Omar Corral Chaidez
Expediente 236/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 236/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Omar Corral Chaidez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y apareciendo que no se recurrió la resolución de catorce de marzo del año en curso, en la que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ***; con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicha resolución. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se desechó. Notifíquese.
- Principal
I. Cumple prevención. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese el escrito del quejoso ***, mediante el cual da cumplimiento a la prevención que le fue formulada por acuerdo del cuatro del mes y año en curso; ténganse por hechas las manifestaciones que en el mismo se realizan. II. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo y del escrito de cuenta, se advierte que dicha demanda improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de Distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". ***. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien, del examen del ocurso constitucional, se advierte que el juicio intentado es improcedente y, por tanto, deberá desecharse. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" De la interpretación gramatical de esta disposición se desprende que cuando exista causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda de amparo se desechará de plano. Por su parte, los dispositivos 61, fracción XXIII y 5, fracción II, ambos de la ley de la materia determinan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalente a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de ésta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general" Como se puede advertir, la Ley de Amparo prevé, en esencia, la descripción de cuándo debe considerarse a un ente del Estado como autoridad responsable; además, como cuestión adicional, establece que en determinada situación los particulares pueden tener el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Lo anterior, se condiciona al cumplimiento de dos supuestos: El primero, que se realicen actos equivalentes a los de la autoridad que afecten los derechos de los quejosos, en los mismos términos de dicha fracción, esto es, de manera unilateral y obligatoria. El segundo, que sus funciones, en base en las cuales emitan sus actos, estén determinadas por una norma general. Complementa las características de la autoridad responsable en el juicio de amparo, la Jurisprudencia siguiente; "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado" Por tanto, las características de una autoridad, para los efectos del juicio constitucional, son los siguientes: 1. Que exista un ente que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que ese ente tenga características de órgano público. 3. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 4. Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. En consecuencia, para que los actos de particulares puedan ser considerados equivalentes a los de autoridad, deben reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación; por exclusión, la realización de actos entre particulares en un plano de igualdad, que no impliquen una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable. Por otro lado, conviene atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Se tiene que las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias; de tal manera que dentro de este tipo de relaciones se encuentran, verbigracia, las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. De lo expuesto, es preciso señalar que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoridad que viole las prerrogativas de la parte quejosa, en un plano de supra a subordinación. Siendo pertinente aclarar que para que un ente de hecho o de derecho, (o un particular) sea considerado como autoridad, debe establecerse como ya se dijo, una relación de supra a subordinación con un particular; además, que esa relación debe tener su nacimiento en la ley, la que dota al ente de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. En el particular, el peticionario reclama de los agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad de Investigación de Delitos contra el Patrimonio de la Fiscalía General del Estado de Durango, licenciados *** y ***, lo siguiente: "1.- La negativa expedirme copias de la carpeta de investigación número ***, a pesar de tener derecho a ello por encontrarme en uno de los supuestos del artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para tener acceso a los registros de la investigación en la etapa inicial ante el Ministerio Público; 2.- La omisión de la autoridad responsable de emitir un acuerdo que funde y motive la negativa a expedirme copias certificadas o auténticas de la carpeta de investigación antes citada; 3.- La omisión de la autoridad responsable de notificarme en términos del artículo 82 del Código Nacional de Procedimiento Penales, la negativa o el motivo de negarme la expedición de copias de la carpeta de investigación antes citada y el acceso a la misma". Por otro lado, en el escrito inicial, el quejoso manifiesta que se integra en su contra la carpeta de investigación señalada, por el delito de robo, despojo y daños, iniciada con motivo de la denuncia presentada por ****; que el Ministerio Público ejercitó acción penal por tales hechos y se fijó día y hora para llevar a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación en la causa penal ***.; que el veintisiete de enero de este año, solicitó copias de la carpeta de investigación al tener dercho a ello a fin de no afectar su derecho de defensa, en términos del artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales; que en ese sentido, al ser omisa la representación social en expedirle las copias solicitadas vulnera sus derechos. Precisado lo anterior, este juzgador estima que las autoridades que fueron señaladas como responsables, no tiene el carácter de responsable, de conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, este último numeral interpretado, contrario sensu. Del referido numeral se infiere que debe tenerse como responsable en una controversia como la que se analiza, a la autoridad que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado; por otro lado, la intervención de las referidas autoridades, en la emisión del acto reclamado no es propiamente la de decisión o ejecución. Lo anterior es así, ya que una vez que la representación social judicializa la carpeta de investigación con la finalidad de formular imputación, la característica procesal del Ministerio Público cambia de autoridad a sujeto del procedimiento penal con la calidad de parte. Al ser solamente parte, no puede ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar un acto de autoridad; bajo esas condiciones, dado que como lo expuso el quejoso, en el caso la carpeta de investigación ya fue judicializada, lo que se corrobora con el disco de audio y video que ofreció en su escrito de demanda, en el caso los representantes sociales que se señalan no tiene carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Tiene aplicación al caso la tesis siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO. UNA VEZ QUE JUDICIALIZA LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SU CALIDAD PROCESAL CAMBIA DE AUTORIDAD (ENTE ACUSADOR) A SUJETO DEL PROCEDIMIENTO CON LA CALIDAD DE PARTE, POR LO QUE SI SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO CONTRA SUS ACTOS EMITIDOS CON POSTERIORIDAD A ESTA FASE, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE.- ***" También es orientadora la tesis que se transcribe: "ABSTENCIONES, OMISIONES O DILACIONES ATRIBUIDAS AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. NO CONSTITUYEN ACTOS DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.- Del artículo 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos fundamentales. Así, cuando el imputado reclama al Ministerio Público abstenciones, omisiones o dilaciones durante la etapa de investigación complementaria en el proceso penal acusatorio, esos actos no pueden catalogarse como de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues su actuación se encuentra ceñida a la autorización y dirección del Juez de control. Al tomar en cuenta que del artículo 105, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte son: el imputado y su defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Luego, el numeral 211 del propio código, dispone que el proceso penal acusatorio comprende las siguientes etapas: 1. De investigación: a) inicial y b) complementaria, 2. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y 3. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento; y que el proceso dará inicio con la audiencia inicial y terminará con la sentencia firme, procedimiento que se decanta por una clara separación de funciones, pues aquellas de acusar y juzgar quedan claramente separadas entre sí. Bajo ese contexto, dentro del procedimiento acusatorio pueden distinguirse al menos tres momentos distintos, a saber: a) la investigación conducida por el Ministerio Público y la policía a su mando, posteriormente supervisada por el Juez de control; b) la admisión y depuración probatoria por parte del Juez de control, con miras a la apertura de un juicio oral y, finalmente, c) la realización del juicio, donde un Juez o tribunal oral se pronuncia objetiva e imparcialmente sobre la culpabilidad o no del acusado. La etapa de investigación, particularmente tiene por objeto determinar si hay fundamento para iniciar un proceso penal, mediante la obtención de datos de prueba que permitan sustentar la acusación y garantizar la defensa del indiciado, misma que deberá iniciar con una denuncia, querella u otro requisito equivalente y estará a cargo -en una primera fase- del Ministerio Público, así como de la policía, actuando bajo su conducción y mando, como lo dispone el primer párrafo del artículo 21 constitucional. Por tanto, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, deberá promover y dirigir una investigación dentro de la que realizará las diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos, las cuales deberán quedar registradas en una carpeta de investigación que para el efecto se integre. Así, cuando el Ministerio Público lo considere oportuno, o cuando estime necesaria la aplicación de medidas cautelares, podrá formalizar la investigación por medio de la intervención judicial. Por ello, de la etapa de investigación inicial hasta el momento de formular imputación, el Ministerio Público reviste el carácter de autoridad, pero posteriormente, dentro de la etapa de investigación complementaria, el representante social pierde ese carácter, pues quien tiene la dirección del procedimiento es el Juez de control, a cuya disposición se encuentra el imputado; es decir, el Ministerio Público se convierte en parte en el proceso penal y carece de atribuciones para seguir actuando motu proprio como autoridad, salvo los actos materiales de investigación que el código señalado establece puede realizar sin autorización judicial, en términos de su artículo 251. En ese sentido, es válido afirmar que durante la fase de investigación complementaria no puede atribuirse al Ministerio Público el carácter de autoridad, en relación con las abstenciones, omisiones o dilaciones en que eventualmente pudiera incurrir, en virtud de que respecto al desarrollo temporal de la fase mencionada, se encuentra en un plano de igualdad con relación al imputado, dado que en términos de los artículos 321, 322, 323 y 333 del código referido es el Juez de control, a cuyo cargo se encuentra la determinación del plazo de inicio, el otorgamiento de prórrogas, la conclusión e, incluso, la reapertura de la fase correspondiente. Lo anterior significa que si se señala como acto reclamado al Ministerio Público la omisión o dilación en llevar a cabo los actos tendentes al desahogo de una prueba propuesta por el imputado durante la fase de investigación complementaria, ese acto no debe catalogarse como de autoridad para los efectos del juicio de amparo" En consecuencia, es indudable y manifiesto que se actualiza la causa de improcedencia antes analizada, dado que el acto reclamado no es susceptible de ser impugnado en la vía constitucional del amparo indirecto, al no emanar de una autoridad con carácter de responsable para efectos del juicio de amparo. De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta notaria e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, transcrito, se desecha la presente demanda de amparo, con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. IV. Respuesta a solicitudes del quejoso. a. Como se solicita, expídase a la parte quejsoa copia de la presente determinación. b. Uso de medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 del Pleno de la Judicatura Federal, como se solicita, se autoriza para que se utilicen medios electrónicos con el fin de reproducir las actuaciones del presente expediente. Resulta aplicable la tesis siguiente: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran" VI. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. V. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente.
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CITATORIO: PROMOVENTE. AUTO DE CATORCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. I. Cumple prevención. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese el escrito del quejoso ***, mediante el cual da cumplimiento a la prevención que le fue formulada por acuerdo del cuatro del mes y año en curso; ténganse por hechas las manifestaciones que en el mismo se realizan. II. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo y del escrito de cuenta, se advierte que dicha demanda improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de Distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". ***. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien, del examen del ocurso constitucional, se advierte que el juicio intentado es improcedente y, por tanto, deberá desecharse. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" De la interpretación gramatical de esta disposición se desprende que cuando exista causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda de amparo se desechará de plano. Por su parte, los dispositivos 61, fracción XXIII y 5, fracción II, ambos de la ley de la materia determinan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalente a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de ésta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general" Como se puede advertir, la Ley de Amparo prevé, en esencia, la descripción de cuándo debe considerarse a un ente del Estado como autoridad responsable; además, como cuestión adicional, establece que en determinada situación los particulares pueden tener el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Lo anterior, se condiciona al cumplimiento de dos supuestos: El primero, que se realicen actos equivalentes a los de la autoridad que afecten los derechos de los quejosos, en los mismos términos de dicha fracción, esto es, de manera unilateral y obligatoria. El segundo, que sus funciones, en base en las cuales emitan sus actos, estén determinadas por una norma general. Complementa las características de la autoridad responsable en el juicio de amparo, la Jurisprudencia siguiente; "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado" Por tanto, las características de una autoridad, para los efectos del juicio constitucional, son los siguientes: 1. Que exista un ente que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que ese ente tenga características de órgano público. 3. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 4. Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. En consecuencia, para que los actos de particulares puedan ser considerados equivalentes a los de autoridad, deben reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación; por exclusión, la realización de actos entre particulares en un plano de igualdad, que no impliquen una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable. Por otro lado, conviene atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Se tiene que las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias; de tal manera que dentro de este tipo de relaciones se encuentran, verbigracia, las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. De lo expuesto, es preciso señalar que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoridad que viole las prerrogativas de la parte quejosa, en un plano de supra a subordinación. Siendo pertinente aclarar que para que un ente de hecho o de derecho, (o un particular) sea considerado como autoridad, debe establecerse como ya se dijo, una relación de supra a subordinación con un particular; además, que esa relación debe tener su nacimiento en la ley, la que dota al ente de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. En el particular, el peticionario reclama de los agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad de Investigación de Delitos contra el Patrimonio de la Fiscalía General del Estado de Durango, licenciados *** y ***, lo siguiente: "1.- La negativa expedirme copias de la carpeta de investigación número ***, a pesar de tener derecho a ello por encontrarme en uno de los supuestos del artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para tener acceso a los registros de la investigación en la etapa inicial ante el Ministerio Público; 2.- La omisión de la autoridad responsable de emitir un acuerdo que funde y motive la negativa a expedirme copias certificadas o auténticas de la carpeta de investigación antes citada; 3.- La omisión de la autoridad responsable de notificarme en términos del artículo 82 del Código Nacional de Procedimiento Penales, la negativa o el motivo de negarme la expedición de copias de la carpeta de investigación antes citada y el acceso a la misma". Por otro lado, en el escrito inicial, el quejoso manifiesta que se integra en su contra la carpeta de investigación señalada, por el delito de robo, despojo y daños, iniciada con motivo de la denuncia presentada por ****; que el Ministerio Público ejercitó acción penal por tales hechos y se fijó día y hora para llevar a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación en la causa penal ***.; que el veintisiete de enero de este año, solicitó copias de la carpeta de investigación al tener dercho a ello a fin de no afectar su derecho de defensa, en términos del artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales; que en ese sentido, al ser omisa la representación social en expedirle las copias solicitadas vulnera sus derechos. Precisado lo anterior, este juzgador estima que las autoridades que fueron señaladas como responsables, no tiene el carácter de responsable, de conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, este último numeral interpretado, contrario sensu. Del referido numeral se infiere que debe tenerse como responsable en una controversia como la que se analiza, a la autoridad que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado; por otro lado, la intervención de las referidas autoridades, en la emisión del acto reclamado no es propiamente la de decisión o ejecución. Lo anterior es así, ya que una vez que la representación social judicializa la carpeta de investigación con la finalidad de formular imputación, la característica procesal del Ministerio Público cambia de autoridad a sujeto del procedimiento penal con la calidad de parte. Al ser solamente parte, no puede ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar un acto de autoridad; bajo esas condiciones, dado que como lo expuso el quejoso, en el caso la carpeta de investigación ya fue judicializada, lo que se corrobora con el disco de audio y video que ofreció en su escrito de demanda, en el caso los representantes sociales que se señalan no tiene carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Tiene aplicación al caso la tesis siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO. UNA VEZ QUE JUDICIALIZA LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SU CALIDAD PROCESAL CAMBIA DE AUTORIDAD (ENTE ACUSADOR) A SUJETO DEL PROCEDIMIENTO CON LA CALIDAD DE PARTE, POR LO QUE SI SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO CONTRA SUS ACTOS EMITIDOS CON POSTERIORIDAD A ESTA FASE, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE.- ***" También es orientadora la tesis que se transcribe: "ABSTENCIONES, OMISIONES O DILACIONES ATRIBUIDAS AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. NO CONSTITUYEN ACTOS DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.- Del artículo 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos fundamentales. Así, cuando el imputado reclama al Ministerio Público abstenciones, omisiones o dilaciones durante la etapa de investigación complementaria en el proceso penal acusatorio, esos actos no pueden catalogarse como de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues su actuación se encuentra ceñida a la autorización y dirección del Juez de control. Al tomar en cuenta que del artículo 105, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte son: el imputado y su defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Luego, el numeral 211 del propio código, dispone que el proceso penal acusatorio comprende las siguientes etapas: 1. De investigación: a) inicial y b) complementaria, 2. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y 3. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento; y que el proceso dará inicio con la audiencia inicial y terminará con la sentencia firme, procedimiento que se decanta por una clara separación de funciones, pues aquellas de acusar y juzgar quedan claramente separadas entre sí. Bajo ese contexto, dentro del procedimiento acusatorio pueden distinguirse al menos tres momentos distintos, a saber: a) la investigación conducida por el Ministerio Público y la policía a su mando, posteriormente supervisada por el Juez de control; b) la admisión y depuración probatoria por parte del Juez de control, con miras a la apertura de un juicio oral y, finalmente, c) la realización del juicio, donde un Juez o tribunal oral se pronuncia objetiva e imparcialmente sobre la culpabilidad o no del acusado. La etapa de investigación, particularmente tiene por objeto determinar si hay fundamento para iniciar un proceso penal, mediante la obtención de datos de prueba que permitan sustentar la acusación y garantizar la defensa del indiciado, misma que deberá iniciar con una denuncia, querella u otro requisito equivalente y estará a cargo -en una primera fase- del Ministerio Público, así como de la policía, actuando bajo su conducción y mando, como lo dispone el primer párrafo del artículo 21 constitucional. Por tanto, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, deberá promover y dirigir una investigación dentro de la que realizará las diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos, las cuales deberán quedar registradas en una carpeta de investigación que para el efecto se integre. Así, cuando el Ministerio Público lo considere oportuno, o cuando estime necesaria la aplicación de medidas cautelares, podrá formalizar la investigación por medio de la intervención judicial. Por ello, de la etapa de investigación inicial hasta el momento de formular imputación, el Ministerio Público reviste el carácter de autoridad, pero posteriormente, dentro de la etapa de investigación complementaria, el representante social pierde ese carácter, pues quien tiene la dirección del procedimiento es el Juez de control, a cuya disposición se encuentra el imputado; es decir, el Ministerio Público se convierte en parte en el proceso penal y carece de atribuciones para seguir actuando motu proprio como autoridad, salvo los actos materiales de investigación que el código señalado establece puede realizar sin autorización judicial, en términos de su artículo 251. En ese sentido, es válido afirmar que durante la fase de investigación complementaria no puede atribuirse al Ministerio Público el carácter de autoridad, en relación con las abstenciones, omisiones o dilaciones en que eventualmente pudiera incurrir, en virtud de que respecto al desarrollo temporal de la fase mencionada, se encuentra en un plano de igualdad con relación al imputado, dado que en términos de los artículos 321, 322, 323 y 333 del código referido es el Juez de control, a cuyo cargo se encuentra la determinación del plazo de inicio, el otorgamiento de prórrogas, la conclusión e, incluso, la reapertura de la fase correspondiente. Lo anterior significa que si se señala como acto reclamado al Ministerio Público la omisión o dilación en llevar a cabo los actos tendentes al desahogo de una prueba propuesta por el imputado durante la fase de investigación complementaria, ese acto no debe catalogarse como de autoridad para los efectos del juicio de amparo" En consecuencia, es indudable y manifiesto que se actualiza la causa de improcedencia antes analizada, dado que el acto reclamado no es susceptible de ser impugnado en la vía constitucional del amparo indirecto, al no emanar de una autoridad con carácter de responsable para efectos del juicio de amparo. De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta notaria e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, transcrito, se desecha la presente demanda de amparo, con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. IV. Respuesta a solicitudes del quejoso. a. Como se solicita, expídase a la parte quejsoa copia de la presente determinación. b. Uso de medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 del Pleno de la Judicatura Federal, como se solicita, se autoriza para que se utilicen medios electrónicos con el fin de reproducir las actuaciones del presente expediente. Resulta aplicable la tesis siguiente: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran" VI. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. V. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente.
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AVISO PARTE QUEJOSA ACUERDO DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2022 De autos se advierte que mediante acuerdo de veintiocho de enero del presente año, se requirió a la parte quejosa para dentro del plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que quedara debidamente notificada, proporcionara el domicilio actual y correcto del tercero interesado ****, donde se le pudiera emplazar al presente juicio de amparo. En ese sentido, toda vez que de la constancia de notificación que obra agregada en autos, se advierte que dicho termino ya le transcurrió, sin que lo haya hecho, por lo que se le hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho proveído y, por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordena su emplazamiento por medio de edictos a cargo de la parte impetrante. Lo anterior, de conformidad con la tesis I.6o.C.47 K, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 995, del Tomo XI, Enero de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE HASTA QUE SE HAYA REALIZADO LA INVESTIGACIÓN PARA DAR CON EL DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO, SI NO HUBO RESULTADOS FAVORABLES. La autoridad responsable, como auxiliar de la Justicia Federal, ante el desconocimiento del domicilio del tercero perjudicado en el juicio de garantías, deberá ordenar a las autoridades correspondientes la investigación de dicho domicilio para efectos del emplazamiento y esperar la contestación o en su defecto, requerir a las omisas con el apercibimiento respectivo para que den cumplimiento a lo señalado y sólo será hasta que se tengan los resultados de la referida investigación, si fueren negativos, cuando estará la responsable en aptitud de realizar el emplazamiento por medio de la publicación de edictos y no antes, toda vez que se contravendría lo dispuesto por el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo" En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, expídanse los edictos respectivos a fin de emplazar a juicio al citado tercero interesado Pedro Escobedo Ibarra, el cual deberá contener una relación sucinta de la demanda de amparo promovida por Martín Alfonso Ramírez Peña, por propio derecho, contra actos de Juez Segundo de lo Mercantil de la Capital del Primer Distrito Judicial y otra autoridad, en la que reclamó lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS Son actos reclamados los siguientes: a).- Al C.C. JUEZ SEGUNDO DE LO MERCANTIL DE LA CAPITAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., le reclamo la orden para trabar el embargo y actos subsecuentes de este para despojarme ilegalmente de os bienes que a continuación describo: refrigerador de dos puertas color aluminio, marca FRESH, Microondas mara Hamilton Beach, microondas marca EMERSON, pantalla marca ATVIO de 50 pulgadas, sillón de una persona, vinipiel café, Mesa de noche color negro.; embargo ilegal, derivado del JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, marcando con el número de expediente ***, así mismo le recamo y hago de conocimiento a usted C. Juez que bajo protesta de decir verdad esos bienes nunca fueron de la propiedad del demandado, dichos bienes el suscrito los adquirió al C. ***, por lo cual dicho acto carece de fundamentación y motivación. b.).- EL C. ACUARIO ADSCRITO A LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE DURANGO, le reclamo la orden para trabar el embargo y actos subsecuentes de este para despojarme ilegalmente de los bienes que a continuación describo: refrigerador de dos puertas color aluminio, marca FRESH, Microondas mara Hamilton Beach, microondas marca EMERSON, pantalla marca ATVIO de 50 pulgadas, sillón de una persona, vinipiel café, Mesa de noche color negro.; embargo ilegal, derivado del JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, marcando con el número de expediente ***, así mismo le recamo y hago de conocimiento a usted C. Juez que bajo protesta de decir verdad esos bienes nunca fueron de la propiedad del demandado, dichos bienes el suscrito los adquirió al C. ****, por lo cual dicho acto carece de fundamentación y motivación" En tal virtud, publíquense por tres veces, de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana, haciéndole saber al aludido ***, que deberá presentarse dentro del plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la última publicación, a defender sus derechos dentro del presente amparo. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis II.2o.C.101 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en la página 1339, del Tomo: XX, Diciembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EMPLAZAMIENTO A LA PARTE TERCERO PERJUDICADA POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO. NO CONTRAVIENE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN CUANTO MANDA QUE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ES GRATUITA.- El artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo dispone que el emplazamiento al tercero o terceros perjudicados por medio de edictos se hará a costa del quejoso, es decir, impone al promovente del juicio constitucional la carga de pagar lo conducente para que se emplace y notifique al tercero perjudicado por edictos y se imponga así de la demanda de garantías radicada en un Juzgado de Distrito, lo cual tiene su teleología o fin primordial en la razón de que como al gestionante del amparo corresponde la carga tanto de impulsar el procedimiento como de participar en su desarrollo a efecto de que se integre debidamente la Litis respectiva, sin duda ese aspecto procesal no contraviene lo dispuesto por el numeral 17 de la Constitución Fundamental de la República en cuanto estatuye que la impartición de justicia debe ser gratuita, ya que son los tribunales encargados de esa misión quienes están impedidos para cobrar retribución a las partes por su actividad, máxime que resulta inexacto que se hubiese negado el impartir Justicia Federal a la inconforme pues, ante la imposibilidad reseñada de integrarse debidamente la litis constitucional, al no llamarse al juicio a uno de los terceros perjudicados, es indiscutible que no puede dictarse sentencia formal y legalmente, ya que de hacerlo se dejaría en total estado de indefensión a quien no resulte emplazado al juicio de garantías, porque además de no otorgársele el derecho de audiencia para que alegue y aporte las pruebas pertinentes al respecto, no tendría conocimiento de éste ni oportunidad para interponer el medio de defensa relativo" Fíjese en la puerta de este juzgado una copia íntegra de la presente determinación durante el tiempo del emplazamiento; quedando las copias de la demanda a disposición de dicho tercero en la secretaría de este órgano jurisdiccional. Se requiere al peticionario del amparo, para que dentro del lapso de tres días, comparezca al local de este juzgado a recibir los edictos, debiendo acreditar dentro de los veinte días siguientes, los trámites realizados tendentes a su publicación; apercibido que de no hacerlo, se sobreseerá en el juicio, de conformidad con lo establecido en la fracción III inciso b) del precepto 27 de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy se difiere y, en su lugar, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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