Omar Bello Pineda
Expediente 1805/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1805/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/03/2022
Partes del expediente
- Omar Bello Pineda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad de México, tres de marzo de dos mil veintidós. Vistas las constancias que integran el presente expediente, así como la certificación de cuenta, de las que se advierte que no se interpuso medio de impugnación alguno en contra del proveído de ocho de febrero del año en curso, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, dentro del término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar; lo que se deberá realizar en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que, en su caso, haya exhibido en copia certificada o simple en el presente juicio; por tanto, mediante notificación por lista que se le realice, infórmesele que las mismas se dejan a su disposición en el local de este Juzgado, por el término de tres días, a efecto de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. Se instruye al Secretario encargado de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, ocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos de este juicio de amparo, se desprende que por auto de once de enero del año en curso, se previno al quejoso a efecto de que manifestara si tenía interés o no en ampliar su demanda de amparo y señalar como acto reclamado la respuesta dada por la autoridad responsable, así como que manifestara bajo protesta de decir verdad la fecha en que tuvo conocimiento del oficio de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno; para tal efecto, se ordenó notificar personalmente a la parte quejosa, misma que por imposibilidad de notificación en el domicilio señalado para tal efecto, se tuvo por notificada por medio de lista el trece de enero de este año. Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que el plazo de referencia feneció sin que el quejoso realizara manifestación al respecto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le previno en la referida determinación; por lo que se declara precluido el derecho que dejó de ejercitar y no se tiene como acto reclamado el enunciado en el auto de once de enero del año en curso, ello para los efectos del expediente en que se actúa y se resolverá únicamente por el acto señalado originalmente en la demanda de amparo génesis de este asunto. En ese tenor se provee en los términos siguientes. Sentido de la determinación De las constancias que obran en el expediente se advierte que la parte quejosa ******************* reclama la falta de respuesta del escrito que presentó el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno ante la Junta de Gobierno del Mecanismo para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación. En ese sentido, la autoridad responsable Junta de Gobierno del Mecanismo para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, al rendir su informe justificado -registro 428- negó la existencia de lo reclamado; manifestando al respecto lo siguiente: ".es evidente que no es cierto el acto reclamado a esta autoridad responsable, consistente en el silencio administrativo o falta de respuesta a la 'petición escrita' ingresada por oficialía de partes el 26 de octubre de 2021, en tanto que: i) El escrito presentado el 26 de octubre de 2021 es un recurso de inconformidad promovido en términos de los artículos 55 y 56 de la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, contra la determinación emitida por este Mecanismo. . ii) Se dio debido trámite al recurso de inconformidad interpuesto, con base en la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como su Reglamento, mismo que se encuentra pendiente de resolver por causas atribuibles al propio quejoso, por lo que no puede establecerse que exista una omisión por parte del Mecanismo en emitir resolución correspondiente. ." A efecto de acreditar su dicho, remitió copia certificada de las constancias conducentes, de las cuales se desprende que por correo electrónico de diez de diciembre de dos mil veintiuno, dicha autoridad notificó a *******************, el acuerdo admisorio respecto al recurso de inconformidad promovido por dicho quejoso, así como la radicación del mismo, adjuntando para tal efecto el oficio *****************. Pues aún de no haberse aportado al juicio de amparo dicha constancia, se traduce en el presente asunto, que cesaron los efectos de la omisión reclamada, desapareciendo así la finalidad de este juicio constitucional, pues la parte quejosa obtuvo el resultado que pretendía al acudir a este juicio de amparo. Lo que no afecta derecho alguno de la quejosa, en virtud de que, en la determinación que se emitiera conllevaría a estimar que el presente juicio es improcedente por cesación de los efectos del acto reclamado. Documentales que se les otorga valor probatorio pleno en términos del artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. En ese contexto, de lo manifestado por la autoridad responsable, adminiculado con las constancias que remitió a este Juzgado Federal, es claro advertir que en el caso, cobra vigencia la causa de sobreseimiento contemplada en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXI del numeral 61, de la misma Ley, en cuanto dispone el primero, que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el ordinal citado en segundo término, mismo que establece la improcedencia del juicio de amparo, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo (ocho de diciembre de dos mil veintiuno), la autoridad responsable no había notificado respuesta alguna respecto a la petición solicitada por la quejosa y fue hasta el diez de ese mismo mes, que hizo del conocimiento de la parte quejosa la respuesta a su petición, resulta evidente que en el caso cesaron los efectos de la omisión reclamada, desapareciendo así la finalidad de este juicio constitucional, pues la parte quejosa obtuvo el resultado que pretendía al acudir a este juicio de amparo. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado y actualizarse la causal de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que sobrevino durante la tramitación de este expediente, lo que procede en términos del numeral 63, fracción V, de la misma legislación, es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional. Al respecto, es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para el día de hoy, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte de amparo, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Al caso concreto, cobra vigencia por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, once de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la autoridad que ahí se indica, en representación de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaria de Gobernación, mediante el cual rinde su informe justificado, señala domicilio, designa delegados y ofrece una prueba. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe de mérito, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. De igual manera, de conformidad con el numeral 9° de la Ley antes invocada, se tienen por designados como Delegados a las personas mencionadas y por señalado como su domicilio procesal el que indican, conforme a lo que establece el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, siempre y cuando corresponda al de su domicilio oficial. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable, la documental pública adjunta a su informe justificado; misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional. Vista a la parte quejosa. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa, señaló como acto reclamado: ". el silencio administrativo y falta de respuesta a la petición escrita ingresada por oficialía de partes el: 26 de octubre del 2021..." Así, en el informe justificado referido anteriormente, la autoridad responsable negó el acto reclamado, señalando lo siguiente: ". es evidente que no es cierto el acto reclamado a esta autoridad responsable, consistente en el silencio administrativo o falta de respuesta a la 'petición escrita' ingresada por oficialía de partes el 26 de octubre de 2021, en tanto que: i) El escrito presentado el 26 de octubre de 2021 es un recurso de inconformidad promovido en términos de los artículos 55 y 56 de la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, contra la determinación emitida por este Mecanismo. . ii) Se dio debido trámite al recurso de inconformidad interpuesto, con base en la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como su Reglamento, mismo que se encuentra pendiente de resolver por causas atribuibles al propio quejoso, por lo que no puede establecerse que exista una omisión por parte del Mecanismo en emitir resolución correspondiente. ." Motivo por el cual, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que en el término de QUINCE DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, conforme lo establecido por el numeral 114 de la ley de la materia: 1. Manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo respecto a la respuesta dada por la autoridad responsable. 2. Bajo protesta de decir verdad, manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del oficio de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, emitido por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia VI.2o.C. J/240, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de la Novena Época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, Enero de 2004, visible a página 1339, con el rubro y texto siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS. La ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada por la jurisprudencia, que confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio a la amparista podrán tener remedio, sí a través del juicio de garantías, pero a consecuencia de tantas demandas de amparo, como juicios o procedimientos de los que deriven los actos que le irroguen perjuicio existan, ya que en este supuesto no pueden incorporarse a una litis constitucional elementos que le son ajenos." Asimismo, deberá exhibir una copia del escrito con el cual desahogue el presente requerimiento, para correr traslado a la autoridad responsable, sin que sea necesario adjuntar otra para la Agente del Ministerio Público Federal adscrito, porque esta será notificada electrónicamente. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 36/2001, de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, visible a página 79, con el rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." En caso de que la quejosa no realice alguna manifestación al respecto o no desahogue el requerimiento de mérito en los términos y formalidades descritas, se continuará con el procedimiento únicamente por lo que hace al acto expresamente señalado en autos. Diferimiento de audiencia constitucional. En mérito de lo anteriormente expuesto, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el dieciocho de enero de dos mil veintidós y en su lugar se fijan las once horas con treinta minutos del ocho de febrero de dos mil veintidós, para su verificativo. A lo anterior resulta aplicable, por el criterio que contiene, la jurisprudencia por contradicción de tesis número P./J./54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, página 5, cuyo rubro señala: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.
- Principal
De conformidad a lo ordenado el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, con fundamento en el Artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, por esta vía se notifica al quejoso, la determinación de once de enero de dos mil veintidós, cuyo texto es: "Ciudad de México, once de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la autoridad que ahí se indica, en representación de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaria de Gobernación, mediante el cual rinde su informe justificado, señala domicilio, designa delegados y ofrece una prueba. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe de mérito, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. De igual manera, de conformidad con el numeral 9° de la Ley antes invocada, se tienen por designados como Delegados a las personas mencionadas y por señalado como su domicilio procesal el que indican, conforme a lo que establece el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, siempre y cuando corresponda al de su domicilio oficial. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable, la documental pública adjunta a su informe justificado; misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional. Vista a la parte quejosa. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa, señaló como acto reclamado: ". el silencio administrativo y falta de respuesta a la petición escrita ingresada por oficialía de partes el: 26 de octubre del 2021..." Así, en el informe justificado referido anteriormente, la autoridad responsable negó el acto reclamado, señalando lo siguiente: ". es evidente que no es cierto el acto reclamado a esta autoridad responsable, consistente en el silencio administrativo o falta de respuesta a la 'petición escrita' ingresada por oficialía de partes el 26 de octubre de 2021, en tanto que: i) El escrito presentado el 26 de octubre de 2021 es un recurso de inconformidad promovido en términos de los artículos 55 y 56 de la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, contra la determinación emitida por este Mecanismo. . ii) Se dio debido trámite al recurso de inconformidad interpuesto, con base en la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como su Reglamento, mismo que se encuentra pendiente de resolver por causas atribuibles al propio quejoso, por lo que no puede establecerse que exista una omisión por parte del Mecanismo en emitir resolución correspondiente. ." Motivo por el cual, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que en el término de QUINCE DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, conforme lo establecido por el numeral 114 de la ley de la materia: 1. Manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo respecto a la respuesta dada por la autoridad responsable. 2. Bajo protesta de decir verdad, manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del oficio de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, emitido por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia VI.2o.C. J/240, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de la Novena Época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, Enero de 2004, visible a página 1339, con el rubro y texto siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS. La ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada por la jurisprudencia, que confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio a la amparista podrán tener remedio, sí a través del juicio de garantías, pero a consecuencia de tantas demandas de amparo, como juicios o procedimientos de los que deriven los actos que le irroguen perjuicio existan, ya que en este supuesto no pueden incorporarse a una litis constitucional elementos que le son ajenos." Asimismo, deberá exhibir una copia del escrito con el cual desahogue el presente requerimiento, para correr traslado a la autoridad responsable, sin que sea necesario adjuntar otra para la Agente del Ministerio Público Federal adscrito, porque esta será notificada electrónicamente. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 36/2001, de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, visible a página 79, con el rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." En caso de que la quejosa no realice alguna manifestación al respecto o no desahogue el requerimiento de mérito en los términos y formalidades descritas, se continuará con el procedimiento únicamente por lo que hace al acto expresamente señalado en autos. Diferimiento de audiencia constitucional. En mérito de lo anteriormente expuesto, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el dieciocho de enero de dos mil veintidós y en su lugar se fijan las once horas con treinta minutos del ocho de febrero de dos mil veintidós, para su verificativo. A lo anterior resulta aplicable, por el criterio que contiene, la jurisprudencia por contradicción de tesis número P./J./54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, página 5, cuyo rubro señala: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe."
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