Omar Enrique Martínez Rivera

Expediente 1014/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 1 actuación registrada, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1014/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Omar Enrique Martínez Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo firmada autógrafamente por ********************contra actos de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Rivereña Ejércitos del Trabajo, sociedad cooperativa de responsabilidad limitada de capital variable, con sede en esta localidad, y otras autoridades, por violación a diversos preceptos constitucionales. El Juez acuerda:********************SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.********************REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 1014/2023.********************INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que deriven del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde.********************IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano.********************En la inteligencia que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es.********************Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO."****************************************Del estudio integral realizado al planteamiento de reclamo contenido en el manuscrito inicial de demanda, así como de los antecedentes del mismo, se desprende que la parte quejosa reclama que, sin ningún tipo de procedimiento, de forma unilateral se le excluyó como socio activo de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Rivereña Ejércitos del Trabajo, sociedad cooperativa de responsabilidad limitada de capital variable, en contravención a su garantía de audiencia y principio de legalidad; asimismo, reclama la falta de notificación por escrito del inicio del proceso de exclusión. ********************Atento a lo anterior, quien esto resuelve estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, toda vez que en contra de dicho acto no se agotó el principio de definitividad. ********************El citado dispositivo legal establece: ********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(.)********************XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley."********************En ese tenor, el precepto y fracción antes transcritos de la ley de la materia, ponen de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades, los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados a través de algún recurso, juicio o medio de defensa ordinario.********************A fin de dejar establecida con claridad la actualización de la causal de improcedencia reseñada, cabe indicar que de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad en el escrito constitucional, se advierte que el peticionario en su calidad de socio de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Rivereña Ejércitos del Trabajo, sociedad cooperativa de responsabilidad limitada de capital variable, acudió a las instalaciones de dicha cooperativa a solicitar el pago de dividendos de los años do mil veintiuno y dos mil veintidós, donde fue atendido por ********************, quien se ostentó como representante de la sociedad y le manifestó que fue excluido como socio y que por tal motivo procediera a retirarse del lugar.********************Como pudo verse, el promovente dice formar parte de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Rivereña Ejércitos del Trabajo, sociedad cooperativa de responsabilidad limitada de capital variable, y aparentemente fue excluido con ese carácter, sin haberse otorgado la garantía de audiencia; entonces, en contra de dicha determinación de que se duele, procede un medio de defensa legal, por medio del cual puede ser modificada, revocada o nulificada; y como parte afectada (socio) no cumplió previamente con el principio de definitividad que anima el juicio de amparo, dado que las irregularidades que reclama en torno a la notificación reseñada, debió impugnarse en términos de la codificación adjetiva aplicable, motivo por el cual se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. ********************En efecto, de conformidad con el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos respecto de los cuales las leyes prevean medios de impugnación por los que sea posible anularlos, revocarlos o modificarlos.**************************************** Tales recursos, cuya omisión en promoverlos hace improcedente el juicio de garantías, deben tener una existencia legal; es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen.******************** Por otra parte, para que tenga obligación la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional un recurso ordinario legalmente existente con el objeto de impugnar el acto que lo agravie, debe existir entre este y aquél una relación directa de idoneidad, esto es, que el medio común de defensa esté previsto por la ley rectora del acto en forma expresa para combatir a este y no que por analogía se considere a dicho recurso como procedente para tal efecto. ******************** Ciertamente, la parte quejosa antes de acudir al presente juicio de amparo, debió promover la acción de nulidad, mismo que puede tener como efecto modificar o nulificar el acto reclamado descrito.******************** En efecto, los artículos 9, 35, 36 y 38 del Ley General de Sociedades Cooperativas, disponen lo siguiente: ********************"Artículo 9.- Salvo lo dispuesto por las leyes que rigen materias específicas, para el conocimiento y resolución de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de la presente ley, serán competentes los tribunales civiles, tanto los federales como los del fuero común.********************Salvo pacto en contrario, el actor podrá elegir el órgano jurisdiccional que conocerá del asunto, a excepción de que una de las partes sea una autoridad federal, en cuyo caso únicamente serán competentes los tribunales federales.********************(.)********************Artículo 16.- Las bases constitutivas de las sociedades cooperativas contendrán:********************(.)********************Las cláusulas de las bases constitutivas que no se apeguen a lo dispuesto por esta ley, serán nulas de pleno derecho para todos los efectos legales correspondientes.********************(.)********************Artículo 35.- La Asamblea General es la autoridad suprema y sus acuerdos obligan a todos los socios, presentes, ausentes y disidentes, siempre que se hubieren tomado conforme a esta Ley y a las bases constitutivas.********************Artículo 36.- La Asamblea General resolverá todos los negocios y problemas de importancia para la sociedad cooperativa y establecerá las reglas generales que deben normar el funcionamiento social. Además de las facultades que le conceden la presente Ley y las bases constitutivas, la Asamblea General conocerá y resolverá de:********************I.- Aceptación, exclusión y separación voluntaria de socios;********************(.)********************IX.- Aplicación de sanciones disciplinarias a socios;********************(.)********************Artículo 38.- Serán causas de exclusión de un socio:********************I.- Desempeñar sus labores sin la intensidad y calidad requeridas;********************II.- La falta de cumplimiento en forma reiterada a cualquiera de sus obligaciones establecidas en las bases constitutivas, sin causa justificada, e********************III.- Infringir en forma reiterada las disposiciones de esta Ley, de las bases constitutivas o del reglamento de la sociedad cooperativa, las resoluciones de la Asamblea General o los acuerdos del Consejo de Administración o de sus gerentes o comisionados.********************Al socio que se le vaya a sujetar a un proceso de exclusión, se le notificará por escrito en forma personal, explicando los motivos y fundamentos de esta determinación, concediéndole el término de 20 días naturales para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga ante el Consejo de Administración o ante la Comisión de Conciliación y Arbitraje si existiere, de conformidad con las disposiciones de las bases constitutivas o del reglamento interno de la sociedad cooperativa.********************Cuando un socio considere que su exclusión ha sido injustificada, podrá ocurrir a los órganos jurisdiccionales que señala el artículo 9 de esta Ley."******************** ******************** De los numerales antes transcritos se advierte, en lo que interesa, que para el conocimiento y resolución de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de la citada ley, así como también, cuando las cláusulas de las bases constitutivas que no se apeguen a lo dispuesto por ella, serán declaradas nulas de pleno derecho para todos los efectos legales correspondientes y serán competentes para tales efecto los tribunales civiles, tanto los federales como los del fuero común.******************** Asimismo, se establece que la Asamblea General es la autoridad suprema y sus acuerdos obligan a todos los socios, presentes, ausentes y disidentes, siempre que se hubieren tomado conforme a la legislación en consulta y a las bases constitutivas, además de tener la obligación de resolver todos los negocios y problemas de importancia para la sociedad cooperativa, entre otros, la aceptación, exclusión y separación voluntaria de socios, aplicación de sanciones disciplinarias a socios, así como también establecerá las reglas generales que deben normar el funcionamiento social. ******************** De igual manera, se pone de manifiesto que la propia legislación prevé que podrá ocurrir a los órganos jurisdiccionales que señala el artículo 9 antes transcrito, el socio que considere que su exclusión ha sido injustificada.********************Por tanto, si la parte quejosa estima ilegal la exclusión de socio reclamada, previamente a la promoción del presente juicio, debió impugnarla mediante la acción de nulidad ante la instancia jurisdiccional (local o federal), tal como lo establece la Ley General de Sociedades Cooperativas. ********************Además, se reitera que el quejoso, como socio de la sociedad generadora de los actos reclamados, queda indiscutiblemente incorporado al procedimiento que contempla la ley; entonces, no existe razón para relevarlo de la obligación de promover la acción de nulidad ante la autoridad local o federal que la propia legislación le marca y conforme la cual debió combatir oportunamente la determinación de exclusión que controvierte, pues es claro que de acuerdo al sistema procesal legalmente instituido, no habrá motivo alguno para liberarlo de su obligación de velar por sus propios intereses, estando pendiente del proceso respectivo, máxime si la relación jurídico-procesal quedó bien establecida y consentida. ********************Por tanto, es inadmisible desconocer esa realidad fáctica y atender la pretensión del afectado, en el sentido de que se actuó a sus espaldas y sin procedimiento alguno en su perjuicio. ********************Es decir, de acuerdo con lo relatado por el quejoso y lo antes expuesto, es legalmente factible concluir que el promovente acude al juicio de amparo doliéndose de una decisión que le fue informada (exclusión como socio), no obstante, desconocer los antecedentes y, en su caso, el procedimiento que se siguió para tomarla, de modo que si la misma es atribución de la Asamblea General y en principio, el quejoso desea conocer el procedimiento que se debió seguir para excluirlo y a la postre estar en condiciones de plantear su inconformidad, entonces debe acudir a la instancia judicial ordinaria en reclamo de esas situaciones, previo a promover demanda de amparo.********************Así entonces, se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que en contra de la exclusión reclamada, estaba obligado a agotar la acción nulidad ante la autoridad local o federal que señala el artículo 9 en análisis, por medio de la cual podía obtener que se revocara la determinación que por esta vía impugna, pero al no haberlo hecho así, no dio cumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. ********************DESECHAMIENTO. Por consiguiente, al ser patente y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, entonces se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad con el artículo 113, del propio ordenamiento legal. ********************Apoya lo expuesto la tesis 1a. CCXCIII/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 535, intitulada: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DESECHA LA DEMANDA O LA QUE LA TIENE POR NO PRESENTADA POR INCUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN SEDE LEGISLATIVA, RESPETA ESE DERECHO HUMANO."********************Hágase la aclaración al peticionario de la tutela judicial que los criterios invocados en el presente proveído no contrarían lo establecido en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.********************DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************en esta ciudad, para los efectos que alude el párrafo quinto de la fracción I del artículo 30 de la Ley de Amparo, y como autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la propia ley de la materia, al licenciado ******************** quien tiene su cédula profesional ********************reconocida en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; y a ********************, por así haberlo solicitado el quejoso********************Asimismo, se le tiene proporcionando los correos electrónicos********************para comunicaciones no procesales.********************Lo anterior será aplicable para el expediente en que se actúa, así también para los diversos cuadernos incidentales que en su caso deriven del mismo.********************COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las actuaciones que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado les da la característica de inalterables.********************COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio.********************PJUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 263, fracción II, del preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea".********************HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. ********************LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE POR MEDIOS ELECTRÓNICOS AL PROMOVENTE.

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