Omar Alejandro Ramírez Bermudez

Expediente 1095/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1095/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
09/11/2020

Partes del expediente

  • Omar Alejandro Ramírez Bermudez
  • Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Visto el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, de donde se desprende que en sus artículos 1, 2, fracción I, y 20 se establece lo siguiente: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. (.)". "Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo. (.)". De los numerales transcritos se advierte que el objetivo del acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Se establece también que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento del Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación del procedimiento en el juicio que nos ocupa para todos los efectos legales procedentes. En cuanto a la diversa certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días que se concedió a la parte quejosa mediante acuerdo de tres de marzo del año en curso, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento al fallo protector dado en autos por la Delegada del Titular y del Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta Ciudad, sin que hiciera manifestación alguna en ese sentido, aun cuando se le apercibió que se resolvería en relación con ello conforme a las constancias que obran en autos. Luego, tomando en consideración que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, mediante ejecutoria de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, pronunciada dentro del amparo en revisión 620/2019, modificó la sentencia dictada en autos, por la que se concedió el Amparo y la Protección de la Justicia de la Unión a OMAR ALEJANDRO RAMÍREZ BERMUDEZ, para el efecto de que se desincorporara de su esfera jurídica lo previsto en el artículo 24, fracción XXIII, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, así como en los numerales 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit, en relación con los artículos 11, 12, y 13, de la citada Ley de Ingresos, esto es, para que las autoridades responsables no apliquen a la parte quejosa, en el presente ni en el futuro, hasta en tanto no se modifiquen las citadas normas generales; y la autoridad exactora Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, le devolviera al amparista, debidamente actualizada la cantidad que pagó, esto es, la suma de $10,481.88 (diez mil cuatrocientos ochenta y un pesos 88/100 moneda nacional), en concepto de derechos por refrendo anual de permiso de alcoholes aplicable a la negociación del quejoso (minisúper, abarrotes, tendejones y similares con venta de bebidas alcohólicas no mayor a 200 m2). En cumplimiento a ello, Karla Marvelly Gudiño Dena, en su carácter de delegada del Titular y del Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta Ciudad, mediante oficio DJC/746/2020 recibido por este órgano jurisdiccional el dos de marzo del año en curso, informó que realizó a la parte quejosa la entrega del cheque 1800 que ampara la cantidad de $10,730.87 (diez mil setecientos treinta pesos 87/100 moneda nacional), con motivo de la aplicación de la norma declarada como inconstitucional en el presente asunto (fojas 116 a 118); restituyendo de esa manera a la parte peticionaria de amparo en el pleno goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En este orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo se encuentra cumplimentada; por tanto, procede hacer efectivo el apercibimiento de que fue objeto tanto el peticionario de amparo mediante proveído de tres de marzo del año en curso (foja 119) y, el día de hoy, se tiene por cumplida la sentencia de amparo; entonces, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:Visto el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, de donde se desprende que en sus artículos 1, 2, fracción I, y 20 se establece lo siguiente: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. (.)". "Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo. (.)". De los numerales transcritos se advierte que el objetivo del acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Se establece también que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento del Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación del procedimiento en el juicio que nos ocupa para todos los efectos legales procedentes. En cuanto a la diversa certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días que se concedió a la parte quejosa mediante acuerdo de tres de marzo del año en curso, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento al fallo protector dado en autos por la Delegada del Titular y del Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta Ciudad, sin que hiciera manifestación alguna en ese sentido, aun cuando se le apercibió que se resolvería en relación con ello conforme a las constancias que obran en autos. Luego, tomando en consideración que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, mediante ejecutoria de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, pronunciada dentro del amparo en revisión 620/2019, modificó la sentencia dictada en autos, por la que se concedió el Amparo y la Protección de la Justicia de la Unión a OMAR ALEJANDRO RAMÍREZ BERMUDEZ, para el efecto de que se desincorporara de su esfera jurídica lo previsto en el artículo 24, fracción XXIII, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, así como en los numerales 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit, en relación con los artículos 11, 12, y 13, de la citada Ley de Ingresos, esto es, para que las autoridades responsables no apliquen a la parte quejosa, en el presente ni en el futuro, hasta en tanto no se modifiquen las citadas normas generales; y la autoridad exactora Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, le devolviera al amparista, debidamente actualizada la cantidad que pagó, esto es, la suma de $10,481.88 (diez mil cuatrocientos ochenta y un pesos 88/100 moneda nacional), en concepto de derechos por refrendo anual de permiso de alcoholes aplicable a la negociación del quejoso (minisúper, abarrotes, tendejones y similares con venta de bebidas alcohólicas no mayor a 200 m2). En cumplimiento a ello, Karla Marvelly Gudiño Dena, en su carácter de delegada del Titular y del Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta Ciudad, mediante oficio DJC/746/2020 recibido por este órgano jurisdiccional el dos de marzo del año en curso, informó que realizó a la parte quejosa la entrega del cheque 1800 que ampara la cantidad de $10,730.87 (diez mil setecientos treinta pesos 87/100 moneda nacional), con motivo de la aplicación de la norma declarada como inconstitucional en el presente asunto (fojas 116 a 118); restituyendo de esa manera a la parte peticionaria de amparo en el pleno goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En este orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo se encuentra cumplimentada; por tanto, procede hacer efectivo el apercibimiento de que fue objeto tanto el peticionario de amparo mediante proveído de tres de marzo del año en curso (foja 119) y, el día de hoy, se tiene por cumplida la sentencia de amparo; entonces, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  3. Principal

    Agréguese en autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio de cuenta signado por Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, mediante el cual remite testimonio autorizado del amparo en revisión 620/2019 de su índice, y los autos originales del juicio de amparo indirecto 1095/2019 en que se actúa. Acúsese recibo de estilo a la Superioridad; glósese el cuaderno de antecedentes respetivo y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Hágase saber a las partes que el Tribunal de referencia modificó la sentencia recurrida, y determinó que la justicia de la unión ampara y protege a OMAR ALEJANDRO RAMÍREZ BERMÚDEZ. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, entonces, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que quede legalmente notificado del presente proveído, proceda a dar cumplimiento a la ejecutoria de referencia. Asimismo, con sustento en el dispositivo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, así como con el diverso artículo 31, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, requiérase al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Se apercibe a las citadas autoridades, que de no hacerlo sin causa justificada, se harán acreedoras a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, conforme lo prevé el numeral 258 de la Ley de Amparo. Con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. No obstante que las autoridades administrativas, Secretario y Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, no hayan sido señaladas por la parte quejosa como responsables en el presente juicio, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es exigible a toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y, que por razón de sus funciones deba intervenir en su ejecución. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia 178, consultable en la página 145 y 146, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo." También es aplicable el contenido de la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1493, de Tomo II, Materia Común, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica". Luego, sin que sea el caso de requerir por el cumplimiento al fallo protector a las autoridades legislativas que intervinieron en la creación de la norma declarada inconstitucional, toda vez que quedan exentas para ello atento al principio de relatividad de las sentencias contra leyes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. CXXXVII/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 135, del Tomo IV, noviembre de mil novecientos noventa y seis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de 'LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN' y 'LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN', se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general." Finalmente, a efecto de economizar espacio en el área destinada para el archivo de este órgano jurisdiccional, procédase a la destrucción de las copias certificadas con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes en que se actúa con motivo de la tramitación del citado recurso, dejándose únicamente las actuaciones originales que se practicaron en dicho cuaderno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    Agréguese en autos para que surta sus efectos legales procedentes, el comunicado de cuenta suscrito por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, por medio del cual acusa recibo del oficio 5083-V del índice de este órgano jurisdiccional, mediante el cual le fueron remitidos los autos originales del juicio de amparo indirecto 1095/2019, con motivo del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en autos, e informa que admitió a trámite dicho recurso, el cual quedó registrado con el número 620/2019, del índice de ese Tribunal. NOTIFÍQUESE.

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