Omar Dueñas Valenzuela

Expediente 580/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
580/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
25/08/2023

Partes del expediente

  • Omar Dueñas Valenzuela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia de veinte de julio de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. Certificación. Por otra parte, de conformidad con los artículos 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción I del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse decretado el sobreseimiento respecto de todos los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años, a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el antepenúltimo párrafo del citado precepto; realícese la anotación administrativa conducente. Cuaderno incidental. Se precisa que el incidente de suspensión aperturado en un solo cuaderno, es susceptible de destrucción, al ubicarse en el supuesto del artículo 20, fracción III, del citado acuerdo, puesto que fue negada la suspensión definitiva. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Devolución de constancias a la autoridad. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable los dos tomos de pruebas que allegó al presente juicio de amparo, al ser innecesaria su retención. Notifíquese.Así lo acuerda y firma Magali María Díaz Villarreal, Jueza Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, quien actúa con la Secretaria Tania Aguilar Herrera que firma y da fe. Doy fe. Wendy (

  2. Principal

    Certificación de relación de constancias. Asimismo, la Secretaria certifica que se dio lectura de las constancias que obran en el presente expediente. Por otra parte, la Secretaria certifica: Que con fundamento en el artículo 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, que las promociones y determinaciones que se encuentran glosadas a este expediente físico -al día de hoy- se encuentran digitalizadas e integradas al expediente electrónico y estos son coincidentes entre sí. Acuerdo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, la secretaria encargada del despacho tiene por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el expediente. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, septiembre de 2018, Tomo II, página 1345, Décima Época, registro 2017786, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA CUMPLIR EL REQUISITO FORMAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ QUE 'ABIERTA LA AUDIENCIA SE PROCEDERÁ A LA RELACIÓN DE CONSTANCIAS', BASTA QUE EN AQUÉLLA SE CERTIFIQUE QUE SE DIO LECTURA A LAS CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE." Pruebas. A continuación, se abre el periodo probatorio y la Secretaria hace constar que se ofrecieron las siguientes pruebas: Partes Pruebas Fojas Admitidas y desahogadas Parte quejosa Documentales 14-21 31 de mayo de 2023 Autoridad responsable Documentales 2 tomos de pruebas 16 de junio de 2023 27 de junio de 2023 Asimismo, la Secretaria hace constar que no existen pruebas pendientes por desahogar y que el expediente está debidamente integrado. Acuerdo. En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, en su momento procesal oportuno tómense en consideración las probanzas relatadas y al no tener pruebas que acordar ni pendientes de desahogo, la secretaria encargada del despacho da por concluida la etapa probatoria. Alegatos. En este acto, se abre el periodo de alegatos, por lo que la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. Acuerdo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos, por tanto se concluye la presente etapa. Cierre de la audiencia. Con lo expuesto, se tienen por cumplidas las etapas precedentes de la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar el fallo que en derecho corresponda.VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 580/2023-I; y, R E S U L T A N D O S PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, y recibido en ése órgano jurisdiccional el veintidós siguiente, Omar Dueñas Valenzuela, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE.- 1.- JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL PARTIDO JUDICIAL DE TECATE, B.C. [.]." "IV.- ACTO RECLAMADO.- Se reclama todas y cada una de las actuaciones realizadas en el procedimiento radicado ante el Juzgado de Primera Instancia Civil del Partido judicial de Tecate, B.C., bajo el número de expediente 120/2022, relativo al juicio Ordinario Civil de Acción Reivindicatoria promovido por el C. PEDRO SANTANA LEE." SEGUNDO. Radicación del juicio. El veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, el escrito se radicó bajo el número de expediente 580/2023-I y se previno a la parte quejosa para que manifestara la fecha en la que tuvo conocimiento o se hizo sabedor del acto reclamado. Subsanada la prevención de mérito, el veinticinco de mayo siguiente, se requirió de nueva cuenta al impetrante para que indicara si promovía la demanda por propio derecho o bien, como representante o albacea de la sucesión a bienes de Omar Dueñas López, y de ser así, exhibiera el documento idóneo con el que acreditara tal personalidad. TERCERO. Admisión de la demanda. Desahogada que fue la última prevención, el treinta y uno de mayo del año en curso, se admitió a trámite y se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable. Seguidos los trámites de ley, se celebró la audiencia constitucional que tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y,C O N S I D E R A N D O S Primero. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Justificación. En virtud de que se actualiza el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 37 de la ley de la materia, ya que el acto reclamado se emitió por una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este juzgado y sus consecuencias tendrán efectos en la misma. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda y constancias allegadas al juicio, se advierte que los quejosos solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y autoridades que enseguida se precisan: Autoridad responsable Acto reclamado Juez de Primera Instancia Civil de Tecate, Baja California. La falta de llamamiento al juicio 120/2022, así como todo lo actuado en el mismo y sus consecuencias jurídicas. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. En ese sentido, la autoridad responsable rindió su informe de la siguiente manera: Autoridad responsable Sentido del informe Fojas Juez de Primera Instancia Civil de Tecate, Baja California. Cierto 49 53 Atento a lo anterior, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable es cierto dado que así lo manifestó expresamente, únicamente respecto a la tramitación del juicio ordinario civil de prescripción positiva 120/2023 del índice del Juzgado de Primera Instancia Civil de Tecate, Baja California. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 278 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231 del Tomo VI; Primera Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, de la Quinta Época, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora con la fotocopia certificada de las constancias que integran el juicio de origen que remitió la responsable con su informe justificado y con las que se formaron dos tomos de pruebas; documentales que tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. En apoyo de lo anterior, se cita la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Antecedentes. Del informe justificado rendido por la autoridad responsable, en concatenación con las manifestaciones de la parte quejosa se obtiene, en síntesis, que el acto reclamado deriva de un juicio de naturaleza civil, razón por lo que, a fin de tener el contexto para el estudio de este asunto, resulta necesario hacer una síntesis de las actuaciones principales: i) Pedro Santana Lee, demandó en la vía ordinaria civil a Melisa Dueñas Dueñas también conocida como Melissa Dueñas Dueñas ejercitando la acción real reivindicatoria respecto del inmueble identificado como lotes 5 y 6, fracción A, manzana 003, calle José Ma. Pino Suárez, colonia Bella Vista, en Tecate, Baja California. ii) El treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se radicó la demanda bajo partida 120/2022 del índice del Juzgado de Primera Instancia Civil de Tecate, Baja California, y se ordenó emplazar a la demandada. iii) El catorce de febrero de dos mil veintidós, se llevó a cabo el llamamiento a juicio de Meliza Dueñas Dueñas, y mediante proveído de dieciséis de marzo siguiente, se le tuvo contestando la demanda, y se ordenó llamar como terceros a Norma Lee Mancilla también conocida como Norma Lee de Santana y a Arturo Santana Gallegos. iv) El doce de mayo de la referida anualidad, se emplazó a Norma Lee Mancilla también conocida como Norma Lee de Santana y a Arturo Santana Gallegos, y en auto de ocho de septiembre de dos mil veintidós, se les tuvo dando contestación a la demanda, confesando los hechos y allanándose a las prestaciones que les fueron reclamadas en juicio. v) El siete de febrero de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la audiencia de desahogo de pruebas y se citó a las partes a oír sentencia definitiva. vi) El tres de marzo siguiente, se ordenó dejar sin efectos la etapa de alegatos desahogada en diligencia de siete de febrero anterior, así como la citación para sentencia, en razón de que la responsable omitió pronunciarse respecto de la totalidad de los medios de convicción ofertados por la parte demandada y ordenó su preparación. vii) El diecisiete de abril del año que transcurre, se tuvo por recibido el escrito firmado por el aquí quejoso Omar Dueñas Valenzuela; sin embargo, se determinó no acordar de conformidad dicho ocurso virtud que no cuenta con personalidad con la que compareció. viii) El dieciocho de abril de dos mil veintitrés, se difirió la audiencia para el desahogo de pruebas, señalado como nueva fecha las trece horas con treinta minutos del veinte de junio del año en curso. ix) El cinco de junio del año en curso, la responsable tuvo por recibidos los oficios relativos a la admisión de este controvertido constitucional, y ordenó rendir los informes que le fueron solicitados. Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. SEXTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede analizar las causales de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes, o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, en relación con los numerales 5º, fracción I y 6º, todos de la Ley de Amparo; y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para respaldar esta postura, es menester transcribir dichos numerales: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; [.]" Ley de Amparo. "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que aleguen que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º, de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial frente al orden jurídico." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. [.]" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley [.]." De los preceptos constitucional y legales transcritos, se obtiene que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional, es la demostración plena de un interés legítimo, o bien, de un interés jurídico, según sea el caso; lo cual, no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos y obligaciones afectadas por el acto de autoridad reclamado, o bien, el derecho que le asiste derivado de la especial situación que guarda de frente al orden jurídico. Es importante precisar que si bien el segundo de los numerales transcritos hace una distinción entre la existencia de un interés legítimo y un interés jurídico; lo cierto es que el primero de ellos se encuentra excluido tratándose de actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues desde la reforma constitucional en materia de amparo se consideró que en estos casos se están discutiendo las posiciones dentro de un litigio en el que, en principio, las partes tienen las mismas posibilidades procesales y los mismos medios de defensa, de modo tal que cualquier afectación de ese equilibrio por la postulación de un interés legítimo frente a otro jurídico, afectaría el equilibrio procesal que siempre es necesario mantener. Por tanto, la exigibilidad del interés jurídico subsiste cuando se reclamen actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, como acontece en el presente juicio, ya que dicho interés jurídico consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio, es decir, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma general, que se ve afectado por un acto arbitrario de autoridad y le ocasiona un perjuicio a su titular en sus derechos o intereses. Consecuentemente, tales intereses de quien promueva la acción constitucional, sólo se pueden surtir en la medida que demuestre que el acto de autoridad reclamado, le ha causado molestias relacionadas a su esfera jurídica, entendiéndose por ésta, el cúmulo de derechos u obligaciones que legalmente le correspondan. De ahí que, la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe entenderse en el sentido de que antes de proceder al estudio de la constitucionalidad del acto, si éste deriva de un procedimiento jurisdiccional, es menester examinar si en la especie se demuestra el interés jurídico del promovente del juicio de amparo, dado que es un presupuesto indispensable para el examen de la acción constitucional, es decir, debe existir un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir al órgano jurisdiccional correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión. Concomitante a lo antes expuesto, resulta pertinente señalar que conforme a la fracción I del artículo 107 Constitucional, se revela que el interés jurídico para acudir al juicio constitucional, representa el derecho derivado de alguna norma en particular, que se concreta en forma individual y otorga a su titular la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad, cuando ésta le ha ocasionado algún perjuicio; por lo que, para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que toda persona que lo instaure, acredite fehacientemente ser el titular del derecho que desea se respete con motivo del acto de autoridad reclamado; de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Sobre el particular, cobra exacta aplicación la jurisprudencia 2a./J. 16/94, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, de rubro y texto siguientes: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Ahora, en el caso la parte quejosa no justificó su interés jurídico, como enseguida se explica: El quejosos Omar Dueñas Valenzuela, por propio derecho, acude a esta instancia constitucional ostentándose como persona extraña (en sentido estricto) al juicio ordinario civil 120/2022 de la estadística del Juzgado de Primera Instancia Civil, de Tecate, Baja California, en el que Pedro Santana Lee, demandó en la vía ordinaria civil a Melisa Dueñas Dueñas también conocida como Melissa Dueñas Dueñas ejercitando la acción real reivindicatoria respecto del inmueble identificado como lotes 5 y 6, fracción A, manzana 003, calle José Ma. Pino Suárez, colonia Bella Vista, en Tecate, Baja California. El peticionario de amparo afirma en su escrito inicial de demanda, que las actuaciones acaecidas en el controvertido de origen se emitieron sin haber sido oído ni vencido en juicio, en razón de que el inmueble materia de la litis fue donado a su padre Óscar Dueñas también conocido como Óscar Dueñas López por Norma Lee de Santana y Arturo Santana Gallegos mediante un contrato privado de donación, y que si bien en el controvertido de origen se demandó a su hermana Meliza Dueñas Dueñas también lo es que él y su otro hermano, también merecen ser llamados a juicio porque son los herederos de los bienes que su fallecido padre adquirió en vida y ahora forman parte de la masa hereditaria. Asimismo, refiere que la demanda no debió instaurarse en contra de su hermana, sino en contra de Óscar Dueñas también conocido como Óscar Dueñas López, o bien, contra la sucesión a bienes que lo represente. Habida cuenta de lo anterior, este órgano jurisdiccional debe analizar si efectivamente le asiste al quejoso la calidad de tercero extraño que ostenta, para estimar actualizada la transgresión a su derecho fundamental de audiencia previa. Por lo que dicho estudio estará orientado a verificar si en el caso se cumplen los requisitos que actualizan la hipótesis en que aduce se encuentra la parte quejosa, los cuales son: Que no haya figurado como parte en sentido material dentro del juicio o procedimiento de origen; Que no obstante de no haber sido parte, sufra afectaciones en su esfera de derechos durante la secuela procesal o en su ejecución; Que desconozca el expediente o las actuaciones practicadas en el mismo; d) Que no contó con la posibilidad de ser oído para oponer defensas. Elementos los anteriores, que se encuentran contenidos en la jurisprudencia P./J. 7/98, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente dispone: + Primer requisito. Esta exigencia se encuentra satisfecha, porque de las constancias remitidas por el juez responsable en apoyo a su informe justificado (valoradas con anterioridad); se observa que Omar Dueñas Valenzuela, no cuenta con el carácter de parte en el controvertido natural, pues la relación jurídico procesal se entabló por Pedro Santana Lee en contra de Meliza Dueñas Dueñas también conocida como Melisa Dueñas Dueñas o Melissa Dueñas Dueñas. De ahí se concluye que el hoy quejoso, Omar Dueñas Valenzuela, tiene la calidad de persona tercero extraña en sentido estricto a la controversia de origen, puesto que no se encuentra incorporado a la misma como parte material (actora o demandada); y a través de esta instancia constitucional pretende se les integre mediante su emplazamiento. Segundo requisito. El segundo requisito no se encuentra satisfecho, ya que la parte quejosa, como extraña a ese contradictorio, debió acreditar durante la tramitación de este procedimiento, que con su substanciación, se le causó una afectación a su interés jurídico; sin embargo, ello no fue probado de manera fehaciente por el peticionario del amparo. Así se afirma, ya que la parte quejosa no sustentó su interés jurídico a través del algún medio probatorio eficaz, pues únicamente refirió que el inmueble materia de juicio fue donado a su padre Óscar Dueñas también conocido como Óscar Dueñas López por Norma Lee de Santana y Arturo Santana Gallegos mediante un contrato privado de donación, y que si bien en el controvertido de origen se demandó a su hermana Meliza Dueñas Dueñas también conocida como Melisa Dueñas Dueñas o Melissa Dueñas Dueñas, también lo es que él y su otro hermano, también merecen ser llamados a juicio porque son los herederos de los bienes que su fallecido padre adquirió en vida y ahora forman parte de la masa hereditaria. Asimismo, refiere que la demanda no debió instaurarse en contra de su hermana, sino en contra de Óscar Dueñas también conocido como Óscar Dueñas López, o bien, contra la sucesión a bienes que lo represente. En efecto, para encontrarse en aptitud de ser llamado al juicio de origen, debe demostrar que cuenta con algún derecho que le dé la titularidad del bien inmueble que es materia del litigio, o bien, la personalidad que le asiste para ser llamado a juicio, lo que en el caso no acontece, ya que la parte quejosa pretende que se le llame al juicio ordinario civil 120/2022 de la estadística del Juzgado de Primera Instancia Civil de Tecate, Baja California, bajo el argumento de que si bien en el controvertido de origen se demandó a su hermana Meliza Dueñas Dueñas también conocida como Melisa Dueñas Dueñas o Melissa Dueñas Dueñas, también lo es que él y su otro hermano, igualmente merecen ser llamados a juicio porque son los herederos de los bienes que su fallecido padre adquirió en vida y ahora forman parte de la masa hereditaria. Asimismo, refiere que la demanda no debió instaurarse en contra de su hermana, sino en contra de Óscar Dueñas también conocido como Óscar Dueñas López, o bien, contra la sucesión a bienes que lo represente; no obstante, de las constancias que obran en autos se desprende la existencia del diverso juicio sucesorio intestamentario 152/2023 promovido por el quejoso y sus hermanos, no obstante -a la fecha en que se resuelve este asunto- se desprende que no se ha designado albacea en el referido asunto. Por lo que, además de no contar con un título que le dé un derecho subjetivo respecto del bien raíz que en esta vía defiende, tampoco cuenta con la personalidad para defender los intereses del de cujus Óscar Dueñas también conocido como Óscar Dueñas López, a fin de que se le reconozca ese carácter, y en consecuencia, poder ser llamado al juicio que pretende reencausar. En mérito de lo anterior, se concluye que la parte quejosa no justifica su interés jurídico, esto es, que cuente con un derecho previamente constituido y derivado de alguna figura jurídica reconocida por la ley respecto del bien inmueble materia del juicio 120/2022 del índice del Juzgado de Primera Instancia Civil de Tecate, Baja California. No se soslayan las documentales que la parte quejosa ofreció como medios de convicción para acreditar el interés jurídico que aduce le asiste para ser llamado al controvertido de origen, consistentes en: 1) Copia simple del contrato privado de donación celebrado entre Óscar Dueñas López (como donatario) y Norma Lee de Santana y Arturo Santana Gallegos (como donantes). 2) Acta de defunción de Óscar Dueñas López. 3) Acta de nacimiento de Omar Dueñas Valenzuela. 4) Acuse de recibo del escrito dirigido al expediente 120/2022 del Juzgado de Primera Instancia Civil de Tecate, Baja California, presentado el once de abril de dos mil veintitrés, en ese órgano jurisdiccional. 5) Copia simple del proveído dictado el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, en el expediente 120/2022 del Juzgado de Primera Instancia Civil de Tecate, Baja California. Sin embargo, tales probanzas no son idóneas ni suficientes para tener por acreditado el interés jurídico que alega le asiste, pues respecto de la documental identificada con el número 1), se desprende que se trata de una copia simple, y por su naturaleza no es apta para justificar el interés jurídico del quejoso, porque las copias fotostáticas simples no tienen valor probatorio pleno si no se encuentran adminiculadas con algún otro medio de convicción, atendiendo a su fácil confección, por lo que de acuerdo con el numeral 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por mandato expreso del artículo 2º de la invocada Ley de Amparo, no es suficiente para demostrar el interés jurídico del solicitante del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias 193 y 194, emitidas por la Tercera Sala y por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respectivamente, publicadas en las páginas 132 y 133 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo respectivo tenor es: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer.". "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, el valor probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios, y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las copias fotostáticas para demostrar el interés jurídico de la quejosa.". Así como la tesis VI.2o. J/354 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y de contenido: "COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES, VALORACION DE LAS. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 133 y 136 del Código Federal de Procedimientos Civiles, las copias fotostáticas simples no pueden considerarse documentos privados, quedando en cambio comprendidas dentro de los medios de prueba a que se refiere la fracción VII del artículo 93 del aludido ordenamiento adjetivo. En consecuencia para determinar su valor probatorio debe aplicarse el diverso 217 de la misma codificación legal y no los artículos 205 a 210 que se refieren a la apreciación de los documentos privados; y así, de acuerdo con el primero de dichos dispositivos, las copias fotostáticas carecen de valor probatorio pleno si no se encuentran debidamente certificadas, por lo que su valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial, con independencia de que no hayan sido objetadas." Aunado a lo anterior, suponiendo sin conceder que el promovente de amparo hubiera presentado una copia con una certificación válida que justificara que tiene un documento que ampara la propiedad de su difunto padre Óscar Dueñas también conocido como Óscar Dueñas López, dada las particularidades del caso se advierte que, de cualquier modo a través de este juicio de amparo, el quejoso no podría obtener una sentencia que le resultara benéfica a sus intereses, ya que no cuenta con el carácter de albacea de la sucesión a bienes del de cujus, aunado a que en desahogo a la prevención impuesta el veinticinco de mayo del año en curso, se le requirió para que manifestara bajo protesta de decir verdad si promovía este juicio de amparo por propio derecho o en su carácter de representante o albacea de la sucesión a bienes de Óscar Dueñas también conocido como Óscar Dueñas López, y al respecto indicó que promovía la demanda por propio derecho. Así el quejoso no podría ser integrado a la relación jurídico procesal, dado que no cuenta con un título de propiedad respecto del bien raíz que defiende, ni le asiste el carácter de albacea en la sucesión a bienes de Óscar Dueñas también conocido como Óscar Dueñas López. Respecto del resto de las probanzas identificadas en los incisos 2), 3), 4) y 5) no es el caso hacer mayor pronunciamiento, en atención a que de ellas únicamente se desprende que el aquí quejoso es hijo de Óscar Dueñas también conocido como Óscar Dueñas López, y que el once de abril del año en curso, presentó un escrito dirigido al expediente 120/2022 del Juzgado de Primera Instancia Civil de Tecate, Baja California, al cual recayó acuerdo de diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Decisión. En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio de amparo, por los actos y autoridades señaladas en la demanda de derechos fundamentales, con base en el artículo 63 fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sin que pase desapercibido que en el presente asunto no se reconoció el carácter de tercero interesado a persona alguna, sin embargo, atendiendo al sentido de la presente determinación no se estima que ello cause perjuicio a ninguna de las partes, puesto que no se analizó el fondo de la litis planteada. Sustentan a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 6/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E:ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Omar Dueñas Valenzuela, en contra de los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo de la presente sentencia, por las razones expuestas en los diversos considerandos tercero y sexto. Notifíquese.

  3. Principal

    Diferimiento de audiencia. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional está señalada para el día de hoy; sin embargo, se encuentra transcurriendo la vista de ocho días otorgada a las partes con el oficio en alcance al informe justificado que rindió la autoridad responsable Juez de Primera Instancia Civil, con sede en Tecate, Baja California, mismo que se tuvo por recibido el veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Por lo antes expuesto, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y en su lugar se fijan las once horas con treinta minutos del veinte de julio de dos mil veintitrés, para su verificativo. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo ordenado en el auto de admisión, así como a la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista.

  4. Principal

    Cuenta. El veintisiete de junio de dos mil veintitrés, se da cuenta con el oficio registrado con el número 9514. Conste.Tijuana, Baja California, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Remisión de documentales en alcance de informe justificado. Agréguese a los autos el oficio que remite el Juez de Primera Instancia Civil, con sede en Tecate, Baja California; a través del cual, en alcance a su informe justificado rendido el dieciséis de junio del año en curso, remite diversas documentales relativas al juicio ordinario civil de prescripción positiva 120/2022, de su índice, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifieste lo que a su interés legal convenga Por tanto, con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Apertura de tomo de pruebas. Debido a la voluminosidad de dichas documentales, de conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, fórmese el tomo dos de pruebas por separado para su fácil manejo debidamente identificado -respetando folio, sello y rúbricas que contiene-, y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado. Notifíquese.

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