Omar Enrique Escalante Rivero
Expediente 1181/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 31 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1181/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 19/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Omar Enrique Escalante Rivero
- Delegado del Instituto Nacional de Migración, Delegación Federal en Yucatán
- Omar Enrique Escalante Rivero y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado Federal el veinticinco de febrero del año en curso, por la cual se sobreseyó en el presente juicio; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho que aún no haya constancia de notificación, ni trascurrido el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, a las autoridades responsables cuya residencia se encuentra fuera de este Juzgado Federal, para que cause ejecutoria la sentencia dictada en autos, dado que no se les vulnera derecho alguno atendiendo al sentido en el que se resolvió el presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, toda vez que en la resolución dictada por este Juzgado, se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Finalmente, agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Colli, que autoriza y da fe. En la misma fecha se libraron los oficios 5356, 5357, 5358, 5359, 5360, 5361, 5362, 5363 y 5364, en los términos de la minuta que al efecto se anexa. Conste. Jard&.
- Incidental
Mérida, Yucatán, diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con la fracción III del artículo Vigésimo y la fracción III del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; el presente incidente de suspensión en original y duplicado es susceptible de destrucción, toda vez que por acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho y por resoluciones interlocutorias de veintiséis de octubre referido y dieciocho de enero del año en curso, se negaron respectivamente la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Colli, que autoriza y da fe.
- Principal
En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las diez horas con cuarenta minutos del veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 1181/2018-VII-I, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la secretaria Juana Mecalco Colli, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Abierta la audiencia, la secretaría hace una relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda, auto admisorio de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, constancias de notificación practicadas a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado e informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables en este asunto. El Secretario en funciones de Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede, para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas no se da cuenta con promoción especial alguna, cerrándose el período de referencia. Abierto el período de pruebas, la secretaría da cuenta con la documental que relacionó la parte quejosa en su demanda de amparo, y con la documental que exhibieron las autoridades responsables en su informe justificado. El Secretario en funciones de Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitida la documental de mérito, la cual se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza. Con lo que se concluye la etapa respectiva. Posteriormente se abre el período de alegatos en el que la Secretaría da cuenta que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado no formuló pedimento alguno; con lo anterior se cierra ese periodo. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y al encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver el presente juicio de amparo número 1181/2018-VII-I promovido por Omar Enrique Escalante Rivero contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con residencia en la ciudad de México y otras autoridades, por violación a los artículos 1, 14, 16 y 21 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: I. Demanda de Amparo. En demanda de amparo presentada el quince de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, Omar Enrique Escalante Rivero solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con residencia en la ciudad de México y otras autoridades. II. Admisión de demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, la cual previa aclaración, se admitió en acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables sus correspondientes informes con justificación, mismos que en su oportunidad fueron puestos a la vista de las partes; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le compete, y se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo, 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior porque en el presente caso se reclama un acto cuya ejecución podría tener lugar dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, examinando no sólo el capítulo que contiene los actos reclamados, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, de la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a impugnar lo siguiente: "a). La inconstitucional orden de detención y/o solicitud de que se me ponga a disposición de la Delegación Federal de Yucatán del Instituto Nacional de Migración, librada en mi contra y dictada por las autoridades que he señalado como responsables, ya que de una manera fuera de fundamento legal, han ordenado y dado instrucciones para mi ilegal detención, a fin de llevarme al centro de detención y/o estación migratoria de la Delegación Federal de Yucatán del Instituto Nacional de Migración, siendo que ignoro la razón por la cual se ha ordenado dicho acto de molestia en mi contra, pues desconozco las causas que hayan generado dicha solicitud, ya que el de la voz me encuentro en trámites migratorios a fin de obtener mi estancia permanente en este país. b). El aseguramiento, alojamiento y/o detención del quejoso, que pretenden ejecutar en mi persona para llevarme a las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de la Delegación Federal en Yucatán, con domicilio ubicado en calle treinta y cinco, número quinientos diez letra "B" entre sesenta y dos y sesenta y dos letra "A" en la colonia Centro, con número de código postal noventa y siete mil, en la ciudad de Mérida, Yucatán. c). La aplicación que efectúan las autoridades señaladas como responsables del inconstitucional artículo 111 de la Ley de Migración, para determinar el acto de privación de mi persona. Acto que se atribuyó a las autoridades marcadas en los incisos a), b), c), d) y e). d). La aprobación y emisión del artículo 111 de la Ley de Migración de fecha. Acto que se atribuyó a las autoridades marcadas en los incisos f) y g). e). La promulgación del artículo 111 de la Ley de Migración. Acto que se atribuye a la autoridad marcada en el inciso h)." Tercero. Las siguientes autoridades rindieron sus informes justificados en estos términos: Número de Orden Autoridad Sentido del informe Foja 1 Delegado Federal en Yucatán del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad. Niega 27 2 Jefe del Departamento Jurídico y Atención al Migrante, Subdirección de Estación Migratoria de la Delegación Federal en Yucatán del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, (en su correcta denominación). Niega 28 3 Director del Centro de Reinserción Social del Estado, con residencia en esta ciudad. Niega 34 4 Subdirector de Estación Migratoria de la Delegación Federal en Yucatán del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, (en su correcta denominación). Niega 29 5 Jefe del Departamento de Operación, Seguridad y Custodia, Subdirección de Estación Migratoria de la Delegación Federal en Yucatán del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, (en su correcta denominación). Niega 30 Ahora bien, toda vez que las autoridades responsables antes relacionadas negaron expresamente los actos que se les atribuyen, sin prueba en contrario de la parte quejosa, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo aplicable. Tiene aplicación al caso por similitud de razón, la Tesis Jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación y rubro: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Certeza de los actos reclamados. La Subdirectora de Amparos y representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (foja 39) y la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión (fojas 43-64), ambas con residencia en la Ciudad de México, autoridades señaladas como responsable en este asunto, al rendir sus informes justificados, admitieron la certeza de los actos reclamados dentro del ámbito de sus competencias, por lo que se tienen por existentes los mismos. Por su parte, el Director General de Procedimientos Constitucionales de la Secretaría de Gobernación, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la ciudad de México, autoridad señalada como responsable en este asunto, al rendir su respectivo informe justificado, negó los actos reclamados; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa y se corrobora su certeza con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, dado que constituye un hecho notorio en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo; además de que su existencia no es objeto de prueba. Apoya la anterior consideración, la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia 2a./J.65/2000, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubros y textos siguientes: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." "PRUEBAS. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza obligatoria y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueden argüir desconocerlo." Quinto. Causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo, deben analizarse las causas de improcedencia que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que éstas son de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, este último artículo interpretado en sentido contrario. Se afirma lo anterior, toda vez que el quejoso no acreditó acto de aplicación alguno respecto al artículo 111 de la Ley de Migración, ya que la detención que reclamó y estimó que le sería aplicado dicho artículo es inexistente, de ahí que lo procedente es decretar el sobreseimiento respecto de dicho acto reclamado en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene sustento en las siguientes jurisprudencias, de rubro y texto: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Así como la tesis de jurisprudencia de rubro y texto: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." Y la tesis de rubro y texto: "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACION. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya." Lo anterior impide analizar el fondo del asunto y los conceptos de violación planteados por la quejosa, según lo dispone la tesis de jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 335 del Tomo VI, Materia Común, del apéndice 1917-1995, que indica: "SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sexto. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 76 al 78 de la Ley de Amparo aplicable, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Omar Enrique Escalante Rivero, en contra de los actos que reclama a las autoridades que han quedado relacionadas y por las razones expuestas en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Colli, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido y se ordena glosar a este expediente el oficio remitido por el Director General de Procedimientos Constitucionales en representación de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, con el que devuelve el oficio 19537/2018 de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, dirigido al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que señala que no le ha sido otorgada la representación presidencial. En atención a lo antes indicado, comuníquese al Secretario de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, que obra glosado en autos el oficio 5.AP/V.3/3797/2018 de siete de noviembre de dos mil dieciocho, enviado por el Consejero Adjunto del Ejecutivo Federal, a través del cual comunicó a este Juzgado que le otorgó la representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en este juicio de amparo, por lo que por acuerdo de dieciséis de noviembre del citado año, se le reconoció tal representación; así como que el diez de enero del año en curso, rindió el informe justificado relativo a este asunto, el cual fue puesto a la vista de las partes por proveído de catorce de enero acabado de transcurrir. En virtud de lo señalado, para efectos de su legal notificación, se ordena se reenvié el oficio devuelto, al que deberá adjuntarse copia certificada del oficio y acuerdo relativos a la representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Colli, que autoriza y da fe.
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