Omar Alfredo Esparza Zárate

Expediente 407/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
407/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
22/08/2022

Partes del expediente

  • Omar Alfredo Esparza Zárate

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria de veintiuno de julio del presente año, dictada en el recurso de queja 141/2022; acúsese recibo. Ahora, comuníquese a la parte quejosa que la Superioridad declaró infundado el recurso de queja interpuesto contra el auto de veintisiete de abril del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo, para los efectos legales procedentes. Toda vez que el Tribunal de Alzada devuelve copia certificada de constancias relativas a este expediente, para evitar la voluminosidad y facilitar el manejo de éste, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este proveído, procédase a su destrucción, pues es fiel reproducción de las constancias que obran en el expediente original del que fue deducido; y, por ende, carece de objeto anexarlo. Por otra parte, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Para los efectos a que alude el citado Acuerdo General, se instruye al Secretario judicial encargado del presente expediente, a verificar que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción y actuación a fin de que coincidan en su totalidad. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de junio de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio 3695/2022, de la Actuaria Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta localidad, mediante el cual acusa recibo del oficio por el cual se remitió el escrito de expresión de agravios relativo al recurso de queja interpuesto por el quejoso ***, contra el auto de veintisiete de abril del presente año, dictado en este expediente y copia certificada de constancias relativas; asimismo, informa que se admitió a trámite el citado recurso de queja, el cual quedó registrado con el número 141/2022, de su índice. Lo cual, se toma de conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por Omar Alfredo Esperanza Zárate parte quejosa en el presente juicio de amparo, por el que interpone recurso de queja, contra el auto de veintisiete de abril de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 97, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe con justificación en el sentido de que es cierto el acto reclamado, al que se deberá adjuntar el original y copia del ocurso de cuenta; así como, copia certificada del auto de veintisiete de abril de dos mil veintidós, materia del recurso en mención y todas aquellas que obren en el presente juicio; remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno, con sede en esta localidad, para la sustanciación del citado medio de impugnación. Sin que haya lugar a requerir a las partes que señalen las constancias que deberán remitirse al Tribunal de Alzada, en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, en razón que el proveído materia de la queja es el auto de desechamiento. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de abril de dos mil veintidós. CUMPLE PREVENCIÓN. Visto lo de cuenta, agréguese del promovente ******************, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada por este órgano jurisdiccional en proveído de doce de abril del año en curso. Análisis de la demanda de amparo. En primer lugar, debe precisarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. De lo anterior, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de amparo, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que los adjetivos "manifiesto", significa, claro, evidente "indubitable", significa, cierto, seguro, que no puede dudarse. Sirve de apoyo, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en la tesis V.2o. J/75, visible en la página 77, Tomo 68, Agosto de 1993, Materia Común, correspondiente a la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 215188, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que la parte promovente solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto el siguiente acto: La resolución emitida por la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca dentro del expediente ****/***/****, mediante la cual confirma la negativa a desahogar la prueba anticipada ofrecida por el agente del Ministerio Público en la causa penal ***/2012 del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Mixteca, con sede en Huajuapam de León, Oaxaca. Derivado de lo anterior, se determina que la resolución reclamada tiene injerencia sobre una decisión jurisdiccional intraprocesal, cuyo alcance jurídico y material carece del carácter de irreparable en perjuicio del hoy quejoso, con lo que se actualiza lo establecido en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo, el último aplicado en sentido contrario, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.-El amparo indirecto procede: [.] V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Del marco legal transcrito se revela que la procedencia del amparo presupone como requisito toral que sus efectos sean de imposible reparación por afectar materialmente derechos sustantivos protegidos por la Constitución y por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo tanto, que el juicio de amparo contra actos dentro de un asunto, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso, se aprecia que la resolución reclamada deriva de una negativa a desahogar una prueba anticipada, lo cual no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos del promovente. Esto, porque las consecuencias del desahogo de la prueba anticipada, deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, el acto reclamado no recae sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal o procedimental, es decir, aquél debe lesionar bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Condiciones que no se satisfacen en el presente asunto, ante todo, porque de conformidad con el artículo 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, uno de los principios que rigen el proceso penal acusatorio y oral, es que solo se reputan como "pruebas" a aquellas desahogadas públicamente ante el tribunal respectivo, en presencia de las partes -salvo la prueba anticipada-. Así, los numerales 304 a 306 del Código Nacional de Procedimientos Penales, regulan la prueba anticipada. Tales preceptos señalan lo siguiente: "CAPÍTULO III PRUEBA ANTICIPADA Artículo 304. Prueba anticipada Hasta antes de la celebración de la audiencia de juicio se podrá desahogar anticipadamente cualquier medio de prueba pertinente, siempre que se satisfagan los siguientes requisitos: I. Que sea practicada ante el Juez de control; II. Que sea solicitada por alguna de las partes, quienes deberán expresar las razones por las cuales el acto se debe realizar con anticipación a la audiencia de juicio a la que se pretende desahogar y se torna indispensable en virtud de que se estime probable que algún testigo no podrá concurrir a la audiencia de juicio, por vivir en el extranjero, por existir motivo que hiciere temer su muerte, o por su estado de salud o incapacidad física o mental que le impidiese declarar; III. Que sea por motivos fundados y de extrema necesidad y para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio, y IV. Que se practique en audiencia y en cumplimiento de las reglas previstas para la práctica de pruebas en el juicio. Artículo 305. Procedimiento para prueba anticipada La solicitud de desahogo de prueba anticipada podrá plantearse desde que se presenta la denuncia, querella o equivalente y hasta antes de que dé inicio la audiencia de juicio oral. Cuando se solicite el desahogo de una prueba en forma anticipada, el Órgano jurisdiccional citará a audiencia a todos aquellos que tuvieren derecho a asistir a la audiencia de juicio oral y luego de escucharlos valorará la posibilidad de que la prueba por anticipar no pueda ser desahogada en la audiencia de juicio oral, sin grave riesgo de pérdida por la demora y, en su caso, admitirá y desahogará la prueba en el mismo acto otorgando a las partes todas las facultades previstas para su participación en la audiencia de juicio oral. El imputado que estuviere detenido será trasladado a la sala de audiencias para que se imponga en forma personal, por teleconferencia o cualquier otro medio de comunicación, de la práctica de la diligencia. En caso de que todavía no exista imputado identificado se designará un Defensor público para que intervenga en la audiencia. Artículo 306. Registro y conservación de la prueba anticipada La audiencia en la que se desahogue la prueba anticipada deberá registrarse en su totalidad. Concluido el desahogo de la prueba anticipada, se entregará el registro correspondiente a las partes. Si el obstáculo que dio lugar a la práctica del anticipo de prueba no existiera para la fecha de la audiencia de juicio, se desahogará de nueva cuenta el medio de prueba correspondiente en la misma. Toda prueba anticipada deberá conservarse de acuerdo con las medidas dispuestas por el Juez de control." De conformidad con los preceptos transcritos, hasta antes de la celebración de la audiencia de juicio se podrá desahogar anticipadamente cualquier medio de prueba ante el Juez de Control. En la solicitud relativa, las partes deben exponer las razones por las cuales el acto se debe realizar con anticipación a la audiencia de juicio a la que se pretende desahogar. El Juez de control, previo a la admisión y desahogo de la prueba anticipada, debe citar a todos aquellos que deben concurrir a la audiencia de juicio oral, entre ellos, al imputado y su defensor. Además, el órgano jurisdiccional está obligado a valorar previamente sobre la posibilidad de que la prueba por anticipar no pueda ser desahogada en la audiencia de juicio oral, sin grave riesgo de pérdida por la demora. Superado tal aspecto, procederá a admitir y desahogar la prueba conforme a las reglas establecidas para el juicio oral, esto es, mediante los principios de inmediación y contradicción, en el que se ejerza un control horizontal de las partes, a través del interrogatorio y contrainterrogatorio respectivo. Finalmente, desahogada la prueba anticipada, debe entregarse una copia del registro respectivo a los intervinientes. En el supuesto de que el proceso penal transite hasta la etapa de juicio, de no existir el obstáculo que dio lugar a la práctica del anticipo de prueba, deberá desahogarse nuevamente en la audiencia de debate. Las consideraciones destacadas muestran que el anticipo de prueba, constituye una excepción a la regla general de que las pruebas solo son aquellas desahogadas ante el tribunal correspondiente, mediante el ejercicio de los principios de inmediación y contradictorio. Para la admisión y el desahogo de la prueba deben cumplirse ciertos requisitos establecidos por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Aunado a lo anterior, existe la posibilidad de que se desahogue nuevamente la prueba anticipada ante el Tribunal de enjuiciamiento respectivo, si al momento de la audiencia de juicio ha desaparecido el motivo que originó su desahogo previo. De no ser así, el Tribunal debe llevar a cabo la reproducción del anticipo de prueba y, con base en su valoración libre y lógica, aplicando las reglas generales de la prueba, según los numerales 356 a 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, emitirá las razones por las cuales conferirá valor probatorio al desahogo de la prueba previa. Esas consideraciones permiten establecer que el desahogo de la prueba anticipada, no constituye un acto de imposible reparación que pueda ser combatido a través del juicio de amparo indirecto; toda vez que, de ningún modo impide el ejercicio de algún derecho presente (afectación material, real y objetiva) ni afecta los derechos sustantivos del aquí promovente del amparo, pues acorde a las razones expuestas, será hasta el momento en que el Tribunal de enjuiciamiento exponga las razones que tenga en cuenta para valorar la prueba y la considere como prueba al emitir la sentencia en la audiencia de juicio oral, cuando llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En esa tesitura, el desahogo de la prueba anticipada en contravención o conforme a los numerales 304 a 306 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no produce una afectación material a los derechos del imputado, sino de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. No es óbice a lo anterior, el hecho de que el acto relativo a la prueba anticipada en el caso se haya llevado a cabo en la etapa intermedia, tal como aduce el promovente en su escrito aclaratorio, y que por ese motivo no pueda plantearse la violación respectiva, en su caso, en la etapa de debate y, posteriormente, en amparo directo. En efecto, en sede uniinstancial sólo podrán ser objeto de revisión constitucional las violaciones que se actualicen durante la tramitación de la etapa de juicio oral, sin que sea posible su estudio cuando se hayan cometido durante las etapas preliminar o intermedia del procedimiento penal; sin embargo, al no permitir el desahogo de la prueba anticipada, como es el caso, será ante el Tribunal de enjuiciamiento donde se resolverá sobre la valoración y efectos de la prueba ofrecida por la representación social. Apoya lo anterior, la tesis: XIII.1o.P.T.12 P emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VI, página 6211, registro 2021998, de texto y rubro siguiente: "PRUEBA ANTICIPADA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA SU DESAHOGO ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que en la etapa de juicio oral y, por ende, en el amparo directo sólo pueden analizarse las violaciones que se cometan en la audiencia de debate, excluyendo lo que ocurra en las etapas preliminar o intermedia del procedimiento penal, también lo es que la prueba anticipada prevista en el artículo 304 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye una excepción a la regla general de que "prueba" es toda aquella que se desahoga públicamente ante el tribunal respectivo, en presencia de las partes. En ese sentido, su valoración y efectos se trasladan a la etapa de juicio oral, donde el tribunal de enjuiciamiento deberá exponer las razones que tenga en cuenta para conferirle valor probatorio acorde con el numeral 359 de la mencionada legislación y, en su caso, considerarla como prueba de cargo en contra del acusado; en suma, el desahogo de una prueba anticipada, no se trata de un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, dado que será hasta el momento en que el tribunal de enjuiciamiento exponga las razones que tenga en cuenta para valorar la prueba y la considere como de cargo en contra de los acusados al emitir la sentencia en la audiencia de juicio oral, cuando llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva." Así como, la tesis 1a./J. 23/2021 (11a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2023906, aplicable únicamente en la parte conducente, de rubro y texto: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva - intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo, el último aplicado en sentido contrario, procede DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ***********. Notifíquese personalmente y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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