Omar Alejandro Castro Urias

Expediente 2397/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2397/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
08/04/2019

Partes del expediente

  • Omar Alejandro Castro Urias

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, OCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexos presentados por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, el quince de marzo del presente año (fojas 82 a 84), manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de diecinueve de marzo del año en curso (foja 85), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación se notificó a la parte quejosa el veintiséis de marzo del año en curso (foja 88), surtiendo sus efectos al siguiente día hábil, por lo que dicho plazo transcurrió del veintiocho de marzo al uno de abril del año actual, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. ....". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el uno de febrero de dos mil diecinueve (fojas 49 a 63), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Los artículos 21, fracción I y XVIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevé el costo por inscripción de documentos y préstamo hipotecario, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de los amparistas, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 pesos, por cada pago por concepto de inscripción previstos en los artículos 21, fracción I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Remanente que debe calcularse en función de cada erogación realizada por los quejosos, acreditada mediante la impresión del formato de pago expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida, en relación al pago que efectúe la parte quejosa por cada uno de los conceptos de inscripción de documento público o privado así como por inscripción de préstamo hipotecario, sobre la base de que dicho cobro de impuestos, será respecto de la cantidad de $280.00 pesos, por cada operación registral realizada por la parte quejosa; asimismo deberá hacer la devolución que exceda del pagó que realizó la parte quejosa por los impuestos referidos. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece las fracciones I y XVIII, del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.). 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. (.)." De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar el ente responsable denominado Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en los artículos 21, fracción I y XVIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevé el costo por inscripción de documentos y préstamo hipotecario, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de los amparistas, tanto en el presente como en el futuro, tales numerales legales; y, Devolverle a la parte quejosa el remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), por cada pago por concepto de inscripción previstos en los artículos 21, fracción I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional, relativo a la cuota fija mínima, lo anterior respecto de la cantidad de $11,338.89 (once mil trecientos treinta y ocho pesos con ochenta y nueve centavos 89/100, moneda nacional), que pagó por conceptos de inscripción de documento público y préstamo hipotecario, así como los impuestos para el fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit; asimismo, calcular el monto que la parte quejosa deberá erogar con motivo de los impuestos especiales contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley combatida, tomando como base la cantidad de $560.00 (quinientos sesenta pesos 00/100, moneda nacional), cantidad que resulta de la suma de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), por cada uno de los conceptos previamente referidos, los cuales resultan ser dos; asimismo, la cantidad resultante debía ser actualizada. Luego, a través del oficio y anexos presentados por la autoridad responsable (fojas 82 a 84), informó a este Juzgado Federal la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, del cual se advierte que efectuó la devolución a la parte quejosa por medio de cheque con número 1182 el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, por la cantidad de $10,818.94 (diez mil ochocientos dieciocho pesos con noventa y cuatro centavos 94/100 moneda nacional), cantidad que tuvo que ser actualizada. Se dice lo anterior, dado que al monto de $11,338.89 (once mil trecientos treinta y ocho pesos con ochenta y nueve centavos 89/100 moneda nacional), se le resta la cuota mínima a pagar de $560.00 (quinientos sesenta pesos 00/100, moneda nacional), así como la cantidad correspondiente motivo de los impuestos especiales en los artículos 11, 12 y 13 de la ley combatida, tomando como base la cuota mínima referida esto es $291.2 (doscientos noventa y un pesos con dos centavos 02/100, moneda nacional), da como resultado $10, 659.68 (diez mil seiscientos cincuenta y nueve pesos con sesenta y ocho centavos 68/100, moneda nacional), cantidad que debía de encontrarse actualizada, en virtud que de conformidad el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho y en el veintiocho de febrero del año en curso, se efectuó la devolución mediante cheque número 1182 a la parte quejosa, por el cual la autoridad responsable devolvió la contribución reclamada; por lo que, el periodo de actualización comprende del mes de octubre de dos mil dieciocho a enero de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de octubre de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de enero del año en curso (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de octubre del año pasado fue 101.440; y para el mes de enero del año en curso 103.108. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0164 En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $10,659.68 (diez mil seiscientos cincuenta y nueve pesos con sesenta y ocho centavos 68/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $171.99 (cinto setenta y un pesos con noventa y nueve centavos 99/100, moneda nacional). No pasa inadvertido, que el monto que el ente responsable debía devolver a la parte quejosa era de la cantidad de $10,659.68 (diez mil seiscientos cincuenta y nueve pesos con sesenta y ocho centavos 68/100 moneda nacional); sin embargo, reintegró el monto de $10,818.94 (diez mil ochocientos dieciocho pesos con noventa y cuatro centavos 94/100 moneda nacional), es decir, un excedente a favor de la parte agraviada por la cantidad de $159.26 (ciento cincuenta y nueve pesos con veintiséis centavos 26/100 moneda nacional). Pese a esto, se estima que la concesión otorgada al quejoso se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó la totalidad del monto erogado por éste por la aplicación de preceptos inconstitucionales, más su actualización y, si bien, al peticionario se le hizo entrega de una cantidad excedente, ello ya no es materia de análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en todo caso, quedan a salvo los derechos de la autoridad recaudadora para hacer las gestiones necesarias a fin de requerirle esa cantidad que entregó de mas, en los términos que la leyes determinen. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, OCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexos presentados por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, el quince de marzo del presente año (fojas 82 a 84), manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de diecinueve de marzo del año en curso (foja 85), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación se notificó a la parte quejosa el veintiséis de marzo del año en curso (foja 88), surtiendo sus efectos al siguiente día hábil, por lo que dicho plazo transcurrió del veintiocho de marzo al uno de abril del año actual, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. ....". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el uno de febrero de dos mil diecinueve (fojas 49 a 63), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Los artículos 21, fracción I y XVIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevé el costo por inscripción de documentos y préstamo hipotecario, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de los amparistas, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 pesos, por cada pago por concepto de inscripción previstos en los artículos 21, fracción I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Remanente que debe calcularse en función de cada erogación realizada por los quejosos, acreditada mediante la impresión del formato de pago expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida, en relación al pago que efectúe la parte quejosa por cada uno de los conceptos de inscripción de documento público o privado así como por inscripción de préstamo hipotecario, sobre la base de que dicho cobro de impuestos, será respecto de la cantidad de $280.00 pesos, por cada operación registral realizada por la parte quejosa; asimismo deberá hacer la devolución que exceda del pagó que realizó la parte quejosa por los impuestos referidos. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece las fracciones I y XVIII, del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.). 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. (.)." De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar el ente responsable denominado Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en los artículos 21, fracción I y XVIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevé el costo por inscripción de documentos y préstamo hipotecario, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de los amparistas, tanto en el presente como en el futuro, tales numerales legales; y, Devolverle a la parte quejosa el remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), por cada pago por concepto de inscripción previstos en los artículos 21, fracción I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional, relativo a la cuota fija mínima, lo anterior respecto de la cantidad de $11,338.89 (once mil trecientos treinta y ocho pesos con ochenta y nueve centavos 89/100, moneda nacional), que pagó por conceptos de inscripción de documento público y préstamo hipotecario, así como los impuestos para el fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit; asimismo, calcular el monto que la parte quejosa deberá erogar con motivo de los impuestos especiales contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley combatida, tomando como base la cantidad de $560.00 (quinientos sesenta pesos 00/100, moneda nacional), cantidad que resulta de la suma de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), por cada uno de los conceptos previamente referidos, los cuales resultan ser dos; asimismo, la cantidad resultante debía ser actualizada. Luego, a través del oficio y anexos presentados por la autoridad responsable (fojas 82 a 84), informó a este Juzgado Federal la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, del cual se advierte que efectuó la devolución a la parte quejosa por medio de cheque con número 1182 el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, por la cantidad de $10,818.94 (diez mil ochocientos dieciocho pesos con noventa y cuatro centavos 94/100 moneda nacional), cantidad que tuvo que ser actualizada. Se dice lo anterior, dado que al monto de $11,338.89 (once mil trecientos treinta y ocho pesos con ochenta y nueve centavos 89/100 moneda nacional), se le resta la cuota mínima a pagar de $560.00 (quinientos sesenta pesos 00/100, moneda nacional), así como la cantidad correspondiente motivo de los impuestos especiales en los artículos 11, 12 y 13 de la ley combatida, tomando como base la cuota mínima referida esto es $291.2 (doscientos noventa y un pesos con dos centavos 02/100, moneda nacional), da como resultado $10, 659.68 (diez mil seiscientos cincuenta y nueve pesos con sesenta y ocho centavos 68/100, moneda nacional), cantidad que debía de encontrarse actualizada, en virtud que de conformidad el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho y en el veintiocho de febrero del año en curso, se efectuó la devolución mediante cheque número 1182 a la parte quejosa, por el cual la autoridad responsable devolvió la contribución reclamada; por lo que, el periodo de actualización comprende del mes de octubre de dos mil dieciocho a enero de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de octubre de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de enero del año en curso (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de octubre del año pasado fue 101.440; y para el mes de enero del año en curso 103.108. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0164 En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $10,659.68 (diez mil seiscientos cincuenta y nueve pesos con sesenta y ocho centavos 68/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $171.99 (cinto setenta y un pesos con noventa y nueve centavos 99/100, moneda nacional). No pasa inadvertido, que el monto que el ente responsable debía devolver a la parte quejosa era de la cantidad de $10,659.68 (diez mil seiscientos cincuenta y nueve pesos con sesenta y ocho centavos 68/100 moneda nacional); sin embargo, reintegró el monto de $10,818.94 (diez mil ochocientos dieciocho pesos con noventa y cuatro centavos 94/100 moneda nacional), es decir, un excedente a favor de la parte agraviada por la cantidad de $159.26 (ciento cincuenta y nueve pesos con veintiséis centavos 26/100 moneda nacional). Pese a esto, se estima que la concesión otorgada al quejoso se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó la totalidad del monto erogado por éste por la aplicación de preceptos inconstitucionales, más su actualización y, si bien, al peticionario se le hizo entrega de una cantidad excedente, ello ya no es materia de análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en todo caso, quedan a salvo los derechos de la autoridad recaudadora para hacer las gestiones necesarias a fin de requerirle esa cantidad que entregó de mas, en los términos que la leyes determinen. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio suscrito por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexos que adjunta, mediante el cual informó el cumplimiento dado al fallo protector; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que a la fecha no obra el acuse de recibo relativo al oficio 5889/2019-II, de once de febrero del año en curso (foja 279 y 280), por el cual se solicitó a la autoridad responsable Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, información respecto a resoluciones en las que hubiere aplicado el numeral 75 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos y que estuvieren relacionadas con la parte quejosa; por ende, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, se difiere para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Por otro lado, visto el estado de los presentes autos, se advierte que la notificación del proveído de once de febrero del año en curso (fojas 276 a 278), fue practicada a la parte quejosa el doce de febrero siguiente (foja 283), surtiendo sus efectos el posterior día hábil, por lo que, el plazo de cinco días que le fue otorgado en la citada determinación para que indicara si era su deseo señalar como acto reclamado el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos y como autoridad responsable al Presidente de la República. Asimismo, para que en el mismo plazo, manifestara bajo protesta de decir verdad, si era la primera vez que se le aplicaba el referido artículo 75 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos y de ser así, expusiera los hechos o actuaciones procesales, así como las fechas de los actos de aplicación previos, transcurrió como se indicó en la certificación que antecede, sin que la parte quejosa hubiere hecho manifestación alguna al respecto; en consecuencia, una vez que la autoridad responsable remita la información correspondiente, continúese con el trámite respectivo. NOTIFÍQUESE.

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