Omar Antonio Sanchez Montoya
Expediente 295/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 295/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Omar Antonio Sanchez Montoya
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el remite testimonio de la resolución emitida el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, en el conflicto competencial 8/2018, suscitado entre este órgano y el diverso Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en la Ciudad de Culiacán, en la cual se resuelve: "PRIMERO. Se declara sin materia el presente asunto. SEGUNDO. Remítase testimonio de esta resolución al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis; y en tanto, al Juzgado Cuarto de Distrito en Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, remítanse los autos y testimonio de la misma, para los efectos correspondiente."; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes. Acúsese recibo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y la fracción I, del Ordinal Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha uno de junio de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los dispositivos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
Vistos los oficios de cuenta suscritos por el Actuario Judicial Adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, y el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán mediante los cuales el primero informa que se admite el conflicto competencial interpuesto por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, y el segundo informa que mandó a conflicto competencial el juicio de amparo número 393/2018-III-B; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes.
- Principal
Agréguese para que obre como legalmente le corresponda, el oficio 1954/2018-III-B, signado por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en la ciudad de Culiacán, al que acompaña los autos del juicio de amparo 393/2018, promovido por Omar Antonio Sánchez Montoya, en cumplimiento al auto de treinta de mayo de dos mil dieciocho, declinando competencia por considerar que el acto reclamado, orden de detención, tendrá ejecución en Guasave, Sinaloa, su conclusión parte de la premisa de que en el capítulo de hechos y antecedentes constitutivos del acto reclamado, manifiesta que fue informado por compañeros de trabajo que durante el trayecto de su ruta de ventas, al transitar por Guasave, Sinaloa, fueron detenidos por personas que dijeron ser Policía Ministeriales y que les preguntaron que donde se encontraba el impetrante en razón de que tenían una orden de detención emitida por el Ministerio Público de la Unidad Integral del Ministerio Público en Materia Penal. En este contexto, regístrese en el libro de gobierno y fórmese expediente con el número 371/2017-1B. De la demanda de amparo se aprecia que Omar Antonio Sánchez Montoya tiene su domicilio convencional en Culiacán, Sinaloa. Pues bien, el suscrito Juzgador considera que no es el momento procesal oportuno para una declaratoria de incompetencia, pues no existen elementos que permitan aceptar la competencia planteada conforme se detalla. En efecto, al tratarse el acto reclamado de una orden de detención, ésta pudiera ejecutarse en el domicilio del quejoso o en el domicilio de la autoridad responsable, de lo cual, sólo se tendrá certeza una vez que se rindan los informes justificados y se agote el procedimiento, pues pudiera darse el supuesto de ampliación de demanda y señalamiento de autoridades con residencia en Culiacán, Sinaloa, o bien, de los propios informes pudiera advertirse que han tratado de ejecutar la orden en Culiacán, Sinaloa. En este sentido, si bien, el quejoso manifestó que compañeros le dijeron que en Guasave, Sinaloa, le preguntaron por su paradero, lo cierto es que, su domicilio convencional es en Culiacán, Sinaloa, fue ahí donde presentó la demanda de amparo, y el acto, salvo lo que manifiesten las autoridades en sus informes y el impetrante durante el procedimiento, puede tener ejecución en su domicilio, esto es, en Culiacán, Sinaloa, de ahí que, estamos ante un acto que puede ejecutarse en dos lugares distintos, por ende, es competente el que previno, en la especie, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. Para otorgar mayor claridad al criterio aquí sostenido resulta indispensable tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 37. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. "Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. "Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En este sentido, dicho ordenamiento dispone que la competencia se surte de acuerdo con las reglas siguientes: a) A favor del Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto autoritario puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda, es decir, quien previno en el conocimiento del asunto; y, c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, la competencia le corresponderá al juzgador en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del contenido de ese precepto, se advierte que el legislador prescindió de atender al lugar de residencia de las autoridades responsables como criterio para determinar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo indirecto. Asimismo, de dicho dispositivo se obtiene la manifiesta intención del legislador de facilitar a los gobernados el acceso al servicio de administración de justicia. Análisis del supuesto contenido en el inciso a). Ahora, en el caso, no se surte el supuesto precisado en el inciso a), consistente en que será competente para conocer una demanda el Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Es así, porque la orden de detención reclamada, en principio, tiene ejecución material, consistente en la detención del aquí quejoso por parte de las autoridades ejecutoras, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse al peticionario del amparo y de tener conocimiento de que habita en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en colaboración pueden solicitar la detención del impetrante en su domicilio, aspecto que sólo podrá determinarse una vez que se rindan los informes justificados y se agote el procedimiento. De ahí que, el este momento procesal, ante la falta de información, no se tenga certeza de dónde efectivamente se ejecutará el mandamiento de captura reclamado, y como consecuencia, que exista la posibilidad de que éste pueda ejecutarse en cualquiera de las circunscripciones territoriales en que los Jueces en conflicto ejercen jurisdicción. De ahí que el supuesto analizado no resulte útil para la solución jurídica del presente conflicto competencial. Análisis del supuesto contenido en el inciso b). En el referido inciso b), se precisó el supuesto relativo a cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, en cuyo caso, será competente el Juez ante el que se presente la demanda. En el caso, del análisis efectuado en relación con el inciso a), se advierte que se estableció que en el caso, al ser el acto reclamado una orden de detención, su ejecución material puede realizarse en cualquier lugar en el que pueda localizarse al quejoso, por lo que dicha ejecución puede acontecer en más de un Distrito, es decir, dentro de la circunscripción territorial en que ejerce jurisdicción el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa (quien previno la demanda), en donde reside el impetrante, o dentro de la circunscripción territorial en que ejerce jurisdicción el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, en donde, presumiblemente, partiendo de la demanda se localizan autoridades responsables. De ahí que este supuesto es el que resulta útil para dirimir, en este momento procesal, el presupuesto de competente. En tales condiciones, en aplicación al artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, como el acto reclamado por el quejoso lo constituye uno que por su naturaleza, es de aquellos que requieren ejecución material, la cual, en este momento procesal, con la información que se tiene puede realizarse en más de un Distrito, y la demanda de amparo correspondió conocer en primer término al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, el suscrito Juez Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, considera que es el Juez de Distrito, con sede en Culiacán, el competente, por prevención, para conocer del juicio de amparo. En abundamiento, no se tiene certeza de la existencia de los actos reclamados a las autoridades responsables -pues este aspecto se dirime en los informes- y, si se tiene certeza del domicilio del quejoso -lugar en el que también puede ejecutarse el acto reclamado-, amén de que durante el procedimiento puede ampliar la demanda por autoridades con residencia en Culiacán, Sinaloa, de ahí que, en este momento procesal debe considerarse el domicilio del quejoso y de las autoridades, y en prevención conoció el Juez Cuarto de Distrito con sede en Culiacán, Sinaloa -lugar de residencia del impetrante-, de ahí que, en este momento procesal sea dicho Juzgado el competente para conocer de la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XIII.PA. J/1 emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 3100, libro 52, Marzo de 2018, tomo IV de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN QUE PUEDE EJECUTARSE EN EL DISTRITO DONDE SE UBICA EL DOMICILIO PARTICULAR DEL QUEJOSO O EN EL DEL LUGAR DONDE ÉSTE SE ENCUENTRE. CORRESPONDE A CUALQUIERA DE LOS JUECES DE ESAS JURISDICCIONES, A PREVENCIÓN. Si el quejoso presenta la demanda de amparo ante el Juez de Distrito que reside en el mismo lugar donde aquél dijo tener su domicilio particular, reclamando una orden de aprehensión emitida por autoridad judicial que se ubica en lugar distinto donde ejerce jurisdicción el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda, entonces la orden de captura reclamada puede ejecutarse en cualquiera de los distritos en que ejercen jurisdicción los Jueces contendientes, ya que ésta puede tener ejecución material donde se ubica el domicilio particular o en cualquier parte donde el inculpado se encuentre, aun si las autoridades ejecutoras niegan la existencia del acto reclamado, ya que ésta debe ejecutarse. Por tanto, si no se tiene certeza de dónde se ejecutará el mandamiento de captura, será Juez competente para conocer de la demanda de amparo, a prevención, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, en términos del segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En el entendido de que, una vez que se rindan los informes y se agote el procedimiento, puede tenerse certeza del lugar en que habrá de ejecutarse o en qué lugares no se ejecutará y, con ello, la información suficiente para determinar si sé es o no competente, pero en este momento procesal, el acto puede ejecutarse en cualquiera de las dos residencia, el del quejoso y el de las autoridades responsables, sin que sea obstáculo para lo anterior, el que no señaló responsables con domicilio en Culiacán, pues esta en aptitud de ampliar la demanda por autoridades o, en su caso, de los informes deducirse la participación de alguna autoridad con sede o competencia en Culiacán, Sinaloa. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia PC.O.P. J/39 P, sustentada por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 1071, libro 53, Abril de 2018, tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Del precepto indicado se advierte que la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Dicha posibilidad surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el Juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. Ahora bien, tratándose de la orden de aprehensión, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución. En consecuencia, por las consideraciones vertidas, con apoyo en lo establecido en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este juzgado no acepta la competencia declinada para conocer y resolver respecto del juicio de amparo 393/2018, promovido por Omar Antonio Sánchez Montoya; consecuentemente, previo cuaderno de antecedentes que se forme con las constancias respectivas, devuélvase el juicio de amparo al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, para que provea lo que estime conducente.
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