Omar Alejandro Garcia Garcia
Expediente 657/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 657/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 29/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Omar Alejandro Garcia Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos del juicio de amparo 657/2022-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia terminada de engrosar el veintiocho de octubre de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que en el primer resolutivo determinó sobreseer y en el segundo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa; se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción b), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al artículo 20 del Capítulo Octavo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, toda vez que el Juez responsable, remitió diversas constancias debiendo formarse los anexos I y II; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se instruye al actuario de la adscripción, para que dé cumplimiento a la notificación encomendada por medio de la presente determinación y proceda a subirla y vincularla al expediente electrónico, así como de cualquier otra diligencia de notificación pendiente de desahogo, o de vinculación, por tanto, en el supuesto de que no se hayan practicado, inmediatamente den cumplimento a lo encomendado, ello, a fin de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la constancia actuarial que antecede, mediante la cual la Actuaria de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de veintiocho de octubre del año en curso, a la parte tercera interesada ******* ******* *******, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación de la sentencia de referencia, del presente auto, así como las notificaciones personales subsecuentes por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe. Sentencia que en lo conducente dice: Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ************************** contra los actos y las autoridades precisadas en el considerando tercero. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **************************, contra el acto y la autoridad precisada en el considerando cuarto, por las razones contenidas en la consideración quinta. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 657/2022-II, promovido por **************************, y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintidós en el Buzón de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ************************** solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de las autoridades: 1) Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, 2) Junta de Administración Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, 3) Visitaduría General del Poder Judicial del Estado de Morelos, 4) Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, 5) Secretario y 6) Actuario del mismo órgano y 7) Agente del Ministerio Público adscrito al indicado órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Prevención, aclaración y solicitud de ratificación de firma. Por acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintidós se radicó el juicio con el número de expediente 657/2022-II y se previno a la quejosa a fin de aclarar la demanda. El dos de junio del año en curso ésta presentó escrito por el cual manifestó subsanar la prevención, al cual recayó acuerdo de seis de junio de dos mil veintidós, ordenando su ratificación. A través de comparecencia de nueve del mismo mes año se ratificó dicho escrito. TERCERO. Desechamiento parcial y admisión de demanda. A través de auto de diez de junio de dos mil veintidós se desechó parcialmente la demanda respecto a los actos siguientes: El acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintidós por el cual se fijaron convivencias supervisadas entre el quejoso y la menor con iniciales L.A.G.O. El auto de trece de mayo de dos mil veintidós, atribuido al Secretario del Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Por los demás actos reclamados, este juzgado admitió a trámite la demanda, solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, ordenó emplazar a la parte tercera interesada, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y residen autoridades a las cuales se atribuye la ejecución de los actos reclamados. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados consisten en: La omisión de instruir o llevar a cabo la visita supervisada ordinaria de inspección al Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos; La omisión de capacitar a los Jueces Familiares del Poder Judicial del Estado de Morelos; Actos atribuidos a las autoridades, 1) Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, 2) Junta de Administración Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, y 3) Visitaduría General del Poder Judicial del Estado de Morelos. El auto de trece de mayo de dos mil veintidós dictado en el juicio de controversia familiar 648/2021 y su ejecución; a través del cual se desechó el recurso de revocación interpuesto contra el diverso de veintinueve de abril del mismo año, por el cual se fijaron convivencias supervisadas entre el aquí quejoso y su menor hija de iniciales L.A.G.O. Actos atribuidos a las autoridades, 4) Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, y 6) Actuario del mismo órgano. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos reclamados consistentes en: La omisión de instruir o llevar a cabo la visita supervisada ordinaria de inspección al Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos; La omisión de capacitar a los Jueces Familiares del Poder Judicial del Estado de Morelos; Lo anterior, pues las autoridades 1) Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, 2) Junta de Administración Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, y 3) Visitaduría General del Poder Judicial del Estado de Morelos, a quienes se les atribuyen, así lo informaron al rendir sus informes justificados y la parte quejosa no aportó pruebas idóneas y suficientes para desvirtuar esa negativa. Es aplicable la jurisprudencia rubro: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA." Sin soslayar que tratándose de actos omisivos, asiste a la autoridad responsable la carga de la prueba de haber obrado de acuerdo a sus facultades y deberes. Lo anterior tiene sustento en la tesis: 1a. CLXXV/2015 (10a.), cuyo título es: "ACTO RECLAMADO. SI CONSISTE EN LA FALTA DE EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD, SE GENERA UNA PRESUNCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE ÉSTA DEBE DESVIRTUAR." En ese sentido, por cuanto a la omisión de instruir o llevar a cabo la visita supervisada ordinaria de inspección al Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, las autoridades responsables remitieron el oficio RD/JUNTAADMON/4775/2021, que contiene el calendario de los periodos de visitas ordinarias de inspección, advirtiendo los días treinta y uno de enero y siete de julio de dos mil veintidós, para practicarse en el Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Documento al cual se otorga eficacia probatoria de conformidad con el artículo 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de haberse expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Por tanto, conforme a lo anterior, se cuenta con un sistema de visitas ordinarias de inspección para a vigilancia y disciplina de los Jueces del Estado de Morelos; de ahí lo inexistente del acto combatido. Respecto a la omisión de capacitar a los Jueces Familiares del Poder Judicial del Estado de Morelos, las autoridades responsables, refieren la existencia de la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, encargada del desarrollo de la carrera judicial, quien brinda capacitación y profesionalización de los servidores públicos, incluyendo en el área de derechos humanos y derechos de niñas, niños y adolescentes. Dicha circunstancia está demostrada a través de la página oficial http://www.tsjmorelos2.gob.mx/escuela_judicial/index.php, de la cual se constata la existencia de dicho institución y por ser de contenido fiable, la información advertida puede invocarse como hecho notorio. Es aplicable por identidad de razón jurídica la tesis I.3o.C.450 C (10a.) con el rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONFIGURA LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA EN EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO PÁGINA ELECTRÓNICA OFICIAL DE GOBIERNO.", Al consultarla, se advierte que el entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Estatal, mediante sesión ordinaria celebrada el día seis de diciembre de dos mil once, por unanimidad de votos acordó aprobar el Reglamento de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Morelos, dependencia encargada del desarrollo y ejecución de las acciones relativas a la formación y capacitación profesional de sus servidores públicos. Por tanto, se desvirtúa la omisión de otorgar capacitación a los Jueces del Estado de Morelos, porque la existencia de la Escuela Judicial en cita demuestra que se brinda preparación y formación a los juzgadores locales. En estas condiciones, en virtud de negar las responsables los actos reclamados y el quejoso haberse abstenido de aportar pruebas para desvirtuarla, se deben considerarse inexistentes y por consiguiente, procede sobreseer el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284 con el rubro "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados consistentes en el auto de trece de mayo de dos mil veintidós dictado en el juicio de controversia familiar 648/2021 y su ejecución, atribuidos a la 4) Jueza Segundo Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, y 6) Actuario adscrito al mismo órgano. Lo anterior, en razón de que la Jueza responsable así lo señaló en su informe justificado, en tanto, el Actuario se adhirió a lo informado por ésta. Certeza que se corrobora con las constancias del juicio de mérito, remitidas con su informe, a las cuales se otorga eficacia probatoria de conformidad con el artículo 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de haberse expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones. QUINTO. Estudio del fondo del asunto. Al no actualizarse causal de improcedencia hecha valer por las partes o advertida de oficio, procede al estudio de fondo del asunto. Los conceptos de violación son infundados, motivo por el cual debe negarse el amparo y protección de la justicia federal. A fin de contextualizar el asunto, se exponen brevemente los antecedentes del caso: El veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, la Jueza señalada como responsable dictó un acuerdo dentro del expediente 648/2021-2, por el cual estableció como medida provisional la guarda y custodia de la menor L.A.G.O. a favor de la madre Elsa Pamela Ordinas Guzmán. Inconforme el aquí quejoso presentó ante la autoridad responsable incidente de reclamación, el cual fue admitido y donde por auto de uno de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó la suspensión del juicio principal. El dieciséis de marzo de dos mil veintidós el aquí peticionario del amparo solicitó a la Jueza responsable señalara un régimen de visitas y convivencias presenciales entre él y la menor de iniciales L.A.G.O. El diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se dio vista a la señora Elsa Pamela Ordinas Guzmán, con la solicitud de fijación de un régimen de visitas y convivencias, quien se opuso. El veintinueve de abril de dos mil veintidós la autoridad responsable dictó acuerdo a través del cual determinó un régimen de convivencias supervisadas entre el padre, aquí quejoso, y la menor de iniciales L.A.G.O. El nueve de marzo de dos mil veintidós, el promovente del amparo interpuso recurso de revocación en contra el auto de veintinueve de abril último. El trece de mayo de dos mil veintidós, la jueza responsable emitió acuerdo donde determinó que el medio idóneo para combatir el indicado auto de veintinueve de abril de dos mil veintidós, era el incidente de reclamación previsto en el artículo 256 del Código Procesal Familiar; por tanto, desechó el recurso de revocación; siendo este acuerdo el acto reclamado. Establecido lo anterior, se precisa que el quejoso expuso vía conceptos de violación, esencialmente lo siguiente: 1. El acuerdo de trece de mayo de dos mil veintidós no se encuentra fundado ni motivado, trasgrediéndose así lo previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Se violan los numerales 8 y 35 de dicho ordenamiento fundamental, pues a toda solicitud debe recaer una respuesta fundada y motivada en breve plazo, lo cual en el caso no ha acontecido, pues el auto de trece de mayo de dos mil veintidós no contiene dichos requisitos. 3. Contra el acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintidós era improcedente promover el incidente de reclamación, en virtud de no haberse inconformado contra la medida provisional decretada, sino contra las convivencias supervisadas fijadas. 4. Sin admitir la procedencia del recurso de reclamación, en lugar de declarar improcedente la revocación interpuesta, la responsable debió suplir la deficiencia de la queja a favor de la menor. Tal argumento en el cual se alega que el acuerdo de trece de mayo de dos mil veintidós no se encuentra fundado ni motivado, y trasgrede el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es infundado. En efecto, de la lectura del acuerdo de mérito se aprecia la cita de disposiciones legales que prevén el incidente de reclamación contra providencias precautorias y la Jueza responsable estableció las razones por las cuales estimó que contra el acuerdo combatido procedía agotar dicho medio de defensa. Lo anterior se evidencia con la transcripción del acuerdo de mérito: ".Jiutepec, Morelos, a trece de mayo del dos mil veintidós. Visto su contenido, dígase al signante que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que el auto que pretende combatir a través del recurso de revocación lo es el auto que fija las convivencias provisionales decretadas entre el demandado y su hijo menor de edad y al respecto debe considerarse que el artículo 256 del Código Procesal Familiar dispone "ARTÍCULO 256.- RECLAMACIÓN DE AQUEL A QUIEN SE DICTÓ UNA PROVIDENCIA PRECAUTORIA EN CONTRA. La persona contra la que se haya dictado una providencia precautoria, puede reclamarla en cualquier tiempo, siempre que sea antes de la sentencia ejecutoria; para cuyo efecto se le notificará personalmente dicha providencia, en caso de no haberse realizado la diligencia con su representante legítimo. La reclamación se substanciará en forma incidental.", de lo anterior se colige, que el medio idóneo para combatir la medida provisional de convivencias decretadas por cuanto hace a la forma en que se efectuarán lo es a través del incidente de reclamación, en consecuencia, se dejan a salvo los derechos del promovente para que los haga valer en la vía y forma que corresponda. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículos 111, 113, 118 y 122 del Código Procesal Familiar Vigente en el Estado.- NOTIFÍQUESE." En ese sentido, el contenido del acuerdo reclamado permite establecer la existencia de fundamentación y motivación, al citarse la norma legal considerada aplicable y haber expresado las razones por las cuales la responsable estimó procedente el medio de defensa previsto en el artículo 256 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos. Por tanto, se considera colmado el imperativo contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida que contenido formal del derecho a la legalidad relativo a la fundamentación y motivación del acto de autoridad, tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo cual se traduce en darle a conocer en detalle, de manera completa, la esencia de las circunstancias y condiciones determinantes del acto de voluntad de la autoridad, como en el caso aconteció. En particular al tratarse de una determinación jurisdiccional, la fundamentación y motivación se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos integrantes de la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso; aspectos colmados por las consideraciones ya expuestas. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, del rubro siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.". Así, de acuerdo a las razones señaladas, se declara infundado el concepto de violación expuesto. Por otro lado, es igualmente infundado el concepto en el cual el peticionario de amparo aduce violación a los numerales 8 y 35 de la Constitución Federal, a partir de la falta de respuesta fundada y motivada en breve plazo, porque -dice- el auto de trece de mayo de dos mil veintidós carece de dichos requisitos. Al respecto, por cuanto a la trasgresión al artículo 35 referido, ante la carencia de una resolución fundada y motivada, se declara infundada de acuerdo a los términos ya señalados en párrafos precedentes; pues a juicio de quien resuelve, la resolución contiene los preceptos legales y los motivos por los cuales la autoridad responsable consideró admisible el incidente de reclamación. En cuanto a la violación al artículo 8 de la Constitución Federal, carece de eficacia jurídica el concepto de violación. En principio porque recibió una respuesta en relación con la interposición del recurso de revocación interpuesto contra el acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintidós. Aunado a lo anterior, el artículo 8 constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la cual se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, resulta jurídicamente inadmisible reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8 constitucional, cuando el particular realiza una solicitud a un servidor público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pues las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 7/2015 (10a.), del rubro siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA." En otro concepto de violación, el quejoso sostiene lo incorrecto del criterio de la responsable, aduciendo la improcedencia del incidente de reclamación contra el acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintidós, en virtud de no haberse inconformado contra la medida provisional de guarda y custodia decretada, sino contra las convivencias supervisadas fijadas. Tal planteamiento es infundado. De acuerdo con las constancias de autos, desde veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno la Jueza natural dictó auto en el juicio de controversia familiar de origen, por el cual estableció como medida provisional la guarda y custodia de la menor con iniciales L.A.G.O. a favor de la madre Elsa Pamela Ordinas Guzmán. Posteriormente, a través de acuerdo diverso de veintinueve de abril de dos mil veintidós decretó el régimen de convivencias supervisadas entre el aquí quejoso y su menor hija, con iniciales L.A.G.O. En ese sentido, contra dicha resolución es procedente el incidente de reclamación conforme al artículo 256 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, como lo sostuvo la Jueza responsable; pues con motivo de la guarda y custodia de un menor favor de uno de los progenitores, es obligación del juez de instancia a establecer el régimen de visitas respectivo, en atención al interés superior de aquél. En ese sentido, el derecho de convivencia entre padres e hijos incide de manera directa en los valores esenciales de la familia y constituye un aspecto relevante en la integración de su concepto, por lo cual son los menores quienes tienen derecho de convivir con sus padres y no sólo éstos de convivir con ellos; en esa medida, ante la existencia de un depósito o guarda judicial de un menor de edad, se debe poner especial atención en la preservación de los derechos de convivencia, pues si bien con la medida provisional de guarda y custodia se pretende salvaguardar su integridad, lo cierto es que esa situación debe complementarse al establecer un régimen de convivencia durante la duración de dicha medida Al respecto es aplicable por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia VII.1o.C. J/8 (10a.), con el rubro siguiente: "DEPÓSITO JUDICIAL DE UN MENOR A FAVOR DE UNO DE SUS PROGENITORES. SU DECRETO OBLIGA AL JUEZ DE INSTANCIA A ESTABLECER EL RÉGIMEN DE VISITAS RESPECTIVO, EN ATENCIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉL.". Por consiguiente, como lo refirió la Jueza natural, contra el acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintidós por el cual se fijaron las convivencias supervisadas entre el quejoso y la menor, era procedente el recurso de reclamación previsto por el artículo 256 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos. De ahí lo infundado del concepto de violación. En otro concepto de violación, el peticionario del amparo refiere que, sin admitir la procedencia de la reclamación prevista en el indicado precepto de la legislación procesal familiar para el Estado de Morelos, la autoridad responsable en lugar de declarar improcedente la revocación interpuesta debió suplir la deficiencia de la queja a favor de la menor. Dicho argumento es infundado ya que si bien el Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, aplicable en la tramitación de las controversias de esa naturaleza, dispone en el artículo 174 que en los asuntos del orden familiar los Tribunales están obligados a suplir la deficiencia de las partes en sus pretensiones y defensas; esto no significa el deber de los jueces del orden familiar, de admitir recursos improcedentes, incluso, tratándose de asuntos relacionados con personas menores de edad. Por tal motivo, es infundado que la responsable en aras de suplir la deficiencia de la queja, tuviera el deber de declarar admisible el recurso de revocación interpuesto por la parte demandada del juicio de origen; cuando el admisible era la reclamación contemplada en el numeral 256 del ordenamiento legal en cita. Por identidad de razón jurídica se invoca la jurisprudencia 1a./J. 46/2008, rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA AGRARIA. NO DEBE LLEGAR AL EXTREMO DE ACEPTAR LA PROCEDENCIA DE UN RECURSO NO PREVISTO POR LA LEY.". En tal virtud, se declara infundado el concepto de violación expuesto. Consecuentemente, al no prosperar los conceptos de violación hechos valer, debe negarse el ampao y protección de la justicia federal, al no advertirse causa para suplir la deficiencia de la queja. Por último, la negativa del amparo se hace extensiva al Actuario del Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en virtud de que el acto de ejecución reclamado no se combate por vicios propios, sino se hace depender de la constitucionalidad de los actos de la Jueza titular de dicho órgano. SEXTO. Habilitan días y horas inhábiles. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito lleve a cabo las notificaciones de esta sentencia; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ************************** contra los actos y las autoridades precisadas en el considerando tercero. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **************************, contra el acto y la autoridad precisada en el considerando cuarto, por las razones contenidas en la consideración quinta. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien da fe.
- Principal
AVISO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte QUEJOSA, el auto y/o resolución del veintiocho de octubre del dos mil veintidós, que en lo conducente dice: Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ************************** contra los actos y las autoridades precisadas en el considerando tercero. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **************************, contra el acto y la autoridad precisada en el considerando cuarto, por las razones contenidas en la consideración quinta. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien da fe.
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