Omar Carreón Ramírez
Expediente 677/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 677/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/09/2018
Partes del expediente
- Omar Carreón Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, por el que remite los autos originales del presente juicio y testimonio de la resolución pronunciada el treinta de agosto del año que transcurre en el toca 80/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto, que concluyó en lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida, en la materia del recurso. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Omar Carreón Ramírez, en contra del acto que reclama de la Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, con residencia en Guadalajara, consistente en la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia prevista por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en el juicio laboral 1523/2017". Por tanto, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar. Acúsese recibo de estilo, hágase saber la circunstancia anterior a las partes, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno. Para un mejor manejo del expediente en que se actúa, glósense del cuaderno de antecedentes únicamente las constancias originales que obren en el mismo, en razón de que el resto son constancias que ya forman parte integrante de éste cuaderno principal. En consecuencia, el proveído de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho HA CAUSADO ESTADO; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.En razón de lo anterior el presente juicio es susceptible de destrucción por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá realizarse una transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental. En ese orden, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, una vez notificadas las partes archívese este asunto como totalmente concluido.
- Principal
Visto el oficio suscrito por el Presidente de la Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, por el que informa un cambio de situación jurídica, en razón de que el catorce de junio del año en curso, las partes celebraron convenio, mismo que se tuvo por cumplido en acuerdo de tres de julio actual, ordenándose archivar el asunto como concluido; consecuentemente, remítase el original del oficio de cuenta y su anexo, previa copia certificada que se deje en autos, al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, para que acuerde lo conducente en el toca de revisión principal 80/2018 de su índice.
- Principal
Visto lo de cuenta y como está ordenado en el juicio de amparo, se procede a proveer sobre la suspensión respecto a la ampliación de demanda, promovida por la parte quejosa, contra actos de autoridades. Con fundamento en la fracción III del artículo 138 y 140 de la Ley de Amparo, PÍDASE A LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES EN EL ESCRITO DE AMPLIACIÓN, SU INFORME PREVIO, el cual deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, remitiéndoles al efecto copia del escrito de ampliación. Se les apercibe de las consecuencias que implica su falta, tal como lo disponen los artículos 142 y 260 de la Ley de Amparo. En términos de lo dispuesto por la fracción II del referido artículo 138 de la ley de la materia, se señalan las ONCE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Previo a estudiar si en el caso procede el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, es menester determinar los actos reclamados cuya suspensión solicita. Así, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso precisa como tales: [ se omite transcripción] En tanto que se solicitó la medida cautelar para efecto de que: [se omite transcripción] Cabe precisar que en el presente incidente únicamente se proveerá en relación a los efectos peticionados en los incisos a) y b), lo anterior en razón de que lo solicitado en el diverso inciso c), ya fue materia de la suspensión de plano concedida al promovente mediante proveído de diez de abril del año en curso dictado en el expediente principal del que deriva la incidencia en que se actúa. Es decir, la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que las cosas mantengan el estado que guardan; lo que debe traducirse en que las autoridades responsables: I. Cesen los efectos y consecuencias de las licencias o autorizaciones expedidas en favor del tercero interesado, y que tengan relación con la construcción y/o edificación de la torre cuestionada. II. Se abstengan de otorgar la autorización de regularización de edificación, así como de emitir el certificado de habitabilidad correspondiente y no expidan licencia adicional alguna en favor del tercero interesado respecto a la acción urbanística reclamada. En primer término, debe decirse que para proveer acerca de la suspensión provisional solicitada se tomará en cuenta el contenido de la fracción X, del artículo 107 Constitucional, así como, los artículos 128, 138, 139, 146, 147, 150 y 157 de la Ley de Amparo, para lo cual se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, a fin de que sea dable pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado, establecer los requisitos y efectos de la medida cautelar, o bien, la ejecución del acto por parte de las autoridades responsables. En consecuencia, respecto al efecto solicitado bajo el número romano I. se NIEGA a la parte quejosa, la suspensión provisional de los actos reclamados, o sea, para que las autoridades responsables suspendan los efectos y consecuencias de las licencias o autorizaciones expedidas en favor del tercero interesado, y que tengan relación con la construcción y/o edificación de la torre cuestionada; pues, la parte quejosa no demuestra el interés suspensional que le asiste, es decir, la afectación personal y directa que le causa la continuación en su edificación, o en su caso, el beneficio social que justifique su otorgamiento. Se estima así, puesto que la parte quejosa no cumple con los requisitos previstos por los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, pues de conformidad con la actual redacción del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 5, fracción I, de la Ley de la Materia, cuando se reclamen actos derivados de autoridades administrativas o no jurisdiccionales, la legitimación del quejoso para promover el juicio de garantías puede hacerse derivar tanto de la existencia de un interés jurídico, como de uno legítimo, según corresponda. Ahora, cabe señalar que el interés legítimo tiene sus límites y es diverso tanto al simple como al jurídico. Efectivamente, el interés simple es uno general que tiene todo miembro de la comunidad de que las autoridades cumplan con las normas de derecho objetivo, sin que ello implique un beneficio personal; es decir, consiste en la pura pretensión del ciudadano por la legalidad, mismo que no lo faculta para accionar el juicio de amparo ni solicitar la suspensión, pues únicamente permite la denuncia o la acción popular cuando las leyes lo prevean, en tanto que no requiere de una condición precisa o de una cualificación subjetiva especial. Por su parte, el jurídico es aquél que se ha identificado con el derecho subjetivo, consiste en la situación de prevalencia o ventaja que se concede a un individuo frente a otros, cuyos elementos constitutivos son la posibilidad de hacer, querer y exigir el respeto a esa situación preferencial. Luego, el legítimo corresponde a las personas que por su situación objetiva y particular -de hecho o de derecho- en la que se encuentran, tienen algún interés en que el poder público ajuste su actuación a la ley, pero no solo por el mero provecho ciudadano en la legalidad, sino porque cumpliéndose con la ley conservan un beneficio o evitan un perjuicio cierto, en tanto resienten una afectación indirecta en sus derechos fundamentales con el acto autoritario reclamado, aunque carezcan de un derecho subjetivo; por lo que, su característica principal es la utilidad que al gobernado le proporciona la actuación legal del poder público, aunque es necesario exigirle al garantista la presencia de un factor especial que lo distinga de la generalidad de las personas, esto es, el interés legítimo debe ser personal y actual. En cuanto a la suspensión, el indicado numeral 131 de la Ley de Amparo, dispone específicamente que quien la solicite invocando un interés legítimo, sólo se concederá cuando el quejoso demuestre el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, así como el interés social que justifique su otorgamiento. Con dicha finalidad, la parte quejosa allegó las documentales siguientes a sus escritos incidentales de ampliación de demanda: a) Una nota periodística de cinco de abril del año en curso. b) Copia simples de un testimonio notarial con número de folio 46,274. c) Copias simples de diversas actuaciones derivadas del juicio de amparo del que emana el presente incidente. d) Fotografías impresas de diversas actuaciones derivadas del juicio de amparo del que emana el presente incidente. e) La impresión de una nota periodística de cuatro de abril del año en curso. Medios de convicción, que valorados al tenor de lo dispuesto por los artículos 197, 202, 212 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, resultan insuficientes para demostrar su interés suspensional, traducido en los supuestos daños de difícil reparación ocasionados hacía su persona o derechos de los cuales sea titular, o en su caso, el beneficio social que justifique el otorgamiento de la medida. Por lo que ve a las documentales mencionadas en los incisos a) y e), pues si bien consisten en las notas periodísticas de cuatro y cinco de abril del año en curso, las mismas resultan ineficaces para acreditar su interés suspensional, puesto que únicamente acreditan que los hechos tuvieron realización en el modo, tiempo y lugar que de las mismas aparezca, más en forma alguna son aptas para demostrar los hechos que en tales publicaciones se contengan, pues no reúnen las características de documento público a que se refiere el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por lo que ve a la documental precisada en el inciso b), la misma carece de valor probatorio pleno, puesto que se trata de una copia simple por lo que sólo genera una presunción de la existencia del documento que reproduce, pero sin que sea bastante cuando no es adminiculada con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. En tanto que de las documentales que se señalan en los incisos c) y d), si bien se tratan de fotografías simples de diversas constancias que obran en el juicio de amparo principal del que deriva la incidencia en que se actúa, las mismas únicamente demuestran la expedición de los diversos permisos y licencias otorgados a los terceros interesados en relación a la acción urbanística que se reclama, así como de los pagos recibidos por el Ayuntamiento responsable en razón de dichas autorizaciones; sin embargo, de forma alguna demuestran el interés del solicitante, ni el daño o perjuicio que resiente en razón del otorgamiento de los mismos. Por tanto, aun cuando se les otorgue valor probatorio conforme a lo previsto por el numeral 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, las mismas resultan insuficientes para acreditar como ya se dijo, el interés suspensional del promovente. Por otro lado, respecto al efecto pretendido bajo el número romano II. se NIEGA a la parte quejosa, la suspensión provisional de los actos reclamados, esto es, para que las autoridades responsables se abstengan de emitir el certificado de habitabilidad correspondiente y no expidan licencia adicional alguna en favor del tercero interesado respecto a la acción urbanística reclamada; dado que tales actos constituyen unos futuros y de realización incierta, los cuales no son susceptibles de suspenderse. Tan es así, que la emisión del certificado de habitabilidad y las autorizaciones señaladas, dependen tanto de la hipotética solicitud del gobernado, del futuro análisis de dichos trámites, así como que las autoridades responsables de ser competentes, hagan efectivas sus atribuciones calificando como viable y legal lo solicitado. Sin que pueda estimarse que tales trámites administrativos ya fueron solicitados y autorizados, puesto que la parte quejosa no adjuntó documento alguno del que se advierta lo contrario, por lo que resulta patente que no se trata de actos inminentes, sino de unos futuros de realización incierta. Por otra parte, tampoco se encuentra acreditado ni aún de manera indiciaria, un interés legítimo que permita obtener la suspensión de los actos reclamados, al no estar demostrados los extremos del señalado artículo 131 de la Ley de la Materia; a saber, en la inminencia e irreparabilidad del daño a la pretensión de la parte quejosa, así como el interés social en que se justifique el otorgamiento de la medida. Tan es así, que en relación a las licencias o autorizaciones expedidas en favor de los terceros interesados, y que tengan relación con la construcción y/o edificación de la torre cuestionada, el interés de la garantista no lo hace derivar propiamente de la posible afectación a un derecho humano consagrado a favor de la comunidad a la cual pertenece, sino específicamente dice se permite la realización de una obra peligrosa e insalubre dentro de la zona habitacional donde se encuentra su domicilio, lo cual, ha ocasionado victimizarla pues la edificación se efectúa sin las medidas de seguridad mínimas provocando daños hacia su persona y propiedades. No es obstáculo a la anterior determinación, el hecho de que la parte quejosa en su escrito de ampliación haya planteado bajo protesta de conducirse con verdad, los hechos o abstenciones constatados, pues ello no significa que por tal circunstancia sea procedente la medida suspensional que solicita, ya que no le eximía de la obligación de acompañar los medios de convicción que robustecieran su dicho. Ello es así, porque tales declaraciones únicamente tienen como efecto el dar cumplimiento a uno de los requisitos formales que toda demanda de amparo indirecto debe contener, ello de conformidad con el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo; sin embargo, ello no implica la veracidad de lo afirmado, lo cual debe ser demostrado en el cuaderno incidental, por lo que tal protesta, es insuficiente para acreditar el interés suspensional que le asiste a la parte quejosa a fin de obtener la medida solicitada. No pasa inadvertido que si bien, la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la aludida apariencia del buen derecho y el peligro de la demora, también lo es que se debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 128; análisis que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida. Sin que en la especie, sea dable realizar el examen que propone el quejoso, para efecto de conceder la suspensión. Se afirma lo anterior, pues para realizar ese análisis, más que un asomo a la posible inconstitucionalidad y/o ilegalidad de los actos reclamados, se realizaría una labor interpretativa y de estudio profundo del mismo; lo cual, implicaría, como se dijo, no sólo una introducción a la inconstitucionalidad de lo reclamado, sino un verdadero análisis al fondo de la cuestión debatida. Lo anterior se estima así, puesto que si bien la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal al resolver la contradicción de tesis 265/2012 de la cual derivaron los criterios jurisprudenciales mencionados en el párrafo anterior, estableció que es procedente conceder la suspensión de una autorización, permiso o licencia otorgada a un particular; sin embargo, dicha procedencia se encuentra supeditada a que la parte quejosa acredite los requisitos previstos por la Ley de Amparo, siendo como en el caso, que no se prueba el interés suspensional que le asiste al promovente. Resta decir que en similares términos se resolvió la suspensión provisional por lo que ve al escrito inicial del quejoso mediante proveído de treinta de junio de dos mil dieciséis, el cual fue confirmado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en el toca de queja 215/2016 de su índice. En otro contexto, por ser parte en el juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, notifíquese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, el trámite del presente asunto, por medio de oficio.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no cuenta con domicilio, para notificarse personalmente de los autos dictados en el juicio de amparo en que se actúa; se le notifica por medio de lista, en el que en lo conducente se hace del cocimiento la resolución de veintisiete de marzo del año en curso que dice: Zapopan, Jalisco, veintisiete de marzo de dos mil dieciocho. Visto el oficio que suscribe el Presidente Auxiliar de la Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante el cual rinde informe justificado y remite las constancias que acompaña a su comunicación de cuenta; en consecuencia, glósese a los autos para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de la demanda de garantías se puede apreciar que el acto reclamado en el juicio de amparo, se hizo consistir en la omisión de señalar fecha para el verificativo de la audiencia bifásica en los términos establecidos por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. En razón de lo anterior, de la documental que exhibió la autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado, específicamente la copia certificada del acuerdo de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de origen, se desprende que se ordenó regularizar el procedimiento y se señaló nueva fecha, dentro del término previsto en la Ley Federal del Trabajo, para que tenga verificativo la audiencia bifásica, esto es, las trece horas con treinta minutos del diecinueve de abril del año en curso. Documental que merece valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimiento Civiles, por haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. En esas condiciones, este órgano jurisdiccional advierte que han cesado los efectos del acto reclamado en esta vía constitucional. Ello porque, como se dijo en líneas anteriores, el acto reclamado se hizo consistir en el incumplimiento de la autoridad responsable en señalar fecha para el verificativo de la audiencia de ley en los términos establecidos por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. De ahí que es inconcuso que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia por reiteración número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2004331, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Por las razones que la informan, se invoca la tesis II.1o.C.T.217K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, con número de registro 2010237, de rubro: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO". Así pues, al concretarse la causa de improcedencia citada con antelación, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, toda vez que se señaló fecha para que tuviera verificativo la mencionada audiencia, respetando los términos que establece la ley obrera; por tanto, al haber cesado los efectos del acto reclamado, a nada práctico conduciría esperarse a que se celebre la audiencia constitucional, toda vez que el resultado sería en el mismo sentido. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 184572 de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Así como, por las razones que la informan, la tesis XIV.1º.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, con número de registro 191450, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA". Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En el entendido de que las causas de sobreseimiento contenidas en la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto, por el criterio que informa, la tesis XVI.I°A.T.2 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, con número de registro 2000365, de rubro: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional que la parte quejosa señaló también como acto reclamado la falta de notificación y emplazamiento en el juicio de origen, no obstante, ello obedece a una etapa procesal diversa al acto referido en líneas que anteceden. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, esto es las NUEVE HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. así como el diverso auto de seis de abril de dos mil dieciocho: Vista la razón actuarial de cuenta, de la cual se advierte la imposibilidad por parte del Actuario Judicial adscrito para notificar a la parte quejosa, el auto de veintisiete de marzo pasado, por las razones que en la misma se exponen; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese por lista el contenido del proveído en comento, así como las subsecuentes, hasta en tanto señale diverso domicilio cierto para tal efecto.
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