Omar Bedolla Hermsillo

Expediente 335/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
335/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
10/10/2022

Partes del expediente

  • Omar Bedolla Hermsillo

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, diez de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja en contra del proveído por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar que el presente asunto no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se desechó la demanda de amparo. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este cuaderno es susceptible de destrucción. Por otra parte, de la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista a las partes.

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta recibido y firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto que se libró con la finalidad de notificar al quejoso el auto de veintiocho de abril del año en curso, en el que se le previno para que aclarara su demanda de amparo. Sin que resulte necesario acusar el recibo respectivo, toda vez que al haberse devuelto de manera electrónica, es generado por el propio sistema. Por tanto, se tiene al quejoso Omar Bedolla Hermosillo, por notificado del auto de veintiocho de abril del año en curso, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, del estado procesal que guardan los autos se advierte que en proveído de veintiocho de abril del año en curso, se tuvo al quejoso promoviendo demanda de amparo, por propio derecho, en contra de las autoridades responsables y por actos que enseguida se precisan: Autoridades responsables Jueza Décimo Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México. Secretaria de acuerdos adscrita al Juzgado Décimo Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México. LX Legislatura del Estado de México. Gobernador Constitucional del Estado de México. Actos reclamados De la jueza y secretaria de acuerdos responsables: el auto de siete de abril de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio 372/2014, mediante el cual, con fundamento en el artículo 5.43 del Código de Procedimiento Civiles de la entidad, se ordenó requerir al quejoso para que diera cumplimiento al convenio celebrado por las partes en audiencia de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, respecto del pago de la pensión alimenticia definitiva que se estableció en dicho convenio, a cargo del quejoso y a favor de sus menores hijos, con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá a embargar bienes de su propiedad, previa liquidación correspondiente. De la autoridad legislativa: la aprobación del Decreto por el que se expide el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México; en específico, el artículo 1.363 de dicho ordenamiento, que se impugna con motivo del primer acto de aplicación. De la autoridad ejecutiva: la promulgación del Decreto por el que se expide el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México; en específico, el artículo 1.363 de dicho ordenamiento, que se impugna con motivo del primer acto de aplicación. En el propio proveído se previno al quejoso para el efecto de que precisara: Cuál es la actuación que constituye el primer acto concreto de aplicación del artículo 1.363 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, cuya inconstitucionalidad reclama. Si en contra del auto de siete de abril de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio 372/2014, interpuso recurso de revocación; en su caso, deberá indicar cuál fue el acuerdo o determinación que recayó a dicho recurso; asimismo, deberá exhibir copia del proveído respectivo; o bien, transcribir su contenido. Mediante escrito recibido en auto de siete de junio del año en curso, el quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad: Que el artículo respecto del cual reclama la inconstitucionalidad es el 5.43 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, y no el numeral 1.363 del propio ordenamiento, que erróneamente refirió en su demanda de amparo. Que el primer acto concreto de aplicación del artículo 5.43 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, cuya inconstitucionalidad reclama, lo constituye el auto de siete de abril del año en curso, dictado dentro del juicio familiar 372/2014. Que no interpuso recurso de revocación en contra de dicho auto. Sin embargo, en el propio proveído de siete de junio de la presente anualidad, se reservó acordar el escrito de desahogo de la prevención presentado por el quejoso, hasta en tanto se recibiera el resultado del exhorto que se giró para notificarle el auto preventivo de veintiocho de abril del propio año. En ese tenor, dado que en este auto se recibió diligenciado el referido exhorto, se levanta la reserva decretada y, en consecuencia, se provee: Desechamiento de la demanda Previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En ese contexto, respecto del acto de aplicación que el quejoso hace consistir en el auto de siete de abril de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio familiar 372/2014, se advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, interpretada a contrario sensu, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)". De la fracción XXIII del citado artículo 61 se desprende que establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento. De forma tal que en este apartado se da sustento a la improcedencia legal, constitucional y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 de la ley de la materia no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional; sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo que se comenta no es limitativo sino enunciativo. Así, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, es requisito esencial que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. En el entendido, que la última resolución en el procedimiento de ejecución para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto ante los jueces de distrito, será aquella en la que se apruebe o reconozca el total cumplimiento de la sentencia de fondo; o bien, aquella que declare la imposibilidad jurídica o material para cumplirla; o la que ordene el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Este requisito tiene como finalidad, evitar que se abuse del juicio de garantías. Lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva. En la especie, el quejoso reclama como acto de aplicación de la norma que tilda de inconstitucional, el siguiente acto: El auto de siete de abril de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio familiar 372/2014, mediante el cual, con fundamento en el artículo 5.43 del Código de Procedimiento Civiles de la entidad, el juez responsable ordenó requerir al quejoso para que diera cumplimiento al convenio celebrado por las partes en audiencia de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, respecto del pago de la pensión alimenticia definitiva que se estableció en dicho convenio, a cargo del quejoso y a favor de sus menores hijos, con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá a embargar bienes de su propiedad, previa liquidación correspondiente. Cabe precisar, que de acuerdo con lo señalado por el propio quejoso en su demanda de amparo, el referido convenio fue aprobado por la jueza responsable, el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Por ende, quedó elevado a categoría de cosa juzgada y, en consecuencia, las partes quedaron obligadas a su cumplimiento. En ese contexto, resulta evidente que el acto de aplicación que reclama el quejoso no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del convenio celebrado por las partes en el juicio de origen, pues no se trata de la resolución que apruebe o reconozca el total cumplimiento de dicho convenio; o bien, aquella que declare la imposibilidad jurídica o material para cumplirlo; o la que ordene el archivo definitivo del expediente, Sin que pase desapercibida la jurisprudencia P./J. 108/2010 del Pleno de Alto Tribunal, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE". Sin embargo, en el caso no se configura el supuesto de excepción al que se refiere dicha jurisprudencia, en virtud de que las condiciones que establece para que proceda el juicio de amparo en tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de una sentencia o convenio elevado a categoría de cosa juzgado, son las siguientes: Que el acto infrinja directamente derechos sustantivos. Que los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, laudo o convenio judicial, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional o convenio judicial que se pretende ejecutar. Con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. En el caso concreto, el acto de aplicación que reclama el quejoso se encuentra directamente relacionado con el cumplimiento del convenio celebrado entre las partes, pues a través de dicho acto se le requiere para que dé cabal cumplimiento al referido convenio. Por consiguiente, el acto de aplicación reclamado debe considerarse una consecuencia directa y necesaria de las obligaciones que contrajo el quejoso al celebrar el citado convenio. En ese tenor, el acto de aplicación reclamado sólo podrá ser impugnado hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que apruebe o reconozca el cumplimiento total del convenio o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o bien, la que ordene el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en ese momento las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Así las cosas, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia de mérito, respecto del acto de aplicación de la norma que reclama el quejoso, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, respecto del acto de aplicación de la norma que tilda de inconstitucional el quejoso. En consecuencia, se desecha la demanda de amparo, respecto de los diversos actos reclamados consistentes en la aprobación y promulgación del Decreto por el que se expide el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México; en específico, el artículo 5.43 de dicho ordenamiento, que se impugna con motivo del primer acto de aplicación. Lo anterior, en virtud de que cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que, en principio, se debe analizar si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primer acto que concreta la hipótesis jurídica controvertida, en perjuicio del quejoso, y si en relación con dicho acto no se actualiza una causa de improcedencia. Por consiguiente, si el juicio de amparo resulta improcedente respecto del acto de aplicación de la norma impugnada, en vía de consecuencia, también será improcedente respecto de dicha norma. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 71/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada" De igual forma, las tesis del Pleno del Máximo Tribunal del País, de rubro y contenido: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación". "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACION. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya". Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Por otra parte, dado que el quejoso no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones personales dentro del lugar en el que tiene su residencia este juzgado, como le fue requerido el auto de veintiocho de abril del año en curso, se hace efectivo el apercibimiento decretado en su contra; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se le tiene como domicilio, para tales efectos, la lista que publica este órgano de control constitucional, en términos del artículo 29 de la propia ley. Notifíquese: por lista al quejoso.

  3. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el ocurso de cuenta signado por el quejoso, por medio del cual desahoga la prevención que se le formuló en proveído de veintiocho de abril del año en curso. En su atención, se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto se devuelva el exhorto que se libró para notificar al quejoso el auto preventivo de mérito. Lo anterior, a efecto de verificar la oportunidad en el desahogo de dicha prevención. Notifíquese: por lista a las partes.

  4. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. V i s t a la demanda de amparo que promueve ****, por propio derecho, en contra de las autoridades responsables y por actos que enseguida se precisan: Autoridades responsables Jueza Décimo Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México. Secretaria de acuerdos adscrita al Juzgado Décimo Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México. LX Legislatura del Estado de México. Gobernador Constitucional del Estado de México. Actos reclamados De la jueza y secretaria de acuerdos responsables: el auto de siete de abril de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio 372/2014, mediante el cual, con fundamento en el artículo 5.43 del Código de Procedimiento Civiles de la entidad, se ordenó requerir al quejoso para que diera cumplimiento al convenio celebrado por las partes en audiencia de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, respecto del pago de la pensión alimenticia definitiva que se estableció en dicho convenio, a cargo del quejoso y a favor de sus menores hijos, con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá a embargar bienes de su propiedad, previa liquidación correspondiente. De la autoridad legislativa: la aprobación del Decreto por el que se expide el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México; en específico, el artículo 1.363 de dicho ordenamiento, que se impugna con motivo del primer acto de aplicación. De la autoridad ejecutiva: la promulgación del Decreto por el que se expide el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México; en específico, el artículo 1.363 de dicho ordenamiento, que se impugna con motivo del primer acto de aplicación. Fórmese expediente impreso y electrónico, bajo el número que le corresponda. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado. Ahora bien, al resultar necesaria la aclaración de la demanda de cuenta, con fundamento en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, se previene al quejoso para que, dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, aclare lo siguiente: Bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas que establece el artículo 261, fracción I, de la propia ley, para los quejosos y los autorizados de éstos que afirmen hechos falsos u omitan los que les consten en relación al acto reclamado, deberá precisar: Cuál es la actuación que constituye el primer acto concreto de aplicación del artículo 1.363 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, cuya inconstitucionalidad reclama. Si en contra del auto de siete de abril de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio 372/2014, interpuso recurso de revocación; en su caso, deberá indicar cuál fue el acuerdo o determinación que recayó a dicho recurso; asimismo, deberá exhibir copia del proveído respectivo; o bien, transcribir su contenido. Además, deberá exhibir las copias suficientes del escrito aclaratorio de demanda, para correr traslado a cada una de las partes en el presente juicio de amparo. Lo anterior, en virtud de que las citadas precisiones son necesarias para que este órgano de control constitucional se encuentre en posibilidad de proveer sobre la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, la admisión de la demanda. Se apercibe al quejoso que de no cumplir con las prevenciones de mérito, en los términos requeridos, con fundamento el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Domicilio Toda vez que el quejoso señala un domicilio para oír y recibir notificaciones ubicado fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito; en consecuencia, se ordena que las notificaciones de carácter personal se le practiquen por lista, en términos del artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto, en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. En cuanto al correo electrónico y número telefónico que proporciona para tal efecto, no ha lugar a tenerlos como medios para llevar a cabo notificaciones personales, toda vez que no se encuentran previstos por la ley de la materia para tales efectos. Notificación del presente proveído vía exhorto Dada la trascendencia de este proveído, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la primera, por única ocasión, líbrese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado se sirva notificar el presente proveído al quejoso Omar Bedolla Hermosillo, en el domicilio ubicado en calle Alfonso Esparza Oteo, número 17, colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, código postal 01020. Asimismo, deberá requerirle para que en el momento de la diligencia o dentro del plazo de tres días, legalmente computados, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el que tiene su residencia este juzgado primero de distrito. Con el apercibimiento, que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista. Se faculta al juez exhortado para que provea todas aquellas diligencias que sean necesarias para dar cumplimiento a lo solicitado en este proveído y habilite días y horas inhábiles al fedatario judicial adscrito a su juzgado. Autorizados En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, si a la fecha del dictado del presente acuerdo tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; en caso negativo, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé en su parte final el segundo párrafo del numeral en cita. Exhorto para seguir la tramitación del juicio vía línea. En términos de lo que establecen los artículos 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes que no lo hubieran hecho con anterioridad para que hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea", esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. Medios de contacto Por otra parte, con fundamento en los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II, del propio Acuerdo General 21/2020, se requiere a las partes para que proporcionen un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, como medio alternativo de contacto, por el momento y hasta que cese la emergencia sanitaria que se vive en el país. En ese tenor, se tienen como medios de contacto el correo electrónico pmboutiquejuridica@gmail.com y el número telefónico 55 23 35 01 21, que proporciona el quejoso, para los efectos y fines legales previstos en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo que se instruye a los actuarios de la adscripción para que tomen nota de lo anterior. Autorización consulta expediente electrónico Por otro lado, se tiene por autorizada su solicitud de consultar el expediente electrónico con el usuario que proporciona, siempre y cuando efectivamente se encuentre registrado en la página relativa al "Sistema de Consulta de Expediente Electrónico". Por consiguiente, se ordena a la analista jurídico SISE efectuar el registro interno del usuario que proporciona el quejoso para que consulte el expediente electrónico del presente juicio. Autorización de firma de oficios Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Por último, agréguese a los autos el ocurso de cuenta signado por Paola Ivette Martínez Martínez, autorizada del quejoso, por medio del cual solicita el acceso al expediente electrónico. En su atención, dígase a la promovente que se esté a lo ordenado en el presente proveído. Notifíquese: personalmente, vía exhorto, al quejoso.

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