Omar Enrique Cordero Iribe

Expediente 1206/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 23 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1206/2021
Año
2021
Actuaciones
23
Última actuación
07/07/2022

Partes del expediente

  • Omar Enrique Cordero Iribe

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de doce de mayo del presente año, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por la Jefa del Departamento de Amparos y Asuntos Penales en representación del Director Jurídico del Servicio de Administracion Tributaria del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, al cual anexó copia del oficio señalado, en el que solicitó a la Tesorería del Gobierno del Estado de Sinaloa, la expedición del cheque por la cantidad de referida, en cumplimiento a la resolución constitucional emitida por este Juzgado de Distrito, para que en el término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería de oficio si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, se procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. La protección constitucional se otorgó a fin de que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: ". para el efecto de que se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa reclamada, específicamente su artículo 50, fracciones II y III, dada su inconstitucionalidad, y no le sea aplicado en lo futuro hasta en tanto sea reformada. Dicha concesión se hace extensiva al acto concreto de aplicación que se reclama, consistente en el pago generado por concepto de derechos por servicios registrales, consignado en el recibo de pago con número de folio 11-000755562, número de autorización 520882,operación de caja 1807012857, de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, por la cantidad de $14,758.00 (catorce mil setecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), relativo al pago de derechos por servicios de inscripción en el Registro Público de la Propiedad de las operaciones consignadas en ese recibo (compraventa y crédito bancario),para el efecto de que le sean devueltas tales cantidades que pagó por la aplicación del artículo 50, fracciones II y III, de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. (.) Sin que ello implique que la parte quejosa quede exenta de pagar la cantidad generada por concepto de derechos derivados del servicio prestado por el Estado, sino sólo deberá cubrir las cuotas previstas en el inciso b) de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, esto es, diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que se realizó la inscripción de la escritura en que se hizo constar el acto traslativo de dominio y contrato de crédito cuya inscripción fue solicitada al Registro Público de la Propiedad, de que se trata. Lo anterior, considerando que, el costo promedio de un servicio de inscripción por parte del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en tratándose de gestiones realizadas para el registro de documentos público o privados, entre otros, por medio de los cuales se adquiera la propiedad de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, por herencia, legado o donación, entre cónyuges, entre ascendientes y descendientes en línea recta, en cualquier grado, equivale al monto de una cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medica y Actualización a la fecha de la operación, según se desprende del inciso b) de la propia fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. De ese modo, al ser las autoridades fiscales recaudadoras a las que corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal cumplimiento constriñe al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, a fin de que se devuelva al peticionario del amparo las cantidades que por concepto de derechos enteró con motivo del pago generado por concepto de derechos por servicios registrales, consignados en el referido recibo de pago. La devolución de mérito deberá realizarse, desde luego, descontando el importe que resulte de aplicar la cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha de la operación, en términos de lo previsto en el inciso b) de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. (.) En la inteligencia que la tutela protectora, si bien alcanza a las autoridades responsables que concurrieron a la formación y promulgación de la norma controvertida, no implica por parte de éstas, la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. (.) Concesión que se hace extensiva a la cantidad pagada por concepto de "Pro-Educ.", a razón de una tasa adicional del diez por ciento sobre el monto de los derechos que se causaron por los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, conforme al artículo 111, fracción II, inciso d), de la Ley de Hacienda para el Estado de Sinaloa. Ello, en atención a que dicho importe se encuentra íntimamente vinculado con el precepto declarado inconstitucional, ya que la base sobre la que se aplica dicha tasa, lo constituye el derecho por registro o inscripción de documentos; en el caso, los citados recibos de pago, a nombre de la parte quejosa, por concepto de compraventa y contrato de crédito donde se advierte que sobre dicho monto se aplicó la tasa del diez por ciento, para determinar el importe de la contribución relativa al apoyo a la educación a cargo de la parte quejosa. Por tanto, también deberá devolverse a la impetrante de amparo, la cantidad de señalada, toda vez que al haberse declarado inconstitucional el artículo 50, fracción II de la ley en comento, no existe base sobre la cual pueda aplicarse la tasa correspondiente al pago por concepto de apoyo a la educación. En el entendido que dicha cantidad se encuentra incluida en los montos totales del recibo 11-000755562, de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, por la cantidad de $14,758.00 (catorce mil setecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional). Asimismo, la cantidad que proceda devolver a la parte quejosa deberá incluir actualizaciones". Al respecto, la Jefa del Departamento de Amparos y Asuntos Penales en representación del Director Jurídico del Servicio de Administracion Tributaria del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, remitió a este órgano jurisdiccional el oficio SATES-DJ-DAAP-434/2022, al que anexó copia certificada del SATES-DR-DDC-1051/2022, en el que solicitó la expedición del cheque por la cantidad de 13,861.80 (trece mil ochocientos sesenta y un pesos 80/100 moneda nacional); sin embargo, no allegó copia certificada de la entrega del cheque expedido a favor del quejoso Omar Enrique Cordero Iribe, por la cantidad de $13,861.80 (trece mil ochocientos sesenta y un pesos 80/100 moneda nacional). En consecuencia, debe concluirse, que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, no ha quedado debidamente cumplimentado. Consecuentemente, REQUIÉRASE a la autoridad responsable Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, así como a la Dirección de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (autoridad vinculada al cumplimiento de sentencia), para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del momento en que se encuentre legalmente notificada del presente proveído, informe a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, el acatamiento que dé a la ejecutoria y remita las constancias con las que acredite lo anterior. APERCIBIDA que de no hacerlo se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización vigentes; lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de este Circuito, para el trámite de inejecución de sentencia, con fundamento en el numeral señalado en primer término. Conviene precisar que respecto a lo establecido en el artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de la materia, el Acuerdo General 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que para el desarrollo del procedimiento de ejecución de una sentencia, en debido cumplimiento a lo establecido en el numeral antes mencionado, además de requerir a las autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector, debe requerirse al superior jerárquico inmediato de la autoridad directamente obligada. En consecuencia, REQUIÉRASE al Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, para que en su carácter de superior jerárquico, conmine a la autoridad responsable Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, a cumplir con la presente ejecutoria de amparo y demuestre la manera en que lo requirió a dar cumplimiento; ello con el apercibimiento que de no hacerlo, se hará acreedor a la multa señalada con anterioridad, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la aludida autoridad. Finalmente, por lo que respecta a las manifestaciones vertidas por el autorizado de la parte quejosa, en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, ha de decírsele que se esté a lo determinado en los párrafos que anteceden.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa Omar Enrique Cordero Iribe, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, mismo que contiene la firma criptográfica, mediante el cual realiza diversas manifestaciones respecto a los actos de cumplimiento de la sentencia de amparo por parte de la autoridad responsable, pues refiere que la responsable no ha entregado a la parte quejosa la cantidad a la que fue determinada a devolverle, por lo que señala, no ha cumplido con la sentencia. Ahora, de la certificación de cuenta se advierte que la notificación del proveído de doce de mayo del año en curso, en el que se tuvo por recibidas las constancias remitidas por la autoridad responsable, relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo y se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera, se realizó a la parte quejosa el uno de junio de dos mil veintidós. Por tanto, una vez que transcurra el término otorgado en el acuerdo de doce de mayo referido, las manifestaciones realizadas en el escrito de cuenta, respecto a los actos de cumplimiento de la sentencia de amparo por parte de la autoridad responsable, serán tomadas en cuenta al momento de resolver si la sentencia concesoria de amparo dictada en el presente juicio se encuentra o no cumplida, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de veintiséis de mayo del año que transcurre, se tuvo por recibida la promoción con número de registro 8121, presentada por el autorizado de la parte quejosa, en la que solicitó se requiriera a la autoridad responsable y al superior jerárquico, a fin de que se diera cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio; al respecto, en dicho acuerdo se dijo que esa manifestaciones se tomarían en cuenta al momento de resolver respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2o., de la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento y se deja sin efectos el acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en la parte en que atendió dicha petición en los términos precisados en el párrafo que antecede y al efecto, se provee lo siguiente: En relación con la solicitud para que se requiera a la autoridad responsable y al superior jerárquico, a fin de que se dé cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio, dígasele al promovente que está en proceso la notificación a la parte quejosa del acuerdo de doce de mayo de dos mil veintidós, en que se ordenó dar vista personal con el oficio que remitió la autoridad responsable, mediante al cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, a efecto de que dentro del plazo ahí establecido, manifieste lo que a su interés legal convenga. Por lo cual, una vez que obre en autos la constancia de notificación respectiva y transcurra el plazo otorgado a la quejosa, este Juzgado resolverá si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. Finalmente, agréguese a los autos el escrito firmado por el autorizado de la parte quejosa, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, mismo que contiene la firma criptográfica, mediante el cual, realiza diversas manifestaciones respecto al acuerdo de veintiséis de mayo del año en curso, en que se atendió la promoción que presentó el veinticuatro del mes y año que transcurre. Al respecto, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden.

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