Omar Azucar Gallegos
Expediente 144/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 144/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala · Guerrero
Partes del expediente
- Omar Azucar Gallegos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, agréguese al cuaderno de antecedentes la papeleta remitida por el jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil y de Trabajo del Vigesimoprimer Circuito, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, de la que se advierte se realizó el registro y turno en el Sistema Automatizado de Turno-SIAT de esa oficina, con el número de registro 20230915032600386, en atención al oficio número 1148/2023, mediante el cual remitió el original de los autos del juicio en que se actúa, así como las copias de la demanda de amparo, derivado de la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que feneció el plazo de cinco días otorgado a la parte quejosa para que desahogara la prevención formulada en auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, sin que a la fecha lo haya realizado. Atento a lo anterior, y toda vez que la parte quejosa no desahogó la prevención efectuada no se tendrá como acto reclamado el auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, por lo que, únicamente se procede a realizar el estudio de los actos reclamados por cuanto a los señalados en su escrito de demanda. Estudio de la demanda En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Se precisan los actos reclamados Por lo tanto, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados son los siguientes: 1. El auto de diez de abril de dos mil veintitrés, el cual manifiesta que fue publicado por estrados el once del mismo mes y año en curso, a través del cual se le indicó a la parte aquí quejosa que no ha lugar de conformidad a su petición en el sentido de dejar sin efectos el auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en el cual se declaró la caducidad de la instancia que en su momento procesal oportuno debió recurrir. 2. El auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, el cual refiere que fue publicado a las nueve horas del veintisiete del mismo mes y año, a través del cual declaró la caducidad de la instancia en el juicio ordinario mercantil número ********************. Análisis del primer acto reclamado En ese sentido, se hace el pronunciamiento respecto al primer acto reclamado, y del análisis realizado se advierte que se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17 y 18 del mismo ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. ---Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;..." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." La causa de improcedencia que prevé el precepto primeramente invocado, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos tácitamente, es decir, porque al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la Ley de Amparo, opera lo que el legislador estableció como una presunción de que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados. Es importante mencionar que la interpretación literal del segundo de los artículos transcritos, revela que por regla general el término para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos siguientes: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De la demanda de amparo se destaca que el quejoso reclama el auto de diez de abril de dos mil veintitrés, a través del cual se indicó "que no ha lugar a proveer de conformidad a la petición parte actora en el juicio de origen (aquí quejosa) en el sentido de dejar sin efectos el auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós", en el cual se declaró la caducidad de la instancia que en su momento procesal oportuno debió recurrir (dictado en el juicio ordinario mercantil número ********************), de lo cual tuvo conocimiento el once de abril de dos mil veintitrés, por tanto, es evidente que ésta resulta ser extemporánea. A efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe traerse a contexto el artículo 18 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Conforme a lo anterior, el plazo para promover el amparo se contará desde el día siguiente: 1. Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. De acuerdo a lo dispuesto en los preceptos invocados, si no se acude en demanda de la protección federal dentro del término legal establecido, resulta improcedente el juicio de amparo que en su caso se promueva con posterioridad. Del análisis de la demanda el quejoso refirió dolerse del auto de diez de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ordinario mercantil número ********************, a través del cual la Primera Secretaria del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, encargada del despacho por ministerio de ley, determinó que no ha lugar a proveer de conformidad a la petición del aquí quejoso (parte actora en el juicio de origen) en el sentido de dejar sin efectos el auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en el cual se declaró la caducidad de la instancia que en su momento procesal oportuno debió recurrir. De ahí que se advierta, que el quejoso tuvo conocimiento desde el once de abril de dos mil veintitrés, lo que expresó bajo protesta de decir verdad como parte de los antecedentes de los actos reclamados, aseveración que debe considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse. II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." De ahí que en lo conducente tenga aplicación, la tesis visible en la página 652, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, sección segunda, precedentes del Tribunal Pleno, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO.- El artículo 21 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías es de quince días que se computarán desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace plena prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Por tanto, se actualiza la hipótesis normativa establecida en el primero de los supuestos que prevé el artículo 18 de la Ley de Amparo, es decir, el plazo de quince días debe computarse a partir del día siguiente al en que haya quedado notificado del acto reclamado, siendo el caso el once de abril de dos mil veintitrés. Por lo que, el plazo para promover el juicio de amparo comienza a computarse a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación, conforme lo dispuesto por el artículo 1075 del Código de Comercio y, en el caso, como se ha señalado, el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado el once de abril de dos mil veintitrés, entonces, el plazo genérico de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover el juicio de amparo transcurrió del trece de abril al cuatro de mayo de dos mil veintitrés. De manera que si la demanda de amparo se presentó hasta el doce de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, es patente que se hizo fuera del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que desde que tuvo conocimiento a la fecha han pasado más de quince días, lo que jurídicamente implica que el acto reclamado fue consentido tácitamente por el quejoso. Por lo que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, es decir, que se promovió en forma extemporánea; esto es, fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 17 del ordenamiento legal en estudio. Por lo que tenía la obligación de promover su demanda dentro del plazo genérico de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 del citado ordenamiento, y con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo por cuanto hace al primer acto reclamado. Analisis del segundo acto reclamado Por otra parte, respecto del segundo acto reclamado se debe tomar a consideración que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, este Juzgado de Distrito procede a analizar si en la especie es o no competente para resolver el presente juicio de amparo. Al respecto, los artículos 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." De una interpretación literal de los artículos transcritos se aprecia, en lo que toma relevancia, que: a) Es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, conocer del juicio de amparo directo. b) Que serán materia de amparo directo, las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas de la parte quejosa al resultado del fallo. En la inteligencia de que se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Entonces, cuando se presente una demanda de amparo ante un Juez de Distrito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Precisado el contexto jurídico que antecede, se aprecia que las resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido, constituyen materia de amparo directo, supuesto que se actualiza en el presente asunto, pues como se aprecia de una lectura integral y armónica del escrito de demanda el segundo acto reclamado consiste en el auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, a través del cual el secretario de acuerdos adscrito al área penal del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Distrito Judicial de Cuauhtémoc, determinó que ha operado la caducidad de la instancia dentro del juicio ordinario mercantil número ********************. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 55/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." También es aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Abril de 2000, página 32, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En consecuencia, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este juzgado carece de competencia para resolver la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, por lo que mediante atento oficio, se ordena enviar el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en turno, en el Estado de Guerrero, para lo que a bien tenga determinar. Es importante precisar que la declaratoria de incompetencia del Juez de Distrito y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito no prejuzga sobre la procedencia del amparo respecto de la definitiva, incluyendo el cómputo para la oportunidad de la demanda; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre este aspecto. Solicítese al tribunal de alzada, que informe la decisión que asuma en cuanto a la competencia que se declina, como lo prevé el artículo 47 de la Ley de Amparo. Con motivo de ello, se ordena formar cuaderno de antecedentes del expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente al quejoso y se ordena remitir el presente juicio a la autoridad competente.
- Principal
VISTA LA CERTIFICACIÓN SECRETARIAL DE CUENTA, SE ADVIERTE QUE FENECIÓ EL PLAZO DE CINCO DÍAS OTORGADO A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE DESAHOGARA LA PREVENCIÓN FORMULADA EN AUTO DE QUINCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SIN QUE A LA FECHA LO HAYA REALIZADO. REGULARIZACIÓN POR OTRA PARTE, SE ADVIERTE QUE EN EL REFERIDO AUTO, SE PREVINO A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE INDICARA SI ERA SU DESEO SEÑALAR COMO ACTO RECLAMADO EL AUTO DE DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE 08/2019-LL, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC, CON SEDE EN ARCELIA, GUERRERO, CON EL APERCIBIMIENTO DE QUE DE SER OMISA SE TENDRÍA POR NO PRESENTADA LA DEMANDA; SIN EMBARGO, TAL PREVENCIÓN NO DA A TENER POR NO PRESENTADA LA DEMANDA, POR LO TANTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 58 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO, EN TÉRMINOS DE SU NUMERAL 2, SE REGULARIZA EL PROCEDIMIENTO PARA QUEDAR COMO SIGUE. PREVENCIÓN AHORA BIEN, PARA ESTAR EN APTITUD DE PROVEER RESPECTO DE SU ADMISIÓN Y PROCEDENCIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 108, FRACCIÓN IV, ASÍ COMO 114, FRACCIONES I, II Y IV, DE LA LEY DE AMPARO, REQUIÉRASE A LA PARTE PROMOVENTE PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DÍAS, POR ESCRITO Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, COMPLEMENTE LA DEMANDA DE LA SIGUIENTE MANERA: ÚNICO. INDIQUE SI ES SU DESEO SEÑALAR COMO ACTO RECLAMADO EL AUTO DE DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE 08/2019- LL, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC, CON SEDE EN ARCELIA, GUERRERO. LO ANTERIOR SE ESTIMA EN ESE SENTIDO, TODA VEZ QUE AL PRECISAR CADA UNO DE LOS ACTOS RECLAMADOS SEÑALA LO SIGUIENTE: "IV. ACTO RECLAMADO: DE LA PRIMERA ORDENADORA: DEL SECRETARIO DE ACUERDOS ADSCRITO AL ÁREA PENAL DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC, Y ENTONCES ENCARGADO DE DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY, DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC, EL HECHO Y ACTO JURÍDICO DE HABER ORDENADO EMITIR EL ACUERDO DE FECHA VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, Y PUBLICADO A LAS NUEVE HORAS DEL DÍA VEINTISIETE, DEL MISMO MES Y AÑO. V. ACTO RECLAMADO: DE LA SEGUNDA ORDENADORA: DE LA PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC, ENCARGADA DEL DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY, EL HECHO Y ACTO JURÍDICO DE HABER ORDENADO LA EMISIÓN DEL ACUERDO DE FECHA DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. VI. DE LAS EJECUTORAS: DE LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC, EL HECHO Y ACTO JURÍDICO DE HABER ORDENADO EMITIR EL ACUERDO DE FECHA VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, Y PUBLICADO A LAS NUEVE HORAS DEL DÍA VEINTISIETE, DEL MISMO MES Y AÑO, A TRAVÉS DEL CUAL ACORDÓ QUE HA OPERADO LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA, EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL, EN AUTOS DE EXPEDIENTE NÚMERO: 08/2019-II; Y, DEL PROYECTISTA HABILITADO A LA SEGUNDA SECRETARÍA CIVIL, DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE JUICIO ORDINARIO MERCANTIL, EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE 08/2019-II, RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL, EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE 08/2019-II, RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL, PROMOVIDO POR EL SUSCRITO LICENCIADO ****, EN MI CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DEL ACTOR ****, EN CONTRA DE LA INSTITUCIÓN DENOMINADA BBVA BANCOMER Y C. ****; DE LA ACTUARIA DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC, EL HECHO Y ACTO JURÍDICO DE HABER PUBLICADO LOS ACUERDOS AQUÍ RECURRIDOS." DE MANERA QUE, AL ANALIZAR LOS AGRAVIOS, SE ADVIERTE QUE EL QUEJOSO SEÑALA LOS SIGUIENTES: "PRIMER AGRAVIO.- (.). SEGUNDO AGRAVIO.- ME CAUSA AGRAVIO EL ACUERDO DE FECHA DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, Y PUBLICADO POR LISTA Y BOLETÍN EN LOS ESTRADOS DE ESTE H. JUZGADO A LAS NUEVE HORAS DEL DÍA VEINTE DEL MISMO MES Y AÑO EN CURSO (2023), EL CUAL ME CAUSA ESTE SEGUNDO AGRAVIO EN VIRTUD DE QUE LA AUTORIDAD EMISORA DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA NO ADMITIÓ EL RECURSO DE REVOCACIÓN QUE INTERPUSE EN CONTRA DEL ACUERDO DE DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, Y PUBLICADO AL DÍA SIGUIENTE, PORQUE NO ENTRÓ AL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS AUTOS QUE INTEGRAN EL PROCEDIMIENTO DEL PRESENTE JUICIO ORDINARIO MERCANTIL.". DE MANERA QUE AL NO SER CLARA Y DETALLADOS LOS ACTOS QUE RECLAMA EN LA PRESENTE INSTANCIA, ES MOTIVO DE PREVENCIÓN. APERCIBIMIENTO CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO DAR CUMPLIMIENTO EN LOS TÉRMINOS INDICADOS DENTRO DEL PLAZO OTORGADO PARA TAL EFECTO SE HARÁ EL PRONUNCIAMIENTO RESPECTIVO POR CUANTO HACE A LOS ACTOS DESTACADOS QUE PRECISÓ EN LOS APARTADOS IV Y V DE LOS ACTOS RECLAMADOS. SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA LAS PENAS EN QUE INCURRE EN EL CASO DE QUE EXPRESE HECHOS FALSOS U OMITA LOS QUE CONSTEN EN RELACIÓN CON EL ACTO RECLAMADO, CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE AMPARO, QUE ESTABLECE: "ARTÍCULO 261.- SE IMPONDRÁ UNA PENA DE DOS A SEIS AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE TREINTA A TRESCIENTOS DÍAS: - - - I. AL QUEJOSO, A SU ABOGADO AUTORIZADO O A AMBOS, SI CON EL PROPÓSITO DE OBTENER UNA VENTAJA PROCESAL INDEBIDA, EN LA DEMANDA AFIRME HECHOS FALSOS U OMITA LOS QUE LE CONSTEN EN RELACIÓN CON EL ACTO RECLAMADO, SIEMPRE QUE NO SE RECLAMEN ACTOS QUE IMPORTEN PELIGRO DE PRIVACIÓN DE LA VIDA, ATAQUES A LA LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO, INCOMUNICACIÓN, DEPORTACIÓN O EXPULSIÓN, PROSCRIPCIÓN O DESTIERRO, EXTRADICIÓN, DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS O ALGUNO DE LOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA INCORPORACIÓN FORZOSA AL EJÉRCITO, ARMADA O FUERZA AÉREA NACIONALES; Y - - - II. AL QUEJOSO O TERCERO INTERESADO, A SU ABOGADO O A AMBOS, SI EN EL JUICIO DE AMPARO PRESENTEN TESTIGOS O DOCUMENTOS FALSOS." SE PRECISA QUE EL DESAHOGO DE LA PREVENCIÓN DEBERÁ DE EFECTUARLO EL DIRECTO QUEJOSO, LO ANTERIOR, EN RAZÓN DE QUE RESULTA INDISPENSABLE OBSERVAR EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PERSONAL Y DIRECTO, ASÍ COMO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA; TODA VEZ QUE EL TITULAR DE LA ACCIÓN ES EN QUIEN RECAE EL PERJUICIO QUE OCASIONA EL ACTO RECLAMADO Y A QUIEN LE CONSTAN LOS HECHOS OCURRIDOS COMO ANTECEDENTES DE AQUÉL. ES APLICABLE POR LAS RAZONES QUE LA CONTIENEN, LA JURISPRUDENCIA 50/2014, APROBADA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, PUBLICADA EN LA PÁGINA 210, DEL TOMO I, DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA, DE AGOSTO DE DOS MIL CUATRO, DÉCIMA ÉPOCA, CON NÚMERO DE REGISTRO 2007285, QUE ESTABLECE: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. EL ARTÍCULO 108, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO ESTABLECE QUE LA DEMANDA DEBERÁ FORMULARSE POR ESCRITO, EN LA QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EXPRESE CUÁLES SON LOS HECHOS O LAS ABSTENCIONES QUE CONSTITUYAN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, O QUE SIRVAN DE FUNDAMENTO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, LO QUE IMPLICA QUE LA SATISFACCIÓN DE ESTE REQUISITO FORMAL DEBE REALIZARSE FORZOSAMENTE POR QUIEN PROMUEVE LA DEMANDA. LO ANTERIOR ES ASÍ, EN VIRTUD DE QUE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUYE UN DERECHO SUBJETIVO PROCESAL PARA PROMOVER Y MANTENER UN JUICIO ANTE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL, EL CUAL SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, PUES ES EL TITULAR DE LA ACCIÓN EN QUIEN RECAE EL PERJUICIO QUE OCASIONA EL ACTO RECLAMADO Y LE CONSTAN LOS HECHOS OCURRIDOS Y NARRADOS; ADEMÁS, ESTOS ELEMENTOS GENERAN CERTEZA EN EL JUZGADOR PARA DESPLEGAR TODAS SUS FACULTADES RELATIVAS AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CONSECUENTEMENTE, EL AUTORIZADO EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 12 DE LA CITADA LEY, NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR LA PREVENCIÓN RELATIVA A QUE SE MANIFIESTE UN ANTECEDENTE "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" QUE SE OMITIÓ EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, PUES AL CONSTITUIR UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN LA PROMOVIÓ, NO PUEDE QUEDAR COMPRENDIDO DENTRO DE LOS NECESARIOS PARA LA "DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL AUTORIZANTE", YA QUE ELLO SE TRADUCIRÍA EN QUE EL AUTORIZADO HICIERA SUYOS HECHOS QUE NO LE CONSTAN Y QUE OCURRIERON CON ANTERIORIDAD A DICHA PRESENTACIÓN; ADEMÁS DE QUE LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES PROCESALES QUE CONLLEVA SU AUTORIZACIÓN NO PUEDEN EQUIPARARSE A UN MANDATO JUDICIAL Y SUS FACULTADES PROCESALES SE OTORGAN A PARTIR DE ESA PRESENTACIÓN Y NO ANTES". EXHIBICIÓN DE COPIAS POR OTRO LADO, SE PRECISA AL QUEJOSO QUE DEBERÁ PRESENTAR SU ESCRITO ACLARATORIO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 110 DE LA LEY DE AMPARO, ESTO ES, CON LAS COPIAS CORRESPONDIENTES PARA CADA UNA DE LAS PARTES -AUTORIDAD RESPONSABLE, Y AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO-. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 221 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO, POR DISPOSICIÓN EXPRESA DE SU ARTÍCULO 2°, SE TIENE POR RECIBIDA LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR ***, APODERADO LEGAL DE *****, PERSONALIDAD QUE ACREDITA CON EL PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA CTOS DE ADMINISTRACIÓN QUE CONFIERE EL AQUÍ QUEJOSO, MISMAS QUE FUE CERTIFICADA POR EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TRECE DE LA CIUDAD VICTORIA DE DURANGO; CONTRA ACTOS DEL SECRETARIO DE ACUERDOS ADSCRITO AL ÁREA PENAL DEL JUZGADO MIXTO ENCARGADO DE DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY Y OTRAS AUTORIDADES. REGISTRO FÓRMESE EXPEDIENTE IMPRESO Y ELECTRÓNICO; REGÍSTRESE EN EL LIBRO DE GOBIERNO DE JUICIOS DE AMPARO BAJO EL NÚMERO 144/2023, ASÍ COMO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). PREVENCIÓN AHORA BIEN, PARA ESTAR EN APTITUD DE PROVEER RESPECTO DE SU ADMISIÓN Y PROCEDENCIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 108, FRACCIÓN IV, ASÍ COMO 114, FRACCIONES I , II Y IV, DE LA LEY DE AMPARO, REQUIÉRASE A LA PARTE PROMOVENTE PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DÍAS, POR ESCRITO Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, COMPLEMENTE LA DEMANDA DE LA SIGUIENTE MANERA: ÚNICO. INDIQUE SI ES SU DESEO SEÑALAR COMO ACTO RECLAMADO EL AUTO DE DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE 08/2019-LL, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC, CON SEDE EN ARCELIA, GUERRERO. LO ANTERIOR SE ESTIMA EN ESE SENTIDO, TODA VEZ QUE AL PRECISAR CADA UNO DE LOS ACTOS RECLAMADOS SEÑALA LO SIGUIENTES: "IV. ACTO RECLAMADO: DE LA PRIMERA ORDENADORA: DEL SECRETARIO DE ACUERDOS ADSCRITO AL ÁREA PENAL DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC, Y ENTONCES ENCARGADO DE DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY, DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC, EL HECHO Y ACTO JURÍDICO DE HABER ORDENADO EMITIR EL ACUERDO DE FECHA VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, Y PUBLICADO A LAS NUEVE HORAS DEL DÍA VEINTISIETE, DEL MISMO MES Y AÑO. V. ACTO RECLAMADO: DE LA SEGUNDA ORDENADORA: DE LA PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC, ENCARGADA DEL DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY, EL HECHO Y ACTO JURÍDICO DE HABER ORDENADO LA EMISIÓN DEL ACUERDO DE FECHA DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. VI. DE LAS EJECUTORAS: DE LA SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC, EL HECHO Y ACTO JURÍDICO DE HABER ORDENADO EMITIR EL ACUERDO DE FECHA VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, Y PUBLICADO A LAS NUEVE HORAS DEL DÍA VEINTISIETE, DEL MISMO MES Y AÑO, A TRAVÉS DEL CUAL ACORDÓ QUE HA OPERADO LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA, EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL, EN AUTOS DE EXPEDIENTE NÚMERO: 08/2019-II; Y, DEL PROYECTISTA HABILITADO A LA SEGUNDA SECRETARÍA CIVIL, DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE JUICIO ORDINARIO MERCANTIL, EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE 08/2019-II, RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL, EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE 08/2019-II, RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL, PROMOVIDO POR EL SUSCRITO LICENCIADO ***, EN MI CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DEL ACTOR ****, EN CONTRA DE LA INSTITUCIÓN DENOMINADA BBVA BANCOMER Y C. ***; DE LA ACTUARIA DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC, EL HECHO Y ACTO JURÍDICO DE HABER PUBLICADO LOS ACUERDOS AQUÍ RECURRIDOS." DE MANERA QUE, AL ANALIZAR LOS AGRAVIOS, SE ADVIERTE QUE EL QUEJOSO SEÑALA LOS SIGUIENTES: "PRIMER AGRAVIO.- (.). SEGUNDO AGRAVIO.- ME CAUSA AGRAVIO EL ACUERDO DE FECHA DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, Y PUBLICADO POR LISTA Y BOLETÍN EN LOS ESTRADOS DE ESTE H. JUZGADO A LAS NUEVE HORAS DEL DÍA VEINTE DEL MISMO MES Y AÑO EN CURSO (2023), EL CUAL ME CAUSA ESTE SEGUNDO AGRAVIO EN VIRTUD DE QUE LA AUTORIDAD EMISORA DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA NO ADMITIÓ EL RECURSO DE REVOCACIÓN QUE INTERPUSE EN CONTRA DEL ACUERDO DE DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, Y PUBLICADO AL DÍA SIGUIENTE, PORQUE NO ENTRÓ AL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS AUTOS QUE INTEGRAN EL PROCEDIMIENTO DEL PRESENTE JUICIO ORDINARIO MERCANTIL.". DE MANERA QUE AL NO SER CLARA Y DETALLADOS LOS ACTOS QUE RECLAMA EN LA PRESENTE INSTANCIA, ES MOTIVO DE PREVENCIÓN. APERCIBIMIENTO ASIMISMO, SE APERCIBE QUE DE NO DAR CUMPLIMIENTO EN LOS TÉRMINOS INDICADOS Y EN EL PLAZO SEÑALADO, SE PROCEDERÁ CONFORME AL ARTÍCULO 114, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE LA MATERIA, ES DECIR, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA. SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA LAS PENAS EN QUE INCURRE EN EL CASO DE QUE EXPRESE HECHOS FALSOS U OMITA LOS QUE CONSTEN EN RELACIÓN CON EL ACTO RECLAMADO, CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE AMPARO, QUE ESTABLECE: "ARTÍCULO 261.- SE IMPONDRÁ UNA PENA DE DOS A SEIS AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE TREINTA A TRESCIENTOS DÍAS: - - - I. AL QUEJOSO, A SU ABOGADO AUTORIZADO O A AMBOS, SI CON EL PROPÓSITO DE OBTENER UNA VENTAJA PROCESAL INDEBIDA, EN LA DEMANDA AFIRME HECHOS FALSOS U OMITA LOS QUE LE CONSTEN EN RELACIÓN CON EL ACTO RECLAMADO, SIEMPRE QUE NO SE RECLAMEN ACTOS QUE IMPORTEN PELIGRO DE PRIVACIÓN DE LA VIDA, ATAQUES A LA LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO, INCOMUNICACIÓN, DEPORTACIÓN O EXPULSIÓN, PROSCRIPCIÓN O DESTIERRO, EXTRADICIÓN, DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS O ALGUNO DE LOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA INCORPORACIÓN FORZOSA AL EJÉRCITO, ARMADA O FUERZA AÉREA NACIONALES; Y - - - II. AL QUEJOSO O TERCERO INTERESADO, A SU ABOGADO O A AMBOS, SI EN EL JUICIO DE AMPARO PRESENTEN TESTIGOS O DOCUMENTOS FALSOS." SE PRECISA QUE EL DESAHOGO DE LA PREVENCIÓN DEBERÁ DE EFECTUARLO EL DIRECTO QUEJOSO, LO ANTERIOR, EN RAZÓN DE QUE RESULTA INDISPENSABLE OBSERVAR EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PERSONAL Y DIRECTO, ASÍ COMO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA; TODA VEZ QUE EL TITULAR DE LA ACCIÓN ES EN QUIEN RECAE EL PERJUICIO QUE OCASIONA EL ACTO RECLAMADO Y A QUIEN LE CONSTAN LOS HECHOS OCURRIDOS COMO ANTECEDENTES DE AQUÉL. ES APLICABLE POR LAS RAZONES QUE LA CONTIENEN, LA JURISPRUDENCIA 50/2014, APROBADA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, PUBLICADA EN LA PÁGINA 210, DEL TOMO I, DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA, DE AGOSTO DE DOS MIL CUATRO, DÉCIMA ÉPOCA, CON NÚMERO DE REGISTRO 2007285, QUE ESTABLECE: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. EL ARTÍCULO 108, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO ESTABLECE QUE LA DEMANDA DEBERÁ FORMULARSE POR ESCRITO, EN LA QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EXPRESE CUÁLES SON LOS HECHOS O LAS ABSTENCIONES QUE CONSTITUYAN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, O QUE SIRVAN DE FUNDAMENTO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, LO QUE IMPLICA QUE LA SATISFACCIÓN DE ESTE REQUISITO FORMAL DEBE REALIZARSE FORZOSAMENTE POR QUIEN PROMUEVE LA DEMANDA. LO ANTERIOR ES ASÍ, EN VIRTUD DE QUE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUYE UN DERECHO SUBJETIVO PROCESAL PARA PROMOVER Y MANTENER UN JUICIO ANTE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL, EL CUAL SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, PUES ES EL TITULAR DE LA ACCIÓN EN QUIEN RECAE EL PERJUICIO QUE OCASIONA EL ACTO RECLAMADO Y LE CONSTAN LOS HECHOS OCURRIDOS Y NARRADOS; ADEMÁS, ESTOS ELEMENTOS GENERAN CERTEZA EN EL JUZGADOR PARA DESPLEGAR TODAS SUS FACULTADES RELATIVAS AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CONSECUENTEMENTE, EL AUTORIZADO EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 12 DE LA CITADA LEY, NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR LA PREVENCIÓN RELATIVA A QUE SE MANIFIESTE UN ANTECEDENTE "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" QUE SE OMITIÓ EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, PUES AL CONSTITUIR UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN LA PROMOVIÓ, NO PUEDE QUEDAR COMPRENDIDO DENTRO DE LOS NECESARIOS PARA LA "DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL AUTORIZANTE", YA QUE ELLO SE TRADUCIRÍA EN QUE EL AUTORIZADO HICIERA SUYOS HECHOS QUE NO LE CONSTAN Y QUE OCURRIERON CON ANTERIORIDAD A DICHA PRESENTACIÓN; ADEMÁS DE QUE LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES PROCESALES QUE CONLLEVA SU AUTORIZACIÓN NO PUEDEN EQUIPARARSE A UN MANDATO JUDICIAL Y SUS FACULTADES PROCESALES SE OTORGAN A PARTIR DE ESA PRESENTACIÓN Y NO ANTES". EXHIBICIÓN DE COPIAS POR OTRO LADO, SE PRECISA AL QUEJOSO QUE DEBERÁ PRESENTAR SU ESCRITO ACLARATORIO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 110 DE LA LEY DE AMPARO, ESTO ES, CON LAS COPIAS CORRESPONDIENTES PARA CADA UNA DE LAS PARTES -AUTORIDAD RESPONSABLE, Y AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO-. DOMICILIO POR OTRO LADO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, SE TIENE COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EL UBICADO EN CALLE ****DE ESTA CIUDAD DE IGUALA, GUERRERO. AUTORIZADO DE IGUAL MANERA, SE AUTORIZA EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA A ***, TODA VEZ QUE TIENE REGISTRADA SU CÉDULA PROFESIONAL EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO, QUE LO ACREDITA PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE LICENCIADO EN DERECHO O ABOGADO. AVISO DE TRANSPARENCIA ASIMISMO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 3°, 8°, 9°, 67, FRACCIÓN II, 68, 98, 104, 108, 110, FRACCIONES X Y XI, 113, 117 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO NUMERAL 73, FRACCIÓN II DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; HÁGASE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES QUE CUANDO SE PRESENTE UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN A LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN ESTE EXPEDIENTE, SE DETERMINARÁ SOBRE SU PROCEDENCIA Y DE SER ASÍ, SE ELABORARÁ LA VERSIÓN PÚBLICA RESPECTIVA EN LA QUE SE TESTARÁN LAS PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS; ASIMISMO, INFÓRMESELES QUE ESTÁN EN APTITUD DE CONSENTIR LA PUBLICACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES, CON INDEPENDENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE ESTE JUZGADO FEDERAL DE PROTEGER DICHOS DATOS. TRAMITACIÓN E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y FÍSICO EN TÉRMINOS DE LOS PUNTOS TERCERO, ARTÍCULOS 251, 263; CUARTO, ARTÍCULOS 3 Y 23 DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, SE ESTABLECE QUE LA DIGITALIZACIÓN LEGIBLE DE LAS PROMOCIONES FÍSICAS O IMPRESAS RECIBIDAS EN LA OFICIALÍA DE PARTES SERÁ A CARGO DEL OFICIAL JUDICIAL C ENCARGADO DE LA OFICIALÍA DE PARTES; ADEMÁS, ÉSTAS SERÁN FIRMADAS ELECTRÓNICAMENTE E INCORPORADAS AL SISE POR LA PERSONA SECRETARIA ENCARGADA DEL ASUNTO O DE QUIEN, EN SU MOMENTO, LA CUBRA POR GOCE DE PERIODO VACACIONAL, LICENCIA O PERMISO. EN EL ENTENDIDO QUE NO DEBERÁN INTEGRARSE AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO LAS COPIAS DE TRASLADO, HOJAS EN BLANCO, FOLDERS, MICAS O CUALQUIER TIPO DE MATERIAL SIN LEYENDA RELEVANTE ALGUNA, CUYA PRESENTACIÓN SE APRECIE ENCAMINADA A LA PROTECCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SE INGRESAN, NI LAS COPIAS PRESENTADAS COMO "ANEXOS" Y QUE CORRESPONDAN A ACTUACIONES DEL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL. MIENTRAS QUE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA VÍA ELECTRÓNICA O GENERADA ELECTRÓNICAMENTE CONSTARÁ ÚNICAMENTE EN EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, SIN QUE DEBA IMPRIMIRSE NI AGREGARSE AL EXPEDIENTE IMPRESO. ASIMISMO, QUE LAS CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN, INCLUSO LAS DE CORREOS O PAQUETERÍA DERIVADAS DE ESTE ASUNTO, QUE SE GENEREN FÍSICAMENTE DEBERÁN AGREGARSE DIGITALIZADAS Y DE MANERA LEGIBLE AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y FIRMADAS ELECTRÓNICAMENTE POR PARTE DE LOS ACTUARIOS A MÁS TARDAR AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE SU PRÁCTICA O RECEPCIÓN, PARA GARANTIZAR QUE ELLO SE HAGA DE MANERA OPORTUNA; CON LA FINALIDAD DE QUE CONSERVEN EL VALOR PROBATORIO QUE LES CORRESPONDA CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE, YA QUE SE PRESUMIRÁ QUE EL DOCUMENTO DIGITALIZADO RESPECTIVO ES COPIA ÍNTEGRA E INALTERADA DEL DOCUMENTO FÍSICO. DE IGUAL FORMA, SE ESTABLECE QUE LOS FUNCIONARIOS DE FIRMAR O INCORPORAR AL SISE LOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DEBERÁN CERCIORARSE QUE LAS CONSTANCIAS RECIBIDAS FÍSICAMENTE COINCIDEN CON LAS INCORPORADAS AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DEL MISMO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala · 3,053 expedientes
- Olda del Carmen Alvear Carreto199/2023
- Olegario Victor Pina Perez138/2022
- Olga Lidia González Urbina306/2015
- Olga Lidia González Urbina204/2015
- Olga Lidia Segura Alonso341/2023
- Oliva Bustamante Rodriguez233/2022
- Omar Carreño Carreto172/2015
- Omar Edilberto García Mercado310/2015
- Omar Jalil Flores Majul299/2017
- Omar Jalil Flores Majul301/2017
- Omar Jalil Flores Majul302/2017
- Omar Jalil Flores Majul408/2016