Omar Arellano Román
Expediente 469/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 469/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 26/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Omar Arellano Román
- Omar Arellano Román y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por las fracciones II y IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el primer párrafo de la fracción III del invocado punto vigésimo primero, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que el mismo es susceptible de destrucción. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo, del invocado Acuerdo General 1/2009; para lo cual manténgase ligado. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 469/2017-III, promovido por XXXXX , contra actos del JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS Y OTRA AUTORIDAD. RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente, XXXX demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos de la JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS y de los OFICIALES NOTIFICADORES Y MINISTROS EJECUTORES ADSCRITOS A LA OFICINA CENTRAL DE OFICIALES NOTIFICADORES Y MINISTROS EJECUTORES del citado distrito judicial, de quienes reclamó, la diligencia de emplazamiento al mismo, las actuaciones subsecuentes al emplazamiento y aquellas que impliquen vía de apremio o ejecución de sentencia, dentro del proceso. SEGUNDO. DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE LA PARTE QUEJOSA ESTIMÓ VIOLADOS. La parte quejosa considera que con los actos reclamados se violaron en su perjuicio los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA. Previa aclaración de la demanda, en acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; ordenó dar la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, así como a la parte tercero interesada y, por último, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA LEGAL. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, Constitucionales, 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de actos ejecutados por autoridades que tienen su sede dentro del territorio en el que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LA LITIS. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizado en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que los actos reclamados al JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS y de los OFICIALES NOTIFICADORES Y MINISTROS EJECUTORES ADSCRITOS A LA OFICINA CENTRAL DE OFICIALES NOTIFICADORES Y MINISTROS EJECUTORES del citado distrito judicial consisten en: La diligencia de emplazamiento al juicio ordinario mercantil 1003/2014, del índice del JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, promovido por BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra del quejoso y otro. Las actuaciones subsecuentes al emplazamiento. Las actuaciones que impliquen vía de apremio o ejecución de sentencia. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en el párrafo precedente y de los cuales se procederá a su estudio. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, de Abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir su informe con justificación los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, negaron la existencia del acto que les fue atribuido, consistente en la diligencia de emplazamiento al juicio ordinario mercantil 1003/2014, del índice del Juzgado Octavo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, promovido por XXXXXXX , en contra del quejoso y otro, pues manifestaron que del referido expediente se desprende que el emplazamiento al demandado, aquí quejoso, fue realizado por edictos. Ante esa negativa, corresponde a la parte quejosa desvirtuar lo afirmado por las responsables sin que para tal efecto ofreciera probanza alguna; por tanto, se impone sobreseer en el presente juicio respecto de los actos que a dichas autoridades se atribuyeron, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; [.] Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 310, visible en la página 209, Tomo VI, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto estatuyen: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir informe justificado la JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, con residencia en esta ciudad, aceptó la existencia de los actos que le fueron atribuidos, lo que se corrobora con las copias certificadas del expediente relativo al juicio ordinario mercantil 1003/2014 que remitió para justificarlo; documental a la que se le reconoce pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fue expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de ahí que debe tenerse por cierta la existencia del acto reclamado. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Por su parte, los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, fueron omisos en pronunciarse respecto de los actos reclamados consistentes en las actuaciones subsecuentes al emplazamiento y las actuaciones que impliquen vía de apremio o ejecución de sentencia, por lo que en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos reclamados y por tanto, existentes. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Por razón de método, se analizará de manera preferente a las causas de improcedencia, lo concerniente al acto reclamado relativo a la diligencia de emplazamiento practicada en el juicio ordinario mercantil 1003/2014, del índice del Juzgado Octavo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, promovido por XXXXXXX , en contra del quejoso y otra, que controvierte la parte inconforme. Siendo innecesaria la transcripción de los conceptos de violación en esta sentencia, lo cual encuentra sustento en la jurisprudencia 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de mayo de 2010, materia común, página 830, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X De las sentencias, del título primero Reglas generales, del libro primero Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. EXAMEN CONSTITUCIONAL DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA DILIGENCIA DE EMPLAZAMIENTO. Los conceptos de violación son infundados, sin que este juzgado advierta queja deficiente que suplir de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 149/2000, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Diciembre de 2000, Materia Común, visible en la página veintidós del siguiente tenor: SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón. En ellos aduce el quejoso que el artículo 118 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua establece que la primera notificación o emplazamiento, debe practicarse en el domicilio o lugar designado por la parte actora; que el numeral 119 dispone que deberá notificarse personalmente, en el domicilio del interesado el emplazamiento del demandado y primera notificación en el juicio; que el artículo 120 señala que tratándose de la notificación de la demanda (emplazamiento) si en la primera búsqueda no se encuentra al demandado, cerciorado el que debe hacer la notificación de que el interesado vive en dicha casa y se encuentra en la población, le dejará cita para hora fija dentro del siguiente día, haciendo constar en el citatorio el nombre de la persona a quien cita, el día y hora en que debe esperar la notificación, poniendo en el mismo el sello del juzgado autorizando el citatorio el notificador; si la persona que debe ser notificada no espera a que se le haga la notificación, este se le hará por medio de instructivo que se entregará a los parientes o domésticos del interesado o a cualquier otra persona que viva en la casa, todo lo cual, debe asentarlo en autos; asimismo, aduce que el numeral 127 del mismo ordenamiento establece que deberán firmar las notificaciones la persona que la hace y si esta no supiere o no quisiera firmar, lo hará el secretario, el notificador, testigos de asistencia o Notario, haciendo constar esta circunstancia. Sin embargo, sostiene el quejoso, que en el caso no se observaron todas las formalidades a que alude la referida codificación procesal civil del Estado de Chihuahua, por cuanto a la primera notificación o emplazamiento se refiere, y en especial, los preceptos legales antes invocados. Ello, porque afirma el quejoso que se llevó a cabo dicho procedimiento judicial sin que tuviera oportuno conocimiento, sino hasta fechas recientes, privándolo con ello de ser oído y vencido en juicio, es decir, a contestar oportunamente la demanda entablada, a oponer excepciones y defensas, a ofrecer pruebas, alegar conforme a derecho, así como a interponer los recursos ordinarios que señala la ley procesal de la materia con relación a todas las resoluciones que fueron pronunciadas en dicho proceso, todo ello en violación no solo a los preceptos legales ya invocados del Código Procesal de la Materia, sino a la garantía de audiencia consagrada principalmente en el artículo 14 constitucional. Por tanto, aduce el quejoso que al no satisfacerse lo atinente a dichos requisitos constitucionales y ordinarios de orden público, procede que se le conceda el amparo y protección de la justicia federal, con las consecuencias legales que dicho pronunciamiento cause por cuestión de la ley aplicable al caso que nos ocupa. Como ya se anunció, los conceptos de violación son infundados. Con el fin de evidenciar lo infundado de los conceptos de violación, se considera oportuno narrar algunos de los antecedentes que se desprenden de la copia certificada del expediente 1003/2014 correspondiente al Juicio Ordinario Mercantil promovido por los licenciados XXXXXXXXXX en su carácter de representantes de XXXXXXX en contra del aquí quejoso XXXXXX e XXXXX , que la autoridad responsable anexó a su informe justificado y que son como sigue: 1. Por escrito de once de septiembre de dos mil catorce, XXXXX y XXXXX en su carácter de representantes de XXXXXXX demandaron en la vía ordinaria mercantil al aquí quejoso y otra persona el pago de diversas prestaciones (fojas 30 a 44). 2. Correspondió conocer de esa demanda al Juzgado Octavo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, el que por acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil catorce, la admitió y ordenó emplazar al ahora quejoso, entre otras cosas (foja 105). 3. En la diligencia de nueve de diciembre de dos mil catorce, el Actuario adscrito al Juzgado Octavo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, hizo constar lo siguiente (folio 75 vuelta): "(.) En Ciudad Juárez Chihuahua, siendo las once horas del día nueve de diciembre del año dos mil catorce, el suscrito Actuario Lic. XXXXXXX constituido en el domicilio autorizado y ubicado en calle XXXXX y encontrando presente a la demandada XXXXXX , le pregunto por el demandado XXX XX para emplazarlo a juicio, y me informa que ellos eran matrimonio pero se separaron hace ocho meses a la fecha y que nada ha sabido de su esposo desde esa fecha, ya que no lo ve ni la visita y por ello no sabe donde viva a esta fecha, razón por la cual, no se avanza más en esta diligencia de emplazamiento a juicio a ese demandado al no vivir en el domicilio en que se actúa, para efectos legales.- - - Doy fe. (.)". 4. Mediante proveído de veintiséis de enero de dos mil quince, el juez responsable ordenó el emplazamiento a juicio del aquí quejoso, por medio de edictos (foja 108). 5. Por acuerdo de diez de abril de dos mil quince, el juez del conocimiento tuvo por exhibidas las publicaciones de los edictos de notificación ordenados en proveído de veintiséis de enero de dos mil quince, publicados en el Diario de Juárez en los días nueve, diez y once de febrero de dos mil quince, así como en el Sol de México en las mismas fechas (foja 106). 6. Mediante proveído de veintitrés de abril de dos mil quince, el Juez responsable consideró que la parte demandada, aquí quejoso, XXXXXX , fue debidamente emplazado a juicio, por lo que al no haber dado contestación en el término que le fue concedido le declaró la rebeldía y ordenó hacerle las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por medio de cédula que se fije en los estrados del tribunal (foja 112). 7. Seguido el juicio en todas sus etapas procesales correspondientes, el quince de diciembre de dos mil quince, la autoridad responsable emitió sentencia, en la que determinó que no se había dado cumplimiento con lo establecido por el artículo 1070 del Código de Comercio, al no haberse efectuado el emplazamiento del diverso demandado, esto es, el aquí quejoso, correctamente, porque le correspondía a la parte actora antes de hacer las publicaciones por edictos, hacer las investigaciones tendientes a obtener el desconocimiento del domicilio respectivo, por lo que la ausencia de las mismas hacía que el emplazamiento por edictos fuera nulo, así como todo lo actuado con posterioridad al mismo, por lo que ordenó reponer la notificación del quejoso XXXXXXX (fojas 137 a 148). 8. Contra esa sentencia la parte actora, aquí tercera interesada, por conducto de su representante legal licenciado XXXXXXXX interpuso recurso de apelación (foja 151). 9. Del recurso de apelación le correspondió conocer a la Magistrada de la Segunda Sala Civil y de lo Contencioso Administrativo y Fiscal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al que le asignó el número de toca 84/2016 y seguidos los trámites de ley, dictó sentencia el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis. En dicha resolución después de precisar el contenido del artículo 1070 del Código de Comercio, consideró: Quienes contraen obligaciones de pago y señalan domicilios concretos en donde deben ser requeridos del cumplimiento de aquellas, que no corresponden necesariamente al en que habitan o residen, pero que se originen como el punto idóneo para que cumplan con las mismas por existir los medios necesarios para que se conozca del hecho realizado por el deudor y un lugar razonable para obrar en consecuencia, o bien para conocer cualquier acto que con ellas se relacione, como el llamamiento al juicio, esa designación proviene de una manifestación de la voluntad de los que intervienen en la obligación y constituye, por ello mismo, el reflejo de su libertad contractual, que como ámbito de ejercicio de su autonomía, debe ser respetado por el Estado y por los tribunales judiciales, de conformidad con el artículo 78 del Código del Comercio. Si de la cláusula tercera del capítulo quinto del instrumento base de la acción se desprende que las partes designaron domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones respecto de los actos jurídicos contenidos en el propio documento, habiendo señalado la parte demandada el inmueble objeto de la hipoteca, que se ubica en la calle XXXXXX de esta ciudad, entonces, concluía que adverso al sentir de la Juzgadora natural, no requería del cercioramiento del desconocimiento del domicilio del aquí quejoso, XXXXXXXXX , por la información que brindara alguna autoridad o institución pública precisamente porque existía un domicilio convencional en el que previo a la autorización del emplazamiento por edictos acordado por la hoy autoridad responsable, se le buscó en ese lugar, lo que daba pauta para estimar válido el emplazamiento efectuado al citado demandado, porque se respetaron las formalidades que para dicho llamamiento prevé la legislación mercantil, pues tuvo la posibilidad de haber comparecido a juicio y defender adecuadamente sus derechos, en atención a lo dispuesto por el artículo 14 constitucional y párrafo quinto del artículo 1070 del Código de Comercio. Finalmente, declaró válido el emplazamiento que se practicó al hoy quejoso, XXXXXXXXXX, así como lo actuado con posterioridad, dejó insubsistente la sentencia de quince de diciembre de dos mil quince, y ordenó a la hoy autoridad responsable Juez Octavo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos avocarse a resolver el fondo de la litis establecida en el juicio principal. 10. El ocho de marzo de dos mil diecisiete, la autoridad responsable en el presente juicio de amparo dictó sentencia definitiva. De los antecedentes precisados, se advierte que mediante diligencia actuarial de nueve de diciembre de dos mil catorce, se asentó la imposibilidad de emplazar al hoy quejoso al juicio ordinario mercantil 1003/14, en el domicilio señalado en autos; que ante esa imposibilidad la autoridad responsable Juez Octavo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos por acuerdo de veintiséis de enero de dos mil quince, ordenó emplazarlo por medio de edictos. Lo anterior, hace evidente que el emplazamiento al juicio natural, se hizo al quejoso por medio de edictos, de ahí que devengan infundados los conceptos de violación que hace valer, porque en ellos invoca el contenido de los artículos 118, 119, 120 y 127 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, los cuales establecen las formalidades que deben seguirse para realizar el emplazamiento en el domicilio o lugar designado por la parte actora, pero como ya se dijo, en el caso se realizó por medio de edictos. Además, este juzgador no advierte queja deficiente que suplir a favor del quejoso, ya que el emplazamiento por edictos, cumplió con los requisitos que establece el artículo 1070 del Código de Comercio, el cual dispone: 1070. Cuando se ignore el domicilio de la persona que debe ser notificada, la primera notificación se hará publicando la determinación respectiva tres veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional y en un periódico local del Estado o del Distrito Federal en que el comerciante deba ser demandado. Previamente a la notificación por edictos en términos del párrafo anterior, el juez ordenará recabar informe de una autoridad o una institución pública que cuente con registro oficial de personas. Bastará el informe de una sola autoridad o institución para que proceda la notificación por edictos. La autoridad o institución proporcionará los datos de identificación y el último domicilio que aparezca en sus registros de la persona buscada. Esta información no queda comprendida dentro del secreto fiscal o de alguna otra reserva que las autoridades o instituciones estén obligadas a observar conforme a las disposiciones que las rige. Cuando la autoridad o institución proporcione información de diversas personas con el mismo nombre, la parte actora podrá hacer las observaciones y aclaraciones pertinentes para identificar el domicilio que corresponda a la persona buscada o, en su caso, para desestimar domicilios proporcionados. El juez revisará la información presentada así como las observaciones hechas por la parte actora y resolverá lo conducente. En el caso de que en el documento base de la acción se haya pactado domicilio convencional para recibir las notificaciones, si se acude a realizar la notificación personal en dicho domicilio y éste no corresponde al de la demandada, se procederá a la notificación por edictos sin necesidad de recabar el informe a que se refieren los párrafos anteriores. Mientras un litigante no hiciere substitución del domicilio en donde se deban practicar las diligencias o notificaciones personales, seguirán haciéndose en el que para tal fin hubiere señalado. El notificador tendrá la obligación de realizarlas en el domicilio señalado, y en caso de no existir el mismo, lo deberá hacer constar en autos para que surtan efectos así como las subsecuentes, por publicación en el boletín, gaceta o periódico judicial o en los estrados de los tribunales, además de que las diligencias en que dicha parte debiere tener intervención se practicarán en el local del juzgado sin su presencia. Una vez que el actuario o ejecutor se cerciore de que en el domicilio sí habita la persona buscada y después de la habilitación de días y horas inhábiles, de persistir la negativa de abrir o de atender la diligencia, el actuario dará fe para que el Juez ordene dicha diligencia por medio de edictos sin necesidad de girar oficios para la localización del domicilio. De dicho precepto se advierte que cuando se ignore el domicilio de la persona que debe ser notificada, la primera notificación se hará publicando la determinación respectiva tres veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional y en un periódico local del Estado o de la ahora Ciudad de México en que el comerciante deba ser demandado; que previamente a la notificación por edictos, el juez ordenará recabar informe de una autoridad o una institución pública que cuente con registro oficial de personas, excepto, en el caso de que en el documento base de la acción se haya pactado domicilio convencional para recibir las notificaciones, si se acude a realizar la notificación personal en dicho domicilio y éste no corresponde al de la demandada, pues en este caso, se procederá a la notificación por edictos sin necesidad de recabar el informe a las autoridades o instituciones públicas. En el caso, el actuario el nueve de diciembre de dos mil catorce, acudió a realizar la diligencia de emplazamiento en el domicilio que se señaló en autos, el cual es el mismo que convinieron las partes en el documento base de la acción y en esa diligencia la diversa demandada en el juicio natural, XXXXXXXXX , manifestó que ella y el aquí quejoso eran esposos, pero que se separaron y que no ha sabido de él desde hace ocho meses a esa fecha, que no lo ve ni la visita y por ello no sabe en donde vive. Ante tal situación, el juez responsable, acertadamente, ordenó el emplazamiento por medio de edictos, sin que fuera necesario el cercioramiento del desconocimiento del domicilio del aquí quejoso, XXXXXXXXXX , por la información que brindara alguna autoridad o institución pública, precisamente, porque existía un domicilio convencional en el que previo a la autorización del emplazamiento por edictos acordado por la hoy autoridad responsable, se le buscó en ese lugar. Luego, si los edictos se publicaron conforme establece la ley mercantil, esto es, tres veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional y en un periódico local del Estado o de la ahora Ciudad de México, pues se publicaron el nueve, diez y once de febrero de dos mil quince, en el Diario de Juárez y en las mismas fechas en el Sol de México, dicho emplazamiento es correcto y, por ende, apegado a derecho. En esa tesitura, ante lo infundado de los argumentos que se exponen en el concepto de violación, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado respecto del emplazamiento a juicio que se reclamó. SÉPTIMO. ANÁLISIS DE LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTENTES EN LAS ACTUACIONES SUBSECUENTES AL EMPLAZAMIENTO Y LAS ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN VÍA DE APREMIO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Conviene precisar que toda vez que el emplazamiento que se practicó al hoy quejoso en el juicio ordinario mercantil 1003/14 fue legal, entonces, no fue extraño al procedimiento correspondiente y, por tanto, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste sólo le es imputable a él mismo. Asimismo, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no; por tanto, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por el Alto Tribunal del país. Así, por lo que respecto de los actos reclamados al JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL y de los OFICIALES NOTIFICADORES Y MINISTROS EJECUTORES ADSCRITOS A LA OFICINA CENTRAL DE OFICIALES NOTIFICADORES Y MINISTROS EJECUTORES, AMBOS DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, consistente en las actuaciones subsecuentes al emplazamiento y las que impliquen vía de apremio en ejecución de sentencia, se actualiza la causa de improcedencia que se deduce del artículo 61, fracción XXIII, vinculado con el diverso 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] VIII. Los conceptos de violación. [.] De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos se deduce que el juicio de amparo es improcedente contra actos respecto de los que no se formulen conceptos de violación en la demanda de amparo de que se trate. Esto es así, porque cuando se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por el artículo 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, y el juez de Distrito, -salvo el caso de suplencia de la queja deficiente- no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio. En la especie, de una lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que respecto de los actos consistentes en las subsecuentes actuaciones al emplazamiento y las que impliquen vía de apremio o ejecución de sentencia dentro del proceso, el quejoso fue omiso en expresar conceptos de violación, pues sólo hace valer conceptos de violación, tendentes a atacar el emplazamiento como tal. Lo anterior, evidencia que, en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deduce del artículo 61, fracción XXIII, vinculado con el diverso 108, fracción VIII, ambos de la Ley de la materia. Apoya las anteriores consideraciones, la jurisprudencia 169, aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, octava época, tomo VI, Parte SCJN, materia común, página 114, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo. A mayor abundamiento, por lo que hace a las actuaciones subsecuentes al emplazamiento se actualiza la diversa causa de improcedencia que contempla el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, porque al ser parte demandada en el juicio ordinario mercantil 1003/2014 el quejoso estaba obligado, previamente a acudir al juicio de amparo indirecto, a agotar los recursos o medios de defensa, dentro del procedimiento, por virtud de los cuales pudieran ser modificadas, revocadas o nulificadas las actuaciones posteriores al emplazamiento. Por su parte, respecto del acto reclamado consistente en las actuaciones que impliquen vía de apremio o ejecución de sentencia dentro del procedimiento, también se actualiza la diversa causa de improcedencia que contempla el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Ello, porque tratándose de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución; y en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del primer supuesto. En el caso, de la copia certificada del expediente 1003/2014 del índice de la autoridad responsable Juez Octavo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos que anexó a su informe justificado, se advierte que el juicio se encuentra en etapa de ejecución, ya que el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, dictó un acuerdo en el que requirió a la parte demandada, aquí quejoso, XXXXXXXXX y otra, para que en el término de tres días hagan pago de las cantidades a que fueron condenados en la sentencia dictada en ese juicio, o en su defecto, señalen bienes para embargo, suficientes a garantizar las prestaciones a que fueron condenados en la sentencia dictada. Luego, será en el momento en que en forma definitiva se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, cuando se estará en presencia de la última resolución dictada en ese procedimiento de ejecución de sentencia, oportunidad en la que el quejoso podrá reclamar las demás violaciones que hayan surgido durante el procedimiento; por tanto, debe concluirse que el acto reclamado en las actuaciones que impliquen vía de apremio o ejecución de sentencia constituye actos intermedios dictados en la etapa de ejecución de sentencia, tramitados para la ejecución de la sentencia definitiva, y por ende resulta improcedente el juicio de amparo, atendiendo a lo ordenado por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio respecto de los actos consistentes en las actuaciones subsecuentes al emplazamiento y aquellas que impliquen vía de apremio o ejecución de sentencia dentro del proceso, que se atribuyó a las autoridades que quedaron descritas en los apartados relativos de este considerando. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75 y 78 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por XXXX contra el acto que reclamó de los OFICIALES NOTIFICADORES Y MINISTROS EJECUTORES ADSCRITOS A LA OFICINA CENTRAL DE OFICIALES NOTIFICADORES Y MINISTROS EJECUTORES, DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, consistente en el emplazamiento a juicio, así como contra los actos que reclamó del JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL y de los OFICIALES NOTIFICADORES Y MINISTROS EJECUTORES ADSCRITOS A LA OFICINA CENTRAL DE OFICIALES NOTIFICADORES Y MINISTROS EJECUTORES, AMBOS DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, consistente en las actuaciones subsecuentes al emplazamiento y las que impliquen vía de apremio en ejecución de sentencia, con base en las razones expuestas en el considerando tercero y séptimo de esta sentencia, respectivamente. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A XXXXXXX , contra el acto que reclamó del JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, consistente en el emplazamiento a juicio, con base en las razones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado XXXX , ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada XXXXXXX , hasta el día de hoy, treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, LA CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 469/2017-III, promovido por XXXXX , contra actos del JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS Y OTRA AUTORIDAD. RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente, XXXX demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos de la JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS y de los OFICIALES NOTIFICADORES Y MINISTROS EJECUTORES ADSCRITOS A LA OFICINA CENTRAL DE OFICIALES NOTIFICADORES Y MINISTROS EJECUTORES del citado distrito judicial, de quienes reclamó, la diligencia de emplazamiento al mismo, las actuaciones subsecuentes al emplazamiento y aquellas que impliquen vía de apremio o ejecución de sentencia, dentro del proceso. SEGUNDO. DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE LA PARTE QUEJOSA ESTIMÓ VIOLADOS. La parte quejosa considera que con los actos reclamados se violaron en su perjuicio los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA. Previa aclaración de la demanda, en acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; ordenó dar la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, así como a la parte tercero interesada y, por último, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA LEGAL. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, Constitucionales, 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de actos ejecutados por autoridades que tienen su sede dentro del territorio en el que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LA LITIS. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizado en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que los actos reclamados al JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS y de los OFICIALES NOTIFICADORES Y MINISTROS EJECUTORES ADSCRITOS A LA OFICINA CENTRAL DE OFICIALES NOTIFICADORES Y MINISTROS EJECUTORES del citado distrito judicial consisten en: La diligencia de emplazamiento al juicio ordinario mercantil 1003/2014, del índice del JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, promovido por BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra del quejoso y otro. Las actuaciones subsecuentes al emplazamiento. Las actuaciones que impliquen vía de apremio o ejecución de sentencia. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en el párrafo precedente y de los cuales se procederá a su estudio. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, de Abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir su informe con justificación los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, negaron la existencia del acto que les fue atribuido, consistente en la diligencia de emplazamiento al juicio ordinario mercantil 1003/2014, del índice del Juzgado Octavo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, promovido por XXXXXXX , en contra del quejoso y otro, pues manifestaron que del referido expediente se desprende que el emplazamiento al demandado, aquí quejoso, fue realizado por edictos. Ante esa negativa, corresponde a la parte quejosa desvirtuar lo afirmado por las responsables sin que para tal efecto ofreciera probanza alguna; por tanto, se impone sobreseer en el presente juicio respecto de los actos que a dichas autoridades se atribuyeron, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; [.] Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 310, visible en la página 209, Tomo VI, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto estatuyen: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir informe justificado la JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, con residencia en esta ciudad, aceptó la existencia de los actos que le fueron atribuidos, lo que se corrobora con las copias certificadas del expediente relativo al juicio ordinario mercantil 1003/2014 que remitió para justificarlo; documental a la que se le reconoce pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fue expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de ahí que debe tenerse por cierta la existencia del acto reclamado. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Por su parte, los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, fueron omisos en pronunciarse respecto de los actos reclamados consistentes en las actuaciones subsecuentes al emplazamiento y las actuaciones que impliquen vía de apremio o ejecución de sentencia, por lo que en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos reclamados y por tanto, existentes. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Por razón de método, se analizará de manera preferente a las causas de improcedencia, lo concerniente al acto reclamado relativo a la diligencia de emplazamiento practicada en el juicio ordinario mercantil 1003/2014, del índice del Juzgado Octavo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, promovido por XXXXXXX , en contra del quejoso y otra, que controvierte la parte inconforme. Siendo innecesaria la transcripción de los conceptos de violación en esta sentencia, lo cual encuentra sustento en la jurisprudencia 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de mayo de 2010, materia común, página 830, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X De las sentencias, del título primero Reglas generales, del libro primero Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. EXAMEN CONSTITUCIONAL DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA DILIGENCIA DE EMPLAZAMIENTO. Los conceptos de violación son infundados, sin que este juzgado advierta queja deficiente que suplir de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 149/2000, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Diciembre de 2000, Materia Común, visible en la página veintidós del siguiente tenor: SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón. En ellos aduce el quejoso que el artículo 118 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua establece que la primera notificación o emplazamiento, debe practicarse en el domicilio o lugar designado por la parte actora; que el numeral 119 dispone que deberá notificarse personalmente, en el domicilio del interesado el emplazamiento del demandado y primera notificación en el juicio; que el artículo 120 señala que tratándose de la notificación de la demanda (emplazamiento) si en la primera búsqueda no se encuentra al demandado, cerciorado el que debe hacer la notificación de que el interesado vive en dicha casa y se encuentra en la población, le dejará cita para hora fija dentro del siguiente día, haciendo constar en el citatorio el nombre de la persona a quien cita, el día y hora en que debe esperar la notificación, poniendo en el mismo el sello del juzgado autorizando el citatorio el notificador; si la persona que debe ser notificada no espera a que se le haga la notificación, este se le hará por medio de instructivo que se entregará a los parientes o domésticos del interesado o a cualquier otra persona que viva en la casa, todo lo cual, debe asentarlo en autos; asimismo, aduce que el numeral 127 del mismo ordenamiento establece que deberán firmar las notificaciones la persona que la hace y si esta no supiere o no quisiera firmar, lo hará el secretario, el notificador, testigos de asistencia o Notario, haciendo constar esta circunstancia. Sin embargo, sostiene el quejoso, que en el caso no se observaron todas las formalidades a que alude la referida codificación procesal civil del Estado de Chihuahua, por cuanto a la primera notificación o emplazamiento se refiere, y en especial, los preceptos legales antes invocados. Ello, porque afirma el quejoso que se llevó a cabo dicho procedimiento judicial sin que tuviera oportuno conocimiento, sino hasta fechas recientes, privándolo con ello de ser oído y vencido en juicio, es decir, a contestar oportunamente la demanda entablada, a oponer excepciones y defensas, a ofrecer pruebas, alegar conforme a derecho, así como a interponer los recursos ordinarios que señala la ley procesal de la materia con relación a todas las resoluciones que fueron pronunciadas en dicho proceso, todo ello en violación no solo a los preceptos legales ya invocados del Código Procesal de la Materia, sino a la garantía de audiencia consagrada principalmente en el artículo 14 constitucional. Por tanto, aduce el quejoso que al no satisfacerse lo atinente a dichos requisitos constitucionales y ordinarios de orden público, procede que se le conceda el amparo y protección de la justicia federal, con las consecuencias legales que dicho pronunciamiento cause por cuestión de la ley aplicable al caso que nos ocupa. Como ya se anunció, los conceptos de violación son infundados. Con el fin de evidenciar lo infundado de los conceptos de violación, se considera oportuno narrar algunos de los antecedentes que se desprenden de la copia certificada del expediente 1003/2014 correspondiente al Juicio Ordinario Mercantil promovido por los licenciados XXXXXXXXXX en su carácter de representantes de XXXXXXX en contra del aquí quejoso XXXXXX e XXXXX , que la autoridad responsable anexó a su informe justificado y que son como sigue: 1. Por escrito de once de septiembre de dos mil catorce, XXXXX y XXXXX en su carácter de representantes de XXXXXXX demandaron en la vía ordinaria mercantil al aquí quejoso y otra persona el pago de diversas prestaciones (fojas 30 a 44). 2. Correspondió conocer de esa demanda al Juzgado Octavo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, el que por acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil catorce, la admitió y ordenó emplazar al ahora quejoso, entre otras cosas (foja 105). 3. En la diligencia de nueve de diciembre de dos mil catorce, el Actuario adscrito al Juzgado Octavo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, hizo constar lo siguiente (folio 75 vuelta): "(.) En Ciudad Juárez Chihuahua, siendo las once horas del día nueve de diciembre del año dos mil catorce, el suscrito Actuario Lic. XXXXXXX constituido en el domicilio autorizado y ubicado en calle XXXXX y encontrando presente a la demandada XXXXXX , le pregunto por el demandado XXX XX para emplazarlo a juicio, y me informa que ellos eran matrimonio pero se separaron hace ocho meses a la fecha y que nada ha sabido de su esposo desde esa fecha, ya que no lo ve ni la visita y por ello no sabe donde viva a esta fecha, razón por la cual, no se avanza más en esta diligencia de emplazamiento a juicio a ese demandado al no vivir en el domicilio en que se actúa, para efectos legales.- - - Doy fe. (.)". 4. Mediante proveído de veintiséis de enero de dos mil quince, el juez responsable ordenó el emplazamiento a juicio del aquí quejoso, por medio de edictos (foja 108). 5. Por acuerdo de diez de abril de dos mil quince, el juez del conocimiento tuvo por exhibidas las publicaciones de los edictos de notificación ordenados en proveído de veintiséis de enero de dos mil quince, publicados en el Diario de Juárez en los días nueve, diez y once de febrero de dos mil quince, así como en el Sol de México en las mismas fechas (foja 106). 6. Mediante proveído de veintitrés de abril de dos mil quince, el Juez responsable consideró que la parte demandada, aquí quejoso, XXXXXX , fue debidamente emplazado a juicio, por lo que al no haber dado contestación en el término que le fue concedido le declaró la rebeldía y ordenó hacerle las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por medio de cédula que se fije en los estrados del tribunal (foja 112). 7. Seguido el juicio en todas sus etapas procesales correspondientes, el quince de diciembre de dos mil quince, la autoridad responsable emitió sentencia, en la que determinó que no se había dado cumplimiento con lo establecido por el artículo 1070 del Código de Comercio, al no haberse efectuado el emplazamiento del diverso demandado, esto es, el aquí quejoso, correctamente, porque le correspondía a la parte actora antes de hacer las publicaciones por edictos, hacer las investigaciones tendientes a obtener el desconocimiento del domicilio respectivo, por lo que la ausencia de las mismas hacía que el emplazamiento por edictos fuera nulo, así como todo lo actuado con posterioridad al mismo, por lo que ordenó reponer la notificación del quejoso XXXXXXX (fojas 137 a 148). 8. Contra esa sentencia la parte actora, aquí tercera interesada, por conducto de su representante legal licenciado XXXXXXXX interpuso recurso de apelación (foja 151). 9. Del recurso de apelación le correspondió conocer a la Magistrada de la Segunda Sala Civil y de lo Contencioso Administrativo y Fiscal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al que le asignó el número de toca 84/2016 y seguidos los trámites de ley, dictó sentencia el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis. En dicha resolución después de precisar el contenido del artículo 1070 del Código de Comercio, consideró: Quienes contraen obligaciones de pago y señalan domicilios concretos en donde deben ser requeridos del cumplimiento de aquellas, que no corresponden necesariamente al en que habitan o residen, pero que se originen como el punto idóneo para que cumplan con las mismas por existir los medios necesarios para que se conozca del hecho realizado por el deudor y un lugar razonable para obrar en consecuencia, o bien para conocer cualquier acto que con ellas se relacione, como el llamamiento al juicio, esa designación proviene de una manifestación de la voluntad de los que intervienen en la obligación y constituye, por ello mismo, el reflejo de su libertad contractual, que como ámbito de ejercicio de su autonomía, debe ser respetado por el Estado y por los tribunales judiciales, de conformidad con el artículo 78 del Código del Comercio. Si de la cláusula tercera del capítulo quinto del instrumento base de la acción se desprende que las partes designaron domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones respecto de los actos jurídicos contenidos en el propio documento, habiendo señalado la parte demandada el inmueble objeto de la hipoteca, que se ubica en la calle XXXXXX de esta ciudad, entonces, concluía que adverso al sentir de la Juzgadora natural, no requería del cercioramiento del desconocimiento del domicilio del aquí quejoso, XXXXXXXXX , por la información que brindara alguna autoridad o institución pública precisamente porque existía un domicilio convencional en el que previo a la autorización del emplazamiento por edictos acordado por la hoy autoridad responsable, se le buscó en ese lugar, lo que daba pauta para estimar válido el emplazamiento efectuado al citado demandado, porque se respetaron las formalidades que para dicho llamamiento prevé la legislación mercantil, pues tuvo la posibilidad de haber comparecido a juicio y defender adecuadamente sus derechos, en atención a lo dispuesto por el artículo 14 constitucional y párrafo quinto del artículo 1070 del Código de Comercio. Finalmente, declaró válido el emplazamiento que se practicó al hoy quejoso, XXXXXXXXXX, así como lo actuado con posterioridad, dejó insubsistente la sentencia de quince de diciembre de dos mil quince, y ordenó a la hoy autoridad responsable Juez Octavo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos avocarse a resolver el fondo de la litis establecida en el juicio principal. 10. El ocho de marzo de dos mil diecisiete, la autoridad responsable en el presente juicio de amparo dictó sentencia definitiva. De los antecedentes precisados, se advierte que mediante diligencia actuarial de nueve de diciembre de dos mil catorce, se asentó la imposibilidad de emplazar al hoy quejoso al juicio ordinario mercantil 1003/14, en el domicilio señalado en autos; que ante esa imposibilidad la autoridad responsable Juez Octavo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos por acuerdo de veintiséis de enero de dos mil quince, ordenó emplazarlo por medio de edictos. Lo anterior, hace evidente que el emplazamiento al juicio natural, se hizo al quejoso por medio de edictos, de ahí que devengan infundados los conceptos de violación que hace valer, porque en ellos invoca el contenido de los artículos 118, 119, 120 y 127 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, los cuales establecen las formalidades que deben seguirse para realizar el emplazamiento en el domicilio o lugar designado por la parte actora, pero como ya se dijo, en el caso se realizó por medio de edictos. Además, este juzgador no advierte queja deficiente que suplir a favor del quejoso, ya que el emplazamiento por edictos, cumplió con los requisitos que establece el artículo 1070 del Código de Comercio, el cual dispone: 1070. Cuando se ignore el domicilio de la persona que debe ser notificada, la primera notificación se hará publicando la determinación respectiva tres veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional y en un periódico local del Estado o del Distrito Federal en que el comerciante deba ser demandado. Previamente a la notificación por edictos en términos del párrafo anterior, el juez ordenará recabar informe de una autoridad o una institución pública que cuente con registro oficial de personas. Bastará el informe de una sola autoridad o institución para que proceda la notificación por edictos. La autoridad o institución proporcionará los datos de identificación y el último domicilio que aparezca en sus registros de la persona buscada. Esta información no queda comprendida dentro del secreto fiscal o de alguna otra reserva que las autoridades o instituciones estén obligadas a observar conforme a las disposiciones que las rige. Cuando la autoridad o institución proporcione información de diversas personas con el mismo nombre, la parte actora podrá hacer las observaciones y aclaraciones pertinentes para identificar el domicilio que corresponda a la persona buscada o, en su caso, para desestimar domicilios proporcionados. El juez revisará la información presentada así como las observaciones hechas por la parte actora y resolverá lo conducente. En el caso de que en el documento base de la acción se haya pactado domicilio convencional para recibir las notificaciones, si se acude a realizar la notificación personal en dicho domicilio y éste no corresponde al de la demandada, se procederá a la notificación por edictos sin necesidad de recabar el informe a que se refieren los párrafos anteriores. Mientras un litigante no hiciere substitución del domicilio en donde se deban practicar las diligencias o notificaciones personales, seguirán haciéndose en el que para tal fin hubiere señalado. El notificador tendrá la obligación de realizarlas en el domicilio señalado, y en caso de no existir el mismo, lo deberá hacer constar en autos para que surtan efectos así como las subsecuentes, por publicación en el boletín, gaceta o periódico judicial o en los estrados de los tribunales, además de que las diligencias en que dicha parte debiere tener intervención se practicarán en el local del juzgado sin su presencia. Una vez que el actuario o ejecutor se cerciore de que en el domicilio sí habita la persona buscada y después de la habilitación de días y horas inhábiles, de persistir la negativa de abrir o de atender la diligencia, el actuario dará fe para que el Juez ordene dicha diligencia por medio de edictos sin necesidad de girar oficios para la localización del domicilio. De dicho precepto se advierte que cuando se ignore el domicilio de la persona que debe ser notificada, la primera notificación se hará publicando la determinación respectiva tres veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional y en un periódico local del Estado o de la ahora Ciudad de México en que el comerciante deba ser demandado; que previamente a la notificación por edictos, el juez ordenará recabar informe de una autoridad o una institución pública que cuente con registro oficial de personas, excepto, en el caso de que en el documento base de la acción se haya pactado domicilio convencional para recibir las notificaciones, si se acude a realizar la notificación personal en dicho domicilio y éste no corresponde al de la demandada, pues en este caso, se procederá a la notificación por edictos sin necesidad de recabar el informe a las autoridades o instituciones públicas. En el caso, el actuario el nueve de diciembre de dos mil catorce, acudió a realizar la diligencia de emplazamiento en el domicilio que se señaló en autos, el cual es el mismo que convinieron las partes en el documento base de la acción y en esa diligencia la diversa demandada en el juicio natural, XXXXXXXXX , manifestó que ella y el aquí quejoso eran esposos, pero que se separaron y que no ha sabido de él desde hace ocho meses a esa fecha, que no lo ve ni la visita y por ello no sabe en donde vive. Ante tal situación, el juez responsable, acertadamente, ordenó el emplazamiento por medio de edictos, sin que fuera necesario el cercioramiento del desconocimiento del domicilio del aquí quejoso, XXXXXXXXXX , por la información que brindara alguna autoridad o institución pública, precisamente, porque existía un domicilio convencional en el que previo a la autorización del emplazamiento por edictos acordado por la hoy autoridad responsable, se le buscó en ese lugar. Luego, si los edictos se publicaron conforme establece la ley mercantil, esto es, tres veces consecutivas en un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional y en un periódico local del Estado o de la ahora Ciudad de México, pues se publicaron el nueve, diez y once de febrero de dos mil quince, en el Diario de Juárez y en las mismas fechas en el Sol de México, dicho emplazamiento es correcto y, por ende, apegado a derecho. En esa tesitura, ante lo infundado de los argumentos que se exponen en el concepto de violación, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado respecto del emplazamiento a juicio que se reclamó. SÉPTIMO. ANÁLISIS DE LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTENTES EN LAS ACTUACIONES SUBSECUENTES AL EMPLAZAMIENTO Y LAS ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN VÍA DE APREMIO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Conviene precisar que toda vez que el emplazamiento que se practicó al hoy quejoso en el juicio ordinario mercantil 1003/14 fue legal, entonces, no fue extraño al procedimiento correspondiente y, por tanto, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste sólo le es imputable a él mismo. Asimismo, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no; por tanto, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por el Alto Tribunal del país. Así, por lo que respecto de los actos reclamados al JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL y de los OFICIALES NOTIFICADORES Y MINISTROS EJECUTORES ADSCRITOS A LA OFICINA CENTRAL DE OFICIALES NOTIFICADORES Y MINISTROS EJECUTORES, AMBOS DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, consistente en las actuaciones subsecuentes al emplazamiento y las que impliquen vía de apremio en ejecución de sentencia, se actualiza la causa de improcedencia que se deduce del artículo 61, fracción XXIII, vinculado con el diverso 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] VIII. Los conceptos de violación. [.] De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos se deduce que el juicio de amparo es improcedente contra actos respecto de los que no se formulen conceptos de violación en la demanda de amparo de que se trate. Esto es así, porque cuando se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por el artículo 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, y el juez de Distrito, -salvo el caso de suplencia de la queja deficiente- no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio. En la especie, de una lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que respecto de los actos consistentes en las subsecuentes actuaciones al emplazamiento y las que impliquen vía de apremio o ejecución de sentencia dentro del proceso, el quejoso fue omiso en expresar conceptos de violación, pues sólo hace valer conceptos de violación, tendentes a atacar el emplazamiento como tal. Lo anterior, evidencia que, en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deduce del artículo 61, fracción XXIII, vinculado con el diverso 108, fracción VIII, ambos de la Ley de la materia. Apoya las anteriores consideraciones, la jurisprudencia 169, aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, octava época, tomo VI, Parte SCJN, materia común, página 114, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo. A mayor abundamiento, por lo que hace a las actuaciones subsecuentes al emplazamiento se actualiza la diversa causa de improcedencia que contempla el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, porque al ser parte demandada en el juicio ordinario mercantil 1003/2014 el quejoso estaba obligado, previamente a acudir al juicio de amparo indirecto, a agotar los recursos o medios de defensa, dentro del procedimiento, por virtud de los cuales pudieran ser modificadas, revocadas o nulificadas las actuaciones posteriores al emplazamiento. Por su parte, respecto del acto reclamado consistente en las actuaciones que impliquen vía de apremio o ejecución de sentencia dentro del procedimiento, también se actualiza la diversa causa de improcedencia que contempla el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Ello, porque tratándose de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución; y en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del primer supuesto. En el caso, de la copia certificada del expediente 1003/2014 del índice de la autoridad responsable Juez Octavo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos que anexó a su informe justificado, se advierte que el juicio se encuentra en etapa de ejecución, ya que el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, dictó un acuerdo en el que requirió a la parte demandada, aquí quejoso, XXXXXXXXX y otra, para que en el término de tres días hagan pago de las cantidades a que fueron condenados en la sentencia dictada en ese juicio, o en su defecto, señalen bienes para embargo, suficientes a garantizar las prestaciones a que fueron condenados en la sentencia dictada. Luego, será en el momento en que en forma definitiva se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, cuando se estará en presencia de la última resolución dictada en ese procedimiento de ejecución de sentencia, oportunidad en la que el quejoso podrá reclamar las demás violaciones que hayan surgido durante el procedimiento; por tanto, debe concluirse que el acto reclamado en las actuaciones que impliquen vía de apremio o ejecución de sentencia constituye actos intermedios dictados en la etapa de ejecución de sentencia, tramitados para la ejecución de la sentencia definitiva, y por ende resulta improcedente el juicio de amparo, atendiendo a lo ordenado por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio respecto de los actos consistentes en las actuaciones subsecuentes al emplazamiento y aquellas que impliquen vía de apremio o ejecución de sentencia dentro del proceso, que se atribuyó a las autoridades que quedaron descritas en los apartados relativos de este considerando. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75 y 78 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por XXXX contra el acto que reclamó de los OFICIALES NOTIFICADORES Y MINISTROS EJECUTORES ADSCRITOS A LA OFICINA CENTRAL DE OFICIALES NOTIFICADORES Y MINISTROS EJECUTORES, DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, consistente en el emplazamiento a juicio, así como contra los actos que reclamó del JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL y de los OFICIALES NOTIFICADORES Y MINISTROS EJECUTORES ADSCRITOS A LA OFICINA CENTRAL DE OFICIALES NOTIFICADORES Y MINISTROS EJECUTORES, AMBOS DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, consistente en las actuaciones subsecuentes al emplazamiento y las que impliquen vía de apremio en ejecución de sentencia, con base en las razones expuestas en el considerando tercero y séptimo de esta sentencia, respectivamente. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A XXXXXXX , contra el acto que reclamó del JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, consistente en el emplazamiento a juicio, con base en las razones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado XXXX , ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada XXXXXXX , hasta el día de hoy, treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta; y, en atención a su contenido se tiene al representante de la tercera interesada *******, apersonándose al presente juicio, personalidad que se le tiene por acreditada en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene por admitida y desahogada, la instrumental de actuaciones que ofrece, toda vez que se constituye con las constancias que obran en el sumario; probanza que de cualquier forma el juzgador tomará en consideración, al emitir la resolución correspondiente, pues no tiene entidad propia, al ser un medio de convicción que se obtiene del seguimiento del juicio respectivo en términos del artículo 119 de la ley en cita. Asimismo, se le tienen por formulados los alegatos que hace valer la tercera interesada, los que se tomarán en cuenta en la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle *******, de esta ciudad, y autorizando para tales efectos a la estudiante de derecho ******* Por otra parte, en atención a la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para este día. Sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que el día de hoy, compareció a juicio el representante de la tercera interesada ******* , por lo que esto no ocurrió con la anticipación debida para que tenga la oportunidad de acudir en defensa de sus derechos, esto es, al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. En consecuencia, resulta procedente diferir la audiencia señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las diez horas con cuarenta minutos del dos de agosto de dos mil diecisiete, para su desahogo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página mil ciento diecinueve, tomo XXI, marzo de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro establece: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI EN LA REVISIÓN EL TRIBUNAL ADVIERTE QUE NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE LA FECHA EN QUE ÉSTE SE VERIFICÓ Y AQUELLA EN QUE SE CELEBRÓ LA AUDIENCIA, DEBE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO ADVIERTA QUE NO HABRÁ DE SOBRESEERSE O NEGARSE EL AMPARO SOLICITADO. A efecto de que el tercero perjudicado esté en aptitud de comparecer al juicio de garantías en defensa de sus derechos procesales, es menester que entre la fecha del emplazamiento y aquella en que se celebre la audiencia constitucional, medie por lo menos el plazo de ocho días, similar a aquel que exige el artículo 149, primer párrafo, segunda parte, de la Ley de Amparo, como anticipación para que, con relación a la audiencia de ley, sean dados a conocer a las partes los informes justificados que rindan las autoridades responsables. Tal postura obedece, en principio, al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento de amparo cuya observancia es obligatoria para los tribunales de control constitucional; y, en segundo término, a la oportunidad de defensa que debe darse al tercero al acudir al juicio de garantías. Así, si en el amparo indirecto se emplazó al tercero perjudicado sin la mencionada anticipación de al menos ocho días, a la fecha en que se desahogó la audiencia constitucional, es inconcuso que no se le concedió la oportunidad de acudir en defensa de sus derechos; por ende, el Tribunal Colegiado que conozca de la revisión debe mandar reponer el procedimiento a fin de que el Juez de Distrito le otorgue, al menos, el plazo enunciado para comparecer al juicio de amparo; siempre y cuando no advierta que habrá de sobreseerse o negarse el amparo solicitado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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