Omar Alonso Cortazar

Expediente 1550/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1550/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
05/10/2022

Partes del expediente

  • Omar Alonso Cortazar
  • Omar Alonso Cortazar y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    III. CAUSA ESTADO. VISTA LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, EN LA QUE SE HACE CONSTAR QUE LA PARTE A QUIEN PUDIERA CAUSARLE PERJUICIO NO INTERPUSO EL RECURSO DE QUEJA EN CONTRA DEL AUTO QUE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO; EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA, CONFORME AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE AMPARO, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO. HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO, ASÍ COMO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. ARCHIVO. POR TANTO, COMO SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, Y EL AUTO EN EL QUE SE DETERMINÓ CAUSÓ ESTADO EN ESTA PROPIA FECHA; ENTONCES, SE ORDENA SU ARCHIVO DEFINITIVO. DESTINO DEL EXPEDIENTE. EN ESA TESITURA, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES; CONSÉRVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE EN EL ARCHIVO DE ESTE JUZGADO, DURANTE UN LAPSO DE TRES AÑOS, CONCLUIDO EL CUAL DEBERÁ SER TRANSFERIDO A LOS DEPÓSITOS DOCUMENTALES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, PARA LOS EFECTOS DEL NUMERAL 10 DEL CITADO ACUERDO GENERAL. EN LA INTELIGENCIA DE QUE: EL PRESENTE EXPEDIENTE NO SE CONSIDERA COMO DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 15 DEL PROPIO ACUERDO GENERAL. COMO EN EL CASO SE TUVO POR DESECHADA LA DEMANDA DE AMPARO; ENTONCES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, INCISO B) DEL ACUERDO GENERAL EN CITA, EL EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, UNA VEZ CUMPLIDOS TRES AÑOS DE HABERSE DICTADO EL PRESENTE AUTO. LO CUAL DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE TRES AÑOS DE CONSERVACIÓN, CONTADOS A PARTIR DEL DICTADO DEL PRESENTE ACUERDO, TAL COMO DISPONE EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 21 DEL REFERIDO ACUERDO GENERAL. INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS ORIGINALES. EN VIRTUD DE QUE EN EL PRESENTE EXPEDIENTE NO EXISTEN DOCUMENTOS ORIGINALES SUSCEPTIBLES DE DEVOLUCIÓN A LAS PARTES, RESULTA INNECESARIO REQUERIRLES PARA QUE SEAN ENTREGADOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRECITADO ACUERDO GENERAL.

  2. Principal

    III.- DESECHAMIENTO.

  3. Principal

    III .- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS; ASÍ COMO, POR LISTA EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO Y/O RESOLUCIÓN DE FECHA QUE SE SEÑALA EN EL RUBRO "TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS", QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Previo acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, este tribunal federal realiza el siguiente análisis: El artículo 112 de Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato" El normativo anterior impone a este Juzgado de Distrito la obligación, previo a acordar sobre la admisión de la demanda, de estudiarla para verificar sobre su procedencia. En el caso, de manera notoria, manifiesta e indudable, se advierte la actualización de una causal de improcedencia, que conduce al desechamiento de plano de la demanda de amparo, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Precepto legal que impone al órgano jurisdiccional que conozca del amparo indirecto, la obligación de examinar la demanda, y de encontrar una causa manifiesta e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, en el entendido que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos de prueba que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento en la jurisprudencia 1879, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 2125, Novena Época, registro 1003758, de rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Acto reclamado En este orden de ideas, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en vinculación con el diverso 1, fracción I, del propio ordenamiento, conviene precisar que del análisis de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: La resolución de veintinueve de junio de dos mil veintidós, emitida por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco, en la carpeta de ejecución 414/2022, en la cual determinó negar el perdón otorgado por la parte ofendida al quejoso en este juicio. Demanda de la cual no se desprende actos de los prohibidos en el artículo 22 Constitucional. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página diecisiete, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Asimismo, resulta aplicable por identidad jurídica esencial, la tesis aislada número VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, Novena Época, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Postura de este órgano jurisdiccional En la especie, respecto al acto reclamado por el quejoso, se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que no se agotó el principio de definitividad, porque previo a instar el juicio de amparo, la parte quejosa debió promover el recurso de apelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Al respecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, establece lo siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." Dicho principio de definitividad deriva de lo establecido en el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prevé: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:(.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)" De la interpretación sistemática de las disposiciones constitucional y legal transcritas, se pone de manifiesto el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, de tal manera que el gobernado que estime haber sido agraviado por un acto de autoridad, cuando ésta tenga la calidad de tribunal judicial, administrativo o de trabajo, puede acudir a solicitar el amparo únicamente después de haber agotado todas las instancias, recursos o medios de defensa ordinarios que se regulen en la ley correspondiente, que tiendan a revocar, modificar o nulificar la resolución o acto que lo lesiona. Además, el numeral citado en primer término establece, entre otras, la hipótesis de excepción a la observancia de ese principio, ante la dudosa procedencia del recurso o medio de defensa ordinario. Esta hipótesis de excepción a la aplicación del principio de definitividad se introdujo en la Ley de Amparo en vigor, pues la ley de la materia abrogada no la contemplaba. En la parte en comento, se privilegia el acceso al juicio de amparo, ante la incertidumbre jurídica en la que se coloca al gobernado que pretende combatir un acto de autoridad, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa ordinario es incierta o dudosa, conforme a la legislación que lo rige. Por tanto, el principio de definitividad deriva de la intención del legislador, de que el juicio de amparo proceda únicamente respecto de actos definitivos, que no sean susceptibles de modificación o invalidación por recurso ordinario alguno. Con ello se da oportunidad al gobernado que interviene dentro del procedimiento judicial, administrativo o laboral, para que antes de acudir a la instancia extraordinaria de análisis constitucional, se agoten los recursos ordinarios que puedan hacer cesar, con un estudio de legalidad, la violación que estime le causa el acto de autoridad. En ese contexto, para efectos del juicio de amparo, el recurso ordinario o medio de defensa es aquel que reúne esencialmente las siguientes características: a) Que su objeto sea que el promovente pueda obtener la revocación, modificación o nulidad de la resolución o actuación que lesiona sus intereses. b) Se encuentre dispuesto en la ley correspondiente; y, c) Tenga previsto un procedimiento para su resolución. Así las cosas, como se adelantó, el acto reclamado no es definitivo, ya que conforme a su naturaleza, es impugnable a través del recurso de apelación, de conformidad con lo previsto en los artículos 131 y 132, fracción II de la Ley Nacional de Ejecución Penal que establecen: LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley". De los numerales en comento, se evidencia que efectivamente procede el recurso de apelación en contra de las resoluciones que se pronuncien respecto a la modificación o extinción de penas. En ese sentido, si en el caso concreto el impetrante acude a esta instancia constitucional doliéndose de la resolución emitida por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco, en el expediente 414/2022, de su índice, en la que negó el perdón que la parte ofendida le otorgó al quejoso Omar Alonso Cortázar, es incuestionable que en términos de los artículos 131 y 132, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, estaba obligado a agotar previamente a intentar el juicio de amparo, el recurso de apelación a que aluden los citados numerales, a través del cual puede modificarse o revocarse el acto que pretende combatir para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; máxime que como más adelante se verá, no se está en ninguno de los supuestos de excepción a ese principio, en términos de la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Asimismo, tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, Tomo XXIII, marzo de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas.". Sin que en el caso nos encontremos con alguna excepción al principio de definitividad contemplada en la fracción analizada, pues no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco el acto reclamado consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. De igual forma, el quejoso no es persona extraña al procedimiento, ni la procedencia del recurso o medio de defensa se sujeta a interpretación adicional. Bajo este orden de ideas, se establece que no es optativo para el quejoso, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, ya que es suficiente que la ley que rige al acto reclamado contenga el medio de impugnación idóneo para que esté a disposición del interesado y pueda ejercitarlo, lo que conlleva la obligación de su tramitación respectiva, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías, aunado a que en el caso no se actualiza alguna excepción a dicho principio. Cobra aplicación la tesis emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, tomo XV, mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro texto establecen: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Conclusión En consecuencia, resulta evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, circunstancia que patentiza el DESECHAMIENTO DE PLANO de la demanda que nos ocupa.

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