Omar De los Santos Guevara

Expediente 4151/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
4151/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
04/05/2023

Partes del expediente

  • Omar De los Santos Guevara

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio firmado por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, mediante el cual remite el testimonio de la resolución dictada en sesión ordinaria vía remota de veinte de abril de este año en el recurso de queja Q.A. 906/2022 de su índice y un legajo en copias certificadas, sin que resulte necesario acusar recibo, en razón a que no lo solicita. Estese a lo resuelto por el órgano colegiado que resolvió: "(.) Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Es infundado el recurso de queja. SEGUNDO. Por razones diversas, se confirma el auto recurrido. TERCERO. Se desecha la demanda de amparo promovida por ***********, en contra del "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión", publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, en específico, los artículos 15, fracción XLII Bis, 176, 180 Bis a 180 Septimus, 190, fracción VI y VII; y, 307 Bis a 307 Quintus, así como los transitorios, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. (.)" De lo anterior se toma conocimiento, háganse las anotaciones en el libro correspondiente. Archivo del asunto En razón de que el expediente se encuentra integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese como asunto concluído, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que lo integran, considerando como tales las promociones y actuaciones judiciales. Destino del juicio de amparo Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), del mencionado acuerdo general, pues se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del acuerdo general invocado, en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del artículo 21. Atento lo ordenado en el primer y segundo párrafo del artículo 35 del aludido acuerdo, háganse las anotaciones en la carátula del expediente. Devolución de documentos Hágase del conocimiento del quejoso que en caso de haber exhibido documentos que estime relevantes, deberá acudir al local que ocupa este juzgado Federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, a recogerlos, en el entendido que de no hacerlo, serán destruidos junto con este sumario. Finalmente, dado que el citado tribunal colegiado remitió un legajo en copias certificadas formado con motivo del medio de impugnación de referencia y considerando que el original de las constancias obran glosadas en el juicio de amparo en que se actúa, se ordena la destrucción del mismo. Notifíquese y vía electrónica al quejoso.

  2. Principal

    Ciudad de México, ocho de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de quince días otorgado mediante acuerdo de tres de mayo de dos mil veintidós, para que la parte quejosa ampliara su demanda de conformidad con los artículos 108 y 111 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha lo haya llevado a cabo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, por lo que no se tiene por ampliada la demanda y se continúa con la tramitación del presente juicio de amparo y se dictará la sentencia correspondiente conforme a los actos, autoridades y argumentos planteados en su demanda de amparo. SEÑALAMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En ese orden, en estricto acatamiento a lo ordenado por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 2852/2019 de su índice, se reanuda el trámite del procedimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Enseguida, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de las constancias que anteceden para los efectos legales a que haya lugar. Periodo de pruebas. Abierto el período de pruebas: el Secretario CERTIFICA: Que la parte quejosa exhibió pruebas documentales en el cuaderno principal del cual deriva este incidente de suspensión en el escrito inicial de demanda y su escrito de ampliación, consistentes en: a) Acta de Nacimiento con folio B080587120 expedida por la Directora del Registro Civil del Estado de Chihuahua. b) Documento original expedido por la entonces Secretaría de Desarrollo Social hoy Secretaría de Bienestar del que se desprende su acreditación como beneficiarias del programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras. Doy fe. Documentales que obran cotejadas y certificadas en este incidente de suspensión, debido a que la parte quejosa exhibió las copias necesarias para su compulsa; certificación que se realiza en estricto cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida en el incidente en revisión 65/2020 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. El Juez acuerda: ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas las probanzas aludidas, en términos del artículo 143, párrafo segundo de la Ley de Amparo, dada su propia y especial naturaleza. En período de alegatos, el Secretario da cuenta al Juez con el hecho de que ninguna de las partes los formuló; asimismo, se advierte que el Fiscal Ejecutivo Asistente no presentó pedimento. El Juez acuerda: téngase por precluído el derecho de las partes para formular alegatos en términos del artículo 144 de la Ley de Amparo. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, se tiene por celebrada esta etapa de la audiencia incidental en términos del acta que antecede y procede a estudiar las constancias relativas, para dictar la resolución que en derecho corresponda. Vistos; para dictar sentencia interlocutoria en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 18/2021, promovido por XXXXXX, contra actos de la Secretaría de Bienestar y otras autoridades, en relación con los actos reclamados consistentes en: R E S U L T A N D O: PRIMERO. La promovente señaló en su escrito de demanda diversos actos reclamados y autoridades responsables, siendo los siguientes: AUTORIDADES: Secretaria de Bienestar. Comité Técnico del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras. Delegado de la Secretaría de Bienestar del Estado de Chihuahua. ACTOS RECLAMADOS: 1. La omisión de la entrega del recurso de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y los restantes hasta la vigencia establecida en que la menor cumpla cuatro años, como beneficiaria del programa de apoyo a estancias infantiles para el apoyo a madres trabajadoras y padres solos, ahora establecido como programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadora para el ejercicio fiscal 2019. 2. El derecho de permanencia de la menor, de estar en una Estancia infantil donde le proporcionen una adecuada alimentación, educación y formación integral. SEGUNDO. Mediante acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, se proveyó sobre la suspensión provisional de los actos reclamados; asimismo, en proveído de veintiuno de junio de dos mil veintidós, se recibió testimonio de la resolución dictada en sesión ordinaria virtual de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, en el recurso de revisión 65/2022 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual, entre otros, declaro insubsistente la resolución interlocutoria de treinta de marzo de dos mil veintiuno, por lo que, en atención a lo ordenado por dicho órgano colegiado, se revocó dicha resolución, se ordenó reponer el procedimiento y realizar el cotejo y compulsa de los originales y copias certificadas del principal para que obren en el incidente de suspensión relativo como legalmente corresponde, y realizado lo anterior, en acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintidós, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede y, CONSIDERANDO. PRIMERO. El Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver el incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en atención al Acuerdo General, 9/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que se reclaman, entre otros actos, el acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, así como las disposiciones normativas, actos u omisiones, relacionados con el referido programa o asignación de recurso a estancias infantiles o sus beneficiarios, por parte de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. SEGUNDO. No son ciertos los actos reclamados al Comité Técnico del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras y a la Delegada Estatal de la Secretaría de Bienestar del Estado de Chihuahua, consistentes en la omisión de la entrega del recurso de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y los restantes hasta la vigencia establecida en que la menor cumpla cuatro años, como beneficiaria del programa de apoyo a estancias infantiles para el apoyo a madres trabajadoras y padres solos, ahora establecido como programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadora para el ejercicio fiscal 2019 y el derecho de permanencia de la menor, de estar en una Estancia infantil donde le proporcionen una adecuada alimentación, educación y formación integral. En consecuencia, ante la negativa de las autoridades responsables, la carga de la prueba sobre la existencia de dichos actos corresponde a la parte quejosa, y dado que ninguna de las documentales que anexó a su escrito de demanda es idónea para desvirtuar la negativa que la responsable, manifiesta al rendir su informe previo. Por tanto, deben tenerse por inexistentes los actos que se les imputan, y debe negarse la suspensión definitiva solicitada respecto a ellas. En efecto, de las actuaciones que obran en el presente incidente de suspensión, no se advierte cuando menos algún medio de convicción que desvirtúe la negativa expresada por la autoridad referida, por lo que a nada práctico llevaría el conceder la suspensión respecto de acto que se asevera como no cierto, es decir, inexistente, cuya acreditación correspondía a la parte quejosa. Apoya a lo anterior, la tesis visible en la página 356, del tomo X, del mes de octubre de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto señala: "INFORME PREVIO. Si el recurrente no aporta prueba alguna para desvirtuar la negativa de las autoridades señaladas como responsables al rendir su informe previo, el mismo debe tenerse como cierto y, consecuentemente, negarse la suspensión, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." En tal virtud, al no acreditarse la existencia del acto reseñado en los párrafos que anteceden, respecto del mismo procede negar la suspensión solicitada. TERCERO. Es presuntivamente cierto el acto que se reclama a la Secretaria de Bienestar, en razón de que al rendir su informe previo únicamente acepta haber expedido el acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2021, sin embargo fue omisa en pronunciarse sobre la certeza o no de los actos consistentes en la omisión de la entrega del recurso de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y los restantes hasta la vigencia establecida en que la menor cumpla cuatro años, como beneficiaria del programa de apoyo a estancias infantiles para el apoyo a madres trabajadoras y padres solos, ahora establecido como programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadora para el ejercicio fiscal 2019 y el derecho de permanencia de la menor, de estar en una Estancia infantil donde le proporcionen una adecuada alimentación, educación y formación integral, por lo anterior procede tenerlo en esos términos con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo. CUARTO. Precisado lo anterior, cabe señalar que este Juzgador se pronunciará únicamente respecto de la suspensión solicitada por la parte quejosa, esto es, por lo que hace a los efectos y consecuencias Así, este juzgador procede a determinar si en el caso concreto se surten los requisitos contenidos en los artículos 128, 138, 147 y 148 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión respecto de los actos reclamados por la parte quejosa. Precisado lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 138 de la Ley de Amparo, lo procedente es realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social a efecto de pronunciarse sobre la suspensión de los actos reclamados, únicamente respecto de los efectos para los cuales la solicitó la parte quejosa en el apartado correspondiente de su demanda, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 111/2003, aplicable por el criterio que sostiene, publicada en la página noventa y ocho, tomo XVIII, correspondiente a diciembre de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS." En tal sentido, se considera necesario puntualizar que la parte quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados, para el efecto de que: Se le entregue las erogaciones por concepto del programa de apoyo de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, conforme a las reglas de operación establecidas para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve. Al respecto, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión solicitada por Ivett Paola Pérez Galindo, por sí y en su carácter de madre de la menor C.V.C.P., en razón de que los actos reclamados son de carácter omisivo, en contra de los cuales no es procedente conceder la medida cautelar solicitada, en virtud de que, por una parte, no lleva implícito un principio de ejecución material, y por otra, no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisiva accediendo a la petición de la parte quejosa, pues se darían a la suspensión provisional así concedida efectos restitutorios, ya que dicha situación, en todo caso, será efecto y consecuencia de una sentencia favorable que la parte quejosa llegara a obtener en el cuaderno principal del cual deriva el presente incidente de suspensión. Sirve de apoyo a esta determinación, la tesis aislada XXI.2o.11 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 214, tomo V, correspondiente al mes de abril de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte de las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna; por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada." También, es aplicable, la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 49, tomo V, Segunda Parte- 1, enero a junio de 1990, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra dice: "ACTOS NEGATIVOS, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE DE, EN EL AMPARO. Los actos negativos, para efectos del juicio de garantías son aquellos en los que la autoridad responsable se rehúsa a hacer algo y contra ellos es improcedente conceder la suspensión." De igual modo, cobra aplicación por analogía, la tesis número I.3o.C.25 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1468, tomo XV, correspondiente al mes de marzo de 2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS. Si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como sería admitir una prueba o un recurso, o negar eficacia a ciertas diligencias; por lo que si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación del artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender." En este punto, cabe destacar que si bien es cierto que es obligación del Juez de Distrito de conformidad con lo dispuesto en la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, y de esa manera tomar las medidas pertinentes para conservar la materia de amparo, lo cierto es que la adopción de dichas medidas parte del supuesto de que sea procedente la suspensión de los actos reclamados, lo que como ya se apuntó, no ocurre en el presente caso, dado que la medida cautelar no tiene el efecto de constituir o autorizar acto alguno, pues dicha situación en todo caso, será efecto y consecuencia de una sentencia favorable que la parte quejosa llegara a obtener en el fondo del juicio de amparo del que deriva el incidente de suspensión en que se actúa, es decir, se niega la suspensión porque tiene efectos exclusivos de la sentencia de amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 315, del tomo XXX, correspondiente al mes de diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el siguiente rubro: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO." Tampoco pasan inadvertidos los efectos para los cuales solicitó la medida cautelar, ya que no debe perderse de vista que el acto reclamado lo constituye únicamente el precisado en los párrafos que anteceden, por lo que, la materia de la presente determinación sólo versa sobre de éste y no actos futuros y de realización incierta. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 128, 146, 148, 150, 154 y demás relativos de la Ley de Amparo, se:R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva de conformidad con el segundo y cuarto considerandos de esta interlocutoria. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    Ciudad de México, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Agréguese en autos la razón actuarial de cuenta, signada por la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la parte quejosa el proveído de ocho de junio de dos mil veintidós, por las razones que indica; en consecuencia, se ordena notificar a la quejosa electrónicamente el presente proveído y el diverso de ocho de junio de la presente anualidad. Notifíquese en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y vía electrónica a la quejosa el presente proveído y el diverso de ocho de junio de la presente anualidad.

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