Omar Cervantes Sotelo
Expediente 2407/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2407/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 20/01/2023
Partes del expediente
- Omar Cervantes Sotelo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
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Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el en la que se decretó el sobreseimiento del presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2º, de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. No representa obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que no se contabilice a las autoridades responsables el término de diez días para interponer el recurso de revisión, puesto que al haberse sobreseído en el juicio de garantías solamente al quejoso es a quien pudo afectar el sentido del fallo, por ende, es el legitimado para interponer el citado recurso, no así la autoridad responsable, como lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y notificado que sea el presente acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se considera susceptible de destrucción. En ese orden de ideas, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.
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ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***, contra los actos reprochados a la Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, Titular y Director de Servicios Periciales, ambos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, por las razones expuestas en el último considerando de la presente sentencia.
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Visto el escrito que suscribe , quejosa en el presente asunto, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en consecuencia se tiene por interpuesto el recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada en autos. distribúyanse entre las partes las copias del oficio de expresión de agravios; quedando a disposición de la parte tercero interesada la copia correspondiente en la Secretaría de este Juzgado; lo anterior porque, no se considera necesario realizar la notificación personal del presente proveído a la parte tercero interesada, atento a que, en la Ley de Amparo, no existe disposición expresa al respecto Por otra parte, dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que se integre debidamente el expediente remítase el juicio de amparo en que se actúa, así como el original del escrito de agravios y copia de éste, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en turno, para la substanciación del recurso que se hace valer, previo desglose que se efectúe al respecto.
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VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo , promovido por , por derecho propio, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Décimo Noveno Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Jalostotitlán, Jalisco, y Secretario Ejecutor adscrito, por considerarlos violatorios de derechos humanos y garantías otorgadas para su protección en los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. , por derecho propio, el seis de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, presentó demanda de amparo indirecto contra los actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Décimo Noveno Partido Judicial del Estado de Jalisco, y Secretario Ejecutor adscrito, que se precisarán en el considerando correspondiente. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuya secretaria en funciones de jueza, dictó proveído el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, en el que ordenó: admitir la demanda de amparo y registrarla bajo expediente; pedir informe justificado a la autoridad señalada como responsable; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; emplazar a la parte tercero interesada; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que las omisiones reclamadas, se atribuyen a autoridades especializadas en materia civil que tienen su residencia oficial dentro del territorio en que este juzgado Federal ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: Del Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Jalostotitlán, Jalisco: La interlocutoria de doce de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en la jurisdicción voluntaria y sus acumulados, mediante la cual se ordenó poner en posesión de los bienes del acervo hereditario a los albaceas (aquí terceros interesados). Del Secretario Ejecutor del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil de Jalostotitlán, Jalisco: b) La ejecución de la interlocutoria de doce de noviembre de dos mil veintiuno, que se materializa en la diligencia de entrega de los inmuebles que el quejoso heredero tiene en posesión. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Jalostotitlán, Jalisco y secretario ejecutor adscrito, al rendir su informe justificado, reconocieron la existencia de los actos que se les atribuye. CUARTO. Causales de improcedencia. Atento a que la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente, a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede analizar el sumario a efecto de determinar si se actualiza alguna causa de improcedencia. No habiendo causales de improcedencia que las partes hayan hecho valer ni que de oficio se adviertan, se procede al estudio del fondo del asunto. QUINTO. Antecedentes relevantes del acto reclamado. El catorce de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, se tuvo a , denunciando la sucesión testamentaria a bienes de , también conocida como , la cual fue radicada bajo el número de expediente , del índice del juzgado responsable. En auto de dieciocho de junio de mil novecientos noventa y cuatro, se declaró la validez del testamento privado presentado y se reconoció con el carácter de herederos a , todos de apellidos . Por acuerdo de siete de septiembre de dos mil quince, se tuvo a , denunciando la sucesión intestamentaria a bienes de , la cual fue radicada bajo el expediente En auto de veintidós de septiembre de dos mil quince, se tuvo a , en su carácter de albacea de , de apellidos así como a , así como a , denunciando la sucesión intestamentaria a bienes de , también conocida como , la cual fue radicada bajo el expediente En audiencia de dieciocho de enero de dos mil dieciséis, se ordenó la acumulación del expediente al diverso En auto de veintidós de septiembre de dos mil quince, se tuvo a , en su carácter de albacea de , de apellidos así como a , todos de apellidos , así como a y , denunciando la sucesión intestamentaria a bienes de , bajo el número de expediente En audiencia de dieciocho de enero de dos mil dieciséis, se ordenó la acumulación del expediente al diverso En auto de veintidós de septiembre de dos mil quince, se tuvo a , en su carácter de albacea de , de apellidos así como a , , todos de apellidos así como a , denunciando la sucesión intestamentaria a bienes de también conocida como , con el expediente En audiencia de dieciocho de enero de dos mil dieciséis, se ordenó la acumulación del expediente al diverso El veintidós de septiembre de dos mil quince, se tuvo a , en su carácter de albacea de , de apellidos así como a todos de apellidos , así como a y , denunciando la sucesión intestamentaria a bienes de o Sainz, bajo el número de expediente En audiencia de cinco de febrero de dos mil dieciséis, se ordenó la acumulación del expediente al diverso En acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil quince, se tuvo a , en su carácter de albacea de de apellidos así como a , todos de apellidos M, así como a de apellidos , denunciando la sucesión intestamentaria a bienes de o radicada con el expediente En auto de doce de febrero de dos mil dieciséis, se ordenó la acumulación del expediente al diverso En audiencia de veintitrés de marzo de dos mil dieciséis, se ordenó la acumulación del expediente al diverso mil dieciséis, se realizó la declaratoria de herederos respecto de la totalidad de sucesiones acumuladas. En audiencia de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la junta de herederos en la que se designó como albaceas definitivos mancomunados a , ; asimismo, se les tuvo aceptando y discerniendo el cargo conferido. Mediante resolución de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete dictada en el toca de apelación , del índice de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, se modificó la resolución de uno de noviembre de dos mil dieciséis, relativa a la declaratoria de herederos. En cumplimiento a dicha resolución, por acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, se dejó insubsistente la junta de herederos previamente celebrada a efecto de incluir nuevos herederos reconocidos en segunda instancia. En audiencia de seis de diciembre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la junta de herederos en la que se designó como albaceas definitivos a los siguientes: , respecto de la sucesión a bienes de respecto de la sucesión a bienes de Por acuerdo de trece de diciembre de dos mil diecisiete, se tuvo a aceptando y protestando el cargo conferido. En auto de cinco de enero de dos mil dieciocho, se tuvo a de los , aceptando y protestando el cargo conferido. En resolución de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca de apelación del índice de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, se modificó la resolución de seis de diciembre de dos mil diecisiete, a efecto de nombrar como albaceas de la sucesión a los siguientes: respecto de la sucesión a bienes de respecto de la sucesión a bienes de respecto de la sucesión a bienes de respecto de la sucesión a bienes de respecto de la sucesión a bienes de En auto de veintinueve de enero de dos mil diecinueve se tuvo a aceptando y protestando el cargo conferido en resolución de seis de diciembre de dos mil diecisiete. En auto de doce de marzo de dos mil diecinueve, se tuvo a rindiendo cuentas del inmueble que administran. En interlocutoria de diez de febrero de dos mil veinte, se resolvieron los incidentes de cuantificación de rentas y rendición de cuentas presentado por , respecto de la administración de , en la cual se declaró parcialmente procedente en cuanto al incidente de rendición de cuentas, por lo que conminó a , a efecto de que rindiera cuentas de los bienes parte de la masa hereditaria que se encuentran bajo su posesión. En auto de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, se tuvo a promoviendo "incidente para que se ponga en posesión material de los bienes del acervo hereditario a los albaceas", por lo que se ordenó dar vista a , para que dentro del término de cinco días, manifestara lo que a su interés legal conviniera. En acuerdo de nueve de abril de dos mil diecinueve se tuvo al quejoso desahogando la vista concedida respecto del incidente promovido por los aquí terceros interesados. En diligencia de uno de octubre de dos mil diecinueve, se declaró abierta la audiencia incidental de "posesión material de los bienes de la masa hereditaria a los albaceas"; sin embargo, la misma tuvo que suspenderse en virtud de que , justificó su inasistencia mediante un justificado médico. Continuado el juicio en sus etapas procesales, el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, se celebró parcialmente la audiencia incidental, y tras la inasistencia del quejoso, se le hizo efectivo el apercibimiento previamente decretado en autos, por ende, se tuvieron reconocidos los hechos que dejó de contestar. Posteriormente, previos diferimientos, el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la continuación de la audiencia incidental relativa al "incidente para poner en posesión de los bienes de la masa hereditaria a los albaceas", sin la asistencia del quejoso. De esta manera, se cerró el periodo probatorio y se abrió el de alegatos, en el cual se tuvieron por reproducidos los realizados por las partes que concurrieron a la celebración de la audiencia; concluido lo anterior, se pusieron a la vista los autos para el dictado de la resolución correspondiente. En interlocutoria de doce de noviembre de dos mil veintiuno, se declaró procedente el incidente promovido por los albaceas (aquí terceros interesados), por lo que se ordenó poner en posesión material y jurídica de los bienes inmuebles, tras desocupación de los mismos en contra del heredero quejoso. (Resolución que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional). Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del asunto, conviene precisar que el quejoso en este juicio de amparo también es conocido como ; por tanto, para efectos de estudio de la presente resolución, en lo sucesivo se hará alusión al mismo únicamente como SEXTO. Conceptos de violación. Se realizará el estudio de los conceptos de violación, sin que para ello sea necesario que se transcriban, habida cuenta, que no existe precepto legal alguno que así lo señale SÉPTIMO. Estudio de fondo del asunto. Son infundados en parte e inoperantes en otra los conceptos de violación hechos valer por el quejoso en su demanda de amparo. Antes de abordar el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de la acción constitucional, conviene mencionar que el acto reclamado lo constituye la interlocutoria que derivó del "incidente para poner en posesión de los bienes de la masa hereditaria a los albaceas", promovido contra el heredero quejoso; en cuyo desahogo a la vista con la que se le corrió traslado, en esencia, alegó la improcedencia del mismo bajo los argumentos siguientes: Manifestó su oposición a la incidencia dado que no fue planteada de común acuerdo por todos los albaceas, siendo instada únicamente por tres de los cuatro que desempeñan el cargo; lo cual torna inválida su presentación. Tildó de improcedente el incidente en virtud de que a la fecha de su interposición y posterior admisión, las operaciones de inventario y avalúo que conforman el acervo hereditario no habían sido aprobadas, por ello, no existía certeza de que los bienes inventariados pertenezcan a los autores de la sucesión. Puntualizó que no debía pasar inadvertido que no se había acreditado la identidad ni propiedad de los bienes materia de reclamo, pues solamente se exhibieron certificados catastrales que surten efectos administrativos y fiscales; pero nunca servirán para acreditar la propiedad. Finalmente, alegó que para el ejercicio de las funciones de los albaceas no es necesaria la posesión material de los bienes hereditarios, pues en su opinión, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 3046 del Código Civil del Estado de Jalisco, el derecho a la posesión de los bienes hereditarios se transmite por ministerio de ley a los herederos desde la muerte del autor de la sucesión. Partiendo de dicha premisa añadió que desde el fallecimiento del autor de la sucesión, la ley otorga de inmediato la posesión tanto al albacea como al heredero; lo que implica que dicha posesión no sea material para el desempeño de las obligaciones de los albaceas sino únicamente virtual. Así, concluyó que la ley no requiere una posesión material para el desempeño de uno u otro deber del albacea (administrar y rendir cuentas), pues solo implica un poder de hecho o disponibilidad del acervo hereditario, el cual lo tiene el representante de la sucesión por el hecho de encontrarse investido de ese cargo. En respuesta a dichos argumentos, la autoridad responsable al dictar la interlocutoria reclamada, los desestimó bajo las consideraciones siguientes: "(.) V. Analizada que fue la causa se declara que resulta procedente el incidente planteado a saber de lo siguiente: Atendiendo a las constancias del sumario que nos ocupa, con el valor pleno que les otorga el artículo 402 del Enjuiciamiento Civil del Estado de Jalisco, se advierte que en el presente juicio se nombró como albaceas a ambas de apellidos Por otro lado, en su oportunidad los albaceas presentaron OPERACIONES DE INVENTARIO Y AVALUO incluyendo entre otros bienes los siguientes: Con la superficie, medidas y linderos precisados en el citado proyecto. solicitando los albaceas se les entregue la posesión de los mismos en virtud de evitar de la dilatación o extracción de cosa alguna, así como el poder cumplir con el encargo que la ley les impone y si bien el opositor manifiesta en primer término que resulta improcedente el incidente toda vez que debió haber sido promovido por las albaceas y no por conducto de su abogado patrono, lo cierto es que no resulta ser un impedimento al caso en particular; se afirma lo anterior, ya que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 42 del código de procedimientos civiles del estado se advierte que el abogado patrono si tiene facultades para realizar dicho acto jurídico procesal en representación de sus ponderantes, de tal suerte que la petición para que los bienes de la masa hereditaria se entren a los albaceas no requieren la petición personal de los mismos. Así como tampoco ser necesaria la aprobación de las operaciones de inventario y avalúo, ya que el cargo de albacea con todas sus responsabilidades se ejerce en forma completa desde el momento en que se aprueba su nombramiento y por ende ningún impedimento legal existe para que los bienes que forman el patrimonio de la masa hereditaria le sean entregados sin la existencia del inventario al citado. En cuanto a su oposición a la entrega de los bienes bajo el argumento de qué se requiere acreditar la titularidad de la propiedad, no es necesario ya que el albacea actúa de buena fe y por tanto si alguien tiene la posesión de los bienes materia de la exigencia, es a quien le corresponde justificar su oposición acreditando que le pertenece la propiedad de los mismos o bien que los tiene en su poder bajo algún otro título que jurídicamente se lo permita conservarlos; de tal suerte que si los albaceas exigen la entrega de determinados bienes y exhiben certificados catastrales donde se advierte la descripción de los bienes que se reclaman y que se encuentran inscritos a nombre del finado, para el pago del impuesto predial, ello presume que forman parte de un patrimonio y por ende consideramos que el documento público citado con el valor pleno que le otorga la ley es suficiente para que de resultar procedente se les entregue a los albaceas la posesión material de los bienes reclamados, y en todo caso si existe oposición de la actual poseedor deberá justificar que tiene mejor derecho que los albaceas a conservar los bienes en su poder. Finalmente si bien le asiste la razón al opositor en cuento a que no es necesario que los albaceas tengan la posesión material de los citados inmuebles para el ejercicio de sus funciones, esto es así siempre y cuando no resulte ser un impedimento para que éstos puedan cumplir con su obligación, sin embargo en el caso en concreto se desprende que se le ha requerido al opositor para que rinda cuentas respecto de los inmuebles que tiene bajo su cuidado, manifestando que estos no rinden frutos por encontrarse prestados, por lo tanto esto resulta ser un perjuicio para los herederos ya dichos inmuebles pudieran arrendarse y obtener beneficios de los mismos, sin olvidar que los herederos no pueden disponer del dominio de los bienes hasta en tanto no se realice la individualización de los mismos mediante la adjudicación respectiva, sin olvidar que el propio opositor compareció a este procedimiento manifestando que recibe gratificaciones por parte de las personas a quienes les prestó los bienes y por ende contradictoria su primera afirmación de entrega gratuita y de cualquier forma perjudicial a los intereses de los demás coherederos. Así las cosas al no justificar el coheredero su oposición a la entrega de bienes, procede que la posesión material y jurídica de dichos inmuebles sean entregados a los albaceas definitivos ambas de apellidos de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3041 en el Código Civil del Estado, en correlación al 852 del Código de Procedimientos Civiles, de esta entidad federativa (.).". Frente a dichas consideraciones, el quejoso plasmó en su demanda de amparo indirecto los motivos de disenso que a continuación se señalan: La interlocutoria reclamada viola sus derechos humanos de garantía de audiencia y debido proceso, dado que la responsable no tomó en consideración que acorde al artículo 3046 del Código Civil del Estado de Jalisco, como heredero tiene derecho a la posesión de los bienes hereditarios que se transmite por ministerio de ley desde la muerte del autor de la sucesión; por ello, insiste, que si los albaceas no acreditaron la necesidad de tener la posesión material de los inmuebles parte del acervo hereditario, la responsable debió ponderar su derecho de posesión frente a las obligaciones que tienen los albaceas. La autoridad responsable no tomó en consideración que con motivo de su edad se encuentra en estado de vulnerabilidad, y que por ello la desposesión que se realice de los inmuebles que tiene en posesión puede repercutir en daños que pudieran ocasionarse de manera grave e irreparable. Que en el caso en particular es procedente la suplencia en la deficiencia de la queja en virtud de que se controvierten derechos del quejoso como adulto mayor. Para robustecer su planteamiento invoca la jurisprudencia de rubro siguiente: Ahora bien, como se anticipó los motivos de queja son infundados en parte e inoperantes en otra, los cuales se analizarán en orden diverso al propuesto por el quejoso, y hasta de forma conjunta dos de ellos, por así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo. En principio se emprenderá el estudio del concepto de violación identificado con el inciso III), en el cual el peticionario del amparo alega en lo toral que, por ser adulto mayor, opera en su favor la suplencia de la queja deficiente; lo cual resulta infundado. Es asi´, debido a que contrario a lo sostenido por el quejoso, la sola circunstancia de ser un adulto mayor, no necesariamente genera que la persona se encuentre en un estado de indefensio´n o vulnerabilidad y, por tanto, requiera la proteccio´n especial reconocida en la norma. Máxime que no esta´ demostrado en autos que se encuentre en estado de vulnerabilidad. Por consiguiente, aun cuando el quejoso manifieste tener más de ochenta años (ochenta y nueve), esto es, que es un adulto mayor, de las constancias del juicio de origen no se desprende que ésta circunstancia haya generado una imposibilidad de acceder en forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela del derecho que sustenta fue violentado. Sin que dicha afirmación implique perder de vista que, aunque es posible que como adulto mayor tenga derecho a una protección especial cuando se ubique en una situación de vulnerabilidad generada por la dependencia familiar, discriminación o abandono; lo cierto es que, el solo envejecimiento no lo conduce irremediablemente a un estado de vulnerabilidad, ya que esta deriva de otros aspectos y no goza de una presunción de necesidad. Lo anterior es así, ya que existen personas en edad avanzada que no se encuentran en estado vulnerable, dado que gozan de salud, no sufren violencia, no son explotados y tienen medios para subsistir de manera independiente. Bajo esta óptica, para resolver los asuntos relacionados con las personas adultas mayores, los juzgadores deben atender al contexto del envejecimiento específico de la persona y adoptar una perspectiva que tome en consideración el posible estado o situación de vulnerabilidad por la edad. Así, tendrán que identificar si se encuentra en una situación de vulnerabilidad que merezca una atención concreta, tomar en cuenta los intereses y derechos de la persona adulta mayor, para protegerlos con una mayor intensidad en los casos que éstos puedan verse menoscabados o transgredidos por una decisión que no los considere y agraven su situación de vulnerabilidad o lo provoquen, deberá respetar su autonomía tomando en cuenta la situación en que se encuentre o pueda llegar a encontrarse, así como respetar sus opiniones aunque pareciere que no está´ en condiciones de manifestarse, suplir deficiencia de la queja para proteger sus derechos y preservar sus intereses en el caso de que se detecte una situación de vulnerabilidad. Precisado lo anterior, se itera que en el caso concreto, de las constancias del expediente, se advierte que el impetrante es mayor de ochenta y nueve años; que designo´ abogados, ha comparecido a promover diversas instancias y recursos para su defensa, asimismo, desahogó la vista concedida con relación al incidente propuesto; reconoció´ que obtiene ingresos económicos de los inmuebles pertenecientes a la masa hereditaria. Bajo ese contexto, puede presumirse que el quejoso no se ubica en un estado de vulnerabilidad, pues existe confesión atribuida a él en el sentido de que recibe ingresos económicos y tiene la posesión desde hace años de diversos inmuebles que conforman la masa hereditaria, de lo cual se puede asumir la existencia de una independencia económica, siendo que de las constancias no se desprende que haya sufrido alguna disminución en sus capacidades motora e intelectual que provoque la suplencia de la queja, pues aún goza de autonomía, ni existe información de la que se pueda inferir, que por su edad, hubiere sido objeto de discriminación o violencia, por lo que no se advierte que se encuentre en estado de vulnerabilidad y que hubiere estado imposibilitado para acceder en forma efectiva al sistema de justicia, en el que incluso es representado por profesionistas en derecho. Por tanto, se itera, no asiste razón al quejoso en cuanto a que en su favor opere una causa de suplencia de la queja por el solo hecho de ser adulto mayor, sino que, en todo caso, debió demostrar que debido a ello, realmente se le imposibilita acceder en forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela del derecho en que sustenta la demanda o su defensa. Sin embargo, se insiste, de las constancias que integran el sumario no se advierte alguna manifestación o medio de convicción por el que el quejoso adujera que, además de que es un adulto mayor, dada su edad, dicho envejecimiento ha provocado la disminución de sus capacidades, ya sean motoras o intelectuales y que esto, le mermara de alguna forma la posibilidad de acceder al sistema de justicia a fin de estar en aptitud de defender sus derechos; situación que en el caso no aconteció. En otro orden de ideas, devienen inoperantes los dos conceptos de violación restantes [sintetizados en los incisos I) y II)]. Para justificar tal aserto, debe recordarse que en la sentencia reclamada se desestimaron los argumentos que el quejoso planteó al desahogar la vista ordenada dentro de la sustanciación del incidente para poner en posesión de los bienes de la masa hereditaria a los albaceas, y en lo esencial, se determinó que sí era procedente porque el demandado incidentista -aquí quejoso- no justificó su oposición a entregar los inmuebles a los albaceas. Es decir, en la interlocutoria materia de análisis constitucional, se advierte que si bien el juez responsable estimó válido lo argumento por el quejoso en el sentido de que "no es necesario que los albaceas tengan la posesión material de los citados inmuebles para el ejercicio de sus funciones", también lo es que, de manera particular determinó que eso sería así siempre y cuando no resultara ser un impedimento para que las albaceas pudieran cumplir su obligación, lo cual consideró sí sucedía en el presente asunto, dado que el opositor quejoso no rendía cuentas respecto a los inmuebles que tiene en posesión; y que dichos bienes pudieran ser objeto de arrendamiento y producir beneficios económicos para los demás herederos. Sin embargo, a través de ambos conceptos de violación (como quedó sintetizado en párrafos precedentes), se limitó a alegar de manera genérica que la procedencia del incidente de mérito decretada, produce en su perjuicio una vulneración de sus derechos humanos; empero, sin combatir frontalmente las consideraciones que el juez responsable expuso para ello. Es decir, el peticionario del amparo no controvierte la razón sustancial que tuvo el juez de instancia para declararlo procedente y determinar que dado las circunstancias de este asunto, sí debía entregarse la posesión de los inmuebles a los albaceas (terceros interesados), sino más bien pretende construir una obligación a cargo de ese juzgador que aduce no fue cumplida, empero, se insiste, sin controvertir las consideraciones que sustentaron su decisión. Bajo esa óptica, es claro que ambos conceptos de violación son inoperantes, pues este juzgador se encuentra impedido para subsanar las deficiencias de las que adolecen los argumentos del quejoso, para emprender un estudio oficioso del fallo reclamado. Al margen de lo anterior, ambos conceptos de violación también entremezclan la exposición de argumentos novedosos respecto a los aducidos al desahogar la contestación de la vista ordenada en el incidente del que derivó el acto reclamado, como lo son la situación de vulnerabilidad que aduce tener o el daño grave e irreparable que en su óptica le ocasiona la procedencia del incidente respectivo. Tal circunstancia, debido a que de la atenta lectura de la contestación a la vista ordenada respecto al incidente, producida por el aquí quejoso, no se desprende que se sometiera a consideración de la autoridad responsable lo alegado en los dos conceptos de violación examinados, constituyendo así aspectos novedosos que no puede atenderse, al no haber formado parte de los planteamientos que inicialmente fueron propuestos ante la responsable, para que esta tuviera oportunidad de pronunciarse al respecto. Resulta aplicable en lo conducente, el criterio jurisprudencial VI.2o.A. J/7 del No es óbice el hecho de que, el quejoso haya invocado en su beneficio diversas jurisprudencias; sin embargo, dichos criterios pretenden robustecer los argumentos que, como se hizo ver, no pueden ser sujetos de estudio al no haber formado parte de la litis natural. En conclusión, ante lo infundados en parte e inoperantes en otra de los conceptos de violación examinados, sin que opere en favor de la quejosa causa alguna de suplencia de la deficiencia de la queja, lo que procede es negar el amparo. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución, conforme a lo establecido en la jurisprudencia Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a , contra actos que reclamó del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Décimo Noveno Partido Judicial del Estado de Jalisco y Secretario Ejecutor adscrito, por las razones y motivos expuestos en el último considerando de esta resolución.
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