Omar Alfredo Diaz Muñoz

Expediente 1045/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1045/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
05/10/2022

Partes del expediente

  • Omar Alfredo Diaz Muñoz

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, cinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, y tomando en consideración la certificación asentada en la razón de cuenta, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece, para que los quejosos Priscila Elizabeth Lepe Alvarado de Carreto y Edison Giovani Heredia Tupa, o quien promovió a su favor, interpusieran recurso de queja contra la determinación de veinticuatro de junio de este año, donde se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo hicieran. En tal virtud, con fundamento en los artículos 2º, 97, fracción I, inciso a), 98, párrafo primero, y 99 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio en materia de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, toda vez que este expediente se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo 15 del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Por último, se hace constar que en el presente asunto no existen documentos originales importantes o de valor. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en funciones de Jueza, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio SEPLE./GEN./001/4194/2022, en sesión de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, con apoyo en el artículo 44, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Eligio Pérez Morales, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, diez de junio de dos mil veintidós. Vista la constancia actuarial que antecede, levantada por el Actuario Judicial adscrito el seis de junio del año en curso, se advierte que el directo quejoso Omar Alfredo Díaz Muñoz, manifestó que no es su deseo ratificar la demanda promovida a su favor. Atendiendo a lo citado en el párrafo que antecede, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por NO PRESENTADA la demanda de garantías promovida por Gerardo Cruz Guerra, en favor del antes nombrado. Hágase las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y dése noticia de ello en la estadística. De igual manera, de la diversa razón actuarial que antecede, levantada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, se desprende que no fue posible localizar a Priscila Elizabeth Lepe Alvarado de Carreto y Edinson Giovanni Heredia Tupa, en virtud que al constituirse en las instalaciones de la Estación Migratoria de esta localidad, previa revisión en la base de datos, así como en las áreas donde se encuentran los indocumentados de dicho Instituto, no se localizaron a los directos quejosos, de igual manera al gritar su nombre hacia el interior de la citada área, nadie respondió al llamado (foja 18). Por tanto, se previene al promovente de amparo, Gerardo Cruz Guerra, para que dentro del término tres días manifieste si a la fecha tiene conocimiento del lugar en que puede ser localizados los agraviados de referencia, o bien, acudan ante este órgano de control constitucional para constatar su presencia, apercibido que de no formular manifestación alguna se entenderá que ha desaparecido el estado de incomunicación que dio origen a la demanda de amparo que promovió; y en tal virtud, se procederá en términos del artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente al promovente. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Eligio Pérez Morales, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, seis de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta; téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ******************** a favor de********************y********************, contra actos del Director de la Estación Migratoria en Reynosa, Tamaulipas del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1045/2022-M, que por razón de turno le corresponde, y fórmese expediente. Ahora bien, de la demanda de cuenta se advierte que los quejosos se encuentran en la Estación Migratoria en Reynosa, Tamaulipas del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta localidad, y los actos reclamados son la privación ilegal de la libertad, incomunicación, negativa a que sean asistidos jurídicamente y deportación del país, solicitando el otorgamiento de la suspensión de plano. Atento a ello, resulta oportuno señalar que de conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a entrar y salir del país, viajar por su territorio, mudar de residencia, sin necesidad de algún requisito; sin embargo, tal prerrogativa está subordinada a las facultades de la autoridad judicial y a las autoridades administrativas en relación con las leyes que se impongan sobre emigración, inmigración y salubridad en general. En el caso, según lo expuesto por el promovente, los quejosos se encuentran internos en territorio mexicano y la restricción a la libertad se traduce en un alojamiento realizado por la autoridad migratoria. Y aunque lo anterior no implica que los quejosos directos en su calidad de extranjeros (que gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los Tratados Internacionales), se ubiquen en una situación de vulnerabilidad y falta de asistencia jurídica, pues no se advierte esta circunstancia, aunado a que se encuentran en defensa de sus derechos a través de abogado particular. Ahora, este órgano jurisdiccional no soslaya lo que prevé el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en septiembre de 2013, que esencialmente refiere: ".A) Reglas de Actuación para Atender a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional en Detención 1. Excepcionalidad de la detención 2. Proporcionalidad, necesidad e idoneidad de la privación de la libertad 3. Verificación de las condiciones de la detención 4. Utilización de medidas cautelares en los procedimientos migratorios fuera de la estación migratoria" Igualmente, cabe indicar que el reconocimiento de las obligaciones a cargo del Estado en personas extranjeras se encuentra plasmado en la Ley de Migración y su Reglamento, que señalan como primer principio de la política migratoria, el respeto estricto a todos los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeras; además, que la propia ley establece que la situación migratoria irregular, en ningún caso, configura por sí misma, la comisión de un delito y que la política migratoria deberá ser congruente, de manera que el Estado Mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior en caso de admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de personas extranjeras en su territorio. Estos avances en materia de derechos humanos han creado un nuevo paradigma que exige que quienes imparten justicia conozcan las fuentes normativas de origen nacional e internacional; las interpreten maximizando la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional y ejerzan, de acuerdo con los principios hermenéuticos consagrados en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Por lo anterior, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano de los actos reclamados, para el efecto de que el Director de la Estación Migratoria en Reynosa, Tamaulipas del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, de no existir causa legal diversa que lo impida, no ejecute en agravio de los quejosos, la privación ilegal de la libertad y deportación del país, y cesen los actos de incomunicación; asimismo, instruya la inmediata libertad de********************y********************, hasta en tanto se resuelva en definitiva su situación o trámite migratorio, siempre y cuando satisfagan los supuestos para tal medida ante la autoridad migratoria, mismos que enseguida se disponen: a) Deberán establecer domicilio o lugar en el que permanecerán y no se ausentarán sin autorización. b) Comparecer ante la autoridad migratoria cuantas veces sean requeridos para la continuación del procedimiento administrativo de migración. Requisitos que deberán ser satisfechos ante la autoridad responsable quien cuenta con jurisdicción para proceder en la forma indicada. Apoya lo citado, la tesis I.20o.A.19 A (10a.), del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 3551, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Materias Común y Administrativa, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2016412, del rubro: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO." Ello no implica que los quejosos puedan circular libremente por todo el territorio nacional, pues de permitirse esa circunstancia, se contravendría una disposición de orden público, como lo es el artículo 102 de la Ley de Migración, que dispone que el extranjero sometido a un procedimiento administrativo, con el propósito de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; luego, la medida cautelar únicamente permite a los agraviados circular en esta localidad. Sin que se les requiera garantía alguna, dada su calidad migratoria. También debe mencionarse que la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de tenerlos si los quejosos no acreditan que iniciaron individualmente el trámite respectivo para regularizar su estancia migratoria en el país, dentro de los treinta días naturales siguientes a la notificación de este acuerdo, lapso durante el cual no podrán ser detenidos por cuestiones administrativas relacionadas con ese tema. En la inteligencia que para el sentido de este auto se toma en consideración el contenido de la resolución emitida en sesión de diez de enero de dos mil diecinueve, en el recurso de queja ********************, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, residente en esta ciudad, en el que se abordó similar supuesto jurídico, mismo que se invoca como hecho notorio y por tratarse de decisión emitida por un órgano revisor de los fallos de este Juzgado. Si la privación de libertad de los quejosos no obedeció a la comisión de flagrante delito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de la Materia, se decreta la suspensión de plano en favor de********************y********************, para el efecto de que sean puestos en inmediata libertad. Y en caso de existir flagrancia o urgencia respecto de su detención, el efecto de la suspensión decretada será para que la misma no exceda de cuarenta y ocho o noventa y seis horas, según sea el caso, a partir del momento en que los justiciables fueron puestos a su disposición, plazo en el que deberá ordenarse su libertad o ponerlos a disposición de las autoridades competentes; en la hipótesis de que la detención no esté ordenada por la autoridad competente, ni se trate de flagrancia o urgencia, o bien de alguna medida cautelar de apremio o sanción administrativa emitida por autoridad competente, la autoridad responsable deberá ordenar la libertad inmediata, sin perjuicio de la integración de la carpeta de investigación correspondiente, lo cual deberá informar en el término de veinticuatro horas precisando la fecha y hora exactas de la detención y libertad o puesta a disposición ante la autoridad competente; lo anterior, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Amparo. Por ello, las autoridades responsables deberán informar a este Juzgado de Distrito inmediatamente, el cumplimiento que hayan dado o estén dando a la suspensión de plano otorgada, lo que podrá hacer por correo electrónico a la dirección electrónica institucional 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx, y confirmar su recepción al número 899-926-5163, de lo contrario, se les requerirá por conducto de su superior jerárquico; para tal efecto, envíese copia simple de la demanda a la misma. En ese tenor, mediante oficio que se gire a las autoridades responsables, por conducto de uno de los Actuarios adscritos, notifíqueseles la anterior determinación para su conocimiento y estricto cumplimiento. En el entendido que la violación a este mandato judicial equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad, según lo dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse los mismos, de inmediato se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar; debiendo, además, hacer del conocimiento de los quejosos, el derecho que tienen de comunicarse de inmediato con quien estimen conveniente, se les permita usar el teléfono o cualquier otro medio de comunicación. Sobre el tema, se estima aplicable la jurisprudencia P./J. 80/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Materia Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 170578, del título: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN." Se comisiona a uno de los Actuarios adscritos para que se constituya en la Estación Migratoria en Reynosa, Tamaulipas del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta localidad, con el propósito de que verifique si en dicho lugar permanecen********************y********************; asimismo, les notifique personalmente el presente proveído y certifique el estado físico en que se encuentran, debiendo levantar acta de ello. Asimismo, los requiera para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días legalmente computado, en el caso de no estar ahí, se presenten al local de este órgano de control constitucional y manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias decretadas. En el caso de que los quejosos hubiesen sido puestos a disposición de una autoridad distinta a las señaladas como responsables, el Actuario deberá acudir al diverso sitio en que se encuentren, para hacerles saber la suspensión concedida en su favor; asimismo, deberán requerirles para que manifiesten si es su deseo señalar como responsable a la nueva autoridad a cuya disposición en su caso, se encuentren; asimismo, de ser ese supuesto, procédase a notificar este acuerdo a la diversa autoridad, para que lo acate en sus términos. Se instruye a uno de los Actuarios Judiciales adscritos, para que a fin de realizar la notificación respectiva, y en caso que los quejosos no entiendan el idioma español, se auxilie de algún intérprete a efecto de que aquéllos entiendan y comprendan lo que se les está haciendo de su conocimiento. En cuanto a lo principal, se reserva fijar hora y fecha para el verificativo de la audiencia constitucional y pedir informe justificado a las autoridades responsables, asimismo, respecto a la apertura del incidente de suspensión solicitado, hasta que la demanda de mérito sea ratificada. En otro aspecto, en obvio de dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Así como con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Como lo solicita el peticionario, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizado en los términos que indica, los citados en la demanda de amparo. Por lo que hace a la petición del promovente para tener acceso al expediente electrónico con el usuario ********************, correo electrónico ********************, se giran instrucciones a la Analista Jurídico SISE para que realice las gestiones administrativas relativas al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para que la parte quejosa tenga acceso al expediente electrónico derivado de este asunto, en los términos solicitados. Respecto a la prueba de inspección ocular, ofrecida en el incidente de suspensión, no ha lugar a admitirla, dado que no señala el peticionario el objeto de la misma, máxime que en este proveído ha sido comisionada la fedataria a fin de que se constituya en el citado lugar, para los efectos aquí indicados. A fin de conformar la litis de manera pronta y dar seguridad jurídica a las partes en este asunto, instrúyase a los Actuarios de la adscripción a fin de que al momento de llevar a cabo la notificación a las autoridades señaladas como responsables, mediante el oficio que se gire, deberán verificar si la denominación con que fueron señaladas es la correcta, de lo contrario, indagar cuál es ésta, debiendo asentar dicha circunstancia en la razón actuarial que para tal efecto se levante, incluso deberán recabar el nombre del funcionario que, de ser el caso, se niegue a recibir el comunicado relativo, ello con la finalidad de dar vista a los quejosos y no dejarlos en estado de indefensión. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado a firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea el quejoso, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, éste puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese sin demora a las autoridades señaladas como responsables para su inmediato cumplimiento, y personalmente a los directos quejosos. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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