Omar Cardeña Arcique
Expediente 1530/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1530/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Omar Cardeña Arcique
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos incidentales, se acuerda: téngase por recibido el informe justificado rendido por ********************, quien se ostenta apoderado de Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, con sede en esta ciudad, personalidad que se le reconoce en términos de la certificación notarial del testimonio de la escritura pública que acompaña para acreditarla, el cual manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que es copia íntegra e inalterada del original. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. De igual forma, como se solicita, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, así como a sus delegados en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, los señalados para tal fin en los informes de mérito. Ahora bien, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en el numeral 35, 36, 37 y 40 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, reformado el siete de noviembre de dos mil veintidós, como lo solicita la parte interesada, se otorga autorización al usuario "********************", para que tenga acceso al expediente electrónico de este juicio. En consecuencia, proceda la Secretaría a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se hace saber a la parte interesada que, en términos del artículo 41 Bis del indicado acuerdo plenario, los autorizados para acceder a los expedientes judiciales deberán consultarlo en su versión electrónica y, al efecto, quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado esta modalidad de acceso conforme a lo previsto en los artículos precedentes, podrán hacerlo al acudir presencialmente al órgano jurisdiccional respectivo, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Finalmente, téngase por señalados los medios de contacto proporcionados por la responsable, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días, para que las autoridades responsables: Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos y Comisión Federal de Electricidad Distribución, ambos con sede en esta ciudad, rindan sus informes justificados en el presente asunto, toda vez que fueron notificadas del auto admisorio el diecisiete de octubre del año en curso. Lo anterior, ya que mediante Circular 28/2023, de diecinueve de octubre del año en curso, se informó que en sesión extraordinaria de esa data, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, declaró inhábiles los días del dieciséis al veinticuatro de octubre en curso, con motivo de las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; así como a los avisos de suspensión de labores, emitidos por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y el Coordinador de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, en el que por causas de fuerza mayor, con motivo del paro de labores se suspendieron los términos judiciales y se declararon inhábiles los días del veinticinco al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés En mérito de lo anterior, atendiendo tal circunstancia, se difiere la audiencia que debería tener verificativo este propio día y se fijan las DIEZ HORAS CON UN MINUTO DEL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, y la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de la materia, en contra del acuerdo de dieciséis de octubre del presente año, en el cual se desechó parcialmente la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el ocurso presentado por el quejoso ********, mediante el cual, da cumplimiento a la prevención realizada en auto de tres de octubre del año en curso, manifestando, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto que reclama. En virtud de lo anterior, con la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se tiene a ********************, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, y Comisión Federal de Electricidad Distribución, ambos con sede en esta ciudad, de quienes reclama: ACTOS RECLAMADOS Según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, como facultad exclusiva del juzgador federal, reclama esencialmente lo siguiente: a) De la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos: El aviso de cobro número ********************contenida en el oficio de fecha veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, mediante el cual se le obliga al quejoso a pagar la cantidad de $************** (***, sin centavos, moneda nacional). De la Comisión Federal de Electricidad Distribución: La Revisión a las Redes Generales de Distribución con número de folio: ******de nueve de agosto de dos mil veintitrés, la cual se utilizó para suspender el suministro eléctrico en mi predio. DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA Dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa"; Como puede apreciarse, el precepto constitucional establece una distinción para la promoción del amparo indirecto, en la cual se mantuvo la exigencia de que lo haga la parte agraviada, pero tal concepto fue desarrollado y segmentado en dos supuestos, a saber: a) El titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; o, b) El titular de un interés legítimo individual o colectivo, ya sea que se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese sentido, el interés jurídico representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio constitucional, pues si el acto reclamado no lesiona la esfera jurídica del gobernado, entonces no tendrá legitimación para instaurar el juicio de amparo, de modo que debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos; de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de amparo resultará improcedente. Por otra parte, el interés legítimo, como medida para acceder al juicio de amparo (tanto en lo individual como en forma colectiva), se satisface cuando el quejoso alega ser titular de algún derecho subjetivo (en sentido amplio) y reclama normas, actos u omisiones autoritarios que afectan a su esfera jurídica, directa o indirectamente. De lo anterior deviene que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no causan un agravio actual y directo en la esfera de derechos del particular, ya sea jurídica o legítimamente. De tal manera que es importante dejar establecido que en términos de los artículos 107, fracción I, Constitucional y 107, fracción I, inciso g), de la ley de la materia, el acceso al juicio de amparo, tratándose de actos de autoridades administrativas, se encuentra supeditado a la necesaria demostración de un interés (ya sea jurídico o legítimo) en la tramitación y resolución del proceso de amparo, con miras a obtener una sentencia protectora que redunde en un beneficio a la esfera jurídica del quejoso. El estudio sobre la existencia o no del interés para acceder al juicio constituye un tema que, de ordinario, se identifica con la propia pretensión y, por ende, debe ser realizado como materia de fondo en la sentencia que se emita en la audiencia constitucional. No obstante, el Máximo Tribunal del país ha establecido que el auto inicial es ocasión propicia para que el juzgador federal examine las particularidades de la reclamación (pretensión, relación jurídica subyacente, etcétera), desde un punto de vista provisional, a efecto de determinar la existencia del interés en forma incipiente, pues ello es lo que justificaría, en todo caso, el inicio, tramitación y resolución del juicio; lo que de otra forma sería ocioso. En primer término, es importante precisar que el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar a través de juicio de amparo actos que considere violatorios de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, la afectación de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. Ahora bien, en relación con el interés legítimo, dicho interés supone solo la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, el cual proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. De acuerdo con la explicación anterior, para efectos del juicio de amparo, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto o la ley impugnada pueda ocasionar un perjuicio, siempre que este no sea indirecto, sino resultado inmediato de la ley o acto reclamados. En relación con lo anterior, resulta oportuno invocar, la tesis publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVII, febrero de 2013, tomo 1, página 882, con registro de localización 2002812, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De ahí que, para que el juicio de amparo prospere basta que los actos que se reclamen deriven de la actuación concreta de la autoridad, y que cause algún perjuicio o afectación al gobernado, ya sea a alguno de sus derechos subjetivos protegidos por la norma o a alguno de sus derechos objetivos o personales, y que ese agravio en su esfera de derechos o particular sea personal, directo o indirecto; es decir, les corresponde a los gobernados acreditar que se ubican en el supuesto de afectación del acto o hecho jurídico. De lo anterior, se obtiene que el juicio de amparo es un medio de control, y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, lo que quiere decir que la acción constitucional de amparo únicamente puede ejercerla quien se vea perjudicado por la actuación de la autoridad. Como sustento a lo anterior, Así, el juicio de amparo no procede oficiosamente, es decir, constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta directamente una afectación en su esfera jurídica. Sentado lo anterior, es preciso señalar que conforme a los artículos 103, fracción I, de la Constitución, así como 6, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos humanos reconocidos de los gobernados y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de los gobernados contra los actos de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquella a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto, es entendible que podrá acudir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal quien alegue tener un interés. En esta hipótesis, debe señalarse que para demostrar el interés en el amparo convergen los siguientes elementos: -La titularidad de un derecho o de un interés legítimo, ya sea individual o colectivo. - La afectación a un derecho reconocido por la Constitución. - La afectación de la esfera jurídica de manera directa en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Establecido lo anterior, en el caso, se tiene que el promovente comparece a este juicio a reclamar de la autoridad responsable Comisión Federal de Electricidad Distribución, con sede en esta ciudad, la revisión a las redes generales de distribución con número de folio ********************de fecha nueve de agosto de dos mil veintitrés, la cual se utilizó para suspender el suministro eléctrico en su domicilio. En el caso, el juicio de amparo pretendido es improcedente porque no existe un acto que produzca esa afectación personal y directa al promovente; esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en la esfera jurídica de quien acude a esta instancia constitucional, en términos de lo dispuesto en el artículo 1° fracción I y 5°, ambos de la Ley de Amparo. Ello en virtud de que el promovente en su escrito de cumplimiento a la prevención, manifestó bajo protesta de decir verdad no ser propietario ni arrendatario del predio número ************* de la calle ********** de la colonia ************, del municipio de ************ni tener algún contrato con la Comisión Federal de Electricidad, manifestación que adquiere fuerza probatoria plena con fundamento en los numerales 197 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, dado que se trata de una afirmación espontánea que bajo protesta de decir verdad externó el accionante en su demanda de amparo, de ahí que adquiere la naturaleza de confesión de parte. En tal virtud, atento a la naturaleza de los actos reclamados y a la de la autoridad que lo emitió, en el caso no opera el interés jurídico, pues en este momento no producen una afectación personal y directa al promovente, esto es, la causación de un daño o perjuicio en su esfera jurídica de derechos, por lo que no puede ser sujeto al análisis en el juicio de amparo intentado. Pues esta vía constitucional se encuentra reservada a aquéllos actos que produzcan una afectación material a los derechos del gobernado, lo que en la especie no acontece, ya que la revisión a las redes generales de distribución de un predio del cual no es propietario ni arrendatario, por lo que dicho acto en modo alguno le genere una afectación a su esfera jurídica. Se afirma lo anterior, puesto que los actos que reclama, a quien realmente afecta en sus derechos, es precisamente al propietario, arrendatario del mismo o titular del contrato del servicio de energía eléctrica. Consecuentemente, si el hoy promovente del amparo no es propietario, arrendatario ni contratante del servicio que se presta al predio donde se suspendió el suministro de energía eléctrica con motivo de la revisión a las redes generales de distribución con número de folio ********************, deviene inconcuso que no tiene interés jurídico por falta de legitimación para venir impugnando esos actos, por no ser a quien legalmente le corresponde. Al ser así, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, relación con el artículo 5, fracción I, del mismo ordenamiento legal, así como el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es desechar parcialmente la demanda de amparo, respecto al acto reclamado marcado con el inciso b), de conformidad con los dispuesto en los artículos 112 y 113, de dicha legislación. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, SE ADMITE a trámite la demanda de referencia como en derecho procede, únicamente respecto al acto atribuido a la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, con sede en esta ciudad, consistente en: En el aviso de cobro número ********************contenida en el oficio de fecha veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, mediante el cual se le obliga al quejoso a pagar la cantidad de $****** (*********, sin centavos, moneda nacional). INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No se tramita el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, ni la naturaleza del acto reclamado, amerita su tramitación oficiosa, conforme al artículo 127 de la Ley de Amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON UN MINUTO DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la citada Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables que deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en que se les solicita, en el que se expresarán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que se acompañará, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la referida ley. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá, a cada una, una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia; equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional). Mandamiento que deberán cumplir las autoridades responsables: De ser CIERTO el acto.- A través de la vía ordinaria, entregando su informe ante la oficina de correspondencia respectiva, adjuntando, en su caso, las constancias con las que apoyen el sentido de su informe. Únicamente de ser NEGATIVO el acto.- Podrá enviarse vía electrónica a través del correo institucional de este órgano jurisdiccional 2jdo14cto@correo.cjf.gob.mx; o bien, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (con su firma electrónica FIREL); y, En caso de existir convenio celebrado con el Consejo de la Judicatura Federal, podrán remitirlo vía interconexión. INTERVENCIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN Dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia de la demanda, escrito aclaratorio, auto de prevención y del presente proveído. EMPLAZAMIENTO DE LA PARTE TERCERO INTERESADA No obstante que la parte quejosa no señaló parte tercera interesada en el presente asunto, resérvese proveer lo que en derecho corresponda respecto a su emplazamiento, hasta en tanto obren en autos los informes justificados que habrán de rendir las autoridades responsables, de los cuales se advierta, en su caso, a quién le reviste dicho carácter y su domicilio. CONOCIMIENTO DE CAUSA DE IMPROCEDENCIA Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. Apercibidas que en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa por el equivalente al valor de treinta unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; equivalente a $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos, 20/100 M.N). PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como pruebas de la parte quejosa, las documentales que adjuntó a su escrito de demanda; así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, las cuales se reservan para ser relacionadas y tomadas en consideración al celebrarse la audiencia constitucional. JUSTIFICACIÓN DE DIFERIMIENTOS SIN NECESIDAD DE GIRAR OFICIO Sin que posteriormente exista necesidad de emitir oficios a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrá consultar en la página de internet: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm Lo anterior, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la agente del Ministerio Público de la adscripción; y cúmplase.
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