Omar Alexander Barrios Robledo
Expediente 1142/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1142/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Omar Alexander Barrios Robledo
- Fiscal de Inmigrantes, en Tapachula
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de diez días, dentro del que el quejoso pudo recurrir en revisión el auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin haberlo hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO. En tal virtud, comuníquese lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (***); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido, en los siguientes términos. Al haberse concedido en su momento la suspensión de plano en este asunto, procede calificar este expediente, según lo dispuesto en el artículo el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el Capítulo 7, Punto 7.42 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, como DEPURABLE, por lo que se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 de dicho Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la demanda, el decreto de la suspensión de plano, la resolución que puso fin al juicio y el auto que la declara firme, y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo y último párrafo del mencionado artículo. Máxime que no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. I. En los juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar ya sea la provisional o ambas. b) Los Expedientes relativos a juicios de amparo en los que se hay negado o concedido la protección constitucional. 2. Hágase constar en la caratula del expediente, la leyenda "DEPURABLE", de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo Archivístico, para efectos de su transferencia.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el quejoso O***, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y actos que enseguida se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Fiscal de Inmigrantes, por si y como superior Jerárquico de todos los Ministerios Públicos adscritos a la Fiscalía de Inmigrantes, con sede en esta ciudad. 2. Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalia de Inmigrantes, con sede en esta ciudad. 3. Comandante de la Policía Ministerial adscrita a la Fiscalía de Inmigrantes, con sedeen esta ciudad. ACTO RECLAMADO "La privación ilegal de la libertad." Por auto de once de septiembre del año en curso, se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados, y previa ratificación de la demanda de amparo promovida a su favor por *** y por diverso de trece del mes y año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó de las autoridades responsables su respectivo informe justificado. El Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Inmigrantes, con sede en esta ciudad, como anexo a su informe de suspensión de plano, remitió copia auténticas de la carpeta de investigación ***, de los cuales se obtiene que mediante "CONSTANCIA DE LIBERTAD Y PREVENCIONES DE LEY", de once de septiembre de dos mil veintidós, dicho Fiscal responsable dejó en libertad al aquí quejoso *** (foja 38), lo que se corrobora con el oficio *** firmado por el citado representante Social, dirigido al Comandante de la Policía Especializada adscrito a la Fiscalía de Inmigrantes, en el que ordenó dejar en libertad en términos del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por el delito de portación de arma prohibida y amenazas (foja 44), documentales a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." De dicho artículo, se advierte que los requisitos para que se actualice la causa de improcedencia en comento son: a. Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b. Que se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el asunto en virtud del acto reclamado; c. Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional; y, d. Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso particular, ***, promovió demanda de amparo a favor de ***, donde reclamó como acto la privación de la libertad por partes de las citadas autoridades responsables; sin embargo, como se dijo mediante "CONSTANCIA DE LIBERTAD Y PREVENCIONES DE LEY", de once de septiembre de dos mil veintidós, el Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Inmigrantes, con sede en esta ciudad, ordenó dejar en libertad al aquí quejoso ***, términos del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por el delito de portación de arma prohibida y amenazas, lo que se corrobora con el oficio *** firmado por el citado representante Social, dirigido al Comandante de la Policía Especializada adscrito a la Fiscalía de Inmigrantes, en esta ciudad, lo que conlleva a un cambio de situación jurídica con relación a los actos reclamados, pues se hizo consistir en la detención del inconforme ya que cualquier violación que pudo haberse ocasionado a los derechos públicos subjetivos del impetrante con motivo de la detención reclamada, han quedado destruidos de manera total e incondicional; de manera que las cosas han vuelto al estado que guardaban antes de la promoción del presente juicio, sin que haya dejado huella alguna en la esfera jurídica del quejoso que amerite ser compensada con la concesión de la protección constitucional. Respecto al cambio de situación jurídica es de citar la tesis 2a.CXI/96, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 219, del Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Por lo anterior, debe decirse que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, con base esencialmente en que operó un cambio de situación jurídica al haberse dictado una resolución por la cual el quejoso se dejó en libertad, por lo que se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la ciada Ley. Cobra aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 184572, Novena Época, localizable en el Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se precisa que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor desde el día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haberse integrado con la ley anterior, continúan rigiendo y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto reclamado a la autoridad ejecutora, por no haberse combatido por vicios propios, sino por ser una consecuencia legal y directa de lo reclamado a la ordenadora. En acatamiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretaria respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que se encuentra señalada para las diez horas con treinta minutos del diez de octubre de dos mil veintidós. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los autos el oficio firmado electrónicamente por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito, mediante el cual solicita acceso al expediente electrónico, con el usuario ***. En consecuencia, con apoyo en los artículos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza a ***, con el nombre de usuario ***, la consulta de este expediente, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login, debiendo corroborar sus credenciales de acceso. Se instruye a la Oficial Judicial "A", que realice la asociación del nombre de usuario proporcionado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y de lo cual deberán tomar nota los Actuarios de éste órgano jurisdiccional encargados de practicar las notificaciones electrónicas a dicha funcionaria.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a trece de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se aprecia que la audiencia constitucional se encuentra programada para el día de hoy, sin embargo no se está en aptitud de celebrarla en virtud que a la fecha se encuentra transcurriendo el término a que se refiere el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de Amparo, durante el cual debe hacerse del conocimiento de las partes el contenido del informe justificado rendido por la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en atención a los oficios 21992 y 21993, dirigidos, respectivamente a las autoridades responsables Representante Local del Instituto Nacional de Migración en Salina Cruz, Oaxaca, y al Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración en San Pedro Tapanatepec, Oaxaca y agregado en auto de treinta y uno de agosto de la anualidad en curso. En consecuencia, a efecto de que las partes conozcan el contenido del informe descrito con anterioridad, conforme a lo establecido por el numeral citado en el párrafo que antecede, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las ONCE HORAS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Resulta aplicable la tesis jurisprudencial, visible en 02/08/23 19:42:04 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a6.60 GUIDO PEREZ RAMIREZ las páginas cinco a la treinta y dos, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, del periodo de abril dos mil dos, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Debe decirse que el criterio que se cita, y que interpreta la Ley de Amparo abrogada se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en tal criterio de manera alguna contraviene disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente, con respecto al tema que trata, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. Notifíquese.
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