Omar Alejandro Lepe López

Expediente 725/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
725/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
30/10/2020

Partes del expediente

  • Omar Alejandro Lepe López

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, treinta de octubre de dos mil veinte. AGREGA OFICIO. Agréguense a los autos el oficio signado por el Juez señalado como responsable, mediante el cual, entre otras cosas, remite copia certificada del acuerdo dictado el veintiuno de octubre de dos mil veinte, con el que considera dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. VISTA. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio que se provee y del acuerdo dictado el veintiuno de octubre de dos mil veinte, por el plazo de tres días hábiles, contado a partir de la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho plazo, este Juzgado Federal efectuará el análisis respectivo del cumplimiento a la ejecutoria, con base a los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA, POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL CITATORIO DE 08/10/2020, QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN DE 06/10/2020, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Santiago de Querétaro, Querétaro, seis de octubre de dos mil veinte.RECEPCIÓN Y DEMANDA: Téngase por recibida la demanda promovida por ***, contra actos del Secretario de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y otras autoridades.EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 725/2020-IV, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico.Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero.DESECHAMIENTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa, en virtud de que, en la especie, se actualiza causa manifiesta e indudable de improcedencia, como se explica enseguida. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, la demanda no debía ser desechada, pues se estaría privando a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debía admitirse a trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. La citada tesis Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, Registro Núm. 186605., es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Por tanto, se hace patente la actualización de una causa de improcedencia del juicio de amparo, tal como lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. ACTO RECLAMADO. Ahora, de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama: La falta de notificación del cuaderno de investigación administrativa **; Informe de presunta responsabilidad administrativa de veintiocho de agosto de dos mil veinte, con número de control **, con número de oficio **, Apertura del procedimiento de responsabilidad administrativa **, de tres de septiembre de dos mil veinte. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P.J. 40/2000, con número de registro 192097, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el caso, esta juzgadora federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y el diverso 107, fracción I, de la Constitución Federal, los que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De los normativos reproducidos deriva el principio conocido como agravio personal y directo, que implica la idea de que el juicio de amparo sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique la ley o el acto reclamado; luego, de tal regla se sigue necesariamente que quien solicite la protección de la Justicia Federal deberá acreditar que el acto de autoridad conculcó alguno de los derechos que a su favor tutela el orden jurídico, es decir, que el gobernado debe demostrar al órgano de control constitucional que efectivamente resintió una afectación personal, inmediata y directa en su esfera de derechos; de lo contrario, es decir, de no acreditar tal aspecto el juicio de amparo resulta improcedente. Apoya lo anterior, la tesis P. XIV/2011, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 34, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 161286, de título y contenido que dicen así: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO HA SUFRIDO UNA GRAN VARIACIÓN, SINO QUE HA HABIDO CAMBIOS EN EL ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN LA CUAL PUEDE HABLARSE DE LA EXISTENCIA DE UN DERECHO "OBJETIVO" CONFERIDO POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un amplio abanico de pronunciamientos históricos sobre el concepto de "interés jurídico" para efectos de la procedencia del juicio de amparo, muchos de los cuales provienen de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, pero con posterioridad el tema ha sido abordado por la jurisprudencia del Alto Tribunal. Contra lo que podría pensarse, el entendimiento del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación en su interpretación. Lo que ciertamente ha cambiado es lo que se entiende que está detrás de los conceptos jurídicos a los que hacen referencia las tesis sobre interés jurídico y, en particular, el entendimiento de la situación en la cual puede hablarse de la existencia de un derecho "objetivo" conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que se denomina como "un beneficio" o una ventaja "fáctica" o "material"." De igual modo, se invoca la tesis 1a. XCVII/2014 (10a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, localizable en la página 545 del Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2005809, de rubro y contenido siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PARA LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA RELATIVA, ADEMÁS DE ADVERTIRSE LA PRESENCIA DE UN DERECHO SUBJETIVO, DEBE VERIFICARSE SI EXISTE UNO OBJETIVO CONFERIDO POR EL MARCO CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XIV/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 34, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO HA SUFRIDO UNA GRAN VARIACIÓN, SINO QUE HA HABIDO CAMBIOS EN EL ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN LA CUAL PUEDE HABLARSE DE LA EXISTENCIA DE UN DERECHO 'OBJETIVO' CONFERIDO POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO.", sostuvo que el concepto de "interés jurídico" tiene un amplio abanico de pronunciamientos, por los cuales, es posible entender que detrás de él, hay referencia a la existencia de derechos objetivos que conforme han sido reconocidos en el marco constitucional, otorgan a los individuos un interés jurídico de acuerdo a la posición particular que mantengan en relación con las normas del ordenamiento jurídico; cuestión que atendiendo a la situación particular del quejoso puede otorgar facultad para acudir al amparo. Por tanto, para verificar la procedencia de la demanda relativa, conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, resulta insuficiente advertir la presencia de un derecho subjetivo, ya que también es necesario verificar si existe algún derecho objetivo que otorgue interés para acudir a tal juicio; de ahí que la figura del interés jurídico se traslapa con el concepto de interés legítimo, pues ambas figuras pueden actualizarse por la existencia de un derecho objetivo conferido por el marco constitucional en contraposición a la situación particular del individuo." Así también, robustece a lo expuesto la Jurisprudencia 51/2019, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes ocho de marzo de dos mil diecinueve, Décima Época, con registro 2019456, de rubro y contenido que disponen: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, quien ha llegado -incluso- a delimitar los alcances del concepto "perjuicio", figura que está relacionada con la del interés jurídico; en ese sentido el máximo tribunal del país ha sostenido que por perjuicio se deberá entender como aquella afectación a los derechos de un individuo no en el sentido del derecho civil, es decir, como la privación de cualquier ganancia lícita que pudiera haberse obtenido o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona ya sea en relación a derechos de propiedad, posesión, personalísimos o de cualquier otra especie que forme parte de la esfera jurídica del gobernado, siempre y cuando estén reconocidos por el orden jurídico nacional. Ilustra a lo anterior el criterio sostenido en la Jurisprudencia 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 225 del Tomo XXVII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, con registro 170500, de rubro y texto que disponen: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." De lo relatado se tiene que a través del ejercicio de la acción constitucional, el promovente de amparo solicita la tutela o protección de un derecho público subjetivo, que en su perjuicio fue infringido por las autoridades que emitieron el acto impugnado, o sea, mediante el derecho de acción -que es un derecho instrumental- se pretende el respeto del derecho público subjetivo y, en su caso, la restitución en su goce. Sin embargo, tal derecho subjetivo puede o no existir, o no haber sido infringido por la autoridad responsable, en tal caso la demostración del interés jurídico en su doble matiz, esto es, tanto el acreditamiento de un agravio material o jurídico en perjuicio de la esfera jurídica del particular, como la demostración de titularidad o relación de enlace entre el derecho afectado y el particular que reclama su protección, constituyen aspectos que no pueden valorarse de inmediato a la presentación de la demanda constitucional, sino que es necesario otorgar al quejoso la oportunidad de que los acredite durante toda la dilación procesal del juicio de amparo, dado que el derecho a la administración de justicia debe operar de forma dinámica. Así se ha reconocido en la Jurisprudencia 28/2005, de la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, consultable en la página 245 del Tomo XXI, Mayo de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 178431, de título y contenido que dicen: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LA FALTA DE ACREDITAMIENTO, NO DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, CUANDO ÉSTA SE PROMUEVE POR UN TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. Tratándose de una demanda de amparo interpuesta en contra de la orden de desalojo o lanzamiento de un inmueble como consecuencia de la sentencia definitiva que ordena su desocupación y entrega, respecto del cual el quejoso se ostenta como tercero extraño a juicio y aduce tener su posesión, no procede desecharla por notoriamente improcedente, ante la falta de acreditamiento del interés jurídico del promovente, toda vez que ello deberá ser materia de prueba durante la secuela procesal del juicio constitucional, pues la sola existencia de dicha orden hace inminente su ejecución, aun cuando se dirija a otra persona; en tal evento y de no existir otra causal de improcedencia evidente del juicio, procede admitir y tramitar la demanda de amparo, ya que de otra forma el promovente quedaría en estado de indefensión, haciéndose nugatorios sus derechos al impedírsele demostrar los dos supuestos que integran el interés jurídico, es decir, su titularidad respecto del derecho subjetivo reconocido por la ley y el perjuicio que le causa el acto de autoridad." La satisfacción del interés jurídico lleva implícito el acreditamiento forzoso de dos elementos esenciales, a saber: La afectación, agravio o perjuicio sufrido en la esfera de derechos causado por el acto de autoridad que se reclama, es decir, probar lo que comúnmente se conoce como el interés jurídico en sí mismo considerado; y, La titularidad o nexo causal entre el derecho lesionado y la persona física o moral que reclama su protección en la vía constitucional de amparo, esto es, lo que se conoce como la satisfacción material de la titularidad del interés jurídico. Ilustra por analogía, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 37, del Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice (actualización 2002), Novena Época, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Por tanto, el interés jurídico constituye un requisito o presupuesto procesal para que la acción constitucional de amparo contra actos derivados de un procedimiento jurisdiccional prospere, de manera que su ausencia impide la conformación del mismo dando lugar a la actualización de la causa de improcedencia que lo prevé. La citada condición -como todas las previstas como improcedencias del juicio- al ser un presupuesto procesal es de estricta aplicación, la cual debe ser observada y valorada de forma contundente, real, material u objetiva y nunca establecer su existencia con base en presunciones ni comprendiendo en ellas casos distintos a los contemplados en las hipótesis previstas para tal efecto, pues su actualización acarrea consecuencias extremas para el solicitante de la protección constitucional; por tanto, se concluye que por razón de orden lógico, el acreditamiento del interés jurídico se corrobora primeramente, con la constatación de la existencia de un perjuicio o agravio derivado del acto reclamado en contra del quejoso y, en segundo lugar, mediante la comprobación de que el solicitante de amparo sea realmente el titular del derecho afectado que viene a defender y que aduce lo afecta el acto reclamado. Por otra parte, existe la figura del interés legítimo, el cual se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Para la satisfacción de ese interés legítimo, se requiere lo siguiente: Que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo; Que el acto reclamado produzca una afectación en la esfera jurídica entendida en sentido amplio, ya sea directa o indirecta por la situación especial del reclamante frente al ordenamiento; La existencia de un vínculo entre una persona y la pretensión, de tal forma que la anulación del acto produzca un beneficio actual o futuro pero cierto; Que la afectación sea apreciada bajo un parámetro de razonabilidad; y, Que dicho interés resulte armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo. Así da noticia la tesis CXLVI/2017 (10a.), del Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 490, del Libro 47, Octubre de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2015235, de rubro y contenido siguientes: "DERECHO DE ACCESO A BIENES Y SERVICIOS CULTURALES. REQUISITOS PARA TENER POR ACREDITADO EL INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO INDIRECTO, PARA ALEGAR SU VIOLACIÓN. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que para que exista interés legítimo se requiere: (i) que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo; (ii) que el acto reclamado produzca una afectación en la esfera jurídica entendida en sentido amplio, ya sea directa o indirecta por la situación especial del reclamante frente al ordenamiento; (iii) la existencia de un vínculo entre una persona y la pretensión, de tal forma que la anulación del acto produzca un beneficio actual o futuro pero cierto; (iv) que la afectación sea apreciada bajo un parámetro de razonabilidad; y, (v) que dicho interés resulte armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo." Sentado lo anterior, debe recordarse que el peticionario de amparo se duele de la falta de notificación del acuerdo de calificación de la existencia de una falta administrativa en el cuaderno de investigación administrativa ***, de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, de la emisión del informe de presunta responsabilidad administrativa de veintiocho de agosto de dos mil veinte, con número de control**, con número de oficio ***, emitido por la Subsecretaría de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. De igual forma, se duele de que el Jefe del Departamento de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, admitió el procedimiento de responsabilidad administrativa ** el tres de septiembre de dos mil veinte, en el que se ordena su emplazamiento como presunto responsable, se le cita a la audiencia inicial a efecto de que rinda su declaración y oferte las pruebas que considere necesarias, emplazamiento que se realizó el ocho de septiembre de dos mil veinte. En esa medida, debe decirse que de conformidad con el artículo 44 de la Ley de Responsabilidad Administrativa del Estado de Querétaro, en relación con los artículos 94, 100 y 102 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la autoridad investigadora es competente para realizar actos de investigación respecto de las conductas de los Servidores Públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia. Concluidas las diligencias de investigación, la autoridad investigadora procederá al análisis de los hechos, así como de la información recabada, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave. Una vez calificada la conducta en los términos del párrafo anterior, se incluirá la misma en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y este se presentará ante la autoridad substanciadora a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa. Luego, de las constancias remitidas por la parte quejosa, tenemos que el ocho de septiembre de dos mil veinte, le fue notificado el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, pues con esa fecha se admitió el mismo, además se advierte de que se le informó que dicha determinación podría ser impugnada mediante el recurso de inconformidad dentro de los cinco días hábiles a partir de la aludida notificación. Documentos que merecen fuerza probatoria plena de conformidad con lo que establecen los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de reproducciones fotostáticas de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. También cobra sustento, la tesis de jurisprudencia 226, visible en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que indica: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." De lo anterior, se advierte que, contrario a lo que sostiene la parte quejosa, en el sentido de que no fue llamado al procedimiento en forma de juicio que se sigue en su contra, el procedimiento administrativo a que se ha hecho referencia, se encuentra en etapa inicial, esto es, sin que se haya solicitado una medida cautelar o sancionadora que pudiese hacer procedente el juicio biinstancial al trastocar algun derecho sustantivo, pues contrario a ello, se advierte que a la fecha únicamente se le notificó el inicio del procedimiento, no así una determinación provisional limitativa o sancionadora sino enunciativa. Por tanto, si el quejoso se duele de que no se le notificó respecto de las actuaciones del cuaderno de investigación, sino hasta el ocho de septiembre de la presente anualidad en que se le hizo saber del inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, es inconcuso que ello no causa afectación a su esfera jurídica, puesto que no se determina ninguna situación jurídica respecto a la probable responsabilidad denunciada en su contra, ni mucho menos se le impone sanción alguna, pues esto tiene lugar, en todo caso, hasta que se dicta la resolución con la que concluye el procedimiento de responsabilidad administrativa, de ahí que hasta entonces es que podría trascender afectación en su esfera de derechos, pues será a partir de entonces que se contará con interés jurídico para poder impugnar la sanción que en su caso le sea impuesta. Tiene apoyo por analogía, la Jurisprudencia 2a. XIV/2012 (9a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1388, del Tomo 2, Libro VIII, correspondiente al mes de Mayo de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 160131 , cuyo rubro y texto dice: "CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL (ESTADO DE MORELOS). ALCANCE DE LOS ACTOS REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE SU REVISIÓN. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el procedimiento de revisión de la cuenta pública municipal es diverso y autónomo del procedimiento de responsabilidades administrativas que pueda instaurarse en contra de servidores públicos del Municipio, por irregularidades detectadas durante dicha revisión que hayan dado lugar a la elaboración de pliegos de observaciones que no hubiesen sido solventadas, pues si bien ambos son realizados por la Auditoría Superior de Fiscalización, cada uno tiene sus propias reglas y etapas de desenvolvimiento y persiguen finalidades diversas. En este sentido, en el pliego de observaciones derivado de la revisión de la cuenta pública municipal, sólo se determinan "presuntas" responsabilidades, derivadas de las irregularidades detectadas por la Auditoría, las cuales pueden ser solventadas por el sujeto fiscalizado en la forma por ésta señalada, o bien, desvirtuadas por aquél, haciendo las aclaraciones correspondientes y presentando la documentación que sirva de sustento a sus afirmaciones; sin que se determinen responsabilidades, ni se impongan sanciones a integrantes del Ayuntamiento y funcionarios municipales, pues esto tiene lugar, en todo caso, hasta que se dicta la resolución con la que concluye el procedimiento de responsabilidad administrativa que se ordena iniciar con motivo de las observaciones que, en el informe del resultado, se determinen como no solventadas. De este modo, mediante el informe del resultado, no se instruye el inicio de un procedimiento de responsabilidad diverso, sino el inicio propiamente del procedimiento de responsabilidad administrativa, en el que se determina la existencia o no de responsabilidades derivadas de los actos de fiscalización a los recursos humanos, materiales y financieros, plan o planes y programas, en el caso, del erario público municipal, que causen daños y perjuicios estimables en dinero a la hacienda pública municipal y la aplicación de las multas y sanciones a que haya lugar." Asimismo, la Jurisprudencia 2a. IX/2012 (9a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1276, del Tomo 2, Libro VII, correspondiente al mes de Abril de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 160170 , cuyo rubro y texto dice: "CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL (ESTADO DE MORELOS). LOS ACTOS INTERMEDIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE SU REVISIÓN CARECEN DE DEFINITIVIDAD, POR LO QUE NO SON IMPUGNABLES EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. El procedimiento de revisión de la cuenta pública municipal presentada por el Municipio al Congreso del Estado de Morelos inicia con su recepción por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización y concluye con la presentación del informe del resultado de su revisión, emitido por la Auditoría, a la Mesa Directiva del Congreso. Durante dicho procedimiento la Auditoría lleva a cabo una serie de actos, como la emisión de órdenes de auditoría, los requerimientos de información y la formulación de pliegos de observaciones, con el objeto de arribar a conclusiones respecto del ejercicio de los recursos por parte del ente fiscalizado. Ahora bien, estos actos no revisten carácter definitivo, al constituir actos intermedios en los que se da oportunidad al sujeto fiscalizado de imponerse del procedimiento, hacer las aclaraciones pertinentes y aportar mayores elementos que permitan al órgano de fiscalización llegar a un resultado en el examen de la cuenta pública. En este sentido, es hasta la emisión del informe del resultado de la revisión de la cuenta pública, con que concluye el procedimiento donde, habiendo dado oportunidad al ente fiscalizado de manifestarse en relación con el pliego de observaciones y valorado esas manifestaciones por el Comité de Solventación de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado, se determinan, en definitiva, responsabilidades con motivo de aquellas observaciones no solventadas, y se instruye el inicio de los procedimientos de responsabilidad administrativa contra los funcionarios a quienes se atribuya haber incurrido en irregularidades en el desempeño del cargo. De este modo, al carecer de definitividad tales actos, por formar parte de un procedimiento no concluido, que requiere, por tanto, agotar las etapas que permitan arribar a la resolución que, en su caso, pueda acreditar un principio de afectación susceptible de analizarse en este medio de control constitucional, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De igual forma, la tesis II.2o.T.Aux.23 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, visible a página 2363, del Tomo XXXIII, Marzo de 2011, correspondiente al mes de Marzo de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 162566, cuyo rubro y texto dice: "INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA FINANCIERA EMITIDO POR EL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTERPUESTO EN SU CONTRA POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A QUIENES SE ATRIBUYE LA OMISIÓN DE SOLVENTAR OBSERVACIONES DERIVADAS DE DICHA REVISIÓN. El informe de resultados de la auditoría financiera practicada a un Municipio del Estado de México, es un documento mediante el cual se notifican las observaciones (actos u omisiones que se advirtieron en la auditoría) que no fueron solventadas, y cuyo resultado no es vinculatorio, al ser sólo un antecedente, para probablemente iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad o resarcitorio. En estas condiciones, es improcedente el juicio de amparo contra el mencionado documento emitido por el Órgano Superior de Fiscalización de dicha entidad, por parte de los servidores públicos a quienes se atribuye la omisión de solventar observaciones derivadas de la indicada revisión, al no afectar su interés jurídico, porque las sanciones derivadas de la responsabilidad administrativa en que incurran, se imponen por resolución de las autoridades administrativas correspondientes, previa sustanciación del procedimiento respectivo, en el que se otorgue la garantía de audiencia, y si bien es cierto que los vicios o irregularidades de la auditoría financiera pueden trascender a éste, también lo es que ello se reflejará hasta la determinación relativa, y será a partir de ésta que el interesado podrá impugnar la sanción que, en su caso, se le imponga y controvertir los vicios advertidos." Lo anterior en virtud de que, respecto de actos provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el amparo indirecto es procedente sólo cuándo se impugnan aquellas resoluciones definitivas por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución y contra actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; sin embargo, los actos aquí combatidos no encuadran en dichas hipótesis, de acuerdo a lo que dispone el numeral 107, fracción III, de la Constitución Federal, interpretado a contrario sensu, al observa que el acto reclamado atiende a la iniciación de un procedimiento administrativo en el cual, pudiese obtener determinación favorable a sus intereses. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y el diverso 107, fracción I, de la Constitución Federal, se conviene con lo expuesto por las autoridades responsables y, por tanto, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo intentada conforme al diviso precepto 113 de la Ley Reglamentaria. CAPTURA DE PROVEÍDO. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. INFORMACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y CORREO ELECTRÓNICO. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, se hace del conocimiento de las partes que únicamente a fin de obtener información y comunicaciones no procesales respecto de los juicios que lleven ante este órgano jurisdiccional, se pone a su disposición el número telefónico 442 235 7000, extensión 2501, así como el correo electrónico 5jdo22ctoajf@correo.cjf.gob.mx; en el entendido de que, solo de estimarse necesario, se conservará y certificará el registro de la comunicación correspondiente, para ser incorporadas al expediente respectivo. ATENCIÓN PRESENCIAL. En caso de que, de manera excepcional e indispensable, las partes requieran acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, deberán hacerlo a través del modelo de atención presencial basado en citas contenido en el Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido que, deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento; acudir puntualmente a sus citas y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia; y que, el incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. RECEPCIÓN DE PROMOCIONES. Se hace del conocimiento de las partes que la mecánica de la habilitación de buzones judiciales en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y de la Oficialía de Partes Común, para la recepción de promociones presentadas físicamente, así como de las promociones presentadas electrónicamente, es la siguiente: Recepción de promociones a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), instalada fuera de las instalaciones de este juzgado. 09:00 a 14:00 horas y de las 15:00 a 19:00 horas Recepción de promociones de término mediante su depósito en los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado (OCC) siguiendo las reglas para su uso (artículos 10 y 11 del Acuerdo General 21/2020) 14:01 a 20:00 horas Recepción de promociones únicamente de término a través del Secretario de guardia, entendidas como aquellas que el día en que se pretenda su presentación, sea el último para desahogar una prevención o requerimiento, que se haya decretado bajo algún apercibimiento, siguiendo las reglas para su uso (artículos 12 del Acuerdo General 21/2020) 20:01 a 00:00 horas Recepción de promociones vía electrónica 24 horas Cabe precisar a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VII del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, las promociones presentadas a través de la Oficialía de Partes Común y de los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, serán ingresadas materialmente a este Juzgado el día hábil siguiente, con independencia de la hora de su presentación. Por lo que, tratándose de promociones dirigidas a audiencias o diligencias de la propia fecha de su presentación, no podrán ser remitidas de inmediato a este órgano jurisdiccional, atento a la mecánica prevista en el Acuerdo General 21/2020 y Circular 14/2020; lo que deberán tomar en consideración para los efectos que estimen conducentes; sin perjuicio de que las promociones presentadas vía electrónica, no tienen tal restricción. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizada en los términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a la persona que menciona en su escrito de demanda. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios y secretarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. NOTIFICACIÓN Y EXHORTACIÓN. Se reitera la exhortación a las partes y a sus autorizados, para que, de acuerdo a la contingencia por el virus COVID-19 en el que el país se encuentra inmerso, realicen consulta de expedientes vía remota (expediente electrónico o listas de acuerdos a su disposición en la página www.cjf.gob.mx), para lo cual, se hace de su conocimiento que tienen expedito su derecho de solicitar el acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. También se hace la precisión de que tratándose del juicio en línea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. PUBLICACIÓN DE LISTA DE ACUERDOS Y CONTACTO CON LAS PARTES. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y, adicionalmente, se remitirán a la administración del edificio, para que se coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita, sin perjuicio de que puedan consultar el expediente electrónico a través de los usuarios autorizados. No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto en los numerales 22 y 28 del citado acuerdo general, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y/o propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 981, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, seis de octubre de dos mil veinte.RECEPCIÓN Y DEMANDA: Téngase por recibida la demanda promovida por ***, contra actos del Secretario de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y otras autoridades.EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 725/2020-IV, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico.Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero.DESECHAMIENTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa, en virtud de que, en la especie, se actualiza causa manifiesta e indudable de improcedencia, como se explica enseguida. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, la demanda no debía ser desechada, pues se estaría privando a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debía admitirse a trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. La citada tesis Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, Registro Núm. 186605., es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Por tanto, se hace patente la actualización de una causa de improcedencia del juicio de amparo, tal como lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. ACTO RECLAMADO. Ahora, de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama: La falta de notificación del cuaderno de investigación administrativa **; Informe de presunta responsabilidad administrativa de veintiocho de agosto de dos mil veinte, con número de control **, con número de oficio **, Apertura del procedimiento de responsabilidad administrativa **, de tres de septiembre de dos mil veinte. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P.J. 40/2000, con número de registro 192097, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el caso, esta juzgadora federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y el diverso 107, fracción I, de la Constitución Federal, los que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De los normativos reproducidos deriva el principio conocido como agravio personal y directo, que implica la idea de que el juicio de amparo sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique la ley o el acto reclamado; luego, de tal regla se sigue necesariamente que quien solicite la protección de la Justicia Federal deberá acreditar que el acto de autoridad conculcó alguno de los derechos que a su favor tutela el orden jurídico, es decir, que el gobernado debe demostrar al órgano de control constitucional que efectivamente resintió una afectación personal, inmediata y directa en su esfera de derechos; de lo contrario, es decir, de no acreditar tal aspecto el juicio de amparo resulta improcedente. Apoya lo anterior, la tesis P. XIV/2011, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 34, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 161286, de título y contenido que dicen así: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO HA SUFRIDO UNA GRAN VARIACIÓN, SINO QUE HA HABIDO CAMBIOS EN EL ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN LA CUAL PUEDE HABLARSE DE LA EXISTENCIA DE UN DERECHO "OBJETIVO" CONFERIDO POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un amplio abanico de pronunciamientos históricos sobre el concepto de "interés jurídico" para efectos de la procedencia del juicio de amparo, muchos de los cuales provienen de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, pero con posterioridad el tema ha sido abordado por la jurisprudencia del Alto Tribunal. Contra lo que podría pensarse, el entendimiento del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación en su interpretación. Lo que ciertamente ha cambiado es lo que se entiende que está detrás de los conceptos jurídicos a los que hacen referencia las tesis sobre interés jurídico y, en particular, el entendimiento de la situación en la cual puede hablarse de la existencia de un derecho "objetivo" conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que se denomina como "un beneficio" o una ventaja "fáctica" o "material"." De igual modo, se invoca la tesis 1a. XCVII/2014 (10a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, localizable en la página 545 del Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2005809, de rubro y contenido siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PARA LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA RELATIVA, ADEMÁS DE ADVERTIRSE LA PRESENCIA DE UN DERECHO SUBJETIVO, DEBE VERIFICARSE SI EXISTE UNO OBJETIVO CONFERIDO POR EL MARCO CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XIV/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 34, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO HA SUFRIDO UNA GRAN VARIACIÓN, SINO QUE HA HABIDO CAMBIOS EN EL ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN LA CUAL PUEDE HABLARSE DE LA EXISTENCIA DE UN DERECHO 'OBJETIVO' CONFERIDO POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO.", sostuvo que el concepto de "interés jurídico" tiene un amplio abanico de pronunciamientos, por los cuales, es posible entender que detrás de él, hay referencia a la existencia de derechos objetivos que conforme han sido reconocidos en el marco constitucional, otorgan a los individuos un interés jurídico de acuerdo a la posición particular que mantengan en relación con las normas del ordenamiento jurídico; cuestión que atendiendo a la situación particular del quejoso puede otorgar facultad para acudir al amparo. Por tanto, para verificar la procedencia de la demanda relativa, conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, resulta insuficiente advertir la presencia de un derecho subjetivo, ya que también es necesario verificar si existe algún derecho objetivo que otorgue interés para acudir a tal juicio; de ahí que la figura del interés jurídico se traslapa con el concepto de interés legítimo, pues ambas figuras pueden actualizarse por la existencia de un derecho objetivo conferido por el marco constitucional en contraposición a la situación particular del individuo." Así también, robustece a lo expuesto la Jurisprudencia 51/2019, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes ocho de marzo de dos mil diecinueve, Décima Época, con registro 2019456, de rubro y contenido que disponen: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, quien ha llegado -incluso- a delimitar los alcances del concepto "perjuicio", figura que está relacionada con la del interés jurídico; en ese sentido el máximo tribunal del país ha sostenido que por perjuicio se deberá entender como aquella afectación a los derechos de un individuo no en el sentido del derecho civil, es decir, como la privación de cualquier ganancia lícita que pudiera haberse obtenido o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona ya sea en relación a derechos de propiedad, posesión, personalísimos o de cualquier otra especie que forme parte de la esfera jurídica del gobernado, siempre y cuando estén reconocidos por el orden jurídico nacional. Ilustra a lo anterior el criterio sostenido en la Jurisprudencia 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 225 del Tomo XXVII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, con registro 170500, de rubro y texto que disponen: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." De lo relatado se tiene que a través del ejercicio de la acción constitucional, el promovente de amparo solicita la tutela o protección de un derecho público subjetivo, que en su perjuicio fue infringido por las autoridades que emitieron el acto impugnado, o sea, mediante el derecho de acción -que es un derecho instrumental- se pretende el respeto del derecho público subjetivo y, en su caso, la restitución en su goce. Sin embargo, tal derecho subjetivo puede o no existir, o no haber sido infringido por la autoridad responsable, en tal caso la demostración del interés jurídico en su doble matiz, esto es, tanto el acreditamiento de un agravio material o jurídico en perjuicio de la esfera jurídica del particular, como la demostración de titularidad o relación de enlace entre el derecho afectado y el particular que reclama su protección, constituyen aspectos que no pueden valorarse de inmediato a la presentación de la demanda constitucional, sino que es necesario otorgar al quejoso la oportunidad de que los acredite durante toda la dilación procesal del juicio de amparo, dado que el derecho a la administración de justicia debe operar de forma dinámica. Así se ha reconocido en la Jurisprudencia 28/2005, de la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, consultable en la página 245 del Tomo XXI, Mayo de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 178431, de título y contenido que dicen: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LA FALTA DE ACREDITAMIENTO, NO DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, CUANDO ÉSTA SE PROMUEVE POR UN TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. Tratándose de una demanda de amparo interpuesta en contra de la orden de desalojo o lanzamiento de un inmueble como consecuencia de la sentencia definitiva que ordena su desocupación y entrega, respecto del cual el quejoso se ostenta como tercero extraño a juicio y aduce tener su posesión, no procede desecharla por notoriamente improcedente, ante la falta de acreditamiento del interés jurídico del promovente, toda vez que ello deberá ser materia de prueba durante la secuela procesal del juicio constitucional, pues la sola existencia de dicha orden hace inminente su ejecución, aun cuando se dirija a otra persona; en tal evento y de no existir otra causal de improcedencia evidente del juicio, procede admitir y tramitar la demanda de amparo, ya que de otra forma el promovente quedaría en estado de indefensión, haciéndose nugatorios sus derechos al impedírsele demostrar los dos supuestos que integran el interés jurídico, es decir, su titularidad respecto del derecho subjetivo reconocido por la ley y el perjuicio que le causa el acto de autoridad." La satisfacción del interés jurídico lleva implícito el acreditamiento forzoso de dos elementos esenciales, a saber: La afectación, agravio o perjuicio sufrido en la esfera de derechos causado por el acto de autoridad que se reclama, es decir, probar lo que comúnmente se conoce como el interés jurídico en sí mismo considerado; y, La titularidad o nexo causal entre el derecho lesionado y la persona física o moral que reclama su protección en la vía constitucional de amparo, esto es, lo que se conoce como la satisfacción material de la titularidad del interés jurídico. Ilustra por analogía, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 37, del Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice (actualización 2002), Novena Época, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Por tanto, el interés jurídico constituye un requisito o presupuesto procesal para que la acción constitucional de amparo contra actos derivados de un procedimiento jurisdiccional prospere, de manera que su ausencia impide la conformación del mismo dando lugar a la actualización de la causa de improcedencia que lo prevé. La citada condición -como todas las previstas como improcedencias del juicio- al ser un presupuesto procesal es de estricta aplicación, la cual debe ser observada y valorada de forma contundente, real, material u objetiva y nunca establecer su existencia con base en presunciones ni comprendiendo en ellas casos distintos a los contemplados en las hipótesis previstas para tal efecto, pues su actualización acarrea consecuencias extremas para el solicitante de la protección constitucional; por tanto, se concluye que por razón de orden lógico, el acreditamiento del interés jurídico se corrobora primeramente, con la constatación de la existencia de un perjuicio o agravio derivado del acto reclamado en contra del quejoso y, en segundo lugar, mediante la comprobación de que el solicitante de amparo sea realmente el titular del derecho afectado que viene a defender y que aduce lo afecta el acto reclamado. Por otra parte, existe la figura del interés legítimo, el cual se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Para la satisfacción de ese interés legítimo, se requiere lo siguiente: Que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo; Que el acto reclamado produzca una afectación en la esfera jurídica entendida en sentido amplio, ya sea directa o indirecta por la situación especial del reclamante frente al ordenamiento; La existencia de un vínculo entre una persona y la pretensión, de tal forma que la anulación del acto produzca un beneficio actual o futuro pero cierto; Que la afectación sea apreciada bajo un parámetro de razonabilidad; y, Que dicho interés resulte armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo. Así da noticia la tesis CXLVI/2017 (10a.), del Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 490, del Libro 47, Octubre de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2015235, de rubro y contenido siguientes: "DERECHO DE ACCESO A BIENES Y SERVICIOS CULTURALES. REQUISITOS PARA TENER POR ACREDITADO EL INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO INDIRECTO, PARA ALEGAR SU VIOLACIÓN. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que para que exista interés legítimo se requiere: (i) que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo; (ii) que el acto reclamado produzca una afectación en la esfera jurídica entendida en sentido amplio, ya sea directa o indirecta por la situación especial del reclamante frente al ordenamiento; (iii) la existencia de un vínculo entre una persona y la pretensión, de tal forma que la anulación del acto produzca un beneficio actual o futuro pero cierto; (iv) que la afectación sea apreciada bajo un parámetro de razonabilidad; y, (v) que dicho interés resulte armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo." Sentado lo anterior, debe recordarse que el peticionario de amparo se duele de la falta de notificación del acuerdo de calificación de la existencia de una falta administrativa en el cuaderno de investigación administrativa ***, de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, de la emisión del informe de presunta responsabilidad administrativa de veintiocho de agosto de dos mil veinte, con número de control**, con número de oficio ***, emitido por la Subsecretaría de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. De igual forma, se duele de que el Jefe del Departamento de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, admitió el procedimiento de responsabilidad administrativa ** el tres de septiembre de dos mil veinte, en el que se ordena su emplazamiento como presunto responsable, se le cita a la audiencia inicial a efecto de que rinda su declaración y oferte las pruebas que considere necesarias, emplazamiento que se realizó el ocho de septiembre de dos mil veinte. En esa medida, debe decirse que de conformidad con el artículo 44 de la Ley de Responsabilidad Administrativa del Estado de Querétaro, en relación con los artículos 94, 100 y 102 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la autoridad investigadora es competente para realizar actos de investigación respecto de las conductas de los Servidores Públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia. Concluidas las diligencias de investigación, la autoridad investigadora procederá al análisis de los hechos, así como de la información recabada, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave. Una vez calificada la conducta en los términos del párrafo anterior, se incluirá la misma en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y este se presentará ante la autoridad substanciadora a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa. Luego, de las constancias remitidas por la parte quejosa, tenemos que el ocho de septiembre de dos mil veinte, le fue notificado el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, pues con esa fecha se admitió el mismo, además se advierte de que se le informó que dicha determinación podría ser impugnada mediante el recurso de inconformidad dentro de los cinco días hábiles a partir de la aludida notificación. Documentos que merecen fuerza probatoria plena de conformidad con lo que establecen los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de reproducciones fotostáticas de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. También cobra sustento, la tesis de jurisprudencia 226, visible en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que indica: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." De lo anterior, se advierte que, contrario a lo que sostiene la parte quejosa, en el sentido de que no fue llamado al procedimiento en forma de juicio que se sigue en su contra, el procedimiento administrativo a que se ha hecho referencia, se encuentra en etapa inicial, esto es, sin que se haya solicitado una medida cautelar o sancionadora que pudiese hacer procedente el juicio biinstancial al trastocar algun derecho sustantivo, pues contrario a ello, se advierte que a la fecha únicamente se le notificó el inicio del procedimiento, no así una determinación provisional limitativa o sancionadora sino enunciativa. Por tanto, si el quejoso se duele de que no se le notificó respecto de las actuaciones del cuaderno de investigación, sino hasta el ocho de septiembre de la presente anualidad en que se le hizo saber del inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, es inconcuso que ello no causa afectación a su esfera jurídica, puesto que no se determina ninguna situación jurídica respecto a la probable responsabilidad denunciada en su contra, ni mucho menos se le impone sanción alguna, pues esto tiene lugar, en todo caso, hasta que se dicta la resolución con la que concluye el procedimiento de responsabilidad administrativa, de ahí que hasta entonces es que podría trascender afectación en su esfera de derechos, pues será a partir de entonces que se contará con interés jurídico para poder impugnar la sanción que en su caso le sea impuesta. Tiene apoyo por analogía, la Jurisprudencia 2a. XIV/2012 (9a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1388, del Tomo 2, Libro VIII, correspondiente al mes de Mayo de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 160131 , cuyo rubro y texto dice: "CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL (ESTADO DE MORELOS). ALCANCE DE LOS ACTOS REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE SU REVISIÓN. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el procedimiento de revisión de la cuenta pública municipal es diverso y autónomo del procedimiento de responsabilidades administrativas que pueda instaurarse en contra de servidores públicos del Municipio, por irregularidades detectadas durante dicha revisión que hayan dado lugar a la elaboración de pliegos de observaciones que no hubiesen sido solventadas, pues si bien ambos son realizados por la Auditoría Superior de Fiscalización, cada uno tiene sus propias reglas y etapas de desenvolvimiento y persiguen finalidades diversas. En este sentido, en el pliego de observaciones derivado de la revisión de la cuenta pública municipal, sólo se determinan "presuntas" responsabilidades, derivadas de las irregularidades detectadas por la Auditoría, las cuales pueden ser solventadas por el sujeto fiscalizado en la forma por ésta señalada, o bien, desvirtuadas por aquél, haciendo las aclaraciones correspondientes y presentando la documentación que sirva de sustento a sus afirmaciones; sin que se determinen responsabilidades, ni se impongan sanciones a integrantes del Ayuntamiento y funcionarios municipales, pues esto tiene lugar, en todo caso, hasta que se dicta la resolución con la que concluye el procedimiento de responsabilidad administrativa que se ordena iniciar con motivo de las observaciones que, en el informe del resultado, se determinen como no solventadas. De este modo, mediante el informe del resultado, no se instruye el inicio de un procedimiento de responsabilidad diverso, sino el inicio propiamente del procedimiento de responsabilidad administrativa, en el que se determina la existencia o no de responsabilidades derivadas de los actos de fiscalización a los recursos humanos, materiales y financieros, plan o planes y programas, en el caso, del erario público municipal, que causen daños y perjuicios estimables en dinero a la hacienda pública municipal y la aplicación de las multas y sanciones a que haya lugar." Asimismo, la Jurisprudencia 2a. IX/2012 (9a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1276, del Tomo 2, Libro VII, correspondiente al mes de Abril de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 160170 , cuyo rubro y texto dice: "CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL (ESTADO DE MORELOS). LOS ACTOS INTERMEDIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE SU REVISIÓN CARECEN DE DEFINITIVIDAD, POR LO QUE NO SON IMPUGNABLES EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. El procedimiento de revisión de la cuenta pública municipal presentada por el Municipio al Congreso del Estado de Morelos inicia con su recepción por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización y concluye con la presentación del informe del resultado de su revisión, emitido por la Auditoría, a la Mesa Directiva del Congreso. Durante dicho procedimiento la Auditoría lleva a cabo una serie de actos, como la emisión de órdenes de auditoría, los requerimientos de información y la formulación de pliegos de observaciones, con el objeto de arribar a conclusiones respecto del ejercicio de los recursos por parte del ente fiscalizado. Ahora bien, estos actos no revisten carácter definitivo, al constituir actos intermedios en los que se da oportunidad al sujeto fiscalizado de imponerse del procedimiento, hacer las aclaraciones pertinentes y aportar mayores elementos que permitan al órgano de fiscalización llegar a un resultado en el examen de la cuenta pública. En este sentido, es hasta la emisión del informe del resultado de la revisión de la cuenta pública, con que concluye el procedimiento donde, habiendo dado oportunidad al ente fiscalizado de manifestarse en relación con el pliego de observaciones y valorado esas manifestaciones por el Comité de Solventación de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado, se determinan, en definitiva, responsabilidades con motivo de aquellas observaciones no solventadas, y se instruye el inicio de los procedimientos de responsabilidad administrativa contra los funcionarios a quienes se atribuya haber incurrido en irregularidades en el desempeño del cargo. De este modo, al carecer de definitividad tales actos, por formar parte de un procedimiento no concluido, que requiere, por tanto, agotar las etapas que permitan arribar a la resolución que, en su caso, pueda acreditar un principio de afectación susceptible de analizarse en este medio de control constitucional, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De igual forma, la tesis II.2o.T.Aux.23 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, visible a página 2363, del Tomo XXXIII, Marzo de 2011, correspondiente al mes de Marzo de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 162566, cuyo rubro y texto dice: "INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA FINANCIERA EMITIDO POR EL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTERPUESTO EN SU CONTRA POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A QUIENES SE ATRIBUYE LA OMISIÓN DE SOLVENTAR OBSERVACIONES DERIVADAS DE DICHA REVISIÓN. El informe de resultados de la auditoría financiera practicada a un Municipio del Estado de México, es un documento mediante el cual se notifican las observaciones (actos u omisiones que se advirtieron en la auditoría) que no fueron solventadas, y cuyo resultado no es vinculatorio, al ser sólo un antecedente, para probablemente iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad o resarcitorio. En estas condiciones, es improcedente el juicio de amparo contra el mencionado documento emitido por el Órgano Superior de Fiscalización de dicha entidad, por parte de los servidores públicos a quienes se atribuye la omisión de solventar observaciones derivadas de la indicada revisión, al no afectar su interés jurídico, porque las sanciones derivadas de la responsabilidad administrativa en que incurran, se imponen por resolución de las autoridades administrativas correspondientes, previa sustanciación del procedimiento respectivo, en el que se otorgue la garantía de audiencia, y si bien es cierto que los vicios o irregularidades de la auditoría financiera pueden trascender a éste, también lo es que ello se reflejará hasta la determinación relativa, y será a partir de ésta que el interesado podrá impugnar la sanción que, en su caso, se le imponga y controvertir los vicios advertidos." Lo anterior en virtud de que, respecto de actos provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el amparo indirecto es procedente sólo cuándo se impugnan aquellas resoluciones definitivas por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución y contra actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; sin embargo, los actos aquí combatidos no encuadran en dichas hipótesis, de acuerdo a lo que dispone el numeral 107, fracción III, de la Constitución Federal, interpretado a contrario sensu, al observa que el acto reclamado atiende a la iniciación de un procedimiento administrativo en el cual, pudiese obtener determinación favorable a sus intereses. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y el diverso 107, fracción I, de la Constitución Federal, se conviene con lo expuesto por las autoridades responsables y, por tanto, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo intentada conforme al diviso precepto 113 de la Ley Reglamentaria. CAPTURA DE PROVEÍDO. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. INFORMACIÓN VÍA TELEFÓNICA Y CORREO ELECTRÓNICO. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, se hace del conocimiento de las partes que únicamente a fin de obtener información y comunicaciones no procesales respecto de los juicios que lleven ante este órgano jurisdiccional, se pone a su disposición el número telefónico 442 235 7000, extensión 2501, así como el correo electrónico 5jdo22ctoajf@correo.cjf.gob.mx; en el entendido de que, solo de estimarse necesario, se conservará y certificará el registro de la comunicación correspondiente, para ser incorporadas al expediente respectivo. ATENCIÓN PRESENCIAL. En caso de que, de manera excepcional e indispensable, las partes requieran acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, deberán hacerlo a través del modelo de atención presencial basado en citas contenido en el Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido que, deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento; acudir puntualmente a sus citas y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia; y que, el incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. RECEPCIÓN DE PROMOCIONES. Se hace del conocimiento de las partes que la mecánica de la habilitación de buzones judiciales en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y de la Oficialía de Partes Común, para la recepción de promociones presentadas físicamente, así como de las promociones presentadas electrónicamente, es la siguiente: Recepción de promociones a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), instalada fuera de las instalaciones de este juzgado. 09:00 a 14:00 horas y de las 15:00 a 19:00 horas Recepción de promociones de término mediante su depósito en los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado (OCC) siguiendo las reglas para su uso (artículos 10 y 11 del Acuerdo General 21/2020) 14:01 a 20:00 horas Recepción de promociones únicamente de término a través del Secretario de guardia, entendidas como aquellas que el día en que se pretenda su presentación, sea el último para desahogar una prevención o requerimiento, que se haya decretado bajo algún apercibimiento, siguiendo las reglas para su uso (artículos 12 del Acuerdo General 21/2020) 20:01 a 00:00 horas Recepción de promociones vía electrónica 24 horas Cabe precisar a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VII del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, las promociones presentadas a través de la Oficialía de Partes Común y de los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, serán ingresadas materialmente a este Juzgado el día hábil siguiente, con independencia de la hora de su presentación. Por lo que, tratándose de promociones dirigidas a audiencias o diligencias de la propia fecha de su presentación, no podrán ser remitidas de inmediato a este órgano jurisdiccional, atento a la mecánica prevista en el Acuerdo General 21/2020 y Circular 14/2020; lo que deberán tomar en consideración para los efectos que estimen conducentes; sin perjuicio de que las promociones presentadas vía electrónica, no tienen tal restricción. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizada en los términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a la persona que menciona en su escrito de demanda. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios y secretarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. NOTIFICACIÓN Y EXHORTACIÓN. Se reitera la exhortación a las partes y a sus autorizados, para que, de acuerdo a la contingencia por el virus COVID-19 en el que el país se encuentra inmerso, realicen consulta de expedientes vía remota (expediente electrónico o listas de acuerdos a su disposición en la página www.cjf.gob.mx), para lo cual, se hace de su conocimiento que tienen expedito su derecho de solicitar el acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. También se hace la precisión de que tratándose del juicio en línea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. PUBLICACIÓN DE LISTA DE ACUERDOS Y CONTACTO CON LAS PARTES. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y, adicionalmente, se remitirán a la administración del edificio, para que se coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita, sin perjuicio de que puedan consultar el expediente electrónico a través de los usuarios autorizados. No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto en los numerales 22 y 28 del citado acuerdo general, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y/o propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 981, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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