuencia, este Órgano Jurisdiccional, no acepta la competencia declinada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero, por tanto, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de la Materia, devuélvanse los autos del juicio de amparo número 471/2016, del índice de dicho Juzgado de Distrito, así como todos sus anexos, al Juez oficiante, para que en su oportunidad resuelva lo que estime pertinente. Solicitando atentamente el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este juzgado federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio.
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