Omar Bravo Galarza
Expediente 561/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 561/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Omar Bravo Galarza
- Jefe de la Unidad de Causas del Juzgado de Primera Instancia En Materia Penal del Sistema Acusatorio Y Oral del Distrito Judicial de Torreón
Actuaciones
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; doce de febrero de dos mil veintiuno. Reanudación. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y de conformidad con lo establecido en las circulares SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/8/2021 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos en las cuales se estableció -entre otras situaciones-, la suspensión, prórroga, modificación y reanudación de los plazos de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y por consecuencia, la reactivación de los términos procesales; en el entendido que la última de las mencionadas es la vigente, por lo cual, se regresa al esquema de trabajo en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que transcurrió término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de dieciocho de agosto de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo que originó este asunto; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo y anotaciones... Notifíquese.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa. Reanudación. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y de conformidad con lo establecido en las circulares SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/8/2021 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos en las cuales se estableció -entre otras situaciones-, la suspensión, prórroga, modificación y reanudación de los plazos de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y por consecuencia, la reactivación de los términos procesales; en el entendido que la última de las mencionadas es la vigente, por lo cual, se regresa al esquema de trabajo en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que transcurrió término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de dieciocho de agosto de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo que originó este asunto; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo y anotaciones... Notifíquese.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa. Radicación. Visto lo de cuenta, se recibe la demanda de amparo promovida por Omar Bravo Galarza, contra actos del Jefe de la Unidad de Causas del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Torreón y otras autoridades. Registro. Fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el número 561/2020. Desechamiento. Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El dispositivo en consulta señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, de contenido siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia 'manifiesta' e 'indudable', lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". Ahora bien, al examinar integralmente la demanda de amparo y sus anexos, se advierte que el promovente reclama de las autoridades responsables esencialmente: La formación de la causa penal número 1039/2020. El señalamiento y citación para la audiencia de formulación de imputación; y La ejecución del citatorio de presentación En la especie, este juzgado advierte que respecto de los actos reclamados por el quejoso es improcedente el juicio de amparo ya que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, Los artículos en comento establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido". En efecto, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales realizados fuera de juicio. Sin embargo, en el caso, esos actos deben afectar de manera directa y actual la libertad del quejoso, a efecto de determinar su procedencia. Por ello, resulta necesario dilucidar si lo actos reclamados por la parte quejosa, causan una afectación a su libertad, que justifique la procedencia del amparo. A efecto de evidenciarlo, resulta oportuno destacar que el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece lo siguiente: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." De la transcripción anterior se aprecia que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Juez previa solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: La citación al imputado para la audiencia inicial. La orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna; y, Orden de aprehensión contra una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. Luego entones, la orden de citación constituye el acto procesal que corresponde de forma exclusiva al Ministerio Público, mediante el cual comunica al imputado, en presencia del Juez, que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señale como delitos, la cual, no se puede considerar como un acto de imposible reparación debido a que sus consecuencias no afectan derechos sustantivos. Por otra parte, la citación a la audiencia inicial consiste en la comunicación que dirige el Juez al imputado, a petición del Ministerio Público, mediante la cual se le informa que éste ha solicitado una audiencia en la que se requiere su presencia, con la finalidad de formalizar una investigación seguida en su contra y formularle imputación en términos del artículo 309 del ordenamiento procesal señalado, que dispone: "Artículo 309. Oportunidad para formular la imputación a personas detenidas La formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. En el caso de detenidos en flagrancia o caso urgente, después que el Juez de control califique de legal la detención, el Ministerio Público deberá formular la imputación, acto seguido solicitará la vinculación del imputado a proceso sin perjuicio del plazo constitucional que pueda invocar el imputado o su Defensor." En este sentido, la integración de la causa penal y el señalamiento de la fecha para la formulación de imputación por sí mismos, no afectan a la libertad personal del citado, pues se trata de actos que tienen como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia judicial. No es obstáculo para concluir en este sentido el que la fracción II del artículo 141 transcrita, establezca que en caso que el citado no acuda injustificadamente, a petición del Ministerio Público podrá ordenarse su comparecencia mediante la fuerza pública, pues esta posibilidad está sujeta a tres condiciones futuras de realización incierta, a saber: primera, la inasistencia del citado; segunda, que no exista justificación que legitime esa inasistencia; y tercera, que ante la concurrencia de estas dos condiciones, el Ministerio Público solicite al Juez que ordene la comparecencia forzada del citado. En este sentido, de la lectura sistemática de ambas fracciones del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se puede concluir que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí misma, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Por ende, este acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. Por tanto, el acto de integrar la causa penal y la programación de la fecha de audiencia de formulación de la imputación, en términos del artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, son actos judiciales fuera de juicio que no afectan la libertad personal del quejoso, por lo que en su contra no procede el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, con el número de registro 2018828, de rubro y contenido siguiente: SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En ese sentido, en relación con los actos en estudio consistentes en la integración de la causa penal número ..., así como, el señalamiento para la audiencia de formulación de imputación, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario; por lo que, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda de amparo. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su numeral 2°. Autorizado. Se tiene como autorizado en términos del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, al profesionista Juan Cardiel de Santiago, toda vez que su cédula se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Vía para la rendición de promociones. Atento a lo establecido en los acuerdos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ..., y demás relativos, que establecen los lineamientos esenciales a seguir para el trámite de los diversos asuntos de la competencia de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación ante la actual contingencia sanitaria mundial virus..., dentro de los cuales se ha adoptado para ello un esquema de distanciamiento social y de prioridad al trabajo a distancia como elementos centrales para mantener la continuidad de las labores y salvaguardar la salud de los servidores públicos, se hace del conocimiento que cualquier tipo de promoción que pretenda presentar, habrá de efectuarlo -mientras sea viable- al correo oficial 1jdo8ctot@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Exhortación a tramitar el juicio en línea. Del mismo modo, toda vez que actualmente el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ha tomado medidas relativas con motivo de la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID19, con la finalidad de evitar concentración de personas y, con ello, la propagación del mencionado virus se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto, a través del esquema de juicio en línea asimismo, deberá proporcionar una dirección de correo electrónico y número telefónico, lo anterior, con la finalidad de acatar las recomendaciones sanitarias de las autoridades correspondientes, con motivo de la contingencia sanitaria que impera en el país y establecer el contacto respectivo en caso de que se estime necesario. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
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