Omar de la Cruz Herrera Cocom
Expediente 985/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 985/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Omar de la Cruz Herrera Cocom
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. De igual forma, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Finalmente, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto el estado que guarda el expediente principal de donde derivan estos autos incidentales, se advierte que obra un escrito de ROMAN ALBERTO CASTILLO BROCA, en representación de su menor hijo de iniciales R.E.C.G, con el que comunicó que el aludido menor no ha sido inoculado con ninguna de las dos dosis de la vacuna Pfizer-BioNTechl. Ahora bien, de autos se advierte que en fecha veinte de enero de dos mil veintidós se concedió la suspensión provisional y el quince de febrero de dos mil veintidós, se concedió al menor la suspensión definitiva de los actos reclamados, para que las autoridades responsables, consideren la incorporación al programa nacional de vacunación y por ende, bajo su más estricta responsabilidad, previa valoración que efectúen al menor, determinen si físicamente de acuerdo a su estado de salud, así como a sus circunstancias particulares, de ser el caso, indiquen, si es candidato a la aplicación del biológico y por ende, señalen la hora, fecha y lugar de aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech, al ser la única autorizada para ser inoculada a adolescentes, por la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, conforme a lo contemplado en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-Cov-2, para la prevención de la enfermedad por Covid-19 en México. No obstante ello, las responsables han sido omisas en exhibir o comunicar la forma en la que han acatado la medida cautelar otorgada dentro del ámbito de sus competencias; en consecuencia, se les requiere para que, dentro del término de veinticuatro horas computados a partir de su notificación, señalen los actos que han llevado a cabo con el fin de cumplimentar la suspensión provisional y definitiva ordenada en autos. Lo anterior es así, pues como se estableció en los acuerdos de veinte de enero y quince de febrero del año en curso, las responsables residentes en la Entidad, se encontraban obligadas a acatar, la citada medida suspensional, precisamente porque el menor quejoso tiene su domicilio en esta ciudad capital; por tanto, al ser en esta ciudad donde deberá vacunarse al menor quejoso, es evidente que es las autoridades residentes en esta ciudad, quienes están obligadas en el ámbito de sus competencias, dar cumplimiento a la suspensión provisional y definitiva aquí otorgada. Por ello, las responsables que se encuentran obligadas, en el ámbito de sus atribuciones, a dar debido cumplimiento a la suspensión, virtud a la protección de un derecho humano de carácter prestacional, como lo es el relativo a la salud, concatenado con el diverso de interés superior de un menor de edad. Esto, ya que este juzgado de control constitucional fijó claramente los efectos de la suspensión provisional y definitiva (aplicación inmediata de la vacuna que por su edad corresponda al menor quejoso), así como el objeto de la tutela (derecho a la salud), por lo que, sin soslayar sus atribuciones y facultades, debe implementar los medios más adecuados, eficientes y pertinentes para alcanzar los objetivos de rango constitucional que se encuentran obligados a satisfacer de la manera más óptima posible, en razón de los valores y principios constitucionales y convencionales respectivos. Por ende, las deficiencias de carácter estructural en la ejecución de políticas públicas no pueden invocarse para eludir y falsear una responsabilidad constitucional y convencional evidente, que lesione el núcleo esencial de los derechos fundamentales que se estiman transgredidos Sustenta lo anterior la tesis I.4o.A.49 K (10a.) del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Mayo de 2021, Tomo III, visible a página 2633, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES ESTÁN OBLIGADAS, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, A DAR DEBIDO CUMPLIMIENTO A LA CONCEDIDA PARA SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE CARÁCTER PRESTACIONAL DE UNA MENOR DE EDAD CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. Hechos: El recurrente, en representación de su menor hija, quien tiene discapacidad auditiva, promovió juicio de amparo indirecto contra la aplicación de la Ley que Establece el Derecho a un Paquete de Útiles Escolares por Ciclo Escolar a todos los Alumnos Residentes en el Distrito Federal, Inscritos en Escuelas Públicas del Distrito Federal, en los Niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria y de la Ley que Establece el Derecho a Uniformes Escolares Gratuitos a Alumnas y Alumnos Inscritos en Escuelas Públicas de Nivel Básico en el Distrito Federal, aplicables para la Ciudad de México, y solicitó la suspensión definitiva para que se incluya a aquélla en el padrón de beneficiarios de útiles y uniformes escolares de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de dicha entidad federativa y se le entregue la ayuda para uniformes, becas y útiles escolares para el ciclo escolar 2019-2020. Al respecto, la Jueza del conocimiento resolvió, por un lado, negar la suspensión definitiva en los términos descritos, al considerar que ya había concluido el ciclo escolar y, por otro, concederla para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus facultades, inicien un procedimiento para integrar a la quejosa a un programa social acorde con su situación particular; determinación contra la cual la autoridad responsable promovió recurso de revisión, al considerar la imposibilidad material y jurídica de dar cumplimiento a la medida cautelar, debido a que no cuenta con las atribuciones para ello. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando están en riesgo derechos humanos de carácter prestacional, como los relativos a la educación, la salud, la alimentación o el interés superior de una menor de edad con discapacidad auditiva, las autoridades responsables están obligadas, en el ámbito de sus atribuciones, a dar debido cumplimiento a la suspensión definitiva en el juicio de amparo, concedida para su salvaguarda. Justificación: Lo anterior, porque al concederse la medida cautelar para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus funciones, de manera inmediata inicien un procedimiento para integrar a la menor de edad quejosa a un programa social que corresponda a su situación particular, están claramente fijados el fin y el objeto de la tutela, por lo que, sin soslayar sus atribuciones y facultades, las autoridades deben implementar los medios más adecuados, eficientes y pertinentes para alcanzar los objetivos de rango constitucional que obligadamente deben satisfacer de la manera más óptima posible, en razón de los valores y principios de rango constitucional y convencional respectivos; de ahí que las deficiencias de carácter estructural en la ejecución de políticas públicas no pueden invocarse para eludir y falsear una responsabilidad constitucional y convencional evidente, que lesione el núcleo esencial de los derechos fundamentales que se estiman transgredidos." Máxime, que es un hecho notorio que las autoridades federales y estatales actúan en conjunto con la finalidad de inocular a la población del país, por lo que, en esa medida, las autoridades responsables estatales se encuentran compelidas a realizar todas y cada de las gestiones pertinentes ante las autoridades federales, a efecto de lograr que el menor quejoso sea vacunado, debiendo evidenciar y sustentar la realización de las actuaciones necesarias para tal fin. Por tanto, es evidente que, a efecto de cumplir con la medida suspensional, las responsables deben coordinarse con las autoridades que correspondan y evidenciar la realización de las acciones pertinentes, a efecto de que el menor quejoso sea inoculado con la vacuna antes referida. Se apercibe a las responsables que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $8,962.00 (ocho mil, novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 237m fracción I, con relación al diverso 259, ambos de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución. Sin perjuicio de que se actualice la responsabilidad penal que prevé el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dispone que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte el oficio sin número signado por Ricardo Armando Ceballos Trejo, Apoderado Legal de la Subsidiaria Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad, y un anexo que acompañó la autoridad responsable, en el presente asunto y que ya obran glosados a los presentes autos, con el cual informa lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria concesoria de amparo; y dado que mediante proveído de seis de abril de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con dicha documentación para que en el término de tres días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera, lo que realizó mediante escrito con folio 8581, por medio del cual realizó diversas manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la sentencia de amparo, los cuales ya obran glosados a los presentes autos; por tanto, al haber fenecido dicho plazo, este órgano judicial a continuación determinará si está cumplido o no el fallo de amparo. En este sentido es importante asentar que por sentencia definitiva dictada el cuatro de marzo de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso MIZAR FRANCISCO ORTEGE JIMÉNEZ. Asimismo, por auto de treinta de marzo de dos mil veintidós, causó ejecutoria la citada resolución, requiriendo a la responsable para que de cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. De manera que las autoridades responsables de mérito, estaban obligadas a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: Efectos de la concesión: ". 1) En forma inmediata, emitir contestación, por escrito y de manera congruente, en la que exponga los motivos y fundamentos de la respuesta, a la solicitud que le fue formulada mediante escrito presentado dieciocho de octubre de dos mil veintiuno por el hoy quejoso. 2) Proveer lo conducente para notificar la determinación que emita al quejoso, en términos de la ley que rija su actuar, recabando la constancia de notificación correspondiente..". Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que mediante oficio sin número suscrito por Ricardo Armando Ceballos Trejo, Apoderado Legal de la Subsidiaria Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad, y un anexo que acompañó, de cuyo contenido se apreció que mediante oficio SSB/PEN-08/0641/2022, de cuatro de abril de dos mil veintidós, le hizo de su conocimiento a la parte quejosa la respuesta recaída a su petición, dicho oficio se le hizo llegar mediante correo electrónico al autorizado de la parte quejosa, ya que atendiendo a las disposiciones administrativas de carácter general que establece las condiciones generales para la Presentación del Suministro Eléctrico, la cual podrán presentar sus quejas en unidades, oficinas, módulos administrativos, por teléfono o correo electrónico o por otros medios que establezca el Suministrador de Servicios Básicos, Por tanto, es evidente que con ello, se le restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales por cuya infracción se concedió el amparo, de lo que se aprecia que la responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en autos. Ahora bien, en relación a las manifestaciones de la parte quejosa relativas a que no debe tenerse cumplida la sentencia de amparo, pues al responsable omitió realizar la enumeración clara y precisa de los motivos por los cuales emitió su negativa respecto a la solicitud que le realizó; es dable precisar, que no pueden ser materia del cumplimiento de ejecutoria dictada en este asunto, en virtud de que la concesión únicamente fue para el efecto de que la autoridad responsable de contestación al ocurso presentado ante ella el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, en el que el quejoso solicitó se celebre un contrato de adhesión de suministro de energía eléctrica en relación al predio numero ciento cuarenta y cuatro de la calle quince letra "A" de la Colonia Chuburná de Hidalgo, de esta ciudad y se emitiera una contestación por escrito y de manera congruente, en la que exponga los motivos y fundamentos de la respuesta y se notifique al peticionario de amparo. Lo cual, a criterio de este órgano jurisdiccional se cumplió, pues la autoridad responsable en contestación al aludido ocurso, emitió el oficio SSB/PEN-08/0641/2022, de cuatro en curso, en el que le informó al aquí quejoso que el dieciséis de mayo de dos mil veinte, la Subsidiraria de CFE Distribución, llevó a cabo una revisión al sistema de medición y la instalación eléctrica, lo anterior, de conformidad con los numerales 2 y 5 del Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, de la creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Distribución; del cual, la autoridad advirtió un indebido uso de energía eléctrica. Asimismo, en dicho oficio, la autoridad le informó que no acudió en tiempo a solicitar el contrato de energía eléctrica respecto del predio en cuestión, pues continuó utilizando el servicio de energía eléctrica contratado a nombre de Enna Molina Gutiérrez. De igual forma, le informó que por lo anterior, se contravinieron las Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen las Condiciones Generales para la Prestación del Suministro Energía. También le comunicó que para poder contratar el servicio de suministro de energía eléctrica se deberán cumplir con las Disposiciones Administrativas anteriores y que si bien exhibió una escritura de compraventa no acreditó las condiciones técnicas de preparación en la instalación eléctrica requeridas. Finalmente, le señaló que al existir un impedimento económico (adeudo) y que fue conocedor que durante su estancia en la vivienda en mención se presentó una irregularidad, se actualizó una imposibilidad jurídica y económica para acceder a la contratación. Motivos que señaló la responsable en el oficio con el que dio contestación al ocurso de la quejosa materia del presente juicio de amparo, del que se advierte que cumplió con los efectos de la sentencia dictada en este asunto, esto es, emitió una contestación por escrito a lo solicitado, de manera congruente, en la que expuso los motivos y fundamentos de la respuesta a la petición que se elevó a la responsable. Por lo anterior, se determina que los efectos de la sentencia han sido cumplidos por la responsable lo que se corrobora con lo acordado en líneas precedentes en este presente auto Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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