Omar Castro Morales y Otros.

Expediente 316/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 24 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
316/2020
Año
2020
Actuaciones
24
Última actuación
17/09/2021

Partes del expediente

  • Omar Castro Morales y Otros.
  • Osvaldo Díaz Vargas y Otros.
  • Osvaldo Díaz Vargas
  • Omar Castro Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, se desprende que en proveído de siete de septiembre de dos mil veintiuno, se declaró firme el diverso en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto y se ordenó el archivo del presente expediente por encontrarse totalmente concluido; en tal virtud, como resulta innecesario que obre el tomo de pruebas que se formó con motivo de la documental que el Director de lo Contencioso de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Guanajuato y apoderado legal de dicha Secretaría, adjuntó al rendir su informe justificado, devuélvasele.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión, en contra del proveído de trece de agosto del año en curso, por el cual este Tribunal sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, sin que se haya hecho valer; por tanto, se declara FIRME. Sin que pase inadvertido para este juzgador el hecho de que no obre en autos la constancia de notificación a las autoridades responsables, del proveído en el que se sobreseyó en el presente asunto, toda vez que de conformidad con el artículo 87, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, éstas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión en contra del fallo constitucional. Notifíquese lo anterior a las responsables, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramito incidente de suspensión, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días establecido concedido a la parte quejosa para que exhibiera la documental de la que se advierta que el Instituto Universitario del Centro de México, se comprometió a gestionar el trámite de la cédula profesional correspondiente, o bien, que previo la presentación de la demanda realizó el pago para su expedición; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintinueve de julio del año en curso, y únicamente se tiene como acto reclamado la omisión de entregarles el certificado de estudios universitarios y el título profesional. Ahora bien, de constancias recibidas en este juzgado el veintiocho de julio de dos mil veintiuno, así como de las que obran en autos se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que deja de seguir surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque del estudio íntegro de la demanda de amparo; se desprende que los quejosos reclaman: De ***************, la omisión y negativa de entregarles el certificado de estudios universitarios de la carrera de derecho, el título profesional y la cedula profesional. Por tanto, de acuerdo con las constancias que remitió la moral ******************, se desprende que: El veintisiete de julio de dos mil veintiuno, se entregó a los quejosos diversos documentos, entre ellos el certificado de estudios universitarios de la carrera de derecho y el título profesional. Esto es así porque de acuerdo al artículo 14 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México, es una facultad exclusiva de quienes obtienen su título gestionar su registro ante la Dirección General de Profesiones, por ende no puede atribuírsele a las autoridades responsables, debido a que escapa de sus atribuciones. Por tanto, es evidente que la omisión que tildan de inconstitucional cesaron sus efectos, ya que es imposible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que se carece del objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a los solicitantes del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable entrego a los quejosos los documentos académicos que le solicitaron, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, con la entrega del certificado de estudios universitarios de la carrera de derecho y el título profesional, cesaron las omisiones que reclamaron, dado que desaparecieron los efectos de la falta de proporcionar los documentos académicos que le solicitaron. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora señalada en esta data para la celebración de la citada audiencia. Sin que sea obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días establecido concedido a la parte quejosa para que exhibiera la documental de la que se advierta que el Instituto Universitario del Centro de México, se comprometió a gestionar el trámite de la cédula profesional correspondiente, o bien, que previo la presentación de la demanda realizó el pago para su expedición; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintinueve de julio del año en curso, y únicamente se tiene como acto reclamado la omisión de entregarles el certificado de estudios universitarios y el título profesional. Ahora bien, de constancias recibidas en este juzgado el veintiocho de julio de dos mil veintiuno, así como de las que obran en autos se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que deja de seguir surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque del estudio íntegro de la demanda de amparo; se desprende que los quejosos reclaman: De ***************, la omisión y negativa de entregarles el certificado de estudios universitarios de la carrera de derecho, el título profesional y la cedula profesional. Por tanto, de acuerdo con las constancias que remitió la moral ******************, se desprende que: El veintisiete de julio de dos mil veintiuno, se entregó a los quejosos diversos documentos, entre ellos el certificado de estudios universitarios de la carrera de derecho y el título profesional. Esto es así porque de acuerdo al artículo 14 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México, es una facultad exclusiva de quienes obtienen su título gestionar su registro ante la Dirección General de Profesiones, por ende no puede atribuírsele a las autoridades responsables, debido a que escapa de sus atribuciones. Por tanto, es evidente que la omisión que tildan de inconstitucional cesaron sus efectos, ya que es imposible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que se carece del objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a los solicitantes del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable entrego a los quejosos los documentos académicos que le solicitaron, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, con la entrega del certificado de estudios universitarios de la carrera de derecho y el título profesional, cesaron las omisiones que reclamaron, dado que desaparecieron los efectos de la falta de proporcionar los documentos académicos que le solicitaron. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora señalada en esta data para la celebración de la citada audiencia. Sin que sea obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

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