Omar Elesban Vizcano Campos y Otros.
Expediente 1398/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 21 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1398/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 21/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Omar Elesban Vizcano Campos y Otros.
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO QUE DICE: Con la demanda de amparo promovida por Omar Elesban Vizcano Campos, contra actos de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad, fórmese expediente y regístrese con el número 1398/2015 en el libro de gobierno respectivo. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la demanda, se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia, por razón de territorio, para conocer del asunto, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA En primer término, cabe destacar que de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia. Al respecto, se toma en cuenta que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El artículo citado establece las reglas competenciales, por razón de territorio, para el conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se surten en función de la naturaleza del acto reclamado, sea que tenga ejecución material o efecto meramente declarativo, las cuales consisten en lo siguiente: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y continúe en otro, será competente cualquiera de los jueces de las jurisdicciones de que se trate, a prevención; 3) Si el acto controvertido carece de ejecución, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que lo hubiese dictado. Por otra parte, existe criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determina que la competencia para conocer de un amparo indirecto contra una resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento, corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primer grado que deba reparar la violación procesal. Lo anterior atendiendo a que una resolución que ordena reponer el procedimiento tiene como consecuencia devolver los autos al juzgado de origen para efectos de realizar los actos procesales encaminados a cumplir con la referida orden de reposición. En ese sentido se puede también concluir que una resolución que califica una excusa de ilegal, tendrá como consecuencia que el juez que la hubiere planteado continúe conociendo de determinado juicio hasta su conclusión. Tiene aplicación al caso la tesis siguiente: Época: Novena Época Registro: 179090 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Marzo de 2005 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 37/2005 Página: 229 "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADO DE PRIMER GRADO QUE DEBA REPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL. Las resoluciones de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento tienen ejecución material a cargo del órgano jurisdiccional de primer grado; por tanto, los juicios de amparo en contra de dichas resoluciones, deben ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deben realizarse los actos procesales encaminados a cumplir la orden de reposición del procedimiento respectivo, con independencia del lugar donde resida el tribunal de segunda instancia, lo que se ajusta a las reglas competenciales previstas por el artículo 36 de la Ley de Amparo." Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el párrafo segundo, fracción séptima, del punto cuarto, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, los Jueces de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, ejercen jurisdicción en la ciudad de Veracruz. HECHOS En el caso, el acto reclamado por el promovente consiste en: ? La resolución dictada en los autos del toca de apelación 2119/2015, del índice de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante la cual no calificó de legal la excusa pronunciada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, en los autos del expediente 1324/2013 de su índice. Por otra parte, la parte quejosa señaló como autoridades responsables a: 1. La Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. 2. Al Juzgado Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz. Lo anterior en el entendido de que a la Sala del Tribunal Superior de Justicia le recae el carácter de autoridad ordenadora por ser quien emitió el acto reclamado, y en su caso, el juzgado de primera instancia será el encargado de ejecutar el acto reclamado, lo que en este caso implicaría seguir conociendo del juicio de origen al no haberse calificado de legal la excusa planteada por éste. CONCLUSIÓN Por lo tanto, se concluye respetuosamente que este órgano jurisdiccional carece de legal competencia para conocer y resolver este asunto, debido a que la ejecución del acto reclamado tendrá lugar donde no tiene jurisdicción territorial este Juzgado de Distrito, es decir, en la ciudad de Veracruz, Veracruz, debido a que la Sala responsable al no calificar de legal la excusa planteada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia, tendrá como efecto de ejecución, que dicho juzgado de primera instancia continúe conociendo de la tramitación del expediente 1324/2013, de su índice, hasta su conclusión. Por lo que la regla competencial aplicable en el caso es la prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que dispone que será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; por lo que este órgano jurisdiccional carece de legal competencia para conocer y resolver este asunto por razón de territorio; en consecuencia, remítasele al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, en turno, quien ejerce jurisdicción en el lugar donde tendrá ejecución el acto reclamado, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Tiene aplicación al caso la tesis siguiente: Registro No. 162635 Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Marzo de 2011 Página: 2288 Tesis: I.15o.A.41 K Tesis Aislada Materia(s): Común "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." debido Con copia de la demanda y de este acuerdo, fórmese cuaderno de antecedentes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo señala la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo. Se faculta como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Apolonio Gamboa Ruiz, Rafael Martínez Rodríguez, Sergio Toledo Antonio y Brenda Trujillo García por tener registradas su cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro único de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; asimismo, se autoriza en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo referido a las demás personas que indica, por no tener registrada su cédula profesional. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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