Omar Camacho Carrillo
Expediente 339/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 339/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/03/2023
Partes del expediente
- Omar Camacho Carrillo
Actuaciones
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de diez de marzo de dos mil veintitrés, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es destruible, en términos del artículo 21, inciso d) de dicho Acuerdo. Por tanto, se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, será destruido el presente expediente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, diez de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo, promovida por********************, por propio derecho, contra actos de la Segunda Sala Colegiada Civil de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; fórmese expediente electrónico y físico en atención al Acuerdo General el Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 339/2023-IV. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa es: La sentencia interlocutoria de catorce de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el toca *** del índice de la autoridad responsable, en relación a la excepción de incompetencia planteada en el juicio ejecutivo mercantil ***, radicada en el Juzgado Quinto Civil de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México. Sentado lo anterior, se obtiene que, per se, el acto reclamado es una violación procesal respecto de la cual el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que constituye una cuestión de índole procesal que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, este Juzgado de Distrito estima se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo será improcedente cuando ello derive del incumplimiento de alguna disposición de la Carta Magna o bien, de la propia ley que rige la materia, conforme a la cual, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos que sean de imposible reparación, lo que también dispone el Canon Fundamental, con la precisión de que conforme al precepto de la ley de la materia, el legislador establece que deben considerarse actos de imposible reparación, aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Resulta conveniente destacar que en relación a este tópico, al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que considera que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer qué debe entenderse por dichos actos; con lo cual el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Destacando que a partir de esa interpretación se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual - a diferencia de los sustantivos - sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. En ese contexto, es evidente que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia en análisis, pues la sentencia interlocutoria de catorce de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el toca *** del índice de la autoridad responsable, en relación a la excepción de incompetencia planteada en el juicio ejecutivo mercantil ***, radicada en el Juzgado Quinto Civil de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, no produce una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, toda vez que las posibles consecuencias del acto reclamado, en su caso, ocasionaran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente trascenderá el resultado del procedimiento que se tramita ante la responsable. Por lo antes expuesto, se concluye que dicho acto no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que éste únicamente produce efectos intraprocesales y pueden ser reparados si el impetrante obtiene sentencia favorable; de tal manera, la determinación reclamada constituye una violación procesal reclamable hasta que se dicte la sentencia de fondo si fuere desfavorable para el quejoso, a través del juicio de amparo directo, por ello, se afirma que no lesiona sus derechos sustantivos y menos aún en forma irreparable. Sirve de apoyo a lo anterior, la de tesis II.1º.C.7C(10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, pagina 1716, del rubro y texto siguiente: "EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA EN JUICIOS MERCANTILES. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE LA DECLARA INFUNDADA, ES RECLAMABLE COMO VIOLACIÓN PROCESAL EN AMPARO DIRECTO". Si en un juicio mercantil se opone la excepción de incompetencia y se resuelve de manera definitiva como infundada y, por tanto, el Juez del conocimiento debe continuar conociendo del juicio y, en su oportunidad, dictar sentencia sobre la cuestión planteada, dicha determinación no afecta materialmente derechos sustantivos de las partes, sino únicamente formales o intraprocesales y, por ello, si el afectado obtiene sentencia favorable en cuanto al fondo, aquellas infracciones quedarían reparadas. Consecuentemente, esa decisión debe considerarse como una violación procesal reclamable mediante el amparo directo pues, al resolverse en definitiva el juicio, la parte que se considere afectada puede hacerla valer, en términos del artículo 172, fracción X, de la Ley de Amparo, si se satisfacen los demás requisitos a que se refiere el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Así como la tesis XXI.2o.C.T.32C (9a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Vigésimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, pagina 2068, de texto y rubro siguiente: "INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA EN MATERIA MERCANTIL. LA OMISIÓN DE TRÁMITAR LA EXCEPCIÓN RELATIVA, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 159 DE LA LEY DE AMPARO". El artículo 1114 del Código de Comercio establece que las cuestiones de competencia podrán promoverse por inhibitoria o declinatoria y que tratándose de las suscitadas entre los tribunales de un mismo Estado, se resolverán por el respectivo tribunal de alzada; asimismo, en su fracción II establece que la declinatoria se propondrá ante el Juez que se considere incompetente. De ahí que si el Juez de primera instancia omite tramitar la citada excepción, ello constituye una violación procesal impugnable en amparo directo, en términos de la fracción X del artículo 159 de la Ley de Amparo, sin que pueda considerarse que dicha omisión debe impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, pues éste procede en todo caso contra la resolución de alzada que dilucide la competencia." Por lo anteriormente expuesto, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, promovida por********************, por propio derecho, contra actos de la Segunda Sala Colegiada Civil de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo. Por otra parte, como el promovente incumplió con la obligación prevista en el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al ordinal 2° de la Ley de Amparo, pues, señaló como domicilio para recibir notificaciones los estrados de este juzgado, lo cual no es factible, se ordena tener como tal la lista que se fija en lugar visible de este órgano federal, en términos de los artículos 26, fracción III y 29 de la ley de la materia. Resulta aplicable a lo que precede, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 1067, tomo VIII, diciembre de 1998, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." Asimismo, ténganse por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente; y, al otro profesionista que refiere, en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo; limitación que se establece hasta en tanto cuenten con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberá hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, la Tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, de la Novena Época a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Por otro lado, con fundamento en los artículos 3, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por esa comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el este juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Finalmente, en términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aludido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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