Omar Colín Martínez
Expediente 1562/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1562/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/11/2022
Partes del expediente
- Omar Colín Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2 en su numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.
- Principal
p.Toluca, Estado de México, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese la comparecencia por medio de la cual en cumplimiento a lo solicitado el veintiséis de octubre del año que transcurre, el quejoso *****ratifica la firma y contenido de la promoción presentada el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, ante este juzgado. En ese tenor, se tiene por cumplido el requerimiento aludido y se deja sin efectos el apercibimiento con la que fue conminado. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA/DESECHAMIENTO En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, en principio debe analizarse el escrito de demanda y si existiera alguna causal manifiesta e indudable de improcedencia; debe desecharse. En ese sentido, como se advierte de su escrito de desahogo presentado ante este juzgado el diecinueve de octubre pasado, se advierte que el destacado reclamado destacado por el quejoso consiste esencialmente en: La fijación del régimen de convivencia supervisado, así como la fijación de la guarda y custodia de los menores de iniciales **** a favor de *****; y la fijación del 35% (treinta y cinco por ciento) del total de las percepciones ordinarias y extraordinarias de éste, dictada en audiencia inicial el trece de septiembre de dos ml veintidós, en el expediente de origen *****, y su ejecución. Puntualizado lo anterior, es dable deducir que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, 6 y 10, de la Ley de Amparo, los cuales son de estudio preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de las causas en ello contenidas, deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Así, del estudio integral del escrito de demanda, se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." De lo anterior, se observa que la regla a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, es que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que les produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses existe -de acuerdo a la naturaleza del acto- un medio extraordinario de defensa, que es precisamente el juicio de amparo. Además, de llegar a pasarse por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades del juzgador de instancia, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio constitucional. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir a la instancia constitucional, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Bajo esa premisa, conviene destacar que del contenido de la demanda de amparo, y de los desahogos exhibidos por la parte quejosa, se advierte que en esencia se duelen de: La fijación del régimen de convivencia supervisado, así como la fijación de la guarda y custodia de los menores de iniciales ****** a favor de *****; y la fijación del 35% (treinta y cinco por ciento) del total de las percepciones ordinarias y extraordinarias de éste, dictada en audiencia inicial el trece de septiembre de dos ml veintidós, en el expediente de origen *****, y su ejecución. Sin embargo, en contra del citado acto reclamado, previamente de acudir a la instancia constitucional y en aras de cumplir con el principio de definitividad, el quejoso debió interponer el recurso ordinario contemplado en la ley de la materia, en el caso, revocación, previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, específicamente en el artículo 5.75 fracción IV, que establecen: "Artículo 5.75.- En audiencia, el recurso de revocación sólo procede en contra de: I. El auto que resuelva excepciones procesales; II. El que inadmita pruebas; III. El auto que declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes; y IV. El que resuelva sobre la revisión de medidas provisionales.". Luego, si el quejoso fue omiso en interponer contra el acto que constituye el acto reclamado, el recurso ordinario, en esta caso el de revocación, resulta evidente que incumplieron o no agotaron el principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional; por tanto, resulta evidente que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; de ahí que, con fundamento en el numeral 113 de la normatividad en cita, se desecha de plano la demanda de amparo. Máxime, que el acto reclamado se emitió por autoridad judicial; por ende, es claro que antes de acudir al amparo el quejoso estuvo jurídicamente constreñido a agotar el medio de defensa (recurso de revocación), previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional.". Así como, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en la página trescientos cincuenta del libro uno, tomo I, correspondiente al mes de diciembre de dos mil trece, novena época, que dispone lo siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". [Registro: 2005039] Consulta de expediente electrónico Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal. DOMICILIO ACCESO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS DOMICILIO ACCESO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Por otro lado, de conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 61 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, en aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, designe un usuario debidamente registrado en el registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para efecto de oír y recibir notificaciones. En caso de no contar con un usuario registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera extraordinaria y conforme a lo establecido el artículo 257, fracción I del referido Acuerdo General, en el mismo término, deberá proporcionar un número telefónico, a fin de establecer comunicación procesal y realizar las notificaciones a las que les recaiga el carácter personal por este medio, apercibido que de ser omiso al respecto, se le tendrá como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. En ese tenor, comisiónese a uno de los actuarios de la adscripción a fin de que se constituya en el domicilio señalado y notifique personalmente el presente proveído.
- Principal
EN ATENCION AL AVISO DE NUEVE DE NOVIEMBRE ACTUAL, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE OCHO DE NOVIEMBRE ACTUAL A LA PARTE QUEJOSA, ACUERDO QUE MENCIONA LO SIGUIENTE: p.Toluca, Estado de México, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese la comparecencia por medio de la cual en cumplimiento a lo solicitado el veintiséis de octubre del año que transcurre, el quejoso *****ratifica la firma y contenido de la promoción presentada el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, ante este juzgado. En ese tenor, se tiene por cumplido el requerimiento aludido y se deja sin efectos el apercibimiento con la que fue conminado. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA/DESECHAMIENTO En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, en principio debe analizarse el escrito de demanda y si existiera alguna causal manifiesta e indudable de improcedencia; debe desecharse. En ese sentido, como se advierte de su escrito de desahogo presentado ante este juzgado el diecinueve de octubre pasado, se advierte que el destacado reclamado destacado por el quejoso consiste esencialmente en: La fijación del régimen de convivencia supervisado, así como la fijación de la guarda y custodia de los menores de iniciales **** a favor de *****; y la fijación del 35% (treinta y cinco por ciento) del total de las percepciones ordinarias y extraordinarias de éste, dictada en audiencia inicial el trece de septiembre de dos ml veintidós, en el expediente de origen *****, y su ejecución. Puntualizado lo anterior, es dable deducir que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, 6 y 10, de la Ley de Amparo, los cuales son de estudio preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de las causas en ello contenidas, deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Así, del estudio integral del escrito de demanda, se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." De lo anterior, se observa que la regla a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, es que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que les produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses existe -de acuerdo a la naturaleza del acto- un medio extraordinario de defensa, que es precisamente el juicio de amparo. Además, de llegar a pasarse por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades del juzgador de instancia, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio constitucional. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir a la instancia constitucional, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Bajo esa premisa, conviene destacar que del contenido de la demanda de amparo, y de los desahogos exhibidos por la parte quejosa, se advierte que en esencia se duelen de: La fijación del régimen de convivencia supervisado, así como la fijación de la guarda y custodia de los menores de iniciales ****** a favor de *****; y la fijación del 35% (treinta y cinco por ciento) del total de las percepciones ordinarias y extraordinarias de éste, dictada en audiencia inicial el trece de septiembre de dos ml veintidós, en el expediente de origen *****, y su ejecución. Sin embargo, en contra del citado acto reclamado, previamente de acudir a la instancia constitucional y en aras de cumplir con el principio de definitividad, el quejoso debió interponer el recurso ordinario contemplado en la ley de la materia, en el caso, revocación, previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, específicamente en el artículo 5.75 fracción IV, que establecen: "Artículo 5.75.- En audiencia, el recurso de revocación sólo procede en contra de: I. El auto que resuelva excepciones procesales; II. El que inadmita pruebas; III. El auto que declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes; y IV. El que resuelva sobre la revisión de medidas provisionales.". Luego, si el quejoso fue omiso en interponer contra el acto que constituye el acto reclamado, el recurso ordinario, en esta caso el de revocación, resulta evidente que incumplieron o no agotaron el principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional; por tanto, resulta evidente que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; de ahí que, con fundamento en el numeral 113 de la normatividad en cita, se desecha de plano la demanda de amparo. Máxime, que el acto reclamado se emitió por autoridad judicial; por ende, es claro que antes de acudir al amparo el quejoso estuvo jurídicamente constreñido a agotar el medio de defensa (recurso de revocación), previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional.". Así como, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en la página trescientos cincuenta del libro uno, tomo I, correspondiente al mes de diciembre de dos mil trece, novena época, que dispone lo siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". [Registro: 2005039] Consulta de expediente electrónico Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal. DOMICILIO ACCESO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS DOMICILIO ACCESO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Por otro lado, de conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 61 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, en aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, designe un usuario debidamente registrado en el registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para efecto de oír y recibir notificaciones. En caso de no contar con un usuario registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera extraordinaria y conforme a lo establecido el artículo 257, fracción I del referido Acuerdo General, en el mismo término, deberá proporcionar un número telefónico, a fin de establecer comunicación procesal y realizar las notificaciones a las que les recaiga el carácter personal por este medio, apercibido que de ser omiso al respecto, se le tendrá como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. En ese tenor, comisiónese a uno de los actuarios de la adscripción a fin de que se constituya en el domicilio señalado y notifique personalmente el presente proveído.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado presuntivamente por ****, quien se ostenta como parte quejosa en este juicio de amparo, a través del cual desahoga la prevención realizada el seis del mes y año que transcurre; toda vez que a simple vista se advierte, sin necesidad de tener conocimientos especiales en grafología, que la firma que se encuentra estampada es notoriamente distinta a las que obran en su escrito inicial de demanda y de desahogo de veinte de los actuales tal y como se advierte de las siguientes imágenes: Escrito inicial de demanda: / Escrito con registro de correspondencia 15647: / Escrito con registro de correspondencia 16088: / En consecuencia, requiérasele para que dentro del plazo de tres días hábiles comparezca de manera personal, en compañía y asistido de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en el local de este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca con identificación oficial vigente a efecto de ratificar, de ser el caso, la firma del líbelo de cuenta; apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentado el escrito de cuenta, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Sirve de apoyo, la jurisprudencia número 3a./J. 24 (7/89), aprobada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 385, tomo III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 207,437, de rubro: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA." En ese orden, se hace del conocimiento tanto al quejoso como a su autorizado, que los que afirman hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado, pueden encuadrar en la hipótesis regulada en el capítulo III, denominado (DELITOS), artículo 261 de la Ley de Amparo, de ser el supuesto, se dará vista al Agente del Ministerio Publico de la Federación a efecto de que inicie la investigación correspondiente en su contra y resuelva lo que en derecho corresponda. Para tal efecto, en caso de existir duda sobre la ratificación y las diversas firmas que obran en autos, el suscrito juzgador ordenará de oficio la prueba pericial en materia de grafoscopía y caligrafía y según el resultado, acordará lo que legalmente corresponda. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia III.2o.C. J/17, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Septiembre de 2002, Página 1269, de la Novena Época, cuto rubro y texto a continuación se citan: "FIRMA, PARA DETERMINAR SU AUTENTICIDAD SE REQUIERE PRUEBA PERICIAL GRAFOSCÓPICA. Para determinar en un procedimiento judicial si la firma impugnada de falsa es o no original de una persona (autógrafa), no basta la simple comparación con otra atribuida a la misma mano que realice el juzgador, sino que es necesario llevar a cabo la verificación de su falsedad o autenticidad mediante prueba pericial grafoscópica que se aporte al sumario, ya que aunque la diferencia en la forma pudiera resaltarse con una mera observación superficial, mediante la prueba señalada se puede determinar si fue estampada por la persona a quien se considera autora, o bien, por otra distinta. "
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