Omar Alejandro González Méndez

Expediente 630/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
630/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
16/04/2019

Partes del expediente

  • Omar Alejandro González Méndez

Actuaciones

  1. Principal

    ... Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso de queja en contra del auto de uno de abril del dos mil diecinueve, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Destino del cuaderno principal. De conformidad con el acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Transferencia al centro archivístico judicial. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

     Se desecha demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio (con anexo) remitido por la Juez Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla y el escrito signado por ***, abogado patrono de la parte quejosa ***. En relación al escrito de cuenta la parte quejosa refiere que han cesados los actos reclamados en el presente juicio, toda vez que la autoridad responsable emitió el acuerdo correspondiente a lo solicitado mediante escrito del veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Por otra parte, el juez responsable en atención a lo solicitado mediante auto del veinte de marzo de dos mil diecinueve remite copia certificada de las constancias que integran el juicio ordinario civil 895/2017/4C de su índice. Desechamiento. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, así como del escrito y oficio de cuenta se advierte que es procedente su desechamiento por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En ese contexto, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecía de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, resultan aplicables los siguientes criterios sostenidos por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que disponen lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY DE AMPARO. El precepto y la fracción citados prevén que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; sin embargo, esta causal no puede tener un alcance irrestricto cuando se trate de un juicio de amparo directo relacionado con otro, por impugnarse en ambos una misma sentencia y, en uno de ellos, se otorga la protección constitucional; es decir, es inadmisible una interpretación extensiva que lleve a sobreseer cuando en un juicio se deje insubsistente la sentencia reclamada, sin distinguir la causa de invalidez -por vicios de fondo, procesales o de forma-, pues debe partirse de la premisa de que la insubsistencia formal de la resolución o el acto impugnado no deja sin materia a un medio de control constitucional, ya que ello no implica necesariamente la supresión de todas las condiciones estimadas como violatorias de derechos humanos. Así, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reitera el ejercicio de escrutinio constitucional hecho sobre el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, en la tesis aislada 1a. CCXLII/2013 (10a.)(*), que establecía idéntica causal de improcedencia. De ahí que, como en su momento se concluyó respecto de la ley abrogada, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, no viola los derechos humanos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, si se interpreta de conformidad con su ámbito protector, esto es, debe estimarse que no se actualiza la cesación de efectos del acto reclamado cuando formalmente se deja insubsistente la sentencia reclamada al concederse el amparo en el juicio relacionado y la parte quejosa plantea violaciones cuyo estudio es técnicamente posible, pues con base en el principio de concentración contenido en el artículo 107, fracción III, inciso a), párrafo segundo, constitucional, y el derecho humano de tutela judicial efectiva, que exige proveer un medio idóneo y eficaz para lograr el estudio de violación de derechos humanos, debe maximizarse el derecho a la administración de justicia pronta y completa. Por tanto, debe ser la viabilidad técnica de estudio de la materia del amparo directo relacionado, el criterio rector que ha de determinar cuándo se actualiza la causal de improcedencia referida." Expuesto lo anterior, se recuerda que la parte quejosa reclamó del Juez Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, la omisión de consistente en acordar el escrito de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, el cual fue presentado el mismo día ante la oficialía de partes del citado juzgado. En ese sentido, del escrito presentado por la parte quejosa y de las constancias que remite la autoridad responsable se advierte, que el acto reclamado por la parte quejosa, ha cesado sus efectos. Para corroborar tal aserto, resulta oportuno decir que la parte quejosa en el escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho ante el juez natural solicitó que "se girara oficio al Registro Público de la Propiedad de Puebla, a efecto de cancelar la anotación marginal de bien litigioso con folio real inmobiliario número 0489122 1 a nombre de Francisco Linares Flores y con cuenta predial PU-518582-01". Asimismo, pidió que "se girara oficio al Jefe de Depósitos y Finanzas, del Tribunal superior de justicia del Estado de Puebla para que realizara la devolución del monto exhibido con motivo de la demanda de origen en términos de la cláusula octava del convenio judicial del ocho de febrero de dos mil dieciocho". Por otra parte, de las constancias que remitió la autoridad responsable mediante el oficio de cuenta, se advierte la emisión de auto del cinco de marzo de dos mil diecinueve dictado en los autos del juicio ordinario civil 895/2017/4C, de su índice, cuyo contenido es el del tenor siguiente: "EN CIUDAD JUDICIAL PUEBLA, A CINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, doy cuenta a la LICENCIADA ALBA MARÍA ROMANO HERNÁNDEZ, JUEZ CUARTO ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA con un escrito de OMAR ALEJANDRO GONZÁLEZ MÉNDEZ; presentado el veintidós de noviembre del año en curso y turnado para su acuerdo el veintitrés de noviembre del mismo año. CONSTE. Ciudad Judicial, Puebla, a CINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto lo de cuenta; la juez resolvió: Con fundamento en los artículos 84 fracción IV, 113 fracción III de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla, así como por los artículos 28 fracción III inciso d), 84, 85 fracción IV del Reglamento de la Ley del registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla, 40, 68, 80, 352, 355 y 375 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, se tiene a OMAR ALEJANDRO GONZÁLEZ MÉNDEZ en su carácter de abogado patrono de la parte actora, haciendo las manifestaciones que de su escrito de cuenta se desprenden, y como lo solicita, en cumplimiento a la cláusula séptima del convenio ratificado por las por las partes, se ordena girar atento oficio al Registrador Público de la Propiedad en la Circunscripción territorial de Puebla, para que ordene a quien corresponda se sirva cancelar la anotación marginal de bien litigioso que obra en la parte registral del ***; debiéndose acompañar al oficio copias por duplicado certificadas de las constancias conducentes para su cumplimiento, las cuales serán a costa del promovente. Así mismo y con fundamento en los artículos 40 y 80 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, como lo solicita el ocursante, se ordena en cumplimiento a la cláusula Octava del convenio ratificado por diligencia de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, se ordena girar atento oficio al Jefe del Departamento de Depósitos y Fianzas y Multas del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, a fin de que ordene a quien corresponda entregue a *** en su carácter de parte actora en el presente juicio, la cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL y al demandado FRANCISCO LINARES FLORES, la cantidad de OCHENTA Y TRES MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, que sumadas dan un total de DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL que fue exhibida por la parte actora mediante la ficha de depósito número *** del Banco Nacional de México, S.A. tal y como se desprende del auto de fecha trece de septiembre del dos mil diecisiete; por concepto de saldo del precio adeudado del contrato de promesa de compraventa materia de la Litis; debiéndose acompañar al oficio copias certificadas de las constancias conducentes para su cumplimiento, las cuales serán a su costa. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY. En ese contexto, es patente que de las constancias que obran en el expediente en que se actúa se advierte que la autoridad responsable ya emitió el acuerdo relativo a la promoción de la parte quejosa presentada el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, esto es, el juzgador natural ordenó girar un oficio al Registrador Público de la Propiedad en la Circunscripción territorial de Puebla, para que cancelara la anotación marginal de bien litigioso y, además, libró oficio al Jefe del Departamento de Depósitos y Fianzas y Multas del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado para la devolución a la parte quejosa del monto exhibido en juicio -saldo de precio adeudado en el contrato de promesa de compraventa-. En ese tenor, resulta palmario que la conducta omisiva del juez natural ha cesado; puesto que acordó favorablemente las peticiones de la parte quejosa solicitadas mediante escrito del veintidós de noviembre de dos mil dieciocho; de ahí que el juicio de amparo resulta improcedente. A partir de lo anterior, se advierte que si bien desde el cinco de marzo de dos mil diecinueve la autoridad responsable acordó el escrito presentado por la parte quejosa el veintidós de noviembre del dos mil dieciocho, lo cierto es que a la fecha de presentación de la demanda de amparo -diecinueve de marzo del presente año- dicho proveído aún no había sido notificada a la parte promovente del amparo, puesto que fue hasta el veinte de marzo del año en curso, cuando se notificó dicho acuerdo; de ahí que se actualice la causa de improcedencia en estudio. Máxime que la parte quejosa en el escrito de cuenta manifestó que tuvo conocimiento del auto del cinco de marzo del dos mil diecinueve hasta el veinte del mes y año en cita, por lo que refiere que han cesado los actos reclamados situación que se corrobora con las constancias que remite la autoridad responsable. En consecuencia, dado que ha cesado la conducta omisiva atribuida a la responsable, es claro que las consecuencias del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Por lo tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo consistente en la omisión de acordar lo relativo al escrito de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Dese de baja el presente asunto y háganse las anotaciones en el libro y SISE. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

     Se ordena remitir recurso de queja Visto el estado procesal de autos, se advierte que el doce de marzo de dos mil diecinueve, se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de queja en contra del proveído del veintiocho de febrero de la presente anualidad, y se ordenó dar vista a las partes un plazo de tres días para que señalaran lo que a su interés legal conviniera, así como las copias certificadas de los autos que a su criterio deberían remitirse al Tribunal Colegiado respectivo, sin que a la fecha hayan desahogado tal vista. En tal virtud, remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, el original y copia simple del escrito de interposición del aludido recurso, así como copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo, así como los tomos de prueba que obran por cuerda separada, por estimarse necesario para la resolución del recurso de mérito. Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 8,646 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano