Omar de Jesús Zamudio Ruiz

Expediente 1100/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1100/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Omar de Jesús Zamudio Ruiz
  • Miríam Alfaro Guzmán

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, trece de noviembre de dos mil veintitrés. De la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se obtiene que el nueve de noviembre actual, feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que la moral promovente hubiera interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I inciso a) de la citada ley de la materia, en contra del acuerdo de diecisiete de octubre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo. En esas condiciones, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la citada ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se desechó y que dicho auto ha causado estado, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción IV, del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa el proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Agréguese el oficio 5929/2023 signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, a través del cual remite por incompetencia legal la demanda de amparo registrada con el número 821/2023 de su índice estadístico, promovida por Omar de Jesús Zamudio Ruiz y Miríam Alfaro Guzmán, y con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I de la Constitución Política Federal, 37, 48, 107 y 108 de la Ley de Amparo, SE ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA y se avoca al conocimiento del asunto. En consecuencia, con las constancias enviadas, fórmese el expediente y regístrese bajo el número 1100/2023; y acúsese recibo de estilo a la Superioridad. DESECHAMIENTO Ahora, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, al examinar el escrito inicial de demanda, el suscrito advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa, previo a su demanda de amparo, debió haber agotado el recurso ordinario que la ley que regula el acto reclamado prevé en el procedimiento de origen, lo cual conduce a desecharla de plano. En efecto, el artículo 61 de la Ley de Amparo, al numerar las diversas causas por las cuales una controversia constitucional puede resultar improcedente, señala en su fracción XVIII lo siguiente: ". Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" Dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual consiste en la carga procesal del impetrante de garantías de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a su modificación, revocación o nulidad. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, a fin de modificarlo, revocarlo o nulificarlo; de tal suerte que, existiendo medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, este es un medio extraordinario, sui géneris, que sólo prospera en casos excepcionales cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De ahí que el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la agraviada de agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendientes a revocar, modificar o nulificar los actos lesivos. En el caso, el promovente se duele de la resolución de treinta y uno de agosto de la presente anualidad, dictada en el Toca 1534/2023 del índice de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, en la cual se desechó por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto en contra de la audiencia prevista por el artículo 219 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, celebrada el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, dentro del juicio ordinario civil 50/2023 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Cosamaloapan, Veracruz. Por tanto, la parte promovente en su carácter de demandados en el procedimiento civil de origen, reclama la orden de desahogar las pruebas testimoniales ofrecidas por la parte actora, ya que a su consideración debían desecharse ya que no reunían los requisitos previstos en los artículos 232 y 236 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, por lo que al estar inconformes los peticionarios de amparo interpusieron el medio de impugnación consistente en el Recurso de Apelación, el cual fue declarado extemporáneo por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, la cual previo al ejercicio de la acción constitucional debió atender el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, mediante la interposición del recurso de reposición a que se refiere el artículo 508 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Ello, toda vez que, al ser parte del proceso, previamente a la promoción del juicio de amparo, los inconformes tienen la carga procesal de substanciar cualquier recurso o medio ordinario de defensa previsto en la ley para nulificar o modificar el sentido de cualquier acto o resolución jurisdiccional que estimen les afecte pues de lo contrario la acción constitucional, por disposición expresa del legislador, resulta improcedente, al no observarse el principio de definitividad que lo rige. En ese sentido, los inconformes estuvieron en condición de defender sus intereses conforme a lo dispuesto por el citado artículo e interponer el recurso ordinario procedente contra la resolución que les causa agravio, lo cual, conforme a lo narrado en la demanda de amparo, no se advierte que lo hayan hecho. Por sus razones, tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/259, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Tomo XXII, Febrero de 2006, Materia Común, página 1654, Novena Época que dice: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." Además, cabe desatacar que el acto que reclama la promovente, no se ubica dentro del capítulo de excepciones que prevé la citada fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues: 1. No es un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2. No consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, ni resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. 3. Y no se trata de persona extraña al procedimiento. 4. No se trata de un auto de vinculación a proceso. Tampoco el medio de defensa se encuentra en la situación en la que requiera una interpretación adicional, o su fundamento sea insuficiente para determinarlo, dado que la misma es suficiente para lograr modificar, revocar o nulificar el acto de molestia. Ello es así, toda vez que la parte promovente de amparo combate la resolución emitida por la responsable Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, en la cual desechó por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto en contra de la audiencia prevista por el artículo 219 del Código de Procesal Civil del Estado, celebrada en el procedimiento civil de origen del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Cosamaloapan, Veracruz; sin embargo, la ley de la materia de origen, contempla en su artículo 508, que el recurso de reposición se interpondrá contra los decretos y autos del Tribunal de Segunda Instancia, el cual se substanciará igual que el recurso de revocación. Por tanto, dicho medio ordinario de defensa deberá promoverse en el acto de la notificación o dentro del término de dos días ante la autoridad que los dicta, el cual se resolverá de plano o en audiencia que tendrá lugar dentro de los tres días siguientes; de resultar fundado el recurso, el órgano jurisdiccional modificará en lo que proceda el acto impugnado y proveerá lo conducente a efecto de subsanar el acto u omisión recurrido; por lo que bastará que el acto sea emitido por el Tribunal de Alzada para que pueda ser modificado. Por tal motivo, la parte promovente no se ubica en ninguna de las excepciones que establece el artículo 61, Fracción XVIII de la Ley de la materia, para que pueda interponer esta instancia constitucional sin antes agotar el recurso ordinario de defensa contemplado por la Ley de la materia de origen. Cobra aplicación en el presente caso la Jurisprudencia VI.2o.C. J/260, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Materia Común, Página: 1816, Novena Época, Registro 175624: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA." Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Por tanto, los promoventes estuvieron en aptitud legal de acudir directamente ante la autoridad responsable a promover el recurso de reposición contra la resolución que ahora les causa agravio, y, al no haberlo hecho así, deviene la improcedencia de la presente vía constitucional, por no agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Las consideraciones anotadas tienen sustento en la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, publicada en el Semanario Judicial de la Federación por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo XV, Mayo 2002, Materia Común, página 902, Novena Época, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVIII, de la propia ley. Cabe precisar que la causal de improcedencia invocada se estima probada de modo manifiesto e indudable, ya que para su actualización no requiere mayor demostración que lo manifestado por la parte quejosa, quien bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del acto reclamado sin haber destacado la interposición del mencionado recurso; de ahí que, puesto que la citada protesta tiene como efecto generar certeza y veracidad de lo afirmado por el amparista, sus manifestaciones se estiman suficientes para probar la naturaleza y antecedentes del acto reclamado, sin necesidad de contar con el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, el criterio aislado I.15o.A.28-K, sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Septiembre de 2007; en la página 2613, de título: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA." AUTORIZADOS Se faculta como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ramón Romero Martínez, puesto que sí acredita la calidad de licenciado en Derecho, al tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Y, en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la ley en la materia, ténganse como autorizada a María Celica Okaire González Chimal, pues no se encuentra registrada dentro del sistema mencionado en el párrafo que antecede. De igual forma, se le tiene únicamente como autorizado para oír notificaciones e imponerse de autos, con fundamento en el artículo 24 párrafo segundo de la ley de la materia, a Christian Gamaliel Romero Arellano, por así haberlo designado expresamente en su escrito de demanda. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES VÍA ELECTRÓNICA Como lo solicita, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, con el nombre de usuario "RAMON9296", en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal en la dirección siguiente: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ Lo anterior, siempre que se encuentre previamente registrada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, dado que el quejoso solicita ser notificado por la vía electrónica; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza que todas las notificaciones le sean realizadas vía electrónica, por medio del usuario que proporciona. En esas condiciones, se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expediente (SISE) para que proceda a dar de alta a la aquí quejosa con el nombre de usuario proporcionado, y se encuentre aptitud de consultarlo y seguir su trámite, ello, para los efectos legales conducentes. Sin que sea necesario proveer en relación al domicilio procesal que cita en su escrito de demanda, puesto que el mismo se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, aunado a que en líneas precedentes se le tuvo la vía electrónica para practicarle notificaciones. Ahora bien, en relación al correo electrónico y número telefónico que proporciona, dígasele que no ha lugar a tener por autorizados esos medios alternativos para practicar notificaciones, en virtud de que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de trece de octubre de dos mil veintidós, con vigencia a partir del siete de noviembre del mismo año, abrogó los acuerdos de contingencia por Covid-19 que preveía esos medios alternativos. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración que el presente asunto fue presentado en línea, y a que la parte quejosa cuenta con la posibilidad de consultar y promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se le exhorta a que, de ser posible, continúe la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Del mismo modo, se exhorta al resto de las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL". LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Notifíquese en términos de ley.

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