Omar de Jesús López Velázquez

Expediente 989/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
989/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Omar de Jesús López Velázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Incidental

    ... De la certificación de cuenta se advierte que no fue impugnada, dentro del plazo legal, la sentencia como lo establece el artículo 81, fracción I, inciso e, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido.... dado que se sobreseyó en el juicio, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por otro lado, en el cuadernillo incidental se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva; por lo que dicho cuadernillo se considera DESTRUIBLE una vez que transcurran tres años; lo anterior de conformidad con fundamento en el artículo 20, fracción III, del acuerdo referido.

  2. Principal

    ... De la certificación de cuenta se advierte que no fue impugnada, dentro del plazo legal, la sentencia como lo establece el artículo 81, fracción I, inciso e, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido.... dado que se sobreseyó en el juicio, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por otro lado, en el cuadernillo incidental se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva; por lo que dicho cuadernillo se considera DESTRUIBLE una vez que transcurran tres años; lo anterior de conformidad con fundamento en el artículo 20, fracción III, del acuerdo referido.

  3. Principal

    En atención al oficio de cuenta mediante el cual el secretario del Juzgado Octavo de Distrito con residencia en Celaya, Guanajuato, remite el escrito signado por la apoderada de la parte quejosa mediante el cual pretende desistir del juicio, agréguese únicamente para efectos de control toda vez que por acuerdo de veinte de abril del año en curso, causó ejecutoria la sentencia en la que, por una parte sobreseyó en el juicio y por otra, negó el amparo y la protección de la Justicia Federal, por lo que se ordenó el archivo del expediente en que se actúa.

  4. Incidental

    León, Guanajuato, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Quejoso manifiesta inconformidad y solicita designación de nuevo defensor público federal. Agréguense las constancias de notificación personal signadas por el actuario de la adscripción, de las que se colige que el quejoso no está conforme con el auto dictado el doce de septiembre del año actual, en el cual, se tuvo por desinteresado en ampliar la demanda de amparo. Por otra parte, solicita que se le designe nuevo defensor público federal que lo represente. En relación a la primera de sus solicitudes, resérvese acordar lo conducente hasta en tanto se provea en relación con la petición de nuevo defensor. Respecto a la segunda de sus pretensiones, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 187/2017, determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 17 constitucional, así como en los numerales 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. Asimismo, enfatizó que el derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva; la cual, no es posible garantizar a plenitud con la suplencia de la queja, puesto que dicha figura es ineficaz para solventar aspectos relacionados con la procedencia del juicio, el señalamiento de autoridades y actos reclamados, prevenciones, entre otros, que constituyen cuestiones complejas que requieren necesariamente de la asistencia de un abogado. No obsta que la Ley de Amparo no contemple expresamente la obligación de nombrar un abogado al quejoso privado de la libertad que promueve amparo indirecto por derecho propio y sin asistencia letrada; ésta no debe interpretarse de manera aislada, sino conforme con las exigencias constitucionales y de manera sistemática con otros ordenamientos relevantes para el juicio constitucional, con las leyes que regulan las defensorías, federales y locales. Lo anterior, en virtud de que las personas privadas de la libertad provisional o definitiva, con motivo de un proceso penal, se encuentran en una situación de especial sujeción frente al Estado, que implica una total vulnerabilidad respecto de su seguridad, alimentación, salud, integridad y vida; a la vez que, por lo general enfrentan carencias culturales, educativas y económicas que les impiden representarse a sí mismos eficazmente en un juicio de amparo indirecto; de ahí que, resulte un deber extraordinariamente fuerte del Estado frente a éstos para garantizar sus derechos fundamentales. Así, señaló la citada Sala, cuando una persona promueve una demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente. En caso de que el peticionario no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional deberá designarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente para que proporcione de inmediato el servicio y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme con la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y en las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueda tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional se considerará como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto o la suplencia de la queja. Consideraciones que dieron origen a la siguiente jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del siguiente tenor: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja. De ahí que, derivado de las constantes manifestaciones del quejoso y su defensor público federal en las que, por un lado, el promovente indica que no ha sido debidamente representado y por el otro, el defensor señala que el peticionario impide recibir asesoría jurídica, y a fin de evitar mayores dilaciones en el procedimiento, se requiere a la titular de la Delegación de la Defensoría Pública Federal, para que de no tener inconveniente legal o material, dentro del plazo de tres días, designe un nuevo abogado al quejoso a fin de que sustituya a Carlos Eduardo Mendoza López. Apercíbase a la autoridad administrativa que de no cumplir con lo requerido, con fundamente en los artículos 237 y 260 de la Ley de Amparo, o bien, manifestar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una corrección disciplinaria consistente en una multa por el equivalente a CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación. Defensor público federal desahoga vista. Finalmente, agréguese el escrito signado por el defensor público federal del peticionario, por el cual desahoga la vista otorgada en autos; al respecto, informa que su representado se negó a recibir visita carcelaria, estese a lo acordado en los párrafos que anteceden. Notifíquese; personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Así lo acordó y firma Paola Patricia Ugalde Almada, Jueza Decimoprimera de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien actúa asistida de Jesús Salud Méndez García, secretario que da fe. Doy fe. FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.

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