Omar Barragán García

Expediente 1701/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1701/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
16/02/2023

Partes del expediente

  • Omar Barragán García

Actuaciones

  1. Principal

    Se ordena expedir a través de medios electrónicos y con la certificación digital correspondiente; por tanto, se ordena remitirlas a la cuenta de correo electrónico. Procede la expedición de copias certificadas de manera electrónica autorizadas mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) de la secretaria o secretario del órgano jurisdiccional correspondiente y su envío mediante correo electrónico. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Ciudad Madero, Tamaulipas, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Ciudad Madero, Tamaulipas, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese por lista.

  3. Principal

    Ciudad Madero, Tamaulipas, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes el documento de cuenta, a través del cual el licenciado José Agustín Serrallonga Vázquez, en su carácter de Defensor Público Federal, manifiesta que no le fue posible asistir el diez de noviembre de dos mil veintidós, a fin de a fin de aceptar y protestar el cargo conferido como defensor público de los directos quejosos en el presente asunto, y solicita se solicita nueva fecha y hora para dicha diligencia. En esas condiciones, dígasele que deberá estarse a lo ordenado en auto de once de noviembre del año en curso, donde se fijaron las once horas con quince minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintidós, a fin de que comparezca ante este Juzgado, bajo los lineamientos ahí establecidos. Notifíquese por lista

  4. Principal

    Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Omar Barragán García, contra actos del Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira, por violación a los derechos fundamentales consagrados en el artículo 17 constitucional; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Admisión y registro. Con fundamento en los artículos 1, fracción I, 37, 107, 108, 112, 115, 117 relativos de la Ley de Amparo, se admite dicha demanda, la cual se registró en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente 1701/2022-II-B. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Estudio de la demanda. Del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo4, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado: La omisión o dilación en integrar y judicializar la carpeta RAC 28/03/051/00892/2021, del índice de la autoridad responsable. Desechamiento de la demanda. Esta juzgadora procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, que dice: En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Los citados preceptos imponen, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS1". Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; Asimismo, en relación a los derechos de la víctima u ofendido, el diverso artículo 258, del referido Código Nacional de Procedimiento Penales, señala lo siguiente: [A]rtículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. En el citado numeral 258, se establece el control judicial como medio de impugnación para que las partes acudan ante el juez de control ante la determinación del Ministerio Publico de abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Ahora, la facultad de impugnar, prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido puede combatir las actuaciones del Ministerio Público, por lo cual, en los términos expuestos, constituye el medio de defensa idóneo. Ello es así, pues dicho precepto prevé que el medio de defensa que tiene la victima u ofendido para impugnar las omisiones de la autoridad ministerial, es con la finalidad de que el Juez de Control, conforme a la obligación prevista en el artículo 16 Constitucional, una vez que dé intervención a las partes, establezca de manera ágil y eficaz, si la actuación del órgano investigador fue legal o no y, en su caso, decrete las medidas necesarias para que esa conducta omisiva cese. Resulta pertinente señalar que los medios de impugnación son los actos procesales cuya finalidad es combatir la actuación u omisión de determinada autoridad, lograr que se realice un examen de lo actuado, y con ello, pretender un resultado favorable a los intereses de quien impugna. Ahora bien, la inactividad del agente investigador para cumplir con sus atribuciones en favor de los intereses de la víctima u ofendido, constituye una omisión, que vulnera los derechos reconocidos en su favor para acceder a la justicia que busca, omisión que debe considerarse impugnable a través de un medio ordinario, porque así lo establece el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, así como el diverso 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este orden de ideas, al interpretar sistemáticamente las citadas normas -de jerarquía constitucional y legal-, y con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la omisión del Agente del Ministerio Público de cumplir con sus labores de investigación, es impugnable en términos de lo previsto en el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior es así, toda vez que, como se vio, el citado artículo prevé la posibilidad que tiene la víctima u ofendido, de impugnar las determinaciones que afectan o impiden lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. Ahora bien, de la lectura de la demanda se advierte en forma patente y absolutamente clara [manifiesto] que la parte quejosa señala que [1] la parte quejosa por escrito presentado ante la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, promovió denuncia y/o querella por el delito de despojo de inmueble en su agravio, en contra de Citlalli Monserrat Barragan Olvera; [2] que tiene el carácter de victima [circunstancia que se corrobora con la manifestación de decir verdad en el escrito de demanda] dentro de la carpeta RAC 28/03/051/00892/2021; y [3] refiere que a la fecha, la autoridad responsable no ha agilizado los trámites legales para la resolución ministerial que resuelva la judicialización del RAC 28/03/051/00892/2021. De igual manera, se tiene la certeza y plena convicción [indudable] de que la causa de improcedencia de que se trata efectivamente se actualiza en el caso concreto, porque la improcedencia del acto reclamado es incuestionable desde este momento procesal; esto es, es innecesario recabar constancias para recabar mayor información a la que actualmente se tiene, pues resulta inconcuso que la parte quejosa sí cuenta con un medio de impugnación que tiene la obligación de agotar, previo a la promoción del juicio de amparo, a saber, el previsto en el citado artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues, las omisiones o dilaciones de las cuales se duele el quejoso, se trata de la práctica de actos de investigación, esto es, se encuentran relacionados con la abstención del ministerio público de integrar la carpeta de investigación. En efecto, los actos omisivos de que se trata debe ser reclamado en la vía jurisdiccional ordinaria, toda vez que, como lo establecen el artículo 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, y el diverso 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, existe un medio ordinario para impugnar, en sede judicial, las omisiones que durante la investigación realice el Ministerio Público o fiscal; por lo que es imperativo para la víctima u ofendido agotar dicho recurso, previo a incoar el juicio de amparo, sin que en el caso opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. De lo anterior, se advierte que el quejoso puede impugnar la omisión que reclama cometida en la fase de investigación, ante el juez de control, en razón de que dentro del nuevo esquema procesal, dicho órgano jurisdiccional cuenta con la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole, con la finalidad de controlar su legalidad. A mayor abundamiento, cabe destacar que si bien las omisiones y dilaciones que alega la parte quejosa, constituyen una afectación al artículo 17, Constitucional,2 éstas no pueden ser analizadas desde luego a través del juicio de amparo, pues, como ya se dijo, la propia Constitución en su artículo 20, apartado C, fracción VII, establece el medio de impugnación idóneo para reparar tal omisión; en tanto que, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece en el artículo 258, en relación con lo dispuesto en el diverso 109, fracción XXI, del mismo ordenamiento.

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