Omar Covarrubias González

Expediente 1090/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1090/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
09/07/2019

Partes del expediente

  • Omar Covarrubias González

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vistas las constancias que obran en los presentes autos, en particular el informe de ley rendido por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, se observa que hizo manifestaciones en torno a que el quejoso tuvo conocimiento del primer acto de aplicación de las normas reclamadas a partir de la quincena posterior al dieciséis de abril de dos mil diecisiete en el que le fue otorgado su dictamen de pensión, pues así se advertía del talón de cheque que le era entregado para pagarle. En consecuencia, de conformidad con lo previsto por los ordinales 75 y 117, ambos de la Ley de la materia, en relación con el arábigo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades en cita, a fin de que dentro del término de TRES DÍAS, siguientes al en que reciban el oficio respectivo, remitan copias certificadas, completas, legibles y ordenadas de las constancias origen del acto reclamado, esto es, los acuses de recibo firmados por la parte quejosa derivados de la entrega de los talones de pago, para lo cual, remítasele copia simple de las documentales exhibidas por la parte quejosa. Lo anterior, ya que en su carácter de autoridades responsables tiene la obligación de remitir las constancias que acrediten la constitucionalidad del acto reclamado, apercibida que en caso de ser omisa, se hará acreedora a una medida de apremio, consistente en una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo) acorde con la fracción I, del numeral 237, en relación con los arábigos 238 y 259 de la Ley de la Materia. Cobra aplicación al respecto por analogía, la jurisprudencia 363, sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trecientos nueve, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, cuyo contenido versa al tenor siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." De igual manera, resulta aplicable por analogía la Tesis I.13o. A. 1.K emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil ciento trece, Tomo XIII, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, abril de dos mil uno, que a la letra señala: "PRUEBAS. LA OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE AMPARO DE RECABARLAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO SE LIMITA A LAS QUE SE HUBIEREN RENDIDO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SINO QUE EXISTE OBLIGACIÓN DE RECABAR AQUELLAS QUE SE HAYAN TOMADO EN CUENTA PARA LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. ...." Finalmente, agréguese a los presentes autos el ocurso de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa y en atención a su contenido, con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que hace valer el promovente, sin perjuicio de hacer relación de los mismos al verificarse la audiencia constitucional correspondiente. Luego, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por anunciada la presuncional, en su doble aspecto de legal y humana que oferta el promovente, sin perjuicio de hacer relación de ésta al momento de la celebración de la audiencia constitucional correspondiente, sin que sea óbice que la marcada con el número 1 haya sido ofrecida de manera indebida como instrumental pública, pues ésta se refiere a los autos, documentos y demás constancias que obren en el expediente, lo que constituye en sí prueba documental de conformidad con los numerales 129 y 130 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, se difiere y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese.

  2. Principal

    R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Omar Covarrubias González respecto de los actos que reclamó del Auditor y Director General, ambos de la Unidad Jurídica de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, por las razones expuestas en el considerando cuarto de la presente sentencia.

  3. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el delegado de las autoridades responsables Jefe de Catastro y Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, mediante el cual en atención al requerimiento de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, aduce remitir las constancias relativas al estado actual que guarda la clave catastral **; sin embargo, de la documental remitida se aprecia que remitió la información correspondiente a la diversa ***; asimismo, no se aprecia si la parte quejosa presentó ante dichas autoridades la "manifestación catastral" contemplada en el artículo 40 del reglamento que rige el acto reclamado ni hace manifestación alguna al respecto. En consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, requiérase nuevamente a las autoridades responsables Jefe de Catastro y Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit para que dentro del término de TRES DÍAS, siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, informen si la parte quejosa realizó la "manifestación catastral" prevista en el artículo 40 del Reglamento de Catastro para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, respecto del inmueble que aduce ser propietario y, en caso de ser así, remitan las constancias en las que se advierta dicha circunstancia. O bien, informen el estado actual que guarda la clave catastral 041-01-003-028-047, esto es a nombre de quien se encuentra. Apercibida que de no informar o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se hará acreedora a una medida de apremio, consistente en una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo) acorde con la fracción I, del numeral 237, en relación con los arábigos 238 y 259 de la Ley de la Materia. **

  4. Principal

    PRIMERO.- Se NIEGA a Laura Elena Pérez López, la suspensión definitiva de los actos reclamados al Encargado de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nayarit y Director General de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, ambos con residencia en esta ciudad, por los motivos precisados en el considerando primero de esta resolución. SEGUNDO.- Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para el verificativo de la audiencia incidental relativa a la autoridad denominada Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado, con sede en la Ciudad de México.

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